*Los comicios que se celebran en noviembre son ampliamente cuestionados por la oposición nicaragüense y la comunidad internacional.
**Ortega ha sido el candidato único de su partido desde la década de los ochenta y en el actual proceso electoral todos sus verdaderos oponentes fueron encarcelados.
*** Varios analistas coinciden en que los nicaragüenses se encuentran frente a una persona que ejerce la autocracia.
Expediente Público
Un candidato a quien Estados Unidos revocó su visa como parte de las sanciones impuestas a personas que han contribuido directamente con el régimen de Nicaragua; un reverendo de la iglesia evangélica y otro que se apellida “Gasparín” y resulta ser un completo desconocido. El candidato más sonado en la lista para las elecciones del 7 de noviembre de 2021 es Daniel Ortega, el hombre que pasó de revolucionario a autócrata y que busca asentarse en el poder por cinco años más.
El político y principal dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega Saavedra, inscribió nuevamente su candidatura ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) el 2 de agosto de 2021 en medio de un clima de tensión por la situación sociopolítica y la represión contra la oposición.
Ortega busca su cuarta reelección consecutiva en las elecciones del próximo 7 de noviembre, pero a punta de un sistema de represión y agarrado de polémicas leyes que aprobó a finales de 2020, utilizadas en 2021 para el encarcelamiento de varios de sus verdaderos oponentes, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Ante la falta de candidatos de la oposición que jueguen un rol beligerante frente a Ortega, la negativa de permitir la participación de misiones de observación electoral y un tribunal totalmente dominado por el FSLN, los nicaragüenses se enfrentan a un proceso sin garantías.
El analista nicaragüense Humberto Meza, doctor en Ciencias Políticas e investigador en la Universidad Federal de Río de Janeiro explicó que los comicios de noviembre, que se supone ayudarían a superar la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde hace más de tres años, no revisten la importancia que debería tener una fiesta electoral.
“Si tomamos en consideración la forma en que se configuraron todos los escenarios previos a las elecciones, previo a la campaña, desde la verificación hasta todo el proceso de encarcelamiento a precandidatos de oposición lo que podemos deducir es que es un escenario electoral que no responde a la urgencia que las calles colocaron en 2018”, explicó Meza a Expediente Público.
El historiador y politólogo cubano Armando Chaguaceda, en entrevista con Expediente Público, señaló que en la antesala de las elecciones generales lo que está ocurriendo en Nicaragua está enmarcado en un proceso del avance global de “regímenes autocráticos de diferente orientación ideológica” y cita el caso de Cuba y Venezuela.
“En el caso particular de Nicaragua se ha manifestado como una pendiente muy acelerada de erosión de los elementos más básicos del Estado de derecho, de la democracia electoral. Y no solo electoral, también de la participativa, la deliberativa y de las condiciones mínimas para la sociedad civil. Ello va en sintonía con lo que ha pasado con otros casos de la región, dentro de la propia Alianza Bolivariana, cómo el caso de Venezuela y el de Cuba. De hecho, hoy Nicaragua está solamente superada por Cuba en términos de supresión de los espacios cívicos de participación, de oposición, de información autónoma”, manifestó Chaguaceda.
El analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora, consideró ante Expediente Público que Centroamérica es un buen ejemplo de lo que se llama la “crisis de la democracia” y la grave carencia de estadistas en el mundo.
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“No hay en este momento en ningún país centroamericano un estadista ejerciendo la presidencia, el hecho que se le diga que es el jefe de Estado eso no lo convierte en estadista. Los jefes de Estado son políticos que ganaron el acceso al poder, bien sea través de elecciones democráticas, legítimas, libres o de elecciones manipuladas”, explicó Murillo Zamora.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son un ejemplo de esa carencia de verdaderos estadistas, mencionó Murillo Zamora, debido a que gobiernan Nicaragua bajo un sistema dinástico, lo que los especialistas conocen como un “sistema sultánico”.
“Lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua es un régimen sultánico dinástico, ni siquiera es un régimen autoritario, es un régimen sultánico en el sentido que ejercen el control sobre todos los poderes del Estado y deciden qué es lo que el país requiere, es decir, se convierten en mesías porque son los salvadores del país”, dijo a Expediente Público Murillo Zamora.
Nicaragua, un país con 6.5 millones de habitantes, elegirá en noviembre a su próximo presidente y vicepresidente, diputados para la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Pero, ¿quién es Daniel Ortega, el político que el próximo 11 de noviembre cumplirá 76 años y aspira a seguir gobernando un país sumergido en una crisis sociopolítica que dejó a 328 personas asesinadas, más de dos mil heridos y sigue llevando al exilio a miles de ciudadanos? ¿A quién representa y con quiénes está vinculado?
Ortega, el “preso 198”
Su nombre completo es José Daniel Ortega Saavedra y sus orígenes están vinculados a una familia de clase media baja de La Libertad, un municipio del departamento de Chontales, ubicado en la zona central de Nicaragua. Nació en 1945.
A finales de la década de los sesenta ingresó a la Universidad Centroamericana a estudiar Derecho, pero siguiendo las tendencias sandinistas abandonó sus estudios para luchar contra la dictadura somocista.
La figura de Ortega ha estado entre los nicaragüenses durante varias décadas, primero como un guerrillero en contra de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en los años 60 y 70; y en los últimos tres años como el gobernante que ordenó la represión contra todas aquellas personas consideradas como opositoras de su gestión y que demandaban su salida del poder.
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En su juventud estuvo preso en una cárcel somocista, desde entonces, se le conoce como el “preso 198”, que se atribuye al número que colocaron en la tablilla un 18 de noviembre de 1967, cuando fue encarcelado acusado de robar un banco.
Fue liberado en 1974 junto a otros presos políticos del FSLN durante un intercambio con altos funcionarios del régimen de Somoza que habían sido tomados como rehenes, cuando un comando de guerrilleros sandinistas asaltó el 27 de diciembre de ese año la residencia del funcionario somocista José María Castillo Quant, donde se celebraba una fiesta en honor al entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Turner Shelton. El hecho histórico se recuerda como “el asalto a la casa de Chema Castillo”.
El 4 de noviembre de 1984 Ortega “ganó” sus primeras “elecciones” celebradas en el contexto de la revolución sandinista. Gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990 con sus influencias socialistas y comunistas, inmerso en una grave crisis económica y una guerra que asoló el país centroamericano.
La derrota de los noventa
El 25 de febrero de 1990 la Unión Nacional Opositora (UNO) conformada por una coalición de 14 partidos, con la fórmula presidencial de Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy (q.e.p.d) derrotó al FSLN con un abultado margen del 54.74% de los votos en la elección.
Ortega se vio obligado a entregar el poder a la viuda del periodista y director fundador de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado el 10 de enero de enero de 1978. Barrios de Chamorro gobernó Nicaragua desde el 25 de abril de 1990, cuando asumió la presidencia, hasta el 10 de enero de 1997.
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Antes de que Ortega recuperara el poder en el año 2007, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se constituyó como la primera fuerza política después del mandato de Barrios de Chamorro. Los liberales ganaron dos procesos electorales en los siguientes años.
En 1996, Arnoldo Alemán en representación del PLC derrotó a Ortega en las elecciones del 20 de octubre con el 50.99% de los votos, contra el 37.83% para el FSLN.
Alemán asumió su periodo el 10 de enero de 1997 y gobernó el país hasta el 10 de enero de 2002, para luego entregar el cargo a Enrique Bolaños Geyer, quien ejerció como vicepresidente durante el primer periodo liberal antes de ser presidente.
Bolaños resultó electo en las elecciones generales del 2001 al derrotar a Ortega y al FSLN con 56.21% de los votos contra 42.28%. Una vez alcanzado su triunfo tomó distancia de Alemán, su correligionario liberal a quien acusó de corrupción.
Sin embargo, Alemán, años antes, ya había allanado el camino futuro que ayudaría a Ortega a volver al poder a través del pacto iniciado entre ambos líderes políticos en 1998 y convertido en leyes en el año 2000.
Fueron los años de sucesivas derrotas electorales para Ortega y ese mismo año del pacto estalló el caso de Zoilamérica Narváez Murillo, hija del matrimonio entre Jorge Narváez y Rosario Murillo. La joven acusó a Ortega de abuso sexual ante un juzgado y pidió su desafuero ante la Asamblea Nacional.
Según Narváez Murillo, los abusos comenzaron cuando ella era una niña de 12 años, pero la denuncia no prosperó aduciendo que el caso ya había prescrito.
2007 el año del retorno de Ortega
Igual como lo hizo en el pasado, Ortega volvió a postularse para las elecciones generales de 2006.
Las reformas electorales realizadas en el año 2000 como consecuencia del pacto entre el PLC y el FSLN, habría establecido las nuevas reglas de la agenda electoral en el país centroamericano que garantizaría el triunfo a Ortega en esos comicios de 2006.
Para ganar la presidencia en primera vuelta se requería solo el 40% de los votos obtenidos en las urnas, o el 35%, si el partido político superaba a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia de cinco puntos porcentuales.
Ese año, enarbolando un mensaje pacifista y de reconciliación Ortega se alzó nuevamente como ganador para asumir la presidencia de Nicaragua, tras obtener solamente el 37.9% de los votos en unas elecciones.
El 10 de enero de 2007, Ortega fue investido como presidente en una ceremonia en la que se le vio rodeado del entonces presidente de Bolivia Evo Morales y el venezolano Hugo Chávez (q.e.p.d).
Al asumir su mandato una de sus primeras estrategias fue restablecer la gratuidad en los servicios de la educación y la salud. Desde su regreso, Ortega empezó a ejecutar una agenda partidaria de coaptación de los poderes del Estado y sus instituciones, mientras tejía alianzas con la empresa privada y subordinaba ideológicamente al Ejército y la Policía.
Eso le permitió reformar la Constitución y aprobar la reelección continua sin contrapoderes y así Ortega se presentó a los comicios electorales generales de 2011, 2016 y ahora 2021.
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“No estamos asistiendo ni siquiera a un nuevo liderazgo en 2021 de Ortega, o sea, es el mismo Ortega de siempre cada vez más viejo, cada vez más agotado y cada vez más aislado”, agregó Meza.
Al respecto, el analista Murillo Zamora mantiene sus dudas sobre el liderazgo de Ortega.
“Yo tengo mis dudas, es un rostro que viene del proceso de la revolución sandinista manipulado por Rosario Murillo que es la que maneja todos esos tejidos del poder, entonces, construye una figura mesiánica para decir yo arriesgué mi vida en una prolongada guerra del Frente Sandinista y ahora merezco asumir la posición de sultán, es un caudillo, pero un caudillo populista”, refirió Murillo Zamora.
Consecuencias de un triunfo de Ortega
El 10 de septiembre de 2021, como parte del cumplimiento del calendario electoral, el CSE presentó a los partidos y alianzas políticas la lista final definitiva de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano
Cuatro días más tarde, el 14 de septiembre, las autoridades electorales a través del Ministerio de Gobernación convocaron a la ciudadanía a formar parte del grupo de policías electorales, quienes garantizan que los comicios se desarrollen en orden, que se cumpla la Ley Electoral y custodian el material utilizado en las elecciones.
El 25 de septiembre inició a la campaña electoral, que en clara violación a la Ley Electoral se redujo a 39 días y que a diferencia de otros años se realiza en un contexto de pandemia por la Covid-19.
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Desde la época del expresidente Arnoldo Alemán, el FSLN se encargó de allanar el camino para que Ortega volviera al poder en 2007. El candidato de la casilla número 2 cuenta ahora con el apoyo de sus leales magistrados sandinistas dentro del CSE para perpetuarse.
“Del orteguismo es lo que tenemos, es lo que siempre ha habido, un control familiar de la pareja estatal que simplemente se ha renovado (…) Lo que tendremos es una continuación de lo que tuvimos en 2016 con la única diferencia que ahora hay un alto aislamiento internacional”, mencionó Meza.
Que Ortega gane las elecciones de noviembre solo vendría a confirmar las denuncias que ha hecho la oposición a nivel interno y la misma comunidad internacional, es decir que los comicios no cumplen con ningún estándar democrático, afirmó Chaguaceda.
“Se consagraría legalmente, pero con una institucionalidad bastante degradada que no cumple con ningún estándar democrático mínimo, lo que de facto se ha producido: la plena autocratización de Nicaragua, la sustitución de todo el entramado de oposición, sociedad civil, medios independientes que permiten expresar los derechos a la información, a la participación a la opinión ciudadana por el poder de un grupo político, de una familia que ensambla partido, Estado, gobierno y sectores empresariales y sociales leales”, mencionó Chaguaceda.
Desde 2018, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa impusieron una serie de sanciones contra los funcionarios del régimen y el círculo familiar de Ortega, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.
Para Murillo Zamora un eventual triunfo de Ortega debe ser analizado desde el ámbito externo, pues habría “graves consecuencias” y pondría en aprietos a los gobiernos centroamericanos en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los de la región latinoamericano en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Es evidente que no son elecciones libres, legales, legítimas, entonces, Daniel y Rosario no tendrían lo que se conoce como legitimidad de origen, es decir no habrían obtenido el poder en un proceso electoral legítimo (…) Viene una situación muy complicada empezando para los Estados Unidos, continuando con los países latinoamericanos, que es cómo negociar con un régimen que persiste en el poder, que ya sería dictatorial, pero que utiliza las elecciones simplemente para decir soy el presidente elector del país y gané las elecciones”, agregó Murillo Zamora.
