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CSE viola la Ley Electoral previo a cuestionadas elecciones generales en Nicaragua

*Tribunal electoral redujo a 39 días la campaña electoral, modificación establecida en el calendario electoral sin importar que la ley dicta 75 días.

** La presentación de las listas provisionales de candidatos que sería el 18 de agosto, se extendió para el 10 de septiembre, según las modificaciones.

***Experto de la Fundación Internacional de Seattle de Estados Unidos explica que el CSE  debería  “operar fuera del control político del gobierno en turno”.


EXPEDIENTE PÚBLICO

En clara violación a la Ley Electoral, Ley número 331, el Consejo Supremo Electoral (CSE) aplazó para este 25 de septiembre el inicio de la campaña en Nicaragua, que supone por parte de los partidos la presentación de sus candidatos y el desarrollo de actividades encaminadas a obtener los votos. El cambio obedece a una serie de modificaciones que aprobaron los magistrados de este Poder del Estado en el calendario electoral de cara los cuestionados comicios del 7 de noviembre de 2021.

El 11 de agosto de 2021, el CSE emitió una certificación informando que sus magistrados acordaron “trasladar la fecha de inicio del período de campaña electoral para el 25 de septiembre próximo”, 35 días después de la fecha originalmente prevista.

Con el cambio la campaña se redujo a un periodo de 39 días lo que viola claramente el artículo 74 de la Ley Electoral, numeral uno, donde establece que dicha actividad deberá tener una duración de 75 días en el caso de las elecciones presidenciales.

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“Eso es un ancla, un candado que tiene el Consejo Supremo Electoral dentro de las facultades propias para la elaboración del calendario, o sea, tiene toda la facultad de elaborar el calendario, pero debe respetar lo que dice la ley de que exista una campaña de 75 días y con esta modificación esa campaña se ve reducida prácticamente a la mitad”, explicó a Expediente Público el abogado Luis Gerardo Robleto, director del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua.

La campaña de cara a las elecciones comenzaría el 21 de agosto. Según el artículo 74 de la Ley Electoral, las actividades de la campaña están encaminadas a “obtener los votos de los y las ciudadanas”, es decir es el momento en el que los candidatos presidenciales explican sus principios ideológicos, sus programas políticos, sociales y económicos y sus plataformas de gobierno.

Una vez que inicie este proceso, los Consejos Electorales deberán declararse en “sesión permanente”, hasta que reciban y entreguen a la instancia electoral el informe de cierre de las circunscripciones que les correspondan, según mandata el artículo 20 de la Ley Electoral.

Para Robleto, la decisión tomada por los magistrados electorales tiene un roce con la Ley 331. “Ellos tienen la facultad de elaborar y modificar el calendario, pero cuando la ley es tajante y pone específicamente que son 75 días, eso debe ser respetado y en este caso vemos que el Consejo Supremo Electoral, de acuerdo con mi criterio, se está tomando atribuciones más allá de su competencia”, insistió Robleto.

Se prevé que la campaña finalice el 3 de noviembre, cuatro días antes de las votaciones.

Para Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle es “responsabilidad” de los Consejos Electorales diseñar y organizar las elecciones, obligación que aplica únicamente en el caso de aquellos tribunales que son “políticamente independientes”.

Olson insiste que los Consejos Electorales deben actuar de forma “objetiva y sin una agenda política”.

En Nicaragua los siete magistrados del CSE son afines al partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“El tema no es que ellos decidan recortar o ampliar, cambiar, quizás puede ser legal en el sentido estricto de la palabra, pero si no son un ente independiente del gobierno, si no son o no tienen la capacidad de operar fuera del control político del gobierno en turno, del oficialismo, en este caso del sandinismo, pues yo creo que la legitimidad de esas acciones son bastantes cuestionadas”, indicó Olson a Expediente Público.

El director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle insistió que un tribunal electoral debe velar por los procesos para “asegurar su legitimidad”, conforme a estándares internacionales y nacionales.

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“Es difícil pensar que hay posibilidad de un proceso legítimo, si no hay competencias abiertas y no hay libertad de expresión, si no hay libertad de asamblea, casi ya no existe un proceso legítimo y yo creo que la comunidad internacional en particular tendrá que tomar eso en cuenta cuando ellos se pronuncien sobre la legitimidad de esos procesos, porque ya las condiciones mínimas no existen y el pueblo nicaragüense vive en una condición de represión política, amenazas continuas, y como vemos no se respetan los debidos proceso judiciales ni la libertad de expresión”, cuestionó Olson.

Otros cambios en el calendario electoral

Otro cambio del calendario electoral está relacionado a la publicación provisional de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano que participarán en las elecciones.

La Ley 331, en su artículo 69 señala que el CSE fijará en el calendario electoral, el “período hábil para la inscripción de candidatos y candidatas”. La publicación estaba prevista para el 12 de agosto, pero con la modificación fue hasta el primero de septiembre que aparecieron las listas en el diario oficial La Gaceta. 

“Al menos públicamente y ante la ciudadanía no supimos de ningún partido político que enviara una comunicación oficial al Consejo Supremo Electoral solicitando la ampliación del periodo de subsanaciones, nos deja algo de duda”, indicó Robleto.

El período de impugnaciones, que sería entre el 13 y el 15 de agosto, se extendió al dos y el cuatro de septiembre.

La resolución de las impugnaciones, las cuales serían resueltas a más tardar el 17 de agosto, se hizo el siete de septiembre, según los cambios aprobados por los magistrados del CSE.

“Los partidos políticos o alianzas de partidos, a través de sus respectivos representantes legales podrán sustituir sus candidatos y candidatas en una, varias o todas las circunscripciones en el período señalado o en la prórroga que les conceda el Consejo Supremo Electoral, si fuera el caso”, dice en su parte final el artículo 69 de la Ley Electoral.

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“Al modificarse el periodo para las subsanaciones se tiene que ir modificando subsecuentemente todo el calendario. Para las demás modificaciones el Consejo Supremo Electoral tiene toda la facultad y todas las atribuciones para hacerlo, puede modificar todas las fechas, pero debe respetar la fecha que le dice la Ley Electoral de que las elecciones tienen que ser el primer domingo de noviembre”, señaló Robleto.

La publicación definitiva de candidatos a cargos de elección popular, prevista para el 18 de agosto, se dará a conocer el 10 de septiembre próximo.

Sorpresas en lista de candidatos

La lista provisional publicada el pasado primero de septiembre confirma las aspiraciones de varios diputados propietarios que buscan volver a reelegirse como el caso de María Haydée Osuna, actual legisladora y presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que llegó al Parlamento en el año 2002.

Osuna es conocida por ser la persona que el 6 de agosto de 2021 pidió la impugnación de Ciudadanos por la Libertad (CxL) ante el CSE. La petición fue resuelta en cuestión de horas por los magistrados de este tribunal, logrando sacar de la contienda a esa plataforma que se perfilaba como favorita de la oposición.

“Para mí el tema no es quién aparece en la lista es quién no aparece. Hay una cantidad de personas calificadas, con capacidades, con propuesta, de diferentes visiones políticas que legítimamente debieran aparecer en esas listas. Para mí y para la comunidad internacional ese es el tema, se ha excluido de forma ilegítima a personas que debieran estar en la contienda electoral y ese es el problema”, agregó Olson con respecto a la lista provisional presentada por el CSE.

Otros miembros de las filas del PLC que buscan reelegirse en la Asamblea Nacional son Rosa Argentina Navarro, como diputada nacional, y Reynaldo Altamirano Alaníz, por el departamento de Matagalpa.

Mientras que Ruth del Socorro Cerda Acosta, actual diputada en el Parlamento busca un escaño en el Parlacen.

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Por su parte, el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confirma las candidaturas a la reelección de varios de sus actuales diputados.

El legislador nicaragüense Gustavo Porras, actual presidente de la junta directiva del Parlamento, lleva 19 años ocupando su escaño legislativo y busca otro periodo, fue electo diputado nacional en el año 2002.

También buscan una reelección el legislador Wálmaro Gutiérrez, que sin ser político de carrera por primera vez fue electo diputado por el departamento de Carazo en las elecciones nacionales de 1996 para el periodo 1997-2002.

Edwin Castro también llegó a la Asamblea Nacional en 1997 y en esa legislatura estuvo en las Comisiones de Comunicación, Transporte, Energía y Construcción, la Comisión Especial Anticorrupción, la Comisión de Justicia y la Comisión de Modernización. Luego asumió como jefe de la bancada del FSLN, cargo que ostenta hasta el día de hoy.

En la lista del régimen también aparece Wilfredo Navarro que desde el PLC pasó de ser un gran crítico del FSLN a un gran defensor de Ortega para mantener su puesto en la Asamblea Nacional. Llegó al Parlamento en 1997 siendo liberal y desde entonces ocupa un curul, ahora como sandinista.

Los legisladores José Figueroa y Filiberto Rodríguez, quienes de igual forma llegaron en 2002 al Parlamento también buscan reelegirse.

Los diputados Jenny Martínez, Loria Raquel Dixón, Melvin Martín Agurcia, Juana Isaura Chavarría, Nasser Sebastián Silwany, Carlos Emilio López, Melba del Socorro Sánchez, Maritza del Socorro Espinales, Ángela Espinoza Torres, Efren José González, Gladis de los Ángeles Báez, Benita del Carmen Arvizú, José Ramón Sarria y Juan Ramón Obregón son algunos de los otros diputados sandinistas que buscan también su permanencia en la Asamblea Nacional.

Aunque sobresalen nuevos nombres como el de los comentaristas políticos Moisés Absalón Pastora en la posición número siete en la lista de candidatos a diputados nacionales y Adolfo Pastrán en la posición nueve.

Partidos “zancudos” con sorpresas

El partido Alianza por la República (APRE), también trae sorpresas en sus listas, debido a que hay mucha coincidencia de apellidos entre sus candidatos.

Al menos tres hermanos de Gerson Gutiérrez Gasparín, hermano del candidato presidencial del APRE, buscan una diputación: Edén Gutiérrez Gasparín en la tercera posición por el departamento de Matagalpa, Juana Patricia y Blanca Nelia Gutiérrez Gasparín, por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), como propietaria y suplente respectivamente.

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La lista para diputados nacionales del APRE la encabeza la actual legisladora por el Partido Conservador, Wendy María Guido, que antes de enero de 2020 aparecía acreditada como suplente del exdiputado Alfredo César.

El 17 de diciembre de 2019, el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, había decidido por unanimidad retirar de la Asamblea a su diputado propietario y a la suplente por considerar que ese poder del Estado era manejado totalitariamente por el orteguismo.

La única novedad del APRE es que no incorpora en su lista al exdirector de la Dirección General de Ingresos Byron Jerez, acusado de corrupción por fraude, lavado de dinero, peculado y malversación de fondos públicos, delitos por los que fue absuelto en el año 2003.

El partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) también trae sorpresas en su lista de candidatos. En la primera posición aparece Abraham Israel Osorno Larios, hijo del candidato presidencial oficial de este partido Guillermo Osorno Molina.

Por otro lado, por el partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) el diputado Brooklyn Rivera Bryan, que ha colaborado en el Parlamento con algunas iniciativas del Frente Sandinista pretende mantenerse para el siguiente periodo. El 4 de mayo de 2021, Rivera Bryan votó a favor de la reelección del magistrado sandinista del CSE, Lumberto Campbell lo que motivó su expulsión de la plataforma opositora Coalición Nacional.

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Por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) también busca mantener su diputación en la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferreti. El ALN en la actualidad como partido en la Asamblea Nacional solo tiene dos curules y el otro lo ocupa el diputado Mauricio Orué Vásquez.

Orué Vásquez aparece en la lista del Partido Liberal Independiente (PLI) como el candidato presidencial oficial de esta organización política.

En la fila del PLI también Pedro Joaquín Treminio, electo diputado suplente de la Asamblea Nacional para el período 2007-2012 y nuevamente electo diputado propietario para la siguiente etapa legislativa a la fecha, busca reelección dentro del Parlamento nicaragüense.

Olson considera que en comicios cuestionados como los de Nicaragua es necesario la participación de observadores nacionales e internacionales. En junio pasado la magistrada presidente del CSE, Brenda Rocha, descartó la participación de misiones internacionales en las elecciones alegando que “nos corresponde” únicamente “a los y las nicaragüenses” vigilar el proceso.

“Estas expresiones de la presidenta de la comisión electoral nos da con claridad que no existen condiciones para una elección legítima”, mencionó Olson.

Covid-19, ahora es la excusa

Según el CSE las modificaciones hechas en el calendario electoral se hicieron en atención a la solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso que mostraron su “preocupación” por los efectos de la Covid-19.

Debido a que la pandemia “ha condicionado la vida de todas y todos los seres humanos” se aplazó la fecha de inicio de la campaña electoral y el proceso de subsanación, renuncias y sustitución de candidatos, justificó el CSE.

“Este Consejo Supremo Electoral considera oportuno fortalecer nuestro compromiso con la salud de todas y todos y reiterar la obligación de acoger y hacer cumplir todas aquellas medidas necesarias que haya dictado o que dicte en el futuro el Ministerio de Salud”, señaló el CSE en un comunicado emitido el pasado 11 de agosto.

Para el director del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua, debió existir una declaratoria oficial de emergencia en el país centroamericano que respaldara la decisión del CSE.

Dentro de las disposiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Electoral, número 331, se establece que el CSE podrá “modificar o reformar” el calendario electoral “por causas de caso fortuito o fuerza mayor”, pero en consulta con las organizaciones políticas participantes.

“Esa decisión del Consejo Supremo Electoral ha sido bastante cuestionada, porque por una parte el Gobierno central, el Ministerio de Salud, no ha dado indicios de que en Nicaragua estemos ante una pandemia grave y viene a contradecir un poco esta comunicación del Consejo Supremo Electoral el discurso oficial que ha mantenido el Gobierno”, señaló Robleto.

Según datos de IDEA Internacional, al menos 73 países decidieron posponer las elecciones en el 2020, debido a la Covid-19, frente a otros 86 países que celebraron sus elecciones según lo planificado, pero adoptando medidas para preservar la salud de los electores.

Para el epidemiólogo nicaragüense, Leonel Argüello, a estas alturas el CSE ya debió haber presentado un plan contra el Covid-19 para proteger la salud de los nicaragüenses que este 7 de noviembre están llamados a las urnas.

“Creo que es una cosa que tienen que trabajarlo con el Ministerio de Salud, ya debería estar listo porque tiene que ser parte de la campaña educativa (…) Es importante que cualquier, ya sea el Consejo Supremo Electoral o cualquier institución tiene la responsabilidad de que alguien que llegue a su espacio, en este caso a los centros de votación, no se va a contagiar, si no lo hacen estarían cayendo en una irresponsabilidad, porque están atentando contra la salud de la población”, dijo Argüello.

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El médico epidemiólogo recuerda que en cualquier junta receptora de votos se deben seguir las medidas preventivas que incluyen el uso de mascarilla, la distancia de dos metros como mínimo, limpiar constantemente el lapicero o que cada quien lleve el propio y evitar las aglomeraciones.

“Si vos vas a hacer unas elecciones debes tener un protocolo donde alguien esté apoyando con la fila y garantice que la gente esté con su mascarilla”, insistió Argüello.

Nicaragua actualmente vive un rebrote de la pandemia y aunque oficialmente no es reconocido por la autoridad de Salud, desde el mes de abril sus informes muestran un incremento sostenido de contagios. “El ciudadano tenemos el poder de decisión y el poder en nuestras manos, si decidimos contagiarnos o decidimos no contagiarnos (…) El gobierno tendría que rectificar en su abordaje a la Covid-19, no podés dar mensajes equivocados te vacuno, por un lado, pero te contagio por el otro”, puntualizó Argüello.