*Corte Suprema impuesta por el presidente salvadoreño inicia destitución masiva y traslado de jueces que llevan casos emblemáticos de corrupción.
**El caso de la icónica masacre de El Mozote es uno de los procesos afectados, que mandan a iniciar “de cero”, tras cinco años de diligencias.
Expediente Público
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aceleró en las últimas horas el control total del Poder Judicial, desoyendo una resolución judicial y agilizando que la Corte Suprema de Justicia, que ya controla, nombre a más de un centenar de nuevos jueces, incluyendo uno que asumirá el caso de la histórica masacre de la guerra civil.
La Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, había decretado a finales de agosto pasado, de manera sorpresiva y expedita, el retiro de todos los jueces y fiscales mayores de 60 años, decisión que generó una ola de críticas nacionales e internacionales por intervenir en la independencia judicial.
«El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan 60 años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo», consigna la reforma. También despide a los jueces que tengan más de 30 años de servicio.
Bukele aprobó la reforma de ley y tanto él como su partido la justifican con el discurso del “combate a la corrupción”.
Una serie de demandas judiciales contra esta intromisión han sido presentadas en tribunales locales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el pasado viernes una Cámara de Familia de San Miguel, la segunda ciudad del país, ordenó suspender el cese de los jueces mientras se pronunciaba sobre el fondo de la demanda.
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Inédito: Corte Suprema ignora resoluciones judiciales de sus entes
Sin embargo, ya más de 60 judiciales habían renunciado para tomar bajo presión una oferta de “retiro voluntario”, decidida por la Corte Suprema, que les otorga 24 meses de salario.
Sin embargo, el fin de semana, el presidente de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, hizo caso omiso a la decisión de la Cámara y juramentó a más de un centenar de nuevos jueces, mientras ordenaba el traslado de docenas más, incluyendo los que llevaban casos emblemáticos de corrupción o de casos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
“Tienen que tomar posesión de sus cargos los jueces y magistrados sustitutos de sus sedes judiciales, espero que se vayan solventando los obstáculos y en la debida forma, sin violencia y sin utilizar medios forzosos”, dijo el domingo a los medios López Jerez, uno de los magistrados sancionados por Estados Unidos e incluido en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos o Lista Engel.
López Jerez argumentó que la juramentación era en base a la reforma de ley “que ordena cesar automáticamente” a jueces de más de 60 años de edad y con más de 30 años de servicio.
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Vendaval de críticas a corte bukelista
El lunes era intenso el movimiento en los tribunales, con la llegada de los nuevos jueces nombrados y la salida de los destituidos.
La decisión de juramentar a jueces sustitutos y trasladar a otros generó críticas de parte de organizaciones de abogados y jueces.
Para Salvador Enrique Anaya, uno de los abogados que ha cuestionado la legalidad de la nueva Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema “violó con alevosía la medida cautelar que emitió la Cámara de Familia de San Miguel, que había suspendido la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial”.
El 1 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, sustituyéndolos con funcionarios afines al partido de Gobierno.
“Esa es la Corte Suprema que hay: viola, sin reparo ni vergüenza, la ley. Así que la juramentación que hizo ayer la Corte Suprema es una camándula de violaciones morales, éticas, constitucionales y legales”, dijo Anaya a periodistas.
“Estocada al Poder Judicial”
Por su parte el juez Antonio Durán, uno de los más duros críticos de la reforma y quien fue trasladado de San Salvador a la ciudad de Zacatecoluca, en el centro del país, sostuvo que “este ataque contra una tercera parte del Órgano Judicial es una estocada contra el Poder Judicial”.
“Me molesta la socavación del Estado de Derecho y de la independencia judicial por parte del Ejecutivo», subrayó Durán.
Según el juez, en esta coyuntura, “se han aprovechado de la necesidad de los colegas para impulsar su renuncia y se han aprovechado de las aspiraciones de quienes quieren ser jueces».
Durán denunció que gran parte del centenar de jueces juramentados no estaban en el listado de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, como manda la ley: “estaban en el listado de Casa Presidencial”, afirmó.
El juez también recordó que, sin una Sala de lo Constitucional independiente, la independencia judicial se ha terminado en El Salvador.
“Quiero decirles a los compañeros que han cesado: no se han ido por corruptos, los han retirado porque se quiere llenar las vacantes con otro tipo de personas», agregó.
Cerca de un tercio de los 600 jueces del país serán afectados por la medida aprobada.
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El triste caso de El Mozote
Uno de los casos que más se verá afectado por la destitución de magistrados es el de emblemático proceso por la masacre de El Mozote, ocurrida en la guerra civil salvadoreña en diciembre de 1981 y que dejó unos mil civiles muertos.
Un grupo de militares retirados, de alto rango, están siendo procesados y el juez Jorge Guzmán, titular de San Francisco Gotera, en el oriental departamento de Morazán, había dirigido las diligencias desde hace cinco años, enfrentando todo tipo de obstáculos y presiones, incluyendo la negativa de la Fuerza Armada y del propio presidente Bukele de entregar los archivos militares.
Tal alineación de Bukele con los militares se ha interpretado a nivel político como una concesión estratégica del presidente salvadoreño para ganarse, junto a otros beneficios otorgados al cuerpo castrense, el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas.
Tras la juramentación de los nuevos funcionarios judiciales afines a Bukele y el reemplazo del juez Guzmán, el presidente de la Corte, Óscar López Jerez, dijo que el caso de la masacre de El Mozote deberá comenzar de cero.
El 7 de septiembre, Jorge Guzmán advirtió que, si los diputados no derogaban el decreto, no estaría “dispuesto a someterme en un régimen como ese, porque es indignante, humillante e insultante para los jueces”.
Según López Jerez, eso equivalía a una renuncia.
“En lo personal hubiese deseado pues que él siguiese con ese caso porque el juez que va a llegar tendrá que comenzar de cero. Lastimosamente el juez no pensó mucho en el caso este y él decidió no solicitar régimen de disponibilidad y esa era voluntad de él”, justificó López Jerez el domingo.
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Denuncia irrespeto de la Constitución
Sin embargo, Guzmán desmintió este lunes su renuncia y criticó las juramentaciones de la Corte Suprema: “denuncio ante la opinión pública mi destitución ilegal”.
“No cabe duda que las víctimas, quiénes son el centro del proceso El Mozote y sitios aledaños verán como tantas veces, dilatado su peregrinar a la justicia, sin embargo, se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexplicable a la Constitución del país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”, dijo Guzmán.
Según el juez, en declaraciones a una emisora local, la Corte Suprema “ha caído en una cadena de ilegalidades y la última se consumó con el nombramiento de jueces”.
El reemplazo de Guzmán también ha provocado una ola de críticas de defensores de derechos humanos y políticos opositores.
La también diputada del izquierdista FMLN, Dina Argueta, sostuvo que “el oficialismo destituyó al juez de El Mozote, Jorge Guzmán, y sepulta el trabajo de varios años. Al oficialismo cómplice que masacra nuestra historia, que la misma se lo cobre”.
