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El Salvador en crisis: Bukele toma control de Fiscalía y Poder Judicial

***En primera sesión legislativa tras la victoria electoral del pasado febrero, el partido oficialista destituye magistrados, fiscal general y otorga poder absoluto al presidente Nayib Bukele.

EXPEDIENTE PÚBLICO

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas asumieron este 1 de mayo el control absoluto del Estado salvadoreño, en una operación política que ha causado alarma en la región latinoamericana.

Bukele y su partido logró el 28 de febrero una mayoría calificada en las elecciones de la Asamblea Legislativa y en su primera sesión del 1 de mayo, la bancada de su partido destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por funcionarios afines.

Además, votaron por destituir al fiscal general de la República, mientras apostaban policías en las afueras de la Sala Constitucional.

Los críticos de Bukele se han apresurado a llamar a la movida “un golpe de Estado” y Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han rechazado las acciones del parlamento salvadoreño.

En la nueva Asamblea Legislativa, el partido de Bukele y su aliado Gana suman 64 de los 84 diputados. Después de los procedimientos meramente protocolarios de instalación, la primera gran decisión parlamentaria fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Los argumentos contra magistrados

Los legisladores oficiales acusaron a los magistrados de haber incurrido en violaciones a la Constitución de la República, generando vulneraciones al derecho a la vida, seguridad jurídica, al principio de seguridad jurídica y legalidad.

También los acusaron de haber cometido “reiteradas violaciones a la Constitución”, que supuestamente eran causales de destitución y argumentaron “que no son las personas idóneas” para ocupar los cargos de magistrados.

El motivo detrás de las decisiones legislativas están vinculados a las decisiones de rechazo de los magistrados a violaciones de los derechos individuales, imputados al gobierno de Bukele cuando impuso un confinamiento al inicio de la pandemia, con decretos ejecutivos sin aval legislativo, algo que a criterio de la Sala Constitucional violó la constitución salvadoreña.

Los magistrados declararon inconstitucional su destitución en una sentencia divulgada pocas horas después de la decisión legislativa, pero Bukele la desconoció a través de su cuenta en Twitter.

La Asamblea siguió con la elección de los nuevos magistrados y fuerzas policiales rodearon el vecino edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde poco después los recién electos tomaban posesión bajo resguardo militar.

“La falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”, señalaba la sentencia de los magistrados destituidos.

Leales a Bukele

Dos de los electos magistrados son asesores legales de Casa Presidencial y de la Policía Nacional Civil; otro era comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) nombrado por Bukele.

Una había sido magistrada cercana al partido Gana, aliada de Bukele y la nueva Sala sería presidida por un magistrado actual.

Esa misma noche, los diputados anunciaron los procedimientos de destitución del fiscal general, Raúl Melara, quien ha dirigido investigaciones contra varios funcionarios de Bukele por malos manejos de fondos destinados a atender la pandemia.

La justificación para destituir a Melara fueron supuestos vínculos partidarios al ser electo hace casi tres años. Melara apareció en un acto proselitista del partido de derecha ARENA, pero desde que asumió su cargo había procesado a políticos de todo el espectro, incluyendo de ARENA.

Melara se había coordinado con la Comisión Internacional de lucha contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) para la investigación de los fondos de la pandemia y había dirigido allanamientos en 24 entidades estatales, bajo el reclamo de Bukele.

Tras la destitución de Melara, el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso nombrar como nuevo fiscal general a Rodolfo Delgado, un asesor legal de la Casa Presidencial salvadoreña.

Críticas de todos lados

En el país, toda la sociedad civil y centros de pensamientos se ha volcado contra la decisión. Mayoritariamente la han catalogado como “un golpe de Estado”.

“Condenamos el atentado contra la democracia que se ha realizado al promover la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”, dijo en un comunicado la gremial empresarial más grande del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“La Asamblea Legislativa, lejos de sentar bases para la prosperidad y el desarrollo del país, minan la confianza, estabilidad jurídica y política”, agregaron los empresarios.

Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el tanque de pensamiento más grande del país, la destitución de los magistrados y el fiscal constituye “un grave atentado contra el sistema democrático y una ruptura del orden constitucional, concretado en una acción propia del autoritarismo, al fraguarse un golpe de Estado por parte del órgano legislativo que busca suprimir el sistema de frenos y contrapesos”.

La oposición, bastante disminuida en la Asamblea después de las últimas elecciones, también criticó las decisiones, pero su nivel de influencia a la hora de votar es casi irrelevante.

La UCA alza su voz

La Universidad Centroamericana (UCA), de la congregación jesuita, calificó la decisión de ilegal y de “una hora oscura” en un inusual comunicado nocturno.

“En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera”, señaló esa casa de estudios.

El académico y experto en temas de transparencia, Roberto Burgos, advirtió que “esta será la era de la barbarie, de la fuerza bruta”.

“Ni pronunciamientos oficiosos de la Sala, ni una intervención del Fiscal General ni la opinión de la comunidad diplomática va a detener el desmantelamiento del Estado de Derecho como lo conocíamos hasta hoy”, señaló Burgos a Expediente Público.

Para Wilson Sandoval, especialista anticorrupción del capítulo local de Transparencia Internacional, “el rumbo que se decanta, es el de una dictadura al estilo de los 70 en El Salvador”.

“Hoy, se suprimen de paso nuestros derechos más básicos como la vida, libertad de expresión, de culto, prensa, etcétera. No es la destitución de los magistrados el punto, van por nuestros derechos”, señala Sandoval.

La reacción internacional

Estados Unidos, el mayor socio comercial de El Salvador, es el país que más contundente ha reaccionado a las destituciones.

“Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, advirtió Julie Chung, la subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Chung sostuvo que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.

Bukele reaccionó con dureza. Con un mensaje en Twitter, el mandatario le dijo a la comunidad internacional que lo sucedido no era de su incumbencia.

“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, escribió Bukele.

La ola de críticas desde Washington incluyeron a dos legisladores estadounidenses que usualmente están muy pendientes de El Salvador, los demócratas Jim McGovern y Albio Sires.

“La destitución de los miembros de la sala de lo Constitucional por parte del presidente Bukele y sus aliados es un abuso del poder, un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo. Sí no se reconsidera, el gobierno de Estados Unidos debe disminuir la cooperación con su gobierno”, escribió Sires en Twitter.

McGovern señaló: “Estoy preocupado y enojado por la votación por mayoría de la nueva Asamblea Nacional del presidente Bukele para destituir a todos los jueces de la Sala Constitucional”.

“Seamos claros: esto no es democracia, es la destrucción de un poder judicial independiente y del Estado de derecho”, subrayó McGovern.

También Almagro

La Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó las decisiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El secretario general de la OEA, Luis Almagro emitió un comunicado donde “rechaza” el accionar del congreso salvadoreño.

“Ante las decisiones adoptadas ayer por la Asamblea Legislativa de El Salvador, (la OEA) rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del fiscal general, Raúl Melara”, dice el comunicado divulgado la mañana del domingo.

“Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando este principio. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agrega el comunicado.

Almagro hizo un llamado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) a profundizar su trabajo en el país.

Los trabajos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), especialmente las investigaciones en curso que la misma realiza en el marco de la lucha contra la corrupción, deben continuar y ser profundizadas”.

Mientras el oficialismo celebra, organizaciones de la sociedad civil anuncian una concentración en la Plaza de la Constitución, al norte de la capital, de darse, sería la primera demostración contra Bukele desde las elecciones del pasado 28 de febrero.