**Consideradas un “país dentro de otro país”, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras llevan casi 20 años consumiendo presupuesto público y generando esperanzas de un despegue económico que no termina de alzar vuelo, entre enredos políticos y actos de corrupción.
***Gobierno de Juan Orlando Hernández y el oficialista Partido Nacional «resucitan» polémica ley para usar sus supuestos beneficios económicos en el contexto electoral.
Expediente Público
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son la bandera política que el Partido Nacional en Honduras enarbolará con vistas a las elecciones generales del 28 de noviembre, y con la cual pretende conseguir un cuarto mandato consecutivo en el gobierno del país centroamericano.
En los próximos meses, “van a decir que van a crear miles de empleos a través de las ZEDE”, dijo el economista Hugo Noé Pino a Expediente Público.
Pero estas zonas especiales deben verse también en el marco del modelo de dominación neocolonial que ha tenido lugar en Honduras desde la llamada reforma liberal, como ocurrió con el enclave bananero durante más de cien años, dijo a Expediente Público el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, al analizar el ya veterano y estancado proyecto económico insignia del país centroamericano.
Este modelo se caracteriza por mano de obra barata, concesiones generosas de recursos naturales, exoneraciones fiscales con la idea de que el país solo puede aspirar al progreso si existe una apertura total y beneficiosa para la generación de empleo y “lógicamente, la cesión de la soberanía nacional”, explicó el economista.
«Las ZEDE en alguna medida es como regresar al enclave”, amplió Irías.
Pero hay otro contexto ineludible en su creación, que tiene que ver con la advertencia que hizo el Colegio de Abogados de Honduras en el sentido de que estas regiones pueden ser un “santuario de criminales nacionales e internacionales, y de dinero sucio y limpio” y en un “refugio para los solicitados de extradición”.
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Casi 20 años de espera
El proyecto de las ZEDE ronda desde el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006), según un análisis de la Universidad de Costa Rica que lo comparó con el “perfeccionamiento de los mecanismos de despojo en Honduras”.
Luego reapareció en 2010 cuando Juan Orlando Hernández asume la presidencia del Congreso Nacional y se consuma con la aprobación del decreto 283-2010 que crea las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas también como “ciudades modelo” o “charter cities”. Posteriormente, es ratificado mediante el decreto 04-2011 que reforma los artículos 304 y 329 de la Constitución.
Sin embargo, en 2011 cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional votaron a favor de un recurso de inconstitucionalidad, uno de varios interpuestos por ciudadanos particulares, juristas y sociedad civil, lo que después fue ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Entre golpes y traiciones
Pero este revés no desanimó a Hernández y, como ocurrió en 2009 con el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, el Congreso Nacional, de mayoría de diputados nacionalistas vuelve a interferir con otro poder del Estado.
Esta vez asesta un golpe técnico al Poder Judicial al destituir a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que votaron a favor del recurso. El único magistrado que votó en contra, Oscar Chinchilla, asumió como el nuevo titular de la Sala Constitucional y en la actualidad es el fiscal general del Estado hondureño.
“Los cuatro magistrados se convirtieron en un obstáculo para este macabro plan de Juan Orlando Hernández y su camarilla”, dijo a Expediente Público la abogada constitucionalista Maribel Espinoza, para quien el plan de las ZEDE viene «siendo ejecutado en los tiempos que ellos han considerado oportunos”.
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Finalmente, en enero de 2013 el Congreso Nacional aprobó el decreto 236-212 que reforma tres artículos constitucionales autorizando la creación de las ZEDE, y ocho meses después es aprobada su ley orgánica.
Paralelo a este proceso transcurría otra historia que se contaría años después en los juicios a narcotraficantes hondureños en la Corte del Distrito Sur de Nueva York: La de un candidato presidencial que participó en reuniones donde, según la Fiscalía estadounidense, se planificaba el futuro de Honduras en torno a negocios sucios, asesinatos, sobornos, diputados, policías y militares. Que llegó a la máxima magistratura para robar “mejor que en los tiempos de (el expresidente Rafael) Callejas», que apoyó el tráfico de drogas hasta convertir a Honduras, como lo han llamado los fiscales estadounidenses, en un narcoestado y que se reeligió ilegalmente para continuar en un negocio “que es demasiado bueno” y permanecer en la impunidad junto a los sectores que lo rodean.
“Los delitos de narcotráfico, lavado de activos, corrupción entre otros han salpicado a los sectores políticos nacionales y latinoamericanos en los últimos 15 años y varios de estos son sectores muy afines al gobierno actual que impulsa esta iniciativa”, dice el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) en un informe sobre las ZEDE.
Galería de fichas polémicas
Entre los diputados que formaron parte del Congreso que aprobó las ZEDE están Mauricio Oliva, Armando Calidonio, Oscar Álvarez y Oscar Nájera, quienes han sido señalados por sus supuestos vínculos con el narcotráfico; Fredy Ramón Nájera, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico; Yani Rosenthal, quien estuvo preso en el país norteamericano por lavado de activos; Nasry Asfura, el presidenciable nacionalista señalado de actos de corrupción; así como Antonio Rivera Callejas, Jacobo Regalado, Lena Gutiérrez, Welsy Vásquez y Gladis Aurora López, también mencionados en actos de corrupción.
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Las ZEDE “son un país dentro de otro país” y en aquellas regiones que tienen costa van a poder llegar naves y embarcaciones sin “ningún permiso” de aeronáutica ni otras autoridades, dijo el economista Hugo Noé Pino.
“Habrá libre movilidad de capital y (…) todo eso se puede prestar para lavado de dinero, para tráfico de drogas, tráfico de personas, en fin, es algo sobre lo cual Honduras renuncia voluntariamente a tener el control o la autoridad correspondiente”, agregó.
El argumento del gobierno de Hernández es que las ZEDE permitirán la generación masiva de empleos, “dado de que no pagan impuestos y tienen sus propios tribunales, su propia policía, su propia moneda, sus propios impuestos”, mencionó Noé Pino.
Se trata de una bandera política con la que quieren vender el “espejismo” de que van a crear miles del empleos “ante el hecho claro y contundente de en que todas las encuestas políticas” el desempleo aparece como el principal problema de la población, recordó el economista.
Las ZEDE aparecen en el contexto en que Honduras se encamina a elecciones generales y que son usadas por el partido gobernante para ofrecerlas en la campaña electoral.
Poca transparencia
Sin embargo, consideró Pino, que “llama la atención” la aprobación de tres ZEDE en una forma muy opaca al grado que “no se sabe cuántos empleos van a crear, cuánto van a invertir, cuáles son los productos que van a exportar, entonces es bastante difícil poder hacer una evaluación, aún desde el punto de vista del gobierno, de cuáles serían esos beneficios potenciales” que traerán estos proyectos, indicó.
Señaló que “en la Ley Orgánica de las ZEDE tienen cualquier tipo de beneficios”, para el caso, el Impuesto sobre la Renta es de 25% y 30% para las empresas y para las personas naturales, mientras que en esas zonas andarán entre el 12% y 16%. De aquí se deriva otra preocupación y es que las empresas comerciales e industriales del resto de Honduras continuarán pagando impuestos altos, lo que podría generar la migración hacia otros sectores económicos.
Pero “si migran la mayor parte de las empresas a esas áreas, como dice el gobierno, qué va a ocurrir entonces, quiénes van a financiar los impuestos, quiénes van a financiar al gobierno, quién va a financiar la educación, la salud, del resto de la población que no está en las ZEDE”, se preguntó Noé Pino.
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Bandera de tiempos electorales
“Lo que no me cabe duda es que están desesperados, que antes de que vengan las elecciones quieren tener totalmente arreglada la situación jurídica de las ZEDE, fortaleciendo el esquema a fin de evitar que un nuevo gobierno deje sin efecto tan horrenda afrenta a la Constitución”, dijo por su parte la abogada Maribel Espinoza a Expediente Público.
A finales de mayo, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una interpretación de la Ley del Impuesto Sobre Ventas que a su vez modifica la Ley Orgánica de las ZEDE, lo cual “es una depravación en el quehacer legislativo”, a consideración de Espinoza.
La jurista explicó que la reforma a la Ley Orgánica de las ZEDE requiere mayoría calificada, pero “a través de interpretaciones” la están modificando.
Los partidos de oposición denunciaron incluso que no se cumplió con el requisito de la mitad más uno para aprobar dicha interpretación.
Concluir el tema “es tan importante para ellos (Partido Nacional) que no les importa que sea objeto de debate en el período que corresponde a la propaganda electoral”, añadió Espinoza.
Explicó que revertir este proyecto en el Gobierno actual es posible a través de un referéndum o a través de una reforma constitucional en el Congreso Nacional a partir de enero próximo, cuando asuman las nuevas autoridades.
“Por supuesto que va a traer consecuencias perjudiciales para el Estado de Honduras, porque si usted revisa la propia Ley Orgánica que da vida a las ZEDE (…) deja muy claro que ellos están protegiendo la existencia” de estas regiones, “pero es un tema que vamos a tener que debatirlo y vamos a tener que enfrentarlo”, manifestó.
Además del tema de la soberanía, ya que las ZEDE significan prácticamente la destrucción del Estado hondureño para convertirlo en diversos Estados que convivirán con autoridades y normas diferentes, estas regiones tienen también implicaciones importantes en términos de derechos humanos, expresó a Expediente Público el director del Cespad, Gustavo Irías.
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Esto debido a que, como todo proyecto o megaproyecto extractivista que ha venido impulsándose durante los últimos diez años, ponen en riesgo a diversas generaciones de las comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes, mencionó.
ONU se suma a críticas
El martes 8 de junio, el Sistema de Naciones Unidas emitió un comunicado en el que advierte que estas zonas especiales podrían implicar «serios riesgos» para «el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes». Además, que «aproximadamente el 35% del territorio hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDE».
Ese mismo 8 de junio, el gobierno de Juan Orlando Hernández, a través de un comunicado de la Cancillería respondió a Naciones Unidas que Honduras como Estado «soberano toma decisiones en estricto respeto de la Constitución de la República y de su marco legal interno».
«Es deber del Gobierno, en su ejercicio del derecho a la autodeterminación, buscar alternativas para superar la crisis económica que afecta al país, agravada por la COVID-19 y los efectos del cambio climático, como los causados por las tormentas tropicales ETA e IOTA, siendo las ZEDE una oportunidad para generar nuevas fuentes de empleo, atraer la inversión nacional y extranjera», indicó la Cancillería hondureña.
Mientras que el economista Noé Pino enfatizó que “en ninguna parte del mundo existen ZEDE como han sido concebidas, lo que existen son zonas especiales económicas, esas son otra cosa totalmente”.
Para el caso, refirió que la empresas de zona franca en Honduras es una zona especial económica, “pero eso no quiere decir que los dueños de la maquila pueden hacer sus propias leyes” como sí pasa con las ZEDE.
A criterio de Pino, “este es un parto hondureño que primero fue impulsado por Paul Romer, premio Nobel de Economía (2018), bajo el concepto de ciudades modelo, pero que después de ver todas las deformaciones que le estaba haciendo el Gobierno y el Congreso con Juan Orlando Hernández, decidió retirarse”, aseguró.
En las últimas semanas, las ZEDE han generado algunas manifestaciones ciudadanas y el rechazo de un sector empresarial, de organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos originarios que han sido defensores permanentes de sus territorios.
El bicentenario de la Independencia de España que se conmemora este año, “de alguna manera nos recuerda este proyecto necesario, fallido, de la unidad centroamericana impulsada por Francisco Morazán”, reflexionó Gustavo Irías. De allí que “podemos calificar como una verdadera traición a la patria Honduras, a Centroamérica, al pensamiento Morazánico, de quienes están impulsando esta iniciativa en lugar de contribuir a la integración”, según su posición.
