*A pesar de que el tiempo apremia, CSJ aún no tiene fecha para convocar a la Junta Proponente, lo que podría indicar que las cartas ya están tiradas para elegir al próximo fiscal general, señala a Expediente Público exfiscal Aída Romero.
**Entre más tiempo pasa, menos tiempo tendrá Junta Proponente para llevar a cabo un proceso en el que se evalúe el mérito y haya participación ciudadana, dice el analista Rafael Jerez
***Ministerio Público vuelve a estar en la mira después que Fiscalía de Nueva York señalara que Dirección de Lucha contra el Narcotráfico estaba bajo el control de JOH.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
A menos de cuatro meses para que finalice la gestión del Fiscal General, Oscar Chinchilla, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha hecho todavía la convocatoria para que se integre la Junta Proponente de los candidatos para la elección de su sucesor o sucesora, lo que podría indicar que el nombre del nuevo funcionario ya ha sido escogido.
La demora en ese llamamiento, con el que daría inicio el proceso para elegir al nuevo responsable de la dirección del Ministerio Público, le añade tensión a una elección que es esperada con ansias por unos y temida por otros, ya que finaliza el mandato de un Fiscal General que no solo ocupó ese puesto durante diez años, sino que es asociado con un largo periodo de impunidad.
Susbríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto son elegidos por el Congreso Nacional por mayoría calificada (86 votos) de una nómina de cinco candidatos propuestos por la Junta Proponente.
Proceso de elección del Fiscal General
Esa nómina deberá ser enviada al Legislativo por lo menos 30 días antes del vencimiento del periodo correspondiente o dentro de los quince días de haberse producido la ausencia definitiva del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto, según la Ley del Ministerio Público.
Es de mencionar que la gestión de Chinchilla finaliza el 1 de septiembre, es decir, en menos de cuatro meses, más o menos el mismo tiempo que tendrá la Junta Proponente una vez que sea integrada. En el proceso anterior de 2018, la Corte Suprema convocó esa junta el 7 de marzo y esta a su vez hizo el llamado a la postulación de candidatos el 10 de abril.
“No se comprende por qué la presidenta de la CSJ, la abogada Rebeca Ráquel, no ha emitido la convocatoria”, dijo a Expediente Público el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, ya que entre más tiempo pasa, menos tiempo va a tener la Junta Proponente para llevar a cabo un proceso en el que se evalúe el mérito y haya participación ciudadana.
Corte Suprema atrasa
Si bien la nómina de los candidatos a magistrados es de un mínimo de 45 y la de los candidatos a Fiscal General solo de cinco, Jerez apuntó que no se sabe cuántas personas van a postularse en el cargo, por lo que es importante que la presidenta de la Corte pueda dar una respuesta, ya que las interrogantes sobre la tardanza han crecido en los últimos días.
Lea además: CIDH sugiere a Honduras no extender Estado de Excepción
A su juicio, el proceso tiene que empezar ya, para que los sectores que así lo requieran procedan a elegir a sus representantes ante la Junta Proponente, que será integrada por la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las universidades privadas, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Alianza por la Paz y la Justicia.
Un Fiscal General cuestionado
“Fecha exacta aún no hay, pero ya se está trabajando en eso”, respondió a una consulta de Expediente Público el oficial de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte.
Oscar Chinchilla, de conocida afinidad con el Partido Nacional, fue elegido por primera vez como Fiscal General el 31 de agosto de 2013 y asumió el 1 de septiembre de ese año. Ha sido el único en ser reelecto en ese cargo desde la creación del Ministerio Público en 1993.
Aunque uno de los legados que más se le podría reconocer es el trabajo que hizo con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), su sucesora, la Unidad Fiscal Especialidad contra Redes de Corrupción (Uferco) no ha tenido el mismo apoyo.
En una entrevista con Expediente Público, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, dijo que “desde que la MACCIH salió, prácticamente nosotros hemos sido ignorados” y no se han resuelto “todas las necesidades que se le han manifestado al Fiscal General que son necesarias cubrir si él no quiere que todos esos casos que estamos conociendo queden en la impunidad”.
Acusaciones desde Nueva York
Peticiones de asignar nuevo personal, comprar equipo, actualizar licencias de los equipos técnicos para poder realizar las investigaciones son ignoradas, así como las solicitudes para discutir un nuevo caso, amplió Santos.
Le puede interesar: ¿Regresar a Petrocaribe? Las deudas de Honduras con Venezuela no cuadran
Para Jerez, durante el período de Chinchilla, el Ministerio Público reflejó todo lo contrario que debería ser, ya que ha sido un funcionario cuestionado por la inactividad que ha tenido como resultado de sus vínculos políticos, y ausente para dar respuesta a las demandas ciudadanas.
Recientemente, la fiscalía de Nueva York presentó un memorando en apoyo a las acusaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el exdirector policial Juan Carlos Bonilla y el exagente policial Mauricio Hernández, que incluye pruebas de corrupción y testimonios.
El documento señala que, para las elecciones de noviembre de 2017, el ahora exmandatario extraditado por narcotráfico y el Partido Nacional controlaban todos los aspectos del gobierno hondureño, incluyendo instituciones como la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Esa mención a una de las dependencias del Ministerio Público atañe directamente al actual Fiscal General, quien nombra al personal de esa institución y a pesar de que no es la primera vez que la DLCN recibe un señalamiento de esa naturaleza, ha sostenido en el cargo a su titular, Soraya Cálix.
Para Jerez, el proceso contra Hernández en Estados Unidos añade presión al Ministerio Público, no solo por el caso de la DLCN, sino porque “estamos hablando de un caso en el que se evidencia cómo operó una persona que ejerció la presidencia de la República por ocho años y realmente no hubo una proporcionalidad entre el daño que se le causó al Estado y la persecución penal” desde ese ente acusador.
Interés social
Pero también genera presión al proceso de elección del sucesor de Chinchilla, ya que entre más político partidarios sean los perfiles que tengan más posibilidades de llegar a ese puesto, menos posibilidades tendrá la ciudadanía de tener un Fiscal General que represente los intereses de la sociedad.
Jerez señaló también el hecho de que la elección del nuevo Fiscal General va a ser muy cercana con el proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), entonces se verá qué tan comprometido está con la ciudadanía y no necesariamente con grupos particulares.
¿Las cartas ya están tiradas?
No obstante, que a estas alturas la Corte hondureña no haya hecho la convocatoria a la junta que seleccionará la nómina de candidatos podría indicar que en ese poder del Estado consideren que todavía no ha llegado el momento propicio o que las cartas ya estén tiradas, dijo a Expediente Público la exfiscal especial del Ministerio Público, Aída Romero.
Esto es, que, entre los partidos políticos principales, Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, el próximo Fiscal General tendría ya nombre y apellido, como parte de las negociaciones que se hicieron durante el proceso de elección de la CSJ.
De ser así, sería más de lo mismo y el cambio que buscan los hondureños que se dé en la institucionalidad no se va a lograr, apuntó.
“Sin lugar a dudas estamos a un corto tiempo”, consideró la abogada penalista, quien añadió que la sociedad ha estado demandando a través de diferentes sectores que la CSJ convoque a la Junta Proponente y que salga una persona con los requisitos de idoneidad, capacidad, honestidad y todos los demás que se requieren para ocupar un cargo tan importante.
Cargos se reparten ahora entre tres partidos
Antes de que Libre llegara al poder, los cargos en la CSJ y el Ministerio Público se dividían entre los partidos Nacional y Liberal. Con Libre, la repartición es entre tres, lo que propició, para el caso que en el pasado proceso de elección de la Corte Suprema se creara la figura de los magistrados suplentes.
En febrero del 2022 los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras fueron repartidos entre Libre, el Partido Nacional y el Liberal, dejando sin posibilidad que este Poder del Estado fuera independiente.
Con la elección del Fiscal General se ha discutido la elección de un segundo fiscal adjunto, lo que para Jerez sería nefasto, porque se confirmaría la captura política del Ministerio Público al crear una figura para satisfacer una cuota partidaria.
La Junta Proponente, que será presidida por la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel, tendrá mayor discrecionalidad que la que tuvo la Junta Nominadora de los magistrados, que se rigió por la ley que aprobó el Congreso Nacional, ya que elaborará su propio reglamento.
Requisitos técnicos
Jerez consideró que un indicador de que el proceso marche por la ruta correcta es que los requisitos técnicos como la matriz de evaluación tengan estándares internacionales.
“El momento clave es la evaluación final y cómo se llena la matriz de evaluación, porque una persona pudo haber aprobado una prueba de conocimiento, haber pasado audiencias públicas, pero siempre hay un grado de discrecionalidad que tiene cada miembro de la Junta Proponente”.
Importante es también que se permita la participación ciudadana a través de la presentación de tachas y denuncias, y que el Congreso Nacional respete la nómina final.
En torno al proceso de elección del próximo Fiscal General está vigilante la Plataforma 25 de Noviembre, integrada por una veintena de organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Vía Campesina.
¿Por qué hay atrasos para nombrar al Fiscal General?
“Estamos mirando que hay muchos atrasos, pensábamos que iba a arrancar lo antes posible”, dijo a Expediente Público la coordinadora técnica de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, Wendy Cruz, sobre el inicio del proceso para elegir al Fiscal General.
“Yo espero que esa tardanza sea porque están haciendo algunas consultas a las diferentes organizaciones de la sociedad”, agregó la feminista.
A su criterio, debe haber espacio suficiente para que la ciudadanía se prepare y participe en los procesos de tachas, y se incorporen también elementos de justicia de género en las preguntas que se van a hacer a los candidatos, ya que las mujeres organizadas aspiran a que el próximo Fiscal General tenga sensibilidad de género.
Reconoció que la independencia partidaria del Fiscal General es también una aspiración ciudadana; no obstante, consideró que es bien difícil romper una cultura política que ha imperado en esos procesos de elección, aunque seguirán con el dedo en el renglón para presionar por el acceso a una justicia imparcial e independiente.
