*El abuso sexual contra mujeres en Honduras es tan alarmante, que se estima que entre 2011 y 2021, más de 400 mil menores de edad y adolescentes quedaron embarazadas.
** Entre 2010 y 2022 no ha sido aprobada ninguna iniciativa de ley que penalice las múltiples violencias contra la mujer, solo han sido presentados varios proyectos de ley que quedaron engavetados.
***Reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina
Aimée Cárcamo y José Manuel Cerén*
La historia de Isabel y Verónica “es la vida misma de todas las mujeres con las que yo trabajo. Entonces, no vamos a contar nada nuevo, solo estamos diciendo que en pleno siglo XXI en este país siguen ocurriendo este tipo de casos y no pasa nada”.
Esa es la reflexión de la defensora de los derechos de las mujeres, Vanessa Siliezar, sobre la violencia, pobreza y falta de oportunidades que afrontan las mujeres hondureñas, en particular las que viven en el área rural.
Siliezar es integrante de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), una ONG radicada en La Ceiba, en el municipio del departamento de Atlántida, que busca reducir los niveles de violencia de género e impunidad en la población adolescente de ese municipio ubicado en la zona norte de Honduras.
El abuso sexual a mujeres menores de edad “es el pan de cada día” de las organizaciones que velan por los derechos de ese segmento de la población, revela la defensora.
Los casos son más evidentes en el área rural, “pero están naturalizados” y las jóvenes validan y hasta creen que estos abusos son normales. Mientras que en el área urbana estas situaciones están invisibilizadas, pero son muy comunes.
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Para huir de esos abusos, muchas jóvenes del área rural llegan a las ciudades, donde encuentran empleos como empleadas domésticas en los que enfrentan también situaciones de acoso y abuso sexual, pero la mayoría no denuncia por miedo al empleador o la empleadora, o a perder el pobre salario que devengan, dijo Gabriela Pineda, de la Red de Trabajadoras Domésticas.
Funcionarios insensibles
Honduras “es un país en donde se violan niñas diariamente y no pasa nada”, lamentó Siliezar. Lo peor es la legitimación por parte del Estado, que en el nuevo Código Penal redujo sustancialmente las penas en delitos sexuales “porque las víctimas son mujeres”, acotó.
A lo anterior hay que sumar que la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) fue aprobada hasta hace poco, pero solo en casos de violación, aunque muchas mujeres no denuncian esos delitos por el estigma que existe.
“Desde el Estado hay una total ceguera de género, lo que nosotras las feministas llamamos ‘inopia’, no se nombra lo que no existe y por lo tanto los funcionarios públicos en estos temas son insensibles”, reflexionó.
También hay mucho desconocimiento y poca sensibilización por parte del personal de salud. Cuando llega una mujer con un aborto espontáneo, son las mismas enfermeras las que llaman a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) “para que le haga los análisis y las meta a la cárcel, prejuzgando sin saber”, y para rematar, los operadores de justicia no hacen bien el proceso de investigación porque no hay presupuesto, compartió.
Deuda en salud
Lo anterior se evidencia también en el hecho de que el tema de la salud sexual integral no existe en la currícula educativa. “Ese panorama indica mucha impunidad, primero, por desconocimiento; segundo, porque avala pautas patriarcales de abuso e incesto que son culturales, pero se han naturalizado”, añadió.
En ese sentido, la defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, expresó que a pesar de que es un derecho de las mujeres decidir si quieren o no tener hijos e hijas, “no es una información” a la que tengan acceso las jóvenes y mujeres adultas.
Cuando van a los centros de salud u hospitales es por cuestiones de embarazo u otras problemáticas, añadió Rodríguez, para quien hacen falta campañas sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en el área rural donde la información sobre estos temas “se mueve un poco menos”.
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Educación laica
Para Vanessa Siliezar es preciso “volver al tema de la educación sexual” y para ello es necesario “respetar el tema de la educación laica”. Y es que por la presión de grupos religiosos la educación sexual sigue siendo un tabú en Honduras.
“La educación permitirá que la gente no naturalice el fenómeno del abuso sexual”, además de “sensibilizar a las poblaciones para cuestionar las actitudes patriarcales de abuso y violación”, planteó.
A la par, es necesario que el gobierno destine presupuestos para poder invertir “y asegurarnos de que haya investigación criminal” para reducir los niveles de impunidad.
Pobreza rural
Antes de la pandemia del COVID-19, en Honduras, 4.8 millones de personas vivían en la pobreza y subsistían con 5.5 dólares diarios; y 1.3 millones, en pobreza extrema, con ingresos menores de 1.9 dólares al día, según datos de 2019 del Banco Mundial.
En ese contexto, más de un millón y medio de mujeres rurales vivían en condiciones precarias, según el informe que proyectaba que esa cantidad se duplicaría para 2020 debido a la pandemia del COVID-19.
Hay que decir que de los 4.9 millones de mujeres que habitan en Honduras, y que representan más del 51 por ciento de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de dos millones viven en el área rural.
Pero su problemática “no es parte de la agenda política”, afirma el documento.
El tema de falta de apoyo a ese sector “es poco conocido y poco tratado o inexistente en las campañas políticas”, señala también el informe que destaca las acciones de la sociedad civil y la cooperación internacional dirigidas a este segmento de la población como “fundamentales”, pero con cobertura “local o sectorial” y “de ninguna manera pueden sustituir el papel del Estado en mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales en general”.
Acceso a la tierra
En el área rural, el 73 por ciento de las mujeres se dedica a oficios domésticos y actividades agrícolas de sobrevivencia, trabajos por el que no reciben ninguna remuneración, dijo al diario La Prensa la portavoz de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, Wendy Cruz.
Esos datos son parte de los resultados del citado estudio, que también revela que de los dos millones de mujeres que viven en la zona rural solo el 14% (280,000) tiene títulos de tierra.
Las mujeres rurales están “en una situación lamentable” de abandono y desigualdad, resumió Cruz.
“No tienen acceso a los bienes productivos como la tierra, el crédito y la asistencia técnica” y al no encontrar alternativas “se están yendo del país”, apuntó.
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Efectos de la pandemia
La pobreza y la violencia doméstica aumentaron a partir del 2020, señala también el informe.
Otra problemática que afecta a las mujeres rurales es la baja escolaridad. Según datos de 2019 del INE, el promedio de escolaridad nacional de las mujeres es de 7.3 años, pero en el área rural es de 5.7 años.
A causa de la pandemia y los huracanes Eta e Iota, se presume que hubo un retroceso, especialmente en las áreas rurales.
Pero si bien el promedio de estudio de las mujeres es mayor que el de los hombres, como ilustra este boletín de 2016 del INE, las mujeres tienen tasas de desempleo más altas, según Naciones Unidas, otra de las desigualdades sociales que enfrentan con respecto a sus congéneres.
Víctimas diferenciadas
“Evidentemente (se) ha ido generando a lo largo de la historia una feminización de la pobreza”, dijo Doris García, la secretaria de Estado en el despacho de Asuntos de la Mujer, antes Instituto Nacional de la Mujer (Inam).
Sobre la violencia, la funcionaria dijo que las mujeres y las niñas la sufren de “manera diferenciada” y “creemos que esta multicrisis que estamos enfrentando tiene raíces claras y profundas en la desigualdad, en la discriminación, en la exclusión social, en problemas torales como el empleo”.
García dijo que por cada tres o cuatro hombres empleados hay una mujer desempleada.
Las mujeres tienen “derecho a vivir plenas en bienestar, en salud, en educación”, declaró también la funcionaria, quien reconoció que “la deuda histórica (con las mujeres) es demasiado profunda”. Para el caso, la impunidad en los delitos contra las mujeres supera el 95 por ciento, según datos de organizaciones feministas.
García mencionó que actualmente está en discusión un proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, el cual fue presentado en noviembre de 2019 por organizaciones de mujeres.
Entre 2010 y 2021 no ha sido aprobada ninguna iniciativa de ley para el abordaje de las múltiples violencias contra la mujer, pero sí han sido presentados varios proyectos de ley.
Entre estos, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (2012), la Ley en contra del acoso y violencia política hacia las mujeres (2015), Ley para establecer la línea de emergencia para casos de violencia doméstica a nivel nacional (2020), Ley de casas refugio, albergues y casas de acogida para mujeres víctimas sobrevivientes de las violencias (2022), y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en la vida política (2022).
Proyecto de ley avanza lento
Helen Ocampo, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), dijo que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas ha llevado un proceso de discusión de siete años y medio aproximadamente. Fue entregada el 8 de marzo de 2022 a la presidenta Xiomara Castro y desde entonces apenas se ha avanzado.
La ley fue compartida el 22 de noviembre con la titular del despacho de Asuntos de la Mujer para que continúe su discusión, “y aspiraríamos a que, el próximo año a más tardar, esta ley sea introducida y empezada a ser discutida en el Congreso Nacional”.
La defensora feminista reconoció que «la ley en sí no es suficiente”, ya que hay generar condiciones, asignar presupuesto, generar programas y hacer capacitaciones.
La normativa incluye delitos que no están en la actual legislación, como la violencia gineco obstétrica, ciberviolencia, violencia mediática y política, entre otras.
“Algunos ítems de esta ley van a ser cuestionados” como los de la salud sexual y reproductiva, dijo Ocampo, por parte de grupos conservadores que están haciendo todo lo posible para que a las mujeres no se les garantice esos derechos.
“Las feministas no estamos en contra de los credos de las personas, pero sí tenemos que recalcar que son prácticas individuales y que no deben de cruzar a un Estado que debe ser laico”, apuntó.
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Ataque a la violencia y la pobreza
De su lado, García mencionó también que por primera vez se está realizando una encuesta especializada para saber cómo están viviendo la violencia las mujeres y las niñas.
La funcionaria anunció también que el gobierno de Castro ha priorizado el “ataque” a la pobreza y pobreza extrema con un programa que incluye a varias instituciones, en la que “2007 comunidades van a ser intervenidas” con un abordaje integral.
Mientras tanto las víctimas siguen pensando cómo escapar de su realidad y consideran que emigrar es la única opción.
Primera edición: Lourdes Ramírez
José Manuel Cerén* colaboró con este reportaje
