**Periodistas hondureños temen que decreto sobre control de medios y noticias, siente las bases para perseguir a medios de comunicación y reporteros.
***Honduras, junto a los países de Nicaragua, Cuba y Venezuela se ubican en los últimos lugares del ranking mundial de libertad de expresión del 2022.
Expediente público
Se encendieron las alarmas entre los periodistas y comunicadores sociales hondureños tras la publicación de un decreto de la administración de Xiomara Castro con el que crea la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno, que, según representantes del Colegio de Periodistas de Honduras, podría significar un riesgo y una limitante al ejercicio periodístico.
Desde el designado presidencial, Salvador Nasralla hasta organismos de la sociedad civil, como el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) han elevado su voz en contra del decreto, exigiendo su pronta derogación.
El PCM 023-2022 que crea esta dirección “como un órgano de la Administración Central adscrito a la Secretaría de Estado en el despacho de Planificación Estratégica (SPE)”, fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el 19 de septiembre del 2022.
«A las puertas de la censura”
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) publicó un comunicado el 12 de octubre del 2022, en el que rechazó categóricamente esta ley. Asimismo, lamentó la falta de apertura por parte del Gobierno, al aprobar un decreto sin al menos presentarlo antes a los sectores competentes.
“C-Libre considera que el Gobierno está a las puertas de la censura impuesta (…) y a la vigilancia de la población”, indicó el escrito.
Del artículo 2, en el que figuran las funciones que cumplirá esta dirección, son 7 los aspectos que particularmente preocupan a C-Libre. Uno de ellos es el inciso II, que pretende “concentrar la información producida en todos los órganos y dependencias del Gobierno (VII) brindando materiales e insumos a todos los órganos”.
Al igual, C-Libre determina que el inciso IX que menciona la función de ejercer un monitoreo diario de redes sociales y noticias, “son criterios subjetivos que impulsan la censura previa”.
Piden la derogación
Este organismo conformado por periodistas y miembros de la sociedad civil, hizo el llamado a la presidenta Xiomara Castro, a derogar el PCM y exigió “acciones apegadas a la ley para el respeto irrestricto a la libertad de expresión”.
Sin embargo, misteriosamente tres días después del comunicado en el que criticaban al PCM aprobado por el Ejecutivo en conjunto con el Consejo de Ministros, la Junta Directiva del Comité por C-Libre emitió uno nuevo bajo el título de “Aclaración Pública de Desconocimiento” en el que aclaraban que «ese comunicado no representa la opinión colegiada de la Junta Directiva de C-Libre».
Territorio “hostil” para el quehacer periodístico
Por otra parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó en mayo del 2022 la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que “evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios del mundo”.
En dicha clasificación; Cuba figura en el peor lugar, con el puesto 173 de 180 países; Honduras en el 165, Nicaragua en el 160 y Venezuela en el 159. Todos los países mencionados fueron catalogados con una situación de libertad de prensa “muy grave”. Y esto no es lo peor. En comparación con los años anteriores, según el ranking, Honduras ha empeorado significativamente en términos de libertad de prensa.
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“Sentando las bases de un régimen dictatorial”
El designado presidencial (primer vicepresidente), Salvador Nasralla no ha desaprovechado ninguna oportunidad para expresarse en contra de la nueva ley, a la cual se refirió como “el primer paso” aludiendo al camino que han recorrido los países como Nicaragua Cuba y Venezuela, para convertirse en regímenes dictatoriales.
“Por la experiencia que he tenido, de cómo empiezan los regímenes, de corte socialista (…) entonces, no se está haciendo en este momento (en Honduras), pero se están sentando las bases a través de ese PCM”, expresó el político, a un medio de comunicación nacional.
Asimismo, Nasralla reprochó el hecho de que el PCM no haya pasado a consenso en el Congreso Nacional, sino que fue aprobado por unanimidad únicamente por parte de los ministros. “Yo lo que le sugiero a los medios de comunicación, a los ministros si entienden la historia y si conocen todos los alcances que tiene eso, que ya es una ley porque ya está publicado en la Gaceta”.
En consecuencia, el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y actual director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez en entrevista con Expediente Público también coincidió con Nasralla y expresó que “comparto el hecho de que este tipo de leyes lo que vienen es allanar el camino para establecer un régimen de censura, establecer un bozal a los medios de comunicación e incluso poder llegar a un punto de llegar a una dictadura”.
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¿Ley violenta artículos de la Constitución?
Para Rodríguez Coello expresidente del CPH, el nuevo decreto de ley “es violatoria a garantías constitucionales» establecidas en los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República que garantiza el libre ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión.
“Cualquier regulación que venga desde el Estado es atentatoria a la libertad de expresión y atenta contra la democracia, considerando que la libertad de expresión en la piedra angular de toda la sociedad democrática y eso es un elemento fundamental para la formación de opinión pública”, enfatizó Rodríguez.
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Opiniones contrastadas de periodistas hondureños
Referente al decreto, Rodríguez consideró que “lo que busca es controlar contenidos, establecer una política de premio-castigo a los medios de comunicación y establecer un régimen de censura previa”.
El director de Radio Cadena Voces aseguró que, de ahora en adelante, producto de esta ley, se sentirá más limitado en su ejercicio de la profesión,” lo que viene a hacer es ejercer un efecto intimidatorio sobre los medios de comunicación particularmente y sobre los periodistas (…) por supuesto me voy a sentir mucho más inseguro”.
En contraste, Rony Martínez, periodista que actualmente ejerce en Unetv, un medio afín al gobierno oficialista, dijo a Expediente Público que lo que realmente se quiere generar con este PCM, es “una verdadera organización y una línea discursiva estratégica, algo interno del Gobierno para que este pueda salir a través de los medios de comunicación”.
Dijo que quienes se muestran en contra de este decreto “lo están tomando a título político y están siendo parte del eco y del discurso que se ha generado en contra del gobierno de la República de la oposición política”.
En retrospectiva, recordó el “verdadero atropello a la libertad de expresión”, que le tocó vivir en carne propia en el 2009 (año en el que se ejecutó el Golpe de Estado) “cuando a este servidor Ronny Martínez lo fueron a sacar a una radio emisora a punta de misiles por parte de militares” y lo mismo “hicieron en medios como Radio Globo, Canal 36, Radio Progreso y el Libertador”.
Por otro lado, el periodista y editor de la web de diario El Heraldo, Eduardo Domínguez dijo a Expediente Público que recibió este decreto con confusión, poca claridad y bajo alerta.
“Con confusión porque el decreto ejecutivo se aprueba de forma opaca, sin haber socializado la medida y sin que ningún grupo de libertad de expresión u organización lo conociera, ya sea de forma profunda o general” y bajo alerta “porque toda medida que implica un diagnóstico o seguimiento de medios, se mantendrá bajo la lupa”, estimó.
¿Honduras sigue los pasos de Nicaragua?
Nicaragua es el ejemplo de la presión contra periodistas y medios de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2021, publicado en Expediente Público, resumió que hay un “exilio forzado de periodistas en el país centroamericano” sumado a la confiscación de varios medios de comunicación como LA PRENSA, Confidencial o 100 por ciento noticias y la constante persecución contra reporteros de todos los medios independientes.
Tanto la ley de Ciberdelitos y diferentes reformas al Código Penal, son algunas de las trampas jurídicas creadas por el régimen de Daniel Ortega que enfrentan los periodistas independientes de Nicaragua.
En tal sentido, la periodista Valeria García del medio sampedrano EDN en conversación con Expediente Público lamentó que al igual que Nicaragua, otros países centroamericanos “sufren el acoso con el implemento de estas leyes que prostituyen el objetivo de la verdadera libertad de expresión”.
“Las prácticas antidemocráticas que buscan controlar el acceso a la información se extienden por toda Centroamérica”, particularmente en “Nicaragua, donde cientos de periodistas se encuentran en el exilio”, relató.
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Para García, estas acciones deben ser un llamado urgente al sistema interamericano de protección a los derechos humanos. «¿Cómo es posible que los periodistas tengamos que vivir en un ambiente de censura que limite nuestra libertad de expresión restringiendo el libre acceso a la información a los ciudadanos?”, se preguntó.
“De continuar con estas acciones en honduras, el panorama del periodismo hondureño terminará en constantes llamados al exilio extranjero”, finalizó.
