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Violencia estatal en Nicaragua: la guerra abierta de Ortega-Murillo contra el feminismo

  • A finales de 2018, el régimen lanzó la mayor embestida al cancelar la personería jurídica a ONG que defendían derechos humanos desde 1990.
  • El odio contra el movimiento feminista se explica en el respaldo y acompañamiento que brindó a Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega, quien lo denunció por abusos sexuales desde niña.
  • Los bienes y activos de las ONG cuyas personerías jurídicas fueron canceladas, siguen ocupados y expropiados desde 2018 a la fecha; otras ONG feministas han sido ahogadas financieramente al no concederles Gobernación las constancias de cumplimiento.

Tras el levantamiento cívico del 2018 contra el autoritarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen atacó frontalmente a las principales organizaciones del movimiento feminista nicaragüense, con el fin desmantelar y acallar a un adversario que lo expuso y lo denunció internacionalmente a lo largo de dos décadas.

La primera embestida fue cancelar la personería jurídica de una decena de organizaciones de la sociedad civil, apoyándose en el control político que el régimen de Ortega tiene sobre el parlamento, la Asamblea Nacional, donde como resultado de una elección fraudulenta logró la mayoría absoluta, 71 de 92 diputados.

La aplanadora parlamentaria oficialista votó por la cancelación de la personería jurídica de ONG con larga trayectoria en la defensa de derechos humanos y en la promoción de liderazgos locales, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Instituto de Promoción para la Democracia (IPADE), y la Fundación Popol Na, todos fundados en 1990.

La acción parlamentaria se ejecutó entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2018, a solicitud del Ministerio de Gobernación (MINGOB), bajo el pretexto de irregularidades en sus directivas, en sus estatutos, en sus informes de rendición, etc. A algunas, incluso, les aplicaron la Ley contra el terrorismo, señalando que habían usado fondos para fomentar un Golpe de Estado. Sin embargo, esa versión de “golpistas” a las ONG fue rechazada por gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos.

Jiménez asegura que la acusación de fomentar un “golpe de Estado” a las organizaciones de la sociedad civil, no tiene más propósito que deslegitimar el trabajo de las ONG en contra de los abusos y la violación sistemática a los derechos de los nicaragüenses.

“Esos ataques culminaron con la expropiación de bienes, con la cancelación de la personería jurídica de organizaciones, de las cuales al menos cuatro, estaban al frente mujeres que han sido muy importantes en la lucha por los derechos humanos”, agregó Jiménez, refiriéndose a Sofía Montenegro (de ONG CINCO), Vilma Núñez de Escorcia (CENIDH), Ana Quirós (CISAS), Mónica Baltodano (Fundación Popol Na) y Haydeé Castillo (Instituto de Liderazgo de Las Segovias).

La organización MAM, dirigida por Jiménez, estaba alojada en la sede principal del Centro de Información y Servicio de Asesorías en Salud (CISAS), fundado en 1983. Esas instalaciones fueron ocupadas por fuerzas policiales y permanecen desde entonces en poder de la Policía Nacional. De facto, todos los bienes fueron expropiados por el régimen.

Ana Quirós, directora ejecutiva de CISAS y quien fue obligada por el gobierno a abandonar el país pese a tener nacionalidad nicaragüense, calcula que las dos instalaciones de esa organización, que fueron allanadas por la fuerza y permanecen retenidas, representan una pérdida estimada en unos US$500,000 dólares, resultado del trabajo organizativo de 35 años.

“Lo más lamentable no es la pérdida material, si no perder la experiencia de las personas que trabajaban con nosotros, porque quedaron en el aire (desempleados)”, señaló a EP, refiriéndose a los y las promotores comunitarios que trabajaban con ellos desde la fundación de la ONG en 1983.

Quirós, quien fue atacada y lesionada por turbas oficialistas en abril 2018 al participar en una protesta ambientalista, posteriormente fue expulsada por el régimen de Ortega, pese a que es una nicaragüense nacionalizada desde 1990.

Intentan desaparecerlas

María López, fundadora de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), organización que estuvo vinculada al Frente Sandinista, afirmó que con la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de sofocar las manifestaciones contra el gobierno, también lo que se ha buscado es desaparecer a las organizaciones del movimiento femininista nicaragüense, ya que las ahogan financieramente al no darles la documentación requerida para tener acceso a la cooperación externa.

López asegura que el Ministerio de Gobernación no emite a tiempo certificaciones de juntas directivas y constancias de cumplimiento de estados financieros, lo que les impide ir al día con su documentación, así como recibir fondos en los bancos, lo que se convierte prácticamente en una muerte civil de las ONG, ya que las ahoga financieramente.

Al respecto Haydeé Castillo, fundadora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, expresa: “empezaron  a limitarnos, montaron unos sistemas contables donde querían saber hasta el último detalle y hasta el último movimiento, para saber qué estábamos haciendo, con quién, para saber si los talleres que estábamos impartiendo tenían que ver con derechos humanos o con empoderamiento”.

Irónicamente, esta misma Asamblea Nacional, controlada por el poder Ejecutivo, le otorgó la personería jurídica al Instituto de Liderazgo de Las Segovias en 2009, bajo el criterio de que “se establece con el fin general de fortalecer el tejido social comunitario, a través de la promoción de acciones de desarrollo integral, dirigidas principalmente a los grupos sociales históricamente excluidos y en especial a las mujeres y a la juventud, con el objetivo de fomentar el empoderamiento, la identidad, el ejercicio de ciudadanía y la autogestión comunitaria, lo cual les permitirá, entre otras cosas, posicionarse e incidir en la mejora de sus condiciones de vida, en el acceso a la toma de decisiones, en el destino de los presupuestos públicos y en la definición de una política publica consecuente con sus necesidades estratégicas, todo con miras a la ampliación de oportunidades de desarrollo equitativo en los Departamentos de Madriz, Estelí y Nueva Segovia en primera instancia, con perspectiva de Nación y de región centroamericana”.

El 12 de diciembre de 2018, esa misma Asamblea Nacional votó mayoritariamente por cancelar la personería jurídica y dos días después, la Policía Nacional allanó la sede del Instituto de Liderazgo y dos años después, sigue en posesión del bien inmueble y sus activos.  

Castillo asegura que desde 2012, cuando Ortega se reeligió para un segundo mandato consecutivo, pese a una prohibición constitucional, las organizaciones de mujeres que trabajan temas relacionados a democracia e incidencia política fueron eliminando ese tema de trabajo, porque las agencias de cooperación no los financiaban.

La dirigente en el exilio, refiere que la Cancillería de la República de Nicaragua incidió en la desvinculación y desmotivación de los donantes extranjeros hacia estos temas y con respecto a las organizaciones que trabajaban con derechos humanos.

“Empezó a haber toda una presión de la Cancillería, en el tiempo de Valdrack Jaentschke (Vice canciller de Cooperación), esos funcionarios empezaron a presionar, a decirles a los organismos con qué organización podía trabajar y con cuál no, porque allí empezaba a haber una lista de organizaciones que estábamos mal vistas por el Estado de Nicaragua por trabajar el tema de defensoría de derechos humanos y el empoderamiento de la ciudadanía”, insiste.

Las promotoras del Instituto de Liderazgo de las Segovias están exiliadas en diferentes partes del mundo y aún reciben numerosas denuncias de derechos humanos de parte de la población rural de Nueva Segovia, a través de las redes sociales.

“Muchos de nosotros dormimos en Costa Rica, pero vivimos en Nicaragua, seguimos viviendo allá”, confiesa Ana Quirós, al referirse al compromiso que sienten los exiliados de las organizaciones de mujeres y derechos humanos.

Quirós refundó en Costa Rica, con personería jurídica, la organización CISAS, cuyo perfil es el derecho a la salud de los nicaragüenses que emigraron a este país.

Así mismo el CENIDH, dirigido por Vilma Núñez, en estos momentos continúa trabajando con solo 14 personas. De sus filas nació en Costa Rica el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, lo que enorgullece a la destacada defensora, ya que son parte de su escuela.

Solidaridad con Zoilamérica: el detonante

Para Leonila Argüello, quien también pertenece a la Red de Mujeres Contra la Violencia, la confrontación del liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -leáse Daniel Ortega y Rosario Murillo- con los movimientos feministas se agudizó desde 1998, cuando Zoilamérica Narváez denunció públicamente de abusos sexuales a su padrastro Daniel Ortega, cuando ella era apenas una niña.

La denuncia -acompañada de un testimonio brutalmente abusivo- tuvo el respaldo y acompañamiento de la mayoría del movimiento feminista nicaragüense, que permaneció a su lado durante el infructuoso proceso legal, que concluyó con la desestimación de la juez sandinista Juana Méndez, ex oficial de los aparatos de inteligencia, quien luego fue promovida como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Rosario Murillo, madre de Zoilamérica y compañera de Ortega, lo defendió públicamente y cuestionó la veracidad del testimonio de su hija, argumentando que obedecía a una maniobra política.

“La pasada de cuentas a las mujeres y todo lo que signifique movimiento de mujeres viene de allí, no podemos estar denunciado violaciones, sin denunciar al principal que tenemos en Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra”, expresa Argüello.

Vilma Núñez, Juana Jiménez y Ana Quirós también coinciden que en el caso de Zoilamérica las organizaciones de feministas apostaron a la defensa de la denunciante y desde entonces la saña contra estas organizaciones se hizo evidente.

Núñez recuerda que Rosario Murillo llegó al CENIDH a rogarle que desistiera de la denuncia en contra de Ortega, porque esa era una maniobra somocista.

El caso de Zoilamérica fue llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (ver documento), ya que en Nicaragua se cerraron las vías judiciales, constituyéndose en un escándalo internacional que aparentemente no perdonarían Rosario Murillo y Daniel Ortega, ya que a algunos países latinoamericanos donde el caudillo sandinista pretendía visitar, los movimientos feministas repudiaban públicamente su presencia.

Haciendo una lectura feminista del comportamiento de Rosario Murillo, Juana Jiménez, coordinadora del MAM afirma: “Ella es parte de una dinastía, es parte de un ejercicio del poder patriarcal más extremo… donde los hechos tan repudiables que se cometieron contra su propia hija, en ese poder tan patriarcal, tan abusivo que representa Daniel Ortega, ella prefirió validar ese poder y respaldarlo, y darle la espalda a su propia hija”.

Daniel Ortega tiene tres denuncias por abuso de menores. La primera es la que hizo pública su hijastra Zoilamérica Narváez; la madre de una niña de 13 años de iniciales PJOP puso otra denuncia en octubre de 2006 ante el Ministerio de la Familia, pero el caso fue archivado por el gobierno de Enrique Bolaños, quien hizo el traspaso de la banda presidencial a Ortega en enero de 2007; y en 2013 la familia de Elvia Junieth Flores viajó a Estados Unidos para poner la denuncia contra Ortega, una historia que publicó el Diario de las Américas de Florida.

Un hostigamiento generalizado

Leonila Argüello, activista del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, recuerda que el 23 de noviembre de 2019 fueron asediadas por miembros de la Policía Nacional, cuando querían manifestarse contra la violencia hacia las mujeres.

Ese día las integrantes del Colectivo de Mujeres de Matagalpa habían colocado 63 pares de zapatos rojos en medio de la calle, frente a la sede de la organización. Cada par representaba un femicidio registrado ese año.

Esta actividad era para decir: “Mujeres asesinadas, ustedes están presentes y seguimos hablando por ustedes y luchando por ustedes”, relata Argüello.

Las mujeres, que pretendían ejercer su derecho a manifestarse cívicamente, fueron empujadas por las fuerzas policiales y replegadas contra el muro de la sede de la organización y evitar así que pudieran salir a las calles.

“’Va para adentro, métanse’, eran sus gritos, era ridículo, ésa es la orden de tu mamá cuando estás afuera jugando”, relata Argüello, al referirse al oficial que sobre las ramas de un árbol frente a la acera de las manifestantes, dirigía a los antimotines.

Para Quirós, las organizaciones de mujeres son las enemigas del régimen “porque  están contra la impunidad, la corrupción y el abuso” y han sido las organizaciones feministas las más constantes en denunciarlo antes de 2018.

Argüello, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, confirma que esta organización sufrió una serie de asedios antes de 2018.

“En septiembre de 2017 hicimos una marcha nacional por el derecho a la salud y la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Con la campaña nacional del 28 de septiembre allí nos enfrentamos a un mar de militarización en Managua. Nos costó mucho movilizarnos, íbamos de todos los departamentos del país, allí fue visible la represión contra nosotras, no se nos dejó continuar en la marcha”, recuerda Argüello.

En 2016, durante el carnaval anual contra la violencia hacia las mujeres, las activistas de varias organizaciones de Matagalpa también tuvieron contradicciones con el gobierno, ya que no les dieron permiso para realizar la actividad y el partido de gobierno convocó a una contramarcha en ese mismo momento dirigida por el Movimiento Blanca Aráuz, un grupo de mujeres afines al gobierno.

“Era evidente que el Estado mandó otro grupo de mujeres para confrontarse con nosotras”, agrega Argüello.

Los carnavales contra la violencia realizados en el norte del país, antes de 2017, tenían más de 25 años de realizarse y durante ese tiempo la Policía Nacional iba al frente y resguardaba el tráfico, cumpliendo con las funciones que le competen.  

Antes de eso, en 2014, al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la delegación departamental del Ministerio de Salud en esa ciudad del Norte del país, les negó el acceso y los datos sobre mortalidad materno infantil, dificultándoles la labor comunitaria que realizaban.

Asimismo, cuatro años antes, en 2010, Argüello asegura que se les negó el ingreso al sistema penitenciario de Matagalpa, donde realizaban trabajo sobre salud sexual y reproductiva con las mujeres, contención sicológica y emocional. Las autoridades del sistema penitenciario nunca les brindaron explicación de la cancelación, a pesar que durante seis meses mandaron cartas a las autoridades carcelarias.


El régimen “va con todo” contra los azul y blanco

Desde el 26 de enero de 2020, la imagen de María Esperanza Sánchez es imperdible en las redes sociales, después que fuera encarcelada y condenada a 10 años, por el supuesto delito de narcotráfico.

Fue capturada mientras permanecía en una casa de seguridad en Managua, porque desde abril de 2018 se movilizó contra las reformas al seguro social y contra la represión. No había desistido de protestar, hay fotos de ella en las misas de aniversario realizadas en Matagalpa en honor al reo político Eddy Montes, asesinado por un custodio del sistema penitenciario. También se le vió en piquetes exprés y en las ventas de artesanía de los excarcelados, cuenta su hija Sherly Sánchez.

Paradójicamente, quince días antes de la detención de María Esperanza Sánchez, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunciaba en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), los resultados positivos del informe de la Brecha Global de Género, como un logro importante de la gestión Ortega-Murillo.

Según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, del 28 de marzo al 4 de mayo de 2020, un total de 19 mujeres, incluyendo 1 mujer trans, fueron detenidas por posibles motivos políticos. Actualmente tres mujeres continúan encarceladas, entre ellas María Esperanza.

Las mujeres en prisión sufren todo tipo de atropellos a sus derechos humanos, según se refleja en el reporte Volviendo a ser humano, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, publicado en diciembre de 2019, en el que se registran testimonios de las víctimas que sufrieron torturas, abusos, e incluso violaciones sexuales, en prisión.

Los familiares de María Esperanza Sánchez cuentan que también personas cercanas a los reos políticos, sufren de abuso sexual cuando son registradas en las visitas, pues las personas encargadas, casi siempre mujeres, les tocan áreas genitales de sus cuerpos para revisarlas.

Según la Fundación Arias, en su informe De la represión al exilio, de 290 exiliados nicaragüenses entrevistados en Costa Rica, el 35% fueron mujeres que tuvieron que huir de Nicaragua debido al asedio gubernamental a los manifestantes de abril del 2018.

Eso constituye un desplazamiento forzado, otra forma de violencia estatal, ya que según el informe de la Fundación Arias, un 37.7% de las personas entrevistadas no cuenta con un empleo, lo que entre otros factores impide una calidad de vida para los migrantes.


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