*Observatorio Nicaragüense de la Violencia reportó 1,352 incidentes en 2021, principalmente de violencia política y advierte sobre el nivel de “letalidad” con la que ocurren los casos en el campo.
**Claudia Tenorio, una exiliada por la persecución del régimen, cuenta a Expediente Público el secuestro de su hermano por civiles en las montañas de Matagalpa.
***Este contexto de terror en el interior del país centroamericano está causando el desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses para salvaguardar su libertad e integridad personal.
Expediente Público
De Jhovanny Alexander Tenorio Urbina, que lleva 261 días desaparecido al día de hoy, no se tiene ninguna noticia. El 2 de mayo de 2021 fue la última vez que se le vio en el sector de La Aurora, una hacienda cafetalera ubicada en las montañas de Matagalpa, al norte de Nicaragua, lugar donde trabajaba.
Ese día cuatro personas desconocidas, vestidas de civil y armadas, lo tomaron por la fuerza y lo golpearon para luego subirlo a una camioneta color gris, doble cabina, advirtiendo que tenía una denuncia en la delegación de Policía de Jinotega, otro departamento del norte del país centroamericano. Así se lo contaron a sus familiares las personas que fueron testigos del secuestro de Jhovanny Alexander.
“Mi madre fue a preguntar (a la Policía) y ellos dijeron que no lo tenían, buscaron en los hospitales, las morgues, con la familia, en la comunidad y nada”, dijo a Expediente Público Claudia del Carmen Tenorio, hermana del opositor desaparecido.
Tres campesinos que presenciaron la detención arbitraria informaron a la familia, pero posterior al hecho al menos dos de ellos también desaparecieron.
“Hace un mes me di cuenta que esas personas desaparecieron de la comunidad por completo y también sus familias están buscándolos (…) No sabemos qué les hicieron, no sabemos si el régimen se los llevó, no sabemos nada de ellos”, señaló Claudia del Carmen.
Campesino recibió amenazas
Tenorio Urbina es un campesino que entre 2014 y 2015 se desempeñó como policía voluntario. Posteriormente trabajó como guardia de seguridad y en los últimos meses, antes de su secuestro, se dedicó a labores en el campo.
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El 17 de abril de 2021, días antes de su desaparición, un policía antimotín que se apostó en las afueras de la casa de sus padres lanzó amenazas contra Tenorio Urbina y su familia.
El policía gritó que cuando su hermana regresara del exilio la detendrían y la asesinarían por “golpista”, un término que muy frecuentemente utiliza el régimen para referirse a todos los ciudadanos que protestaron cívicamente en abril 2018.
Claudia del Carmen es una activista defensora de derechos humanos, que ha participado desde hace más de 20 años en distintas movilizaciones, marchas y plantones contra los abusos a las libertades en Nicaragua y se unió a las protestas cívicas de 2018.
“Fue amenazado de muerte por un policía del barrio que se llama Joel Pineda, ese hombre ha jurado matarme (…) Mi hermano le reclamó por qué asediaba y se expresaba feo hacia mi persona con amenazas de que me iba a matar”, según información que recibió Claudia del Carmen.
El temor de denunciar
El 8 de mayo la familia realizó una conferencia para denunciar la desaparición forzada de Tenorio.
No lo hicieron antes, pues como muchas familias que viven la represión del régimen en los territorios, tenían la esperanza de encontrarlo o que lo pusieran en libertad.
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“El caso de mi hermano no es el único, desde que puse la denuncia hace ocho meses he recibido mensajes de gente de Río Blanco, El Cuá, Wiwilí, Siuna, Paiwás, Estelí, Nueva Segovia, que han sido secuestrado familiares y que no pueden poner denuncia”, señaló Claudia Tenorio.
En 2018, Tenorio Urbina acompañó a su hermana Claudia del Carmen al menos a tres marchas realizadas en Matagalpa.
El país entero se había levantado en protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por unas reformas al Seguro Social, sin embargo, las fuerzas de seguridad y de los grupos paraestatales fueron utilizadas para disolver las manifestaciones.
Producto de la represión estatal al menos 355 personas fueron asesinadas, más de 2 mil resultaron heridas y 110 mil personas se vieron forzadas a salir del país para salvaguardar su integridad física.
¿Represalia política?
En este contexto de terror, miles de nicaragüenses se han desplazado internamente y otros huyeron de su país para salvaguardar su vida, libertad e integridad personal. Claudia del Carmen Tenorio es una de los miles de exiliados.
Producto de su participación en las marchas se giró una orden de captura en su contra y el 26 de junio de 2018 tuvo que desplazarse forzosamente a Costa Rica, donde solicitó refugio el 24 de julio del mismo año.
“Me tocó salir para salvar mi vida, para no ser apresada, para que no me mataran igual que miles de nicaragüenses”, mencionó Claudia del Carmen, quien no descarta que toda esta situación que vive su familia sea una represalia política.
“El régimen ha tomado represalias en contra de activistas como mi persona y ha tomado represalia en contra de mi familia, producto de eso mi hermano fue secuestrado en las montañas de Matagalpa”, insistió la exiliada política.
El 13 de junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Tenorio Urbina, según resolución 48/2021.
Marcela Guevara, responsable de la Unión Territorial Nicaragüense Autoconvocada, una organización que es parte integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), señaló que el secuestro de Tenorio Urbina evidencia que en Nicaragua todavía existen “cárceles clandestinas”.
“Esa es una desaparición forzada, porque la autoridad está obligada a declarar dónde está una persona, en este caso lo niegan es una tortura para la familia no saber dónde está esa persona”, manifestó Guevara.
Nueva táctica del régimen
El caso de la familia Tenorio Urbina es apenas uno entre tantos que ocurren en los municipios del interior de Nicaragua.
La abogada Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a Expediente Público que la privación arbitraria y la negativa de reconocer la detención son características propias de una desaparición forzada.
«La desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad que contempla incluso el Estatuto de Roma, la desaparición forzada es parte de la tortura porque además causa un sufrimiento a la persona que lo está viviendo, porque esta persona vive estrés, miedo, no saber qué va a pasar con ella”, dijo Flores.
La abogada aseguró que el Colectivo recibió la denuncia de una joven exiliada originaria de León que fue “igualmente desaparecido por varios días y torturada durante su desaparición en un centro clandestino”.
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En Nicaragua la desaparición forzada es una estrategia que el régimen ha utilizado contra personas presas políticas.
“Son graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la represión (…) La desaparición forzada puede ser por horas, por días, por meses, o por años. El hecho de que la desaparición forzada termine con la presentación de la persona ante los tribunales, o con la presentación, o con que la familia lo pueda ver no significa que no haya ocurrido”, dijo Flores.
En agosto de 2021, Amnistía Internacional denunció que la desaparición forzada de personas se sumó a una serie de tácticas que las autoridades implementaron en Nicaragua “para silenciar cualquier crítica o voz opositora”.
Diferentes formas de violencia en el campo
La activista y defensora de derechos humanos Haydeé Castillo confirmó que semanalmente recibe entre tres y cuatro denuncias de personas que en los territorios viven en carne propia la persecución del régimen.
“Tenemos casos de personas que han tenido que dormir en el monte, dormir en el cafetal para poderse proteger y la gente sigue saliendo en cantidades impresionantes al exilio político”, señaló Castillo.
Según Castillo en la Costa Caribe, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Matagalpa y la Isla de Ometepe son territorios donde con frecuencia se registran casos de “acoso permanente gravísimo”.
“Son territorios alejados y que no hay manera de que puedan poner la denuncia físicamente y algunas de las personas han tenido que migrar. Cuando no tienen recursos para salir del país están migrando de municipios donde ellos viven a otros departamentos en el mismo territorio nacional”, dijo Castillo.
Para la defensora de derechos humanos en Nicaragua se está viviendo una especie de “exilio territorial”.
Las amenazas, el hostigamiento y la vigilancia que empezó a vivir la familia de Claudia del Carmen es también una situación recurrente en los municipios del país, donde muchas veces no denuncian por temor a represalias.
“En algunos municipios hasta tienen cámaras en la vía pública para vigilarle toditos sus movimientos, tenemos casos en municipios rurales que las patrullas de la Policía están llegando con muchísima frecuencia y a veces hasta de noche”, denunció Castillo.
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En los municipios registraron casos de personas que fueron apresadas, exhibidas en el pueblo como si “fueran delincuentes” y que posteriormente fueron liberados, explicó Castillo.
“Tenemos casos que han sido torturados con perros, que les ponen los perros a que les estén amedrentando, ladrando, son cosas tan terribles y lastimosamente muchísimos de estos casos no se pueden hacer públicos, porque las personas tienen terror que al denunciar vengan en contra de la familia”, señaló Castillo.
Además de Jinotega y Matagalpa, la Unión Territorial Nicaragüense Autoconvocada identifica la zona de Masaya y Carazo como lugares donde se sufre más violencia.
“Estamos teniendo asedio en las casas de los líderes departamentales, en algunos casos, algunos municipales que son muy destacados, no es que no se cuiden, sino que se sabe que en el país hay una red de informantes y cuando suceden fechas, incluso cuando la Unidad Nacio nal hace conferencias de prensa, suele ser que se incremente el asedio”, dijo Guevara a Expediente Público.
2021: un año marcado por la violencia
El Observatorio Nicaragüense de la Violencia, una iniciativa ciudadana que monitorea los hechos de represión en el país centroamericano, afirma que existe un subregistro el cual podría ser mayor en algunas zonas, principalmente en zonas rurales.
Durante el 2021, el Observatorio registró 1,352 incidentes de violencia y el hostigamiento fue el tipo más recurrente en los reportes, seguido del acoso y en tercer lugar la amenaza.
La red de enlaces territoriales con la que trabaja el Observatorio reportó secuestros, torturas y tratos crueles, arrestos arbitrarios, incluso asesinatos.
“En el campo, en las zonas rurales están ocurriendo bastantes hechos de violencia y una de las cosas que preocupa es el nivel de letalidad que tiene esa violencia, hay personas que son asesinadas y nadie investiga”, dijo una fuente del Observatorio.
La policía, simpatizantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y grupos paramilitares, fueron identificados como los agresores principales en los reportes de violencia y muchas veces actúan de “forma conjunta”.
El Observatorio constató que, en Matagalpa gente vestida de civil a bordo de motocicletas van por las calles deteniendo a cualquier ciudadano que circula a quienes piden sus documentos.
“Llaman a verificar como parte de una estrategia de intimidación con total libertad e impunidad, eso nos alarma”, refirió el Observatorio.
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De acuerdo con los sondeos territoriales realizados por los enlaces del Observatorio, el Ejército se ha visto involucrado en incidentes de violencia principalmente en zonas rurales.
“Las personas refieren que, en los hechos de violencia, en los lugares más alejados, hay presencia militar, también son usados como operadores políticos del régimen de Ortega, pero no es tan visible porque están involucrados en hechos de zonas montañosas, alejadas de los centros urbanos”, señaló la fuente del Observatorio.
Los opositores autoconvocados, seguido de expresos políticos y familiares de presos políticos son quienes están más el radar del régimen.
