*Ejecuciones extrajudiciales, muertes al momento de la detención y torturas o malos tratos han sido los peores delitos de los entes de seguridad, policías y militares contra la población.
**El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, se comprometió a actualizar el manual del uso de la fuerza y a capacitar a los funcionarios policiales. Además, se planifica una Policía Comunitaria, cercana a la población.
Expediente Público
César Aníbal Pedrano, un comerciante hondureño de 49 años, murió el 24 de agosto de 2020, veinte días después de sufrir una brutal golpiza de unos policías en el municipio de Liure, departamento de El Paraíso, en la zona oriental de Honduras.
Según los hechos, tal como se los contó a su hermana, la maestra jubilada Rosibel Pedrano, se encontraba conversando con un amigo en un carro, frente a una cantina, cuando los uniformados llegaron por él.
Pedrano se resistió a la detención que aparentemente los agentes pretendían ejecutar sin ninguna explicación ni orden judicial y terminó con una fractura en la mandíbula, varias costillas rotas y los dedos de los pies, que llevaba calzados con unas sandalias, reventados a golpes propinados con la empuñadura de una pistola.
Tras la muerte de su hermano, la maestra jubilada acudió a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol, unidad que investiga las faltas de los agentes, oficiales y empleados de la Secretaría de Seguridad); al estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y al Ministerio Público, según declaró a Expediente Público, pero hasta la fecha el caso “sigue dormido, como siempre en este país. Es bien difícil, viera qué decepcionante”.
El hecho ocurrió en momentos en que el país centroamericano se encontraba bajo un toque de queda debido a la pandemia del covid-19.
Hasta junio de 2020, la Policía había reportado 30 mil detenciones por incumplimiento de la medida, según un reporte de ese año del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (ACNUDH), que señaló la falta de requisitos legales claros y la naturaleza arbitraria de estas.
Detenciones mortales
En el peor de los casos, las detenciones han terminado en muerte debido a la acción desproporcionada o violenta de los elementos de las fuerzas de seguridad pública.
Durante el 2021, el ACNUDH documentó catorce muertes al momento de la detención por parte de policías o militares, según el informe anual dado a conocer el pasado 22 de marzo en Tegucigalpa.
Una de esas víctimas fue la estudiante de enfermería Keyla Martínez, quien falleció entre la noche del 6 y madrugada del 7 de febrero de ese año por asfixia mecánica en una celda policial en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.
Por ese hecho, el Ministerio Público acusó a un policía de feminicidio agravado, delito que luego fue recalificado como homicidio simple por una corte de apelaciones y que conlleva una pena menor.
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La currícula de las instituciones policial y militar incluye regulaciones del uso de la fuerza, que responden a los manuales de casi todos los países del mundo, dijo a Expediente Público la experta en seguridad Arabesca Sánchez.
“Siempre que haya peligros inminentes y que haya igualdad de medios, que haya riesgos incluso para terceros o para una comunidad completa o para la vida misma del funcionario” se considerará el uso de la fuerza, explicó Sánchez.
“Ahora, si de repente miembros policiales u otros funcionarios se pierden en ese punto es porque realmente estamos entrando a violaciones a derechos humanos que ya tienen que ver con la mala formación del sujeto que comete esos actos”, consideró.
Otro caso de muerte al momento de la detención es el del hondureño Erick Barrientos, quien fue tiroteado en febrero de 2021 por elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano (FNSTU), adscrita a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), después que arrolló un cono de tránsito en un retén en la capital, Tegucigalpa.
El uso de una fuerza “potencialmente letal” para mantener el orden público es una “medida extrema” a la que solo se debería recurrir si es “estrictamente necesario” para proteger la vida o evitar lesiones graves derivadas de “una amenaza inminente”, señala el ACNUDH en su informe.
Impunidad
Otro caso que reporta el Alto Comisionado, es el de unos indígenas misquitos que iban en lancha y fueron tiroteados desde un helicóptero de las Fuerzas Armadas durante un operativo antinarcóticos realizado en septiembre pasado en el departamento de Gracias a Dios.
Una persona falleció y ocho más, un niño entre ellas, resultaron heridas en ese hecho que mostró un uso innecesario de la fuerza.
Las autoridades informaron que los uniformados dispararon durante una persecución a sujetos armados que iban en una lancha rápida.
Sin embargo, gracias a investigaciones independientes de organismos promotores de derechos humanos se estableció que el grupo se encontraba pescando al momento del ataque y que no portaba armas.
La intención de ocultar la verdad de lo que ocurrió recuerda también el caso de Keyla Martínez, cuya muerte fue reportada por la Policía como un suicidio.
Pero después que “surge una confrontación técnica entre Medicina Forense, Fiscalía y las unidades de investigación policial” el tema del suicidio de la joven tuvo un cierre administrativo, recordó Arabesca Sánchez.
Según el informe anual 2020 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre las instituciones más denunciadas ese año están las policiales, sobre todo la Policía Nacional Preventiva, con 640 denuncias, y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con 219.
En 2019, sin pandemia ni toque de queda, las denuncias contra esas dos dependencias sumaban las 768, apenas 91 menos que el año siguiente, algo que refleja una práctica inveterada de abusos en una institución que comparte un oscuro historial junto con la militar.
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Desapariciones forzadas
La policía, que en 1975 pasó a ser un brazo más de las Fuerzas Armadas hasta su separación en los años noventa, fue cómplice junto a los militares de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la década de los 80, cuando se implantó la Doctrina de la Seguridad Nacional, refiere el informe Policías y Militares en Honduras, del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh).
La denominada “década perdida” dejó 184 desaparecidos, pero más de 40 años después se siguen denunciando desapariciones forzadas ligadas a policías y militares.
Hasta octubre de 2021, el Ministerio Público recibió 34 denuncias por desaparición forzada, entre otros casos de posibles violaciones de derechos humanos donde habrían participado miembros de las fuerzas de seguridad, según el ACNUDH.
Al respecto, Arabesca Sánchez dijo que se reportan al año alrededor de 600 casos que incluyen desaparición de menores, niños raptados, personas que luego aparecen en campañas de búsqueda de migrantes, “o puede ser también mujeres desaparecidas” que luego son encontradas sin vida, víctimas de la criminalidad organizada, como la trata, o femicidio, además de aquellos hechos que tienen raíces políticas.
No obstante, reconoció que ha habido mucha impunidad y que cualquiera sea la causa, “casi solo los organismos que promueven derechos humanos han podido documentar estos casos”, algunos de los cuales han llegado a cortes internacionales.
Fortalecer la investigación
Aunque la Policía Nacional cuenta con una instancia, la Didadpol, para investigar las faltas cometidas por sus miembros, cuando se trata de delitos y violaciones a derechos humanos quien investiga es la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Pero investigar estos casos “no siempre es un proceso fácil”, pues se trata de “una fiscalía del Estado investigando a entes del mismo Estado”, resaltó la criminóloga.
“Un funcionario de una Fiscalía de Derechos Humanos o unidad investigativa adscrita a esa fiscalía siempre es visto desde adentro, desde la propia institucionalidad, como alguien que es adverso a la propia institución”, añadió Sánchez, quien considera que “el país necesita reforzar esas unidades”.
Para la experta en seguridad, la violencia en los cuerpos de seguridad es un reflejo de la realidad del país, cuya tasa de homicidios es de 38 por cada cien mil habitantes.
De allí que la formación en derechos humanos “todavía sigue siendo una necesidad (…), obviamente hay cosas que atender en términos de manejo de violencia y es porque estos países nuestros, sobre todo los centroamericanos, hemos tenido esta historia de violencia”, como lo demuestran también los altos niveles de abuso en los hogares que son uno de los hechos “más reportados al año”.
La realidad centroamericana muestra también que la justicia en casos de desapariciones forzadas u otras violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden tardan hasta veinte años o más en llegar, como ha ocurrido en países como Guatemala y El Salvador.
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Grupos vulnerables
Por lo general, los grupos más susceptibles a la violencia de las fuerzas del orden son aquellos considerados vulnerables, como las mujeres, la comunidad LGBTI y los periodistas.
Antes del golpe de Estado de 2009, “la mayoría de las denuncias que nosotros teníamos era contra policías o militares o policías municipales”, dijo a Expediente Público la coordinadora de la organización lésbica Cattrachas, Indira Murillo.
En la actualidad, aunque los casos de abusos han crecido muchísimo, ya no aparecen los mismos actores porque hay una “percepción de la discriminación” extendida debido a que no hay leyes que reconozcan los derechos de las personas de la diversidad sexual.
El machismo y la homofobia permean también en las fuerzas de seguridad del Estado, al grado que “no recepcionan ese tipo de denuncias” de la comunidad LGBTI o disminuyen su gravedad, dijo la abogada de Cattrachas, Nadia Mejía, a Expediente Público.
Pero no solo formación en derechos humanos falta en las fuerzas del orden, el ACNUDH plantea necesidad de crear un plan definido para completar la reforma de la institución policial y reducir la presencia de las Fuerzas Armadas en el modelo de seguridad ciudadana.
Policía comunitaria
En una entrevista reciente con Expediente Público, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, calificó como un “gravísimo problema” los “esquemas mentales” de los funcionarios policiales en el uso de la fuerza.
“Ese problema tenemos que arreglarlo de dos maneras”, dijo el jerarca policial. Por un lado, actualizando el manual del uso de la fuerza “siguiendo la línea de las Naciones Unidas”; y por otro, “capacitando a nuestros funcionarios policiales para borrar o quitar o remover los esquemas mentales del uso de la fuerza”.
Históricamente, la Secretaría de Seguridad ha estado bajo el mando de militares y por primera vez un policía, el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, se encuentra al frente de esa institución.
“El militar está entrenado para la guerra, pero en las calles no hay guerra, a los ciudadanos no podemos tratarlos como nuestros enemigos”, dijo Sánchez.
El funcionario policial, “por concepción es un amigo de la ciudadanía, es un amigo del pueblo”, y en esa línea el plan de seguridad ciudadana de la presidenta Xiomara Castro “se basa fundamentalmente en la policía comunitaria”.
