Violaciones a derechos de detenidos por incumplir cuarentena están a la orden del día

** Muchas de las víctimas no han presentado denuncias oficiales y las autoridades dicen que las investigaciones contra presuntos abusos deben esperar hasta que pase la cuarentena. Hasta ahora son más de 12,000 aprehendidos por violar el toque de queda. 


El pasado 15 abril John S., y su amigo Max R., ambos de 21 años, habían estado jugando videos, conversando y viendo televisión en la casa de este último, en Villas del Sol, una colonia de clase media alta al noroeste de San Pedro Sula, a 270 kilómetros de Tegucigalpa. A eso de las 10 de la noche decidieron salir a ver si estaba abierta una tienda de conveniencia del sector, pero a pocos minutos de salir fueron interceptados y detenidos por una patrulla policial.

La detención se hizo en aplicación al Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, emitido el 15 de marzo pasado y que ordena la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas la libertad personal, libre expresión, libertad de reunión y asociación, de circulación, inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada, todo esto como parte del manejo de la emergencia por COVID-19.

Según las últimas disposiciones del gobierno, los hondureños han estado saliendo a hacer compras de supermercado, medicinas y combustibles según el último dígito de su identidad, así que puede ser detenido quien esté en la calle y no le corresponda el turno. Además, hay toque de queda absoluto después de las 5 de la tarde y los fines de semana, por lo que allí cualquiera puede ser aprehendido.

John y Max fueron llevados a la sede policial de Armenta, distante a unos 6 kilómetros del sitio de la captura. Al tomar sus datos, los agentes descubrieron que Max era hijo de un oficial del Ejército, así que tuvieron la deferencia de dejarlos en una celda aparte y no en una hacinada con otros detenidos. 

John asegura que en otra celda pudo ver a una media docena de personas juntas, sin mascarillas ni otra medida de bioseguridad, lo que a su criterio es contradictorio con el objetivo de detenerlos: quieren evitar los contagios por coronavirus, pero el encarcelamiento se da en sitios reducidos donde las personas pueden contagiarse si hay un infectado.

Los dos muchachos y sus compañeros de infortunio fueron liberados a las 8 de la mañana del día siguiente, pero antes los agentes les hicieron limpiar el patio de la estación policial, lavar la patrulla y les indicaron que si querían podían “colaborar con algo”, a lo que los muchachos contestaron que solo andaban tarjetas de débito y en el sector no había cajeros automáticos.



VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Aunque previo a liberarlos les violentaron sus derechos, estos jóvenes tuvieron suerte de no haberse encontrado con agentes agresivos. Esto en un contexto de una Policía Nacional y de militares que en los últimos tres años han actuado con libertad para lanzar bombas lacrimógenas, golpear y disparar a la población civil, sin que haya consecuencias palpables para los uniformados.

En las redes sociales hondureñas circulan muchos videos donde se observa a policías agredir, sin previa palabra, a ciudadanos por andar en la calle en la actual situación de pandemia.

Por ejemplo, en uno se mira a dos agentes que se bajan de una motocicleta, empujan contra un muro a un muchacho y comienzan a golpearlo; en otro, filmado por alguien desde unos matorrales, se observa a unos agentes que llevaron a una persona hasta un sector desolado para golpearlo sin “testigos”; y en un tercero, filmado por los propios agentes desde el interior de una patrulla, se observa cómo el conductor policial acelera el vehículo por en medio de una cancha de fútbol en dirección a varios jóvenes que corrían despavoridos para no ser atrapados.

En el video se escuchan las risas de los agentes al observar a los asustadizos jóvenes que escapan, no sin tropiezo, por entre un cerco de alambre de púas. Uno de ellos incluso se cae boca arriba, desatando nuevas risas entre los uniformados. En otro video filmado por policías, se observa al menos a seis agentes en tres motocicletas y a un ciudadano trotando delante de ellos en una solitaria avenida en horas de la noche. Uno de los agentes explica que esta persona iba en estado de ebriedad manejando una motocicleta y que lo hacían correr “para que se le baje la borrachera”.

Brenda Mejía, abogada especialista en Derechos Humanos, relata el caso de un joven de Chamelecón, un sector de San Pedro Sula dominado por las maras, pero donde también viven cientos de miles de trabajadores y pequeños comerciantes. Él regresaba de vacunar a su bebé y antes de escuchar su explicación del porqué andaba en la calle, los policías lo agredieron, lo arrestaron y se lo llevaron en una patrulla. 

Mejía también atestiguó el caso de una pareja que volvía de comprar alimentos y sufrió vejámenes verbales y golpes por parte de policías.

“Si antes estábamos en una situación de vulnerabilidad, de un incremento a violaciones a Derechos Humanos en Honduras, en esta pandemia lo estamos aún más porque se restringen nuestras garantías. Los policías y militares pueden capturar a una persona en la calle sin llevar a cabo el procedimiento adecuado, sin ninguna explicación, ni preguntarle si tuvo alguna emergencia o por qué estaba en la calle y sin ningún implemento de bioseguridad”, dijo Mejía a Expediente Público en una entrevista telefónica.

El comisionado Jair Meza, vocero de la secretaría de Seguridad, confirmó que más de 12,000 personas han sido detenidas por violación del toque de queda.

NO HAY DENUNCIAS “OFICIALES”

Pese a la enorme cantidad de capturados y de violaciones a derechos humanos que trascienden en redes sociales, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh, oficial) no registra denuncias, mientras que la Defensa Pública tampoco ha tenido que representar en los tribunales a ningún acusado.

Antonio Velasco, abogado de la Defensa Pública, confirmó que la Fiscalía no ha judicializado ningún caso y aunque no hay una notificación oficial, dijo que entre colegas ha trascendido que hay instrucciones de liberar a los detenidos a las 24 horas del arresto, y así no recargar el sistema judicial.

Dijo tener conocimiento “por redes sociales” de abusos policiales contra los detenidos, como ponerlos “a hacer ejercicios físicos obligatorios, sentadillas, pechadas y en algunos casos llegaron a golpear” a los ciudadanos. En parte atribuyó esta actuación de los agentes a la presión a la que están sometidos, pues tienen varias semanas de no tener descanso de fin de semana.

Vanessa Baldasarre, oficial de comunicaciones del Conadeh, confirmó que ellos no han recibido denuncias por abusos de agentes policiales y atribuyó en parte “a la falta de cultura de la denuncia” y a que los hondureños “somos muy pacíficos”.

También influye que los detenidos son liberados a las pocas horas y prefieren “dejarlo así”, señaló John, el detenido mencionado al principio de este reportaje. Según Baldasarre, los que son detenidos en horas tempranas son liberados tres o cuatro horas después, pero los detenidos en la noche si deben dormir en las bartolinas.

Además, en redes sociales se percibe en los comentarios de la gente que muchos están de acuerdo con las actuaciones policiales y que quienes son detenidos tienen culpa al irrespetar la orden de no andar en la calle, independientemente de las razones que tengan para andar circulando.

En comunicación por correo electrónico, abogados del Conadeh, explicaron que de oficio “se están revisando algunos abusos al momento de las detenciones” y de comprobar que exista un delito se remitirá el caso al Ministerio Público.

Enfatizan que “hemos realizado las recomendaciones que los mantengan en espacios abiertos, que se respete las medidas de bioseguridad, además de velar el respeto de la dignidad humana e integridad de las personas detenidas y que no sean objeto de actos degradantes”.

Desde el inicio de la pandemia el Conadeh ha manejado unas 505 quejas y denuncias, pero el objetivo principal ha estado centrado en tratar de garantizar que las bolsas de alimentos, que el gobierno ha estado entregando como ayuda a la población, lleguen a quien lo necesita. Esto ante las múltiples denuncias de que parte de la ayuda se estaría entregando solo a miembros del gobernante Partido Nacional.

También han manejado denuncias por discriminación a personas afectadas por COVID-19. 

Baldasarre reconoció que las autoridades “han perdido el enfoque” al preocuparse solo por cumplir el toque de queda, olvidándose del respeto a los derechos humanos y tampoco toman en cuenta que por los altos niveles de pobreza de los hondureños muchos necesitan salir a buscarse la vida.

Sin embargo, por el momento el problema de violación a los derechos humanos es “invisible”, sin víctimas que denuncien y sin una Fiscalía que acuse a los agentes solo queda una autorregulación de parte de la misma policía.

HABRÁ QUE ESPERAR

Allan Argeñal, titular de la  Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol, entidad que investiga las faltas e ilegalidades de los policías), advirtió que los abusos de los agentes serán investigados, pero  se tendrá que esperar a que termine la cuarentena porque “los términos y los plazos están suspendidos por la emergencia nacional”, dijo el funcionario a periodistas hondureños.

El vocero de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, confirmó a Expediente Público que son 19,000 funcionarios policiales los que están trabajando en dar seguridad durante la pandemia y que la gran mayoría no ha tenido descanso de fin de semana desde el inicio de la emergencia.

Indicó que si alguna persona siente que los agentes le han violentado sus derechos pueden interponer denuncias en la Didadpol, y pidió a los medios de comunicación “que no solo miren el actuar del policía, porque aquí lo que tenemos que criticar es el actuar de las personas que, a sabiendas de que hay un toque de queda, están exponiendo la vida de quienes están incumpliendo con el toque de queda y la vida del policía”. 

En ese contexto dijo que “es muy probable” que funcionarios policiales “hayan cometido una situación anómala”.Aseguró que la gran mayoría de los detenidos son mantenidos en espacios abiertos, avalados por organismos de derechos humanos y por la Fiscalía.

Consideró que aplicar “un toque de queda absoluto en los países que tenemos problemas económicos y sociales es un asunto complejo, con una población que no cumple con las normas y que no son disciplinados es muy complicado. No hay fórmula en estos momentos y si alguien la tiene que la dé, porque lo que va a ocurrir es que el funcionario pueda cometer algún abuso con el único fin de salvar la vida de él y de las personas”.

LA OTRA CARA DE LA PANDEMIA 

Además de violaciones a derechos humanos, las restricciones de movilización de casi dos meses en Honduras, han dejado otras consecuencias legales: reducción en el número de homicidios, aumento de la violencia doméstica e intrafamiliar y liberación de más de mil presos.

Según el Sistema de Estadística Policial (Sepol) entre el 15 de marzo y el 3 de mayo de 2019 el número de homicidios fue de 547, mientras que entre las mismas fechas de 2020 las muertes violentas sumaron 338. Esto implica una reducción del 38 por ciento.

En el tema de violencia doméstica e intrafamiliar el Poder Judicial y el Ministerio Público ha manejado en los últimos dos meses unas 300 denuncias, audiencias y capturas. 

“Hay muchas mujeres que sufren violencia por parte de sus compañeros y que están encerradas con ese compañero que las han violentado de siempre y se han incrementado estas situaciones de violencia. Hemos estado tratando de que les den acceso a la justicia y que las mujeres puedan llegar a los juzgados a interponer sus denuncias”, explicó la abogada Brenda Mejía.

Indicó que a mediados de abril el Poder Judicial debió habilitar los juzgados de paz y de violencia doméstica para atender la avalancha de casos.

Finalmente funcionarios judiciales confirmaron que más de 1,000 reos han sido liberados a nivel nacional como parte de un plan de descongestionamiento de las cárceles y para disminuir el posible impacto del COVID-19. 

Los liberados cumplen con algunos requisitos: ya estaban con preliberación (personas que salen los fines de semana), podían recibir libertad condicional, son enfermos terminales o con problemas mentales.