*El diputado Wálmaro Gutiérrez, del Frente Sandinista en Nicaragua, sancionado por la comunidad internacional, trata de explicar en un canal de la familia Ortega Murillo el revoltijo legal inventado en Nicaragua desde 2019 para condenar a los opositores que exigen democracia, justicia y respeto a los derechos humanos.
Expediente Público
Con 26 años ocupando un curul en el parlamento nicaragüense, Wálmaro Gutiérrez Mercado es uno de los más leales seguidores de Daniel Ortega. El abogado de profesión brindó una entrevista a un canal propiedad de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo para explicar lo que entiende su régimen por “amnistía”, justificando con imprecisiones e incluso mentiras.
Desde agosto de 2019 se aprobaron cuatro leyes represivas para condenar a unos 200 políticos opositores, periodistas, académicos, promotores de derechos humanos e incluso sacerdotes, como son las leyes de ciberdelitos, agentes extranjeros, soberanía y de lavado.
Gutiérrez es diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y fue sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2020 por promover la Ley de Agentes Extranjeros, con la cual han cerrado a más de 1,600 organizaciones no gubernamentales, y controlado a las que quedan en Nicaragua.
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El FSLN no es pacifista
El diputado en base a la aprobación de 12 de las 15 amnistías asegura que su partido el Frente Sandinista “ha puesto los huesos de punta por garantizar que Nicaragua sea un país de paz, de concordia, de armonía para las y los nicaragüenses, y de bienestar, de progreso, de equidad y de igualdad”.
¿Por qué es falso lo afirmado por el legislador Gutiérrez?
Las estructuras del gobierno administrado por el FSLN, así como sus sedes departamentales y municipales sirvieron como bases paramilitares para atacar a la población civil que protestaba en 2018, según múltiples informes nacionales e internacionales.
La Juventud Sandinista, como los Consejos de Poder Ciudadano, sirven de brazo represivo contra los opositores desde 2007.
El FSLN ha tomado alcaldías por la fuerza y usa al Poder Electoral y Judicial para legitimarse por medio de fraudes electorales y la eliminación de competencias en los comicios.
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¿Amnistía solo para opositores?
“El perdón significa que aquellos que pudiesen ser procesados, que estaban en procesos, o que estaban sentenciados por delitos políticos o delitos conexos a estas infracciones de carácter político, de naturaleza política, eran perdonados de la acción punitiva del Estado. Pero aparte de eso se generaba un olvido”.
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¿Por qué es mentira lo que afirma Gutiérrez?
La amnistía de junio de 2019 o Ley 996 significó que ninguno de los hechos posteriores al 18 de abril fuera investigado.
Esa ley garantiza impunidad de los crímenes cometidos contra los manifestantes opositores, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de fuerza policial.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, como ejecuciones con fines políticos y torturas.
Crisis no ha terminado
“Se aprobaba una amnistía en aquellos países que atravesaron o ha estado atravesando por situaciones de conflicto que prácticamente rasgan el tejido social de ese país, conflictos armados, terribles», fue otra de las afirmaciones del legislador que son parte del discurso de distorsión de la verdad impulsado por el régimen.
La crisis de 2018 no implicó un conflicto armado, porque la gran mayoría de manifestaciones no contaban con equipo bélico.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron 355 muertes y de estas solo 23 eran policías. Los crímenes fueron provocados por fuerzas policiales y paramilitares sandinistas.
Desde septiembre de 2018, el régimen declaró ilegales las manifestaciones públicas. La mayoría de presos políticos participaban en el proceso electoral de 2021.
El tejido social del país continúa roto con el éxodo de miles de nicaragüenses cada mes.
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Las víctimas que no cuentan
“Cuando te olvidas del delito, también te olvidas de la víctima, y eso es grave”. Esta afirmación del sandinista Gutiérrez podría interpretarse como verdadera, sin embargo en la práctica es falsa porque el régimen de Ortega y Murillo junto a todo el sistema judicial y legislativo niega a las víctimas de la masacre del 2018. Tampoco reconocen su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.
La Asociación de Madres de Abril piden un día de luto nacional por los asesinados por las fuerzas del régimen de Nicaragua y continúan exigiendo justicia.
“Ante la negación del régimen de reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos, ante la negación de investigar los hechos, ante la mentira que pretende imponer la dictadura: unamos nuestras inteligencias y conocimientos desde las diferentes trincheras para esclarecer la verdad e impedir la impunidad”, comunicaron el 30 de mayo de 2022, aniversario de la masacre del Día de las Madres de 2018, cuando fueron asesinadas 15 personas manifestantes.
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Teorías conspirativas
“No fueron hechos que cayeron del cielo por generación espontánea. Fue un plan articulado, y lo peor, financiado con recursos de gobiernos extranjeros para debilitar, desestabilizar y remover del poder por la violencia al Gobierno legítimamente electo del Estado de la República de Nicaragua”.
Hasta abril de 2018, el régimen tenía una relación cordial con Estados Unidos y la empresa privada, que había gestionado que no se aprobara la “Nica Act”, para no afectar la economía del país centroamericano.
El principal beneficiario de la cooperación internacional ha sido el régimen de Daniel Ortega. No existe evidencia que las protestas de 2018 fueran financiadas por un gobierno extranjero.
No existe evidencia que organizaciones civiles tuvieran la capacidad de financiar o hubieran promovido las protestas.
Efectivamente fueron hechos espontáneos producto de la reelección ilegítima de Ortega en 2016, acompañado de su propia esposa en la Vicepresidencia y eliminando al principal partido opositor, de la mala gestión del incendio en la reserva Indio Maíz y los cambios agravantes en las políticas de pensiones en 2018.
Es falso que se permita disentir
“Todo el mundo tiene derecho de disentir de un Gobierno, o de una política de Gobierno. Eso no te da derecho a que agarres un garrote y le querrás partir la cabeza a alguien porque no piensa igual que vos. No te da derecho a romper una carretera, cortar la energía eléctrica, el agua potable; quemar alcaldías, hospitales, centros de salud; violar, golpear y asesinar, porque tenés diferencias con un determinado Gobierno”.
Lo afirmado por Gutiérrez es mentira. El régimen del FSLN ha instaurado un estado policial donde se criminaliza cualquier crítica incluso en las redes sociales y se detiene a todo ciudadano que protesta u opine negativamente contra las políticas del sandinismo.
La detención de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, es una prueba que está prohibido disentir del régimen públicamente.
La Juventud Sandinista y otros grupos de choque sandinista practica la política del garrote contra los opositores desde antes de 2018.
Lo bloqueos de carretera eran comunes cuando el FSLN era opositor en los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños entre 1990 y 2006.
Más mentiras de Wálmaro Gutiérrez
No existen registros de faltas graves del suministro eléctrico durante las manifestaciones, salvo en algunas ciudades durante la «operación limpieza», como fueron llamados por el régimen los ataques armados contra las ciudades donde habían ciudadanos atrincherados. Tampoco cortes de agua potable.
Ningún hospital ni centro de salud fue objeto de ataque, a pesar que el régimen prohibió la atención pública a los manifestantes. Además, algunos de estos fueron usados como centro de operaciones de paramilitares y policías.
Hubo un incendio en la Alcaldía de Granada en abril de 2018, desde donde disparaban policías y paramilitares. Aparte, ningún edificio público sufrió daños severos, a pesar que las alcaldías sandinistas eran refugio de paramilitares, e incluso centros de tortura, como testifican sobrevivientes a la Fundación Arias.
