*Transparencia Internacional dice que en estos países es difícil trazar una línea entre las instituciones públicas y las actividades delictivas.
**Cinco países centroamericanos aparecen como “muy corruptos” mientras Costa Rica llega a sus mínimos históricos.
Expediente Público
Venezuela y Nicaragua están entre los dos países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), divulgado esta semana por Transparencia Internacional.
El informe ubicó cinco de seis países centroamericanos como “muy corruptos” y solo aprobó a Costa Rica, que sin embargo ha retrocedido cuatro posiciones, alcanzando su puntuación más bajo de la historia.
La situación es particularmente grave en todas las Américas ya que, por cuarto año consecutivo, obtienen un promedio de 43 de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Según Transparencia Internacional, “la falta de una acción audaz y decisiva para luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, está alimentando las actividades del crimen organizado, socavando la democracia y los derechos humanos, y amenazando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto, a su vez, provoca violencia, daños ambientales y migración a través del hemisferio”.
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El IPC se basa en 13 fuentes de datos que capturan la evaluación de expertos y ejecutivos de empresas sobre una serie de comportamientos corruptos en el sector público, que incluyen soborno, desvío de fondos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y cooptación del Estado.
Algunas de las fuentes también analizaron los mecanismos disponibles para prevenir la corrupción en un país.
Venezuela y los negocios ilegales
En base a esas fuentes, el IPC asigna un puntaje de 0 a 100, en el que 0 representa el nivel más alto de corrupción percibida y 100 el nivel más bajo.
En las Américas, Venezuela, Haití y Nicaragua presentan las puntuaciones más bajas. Venezuela ocupa el puesto 177 de 180 países evaluados.
La puntuación de Venezuela es de solo 14 puntos sobre 100, lo que lo ubica en la categoría de “muy corruptos”.
Según Transparencia Internacional, en Venezuela, los negocios ilegales representaron el 21 por ciento de su Producto Interno Bruto: los grupos criminales ejercen un amplio control sobre las operaciones de minería de oro, utilizando la extorsión y pagando a los comandantes militares para mantener sus actividades ilegales.
Estos grupos son responsables de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades, la prostitución forzada y la explotación laboral de adultos y niños, así como la contaminación y otros delitos ambientales graves.
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Además de Venezuela, los otros dos países del continente con peor puntuación son Haití y Nicaragua, con 17 y 19 puntos respectivamente.
Según Transparencia Internacional, en estos tres países” es difícil trazar una línea entre las instituciones públicas y las actividades delictivas”.
“Las instituciones públicas débiles e irresponsables en América Latina han creado un terreno fértil para que las redes delictivas organizadas florezcan, alimentando la violencia y la inseguridad”, subrayó el informe.
Nicaragua aparece en el puesto 167 de 180 países evaluados y Haití en la posición 171.
Centroamérica en grave situación
Cinco de los seis países centroamericanos evaluados cayeron en la categoría de “muy corruptos” y el único que se salva, Costa Rica, tuvo su puntuación histórica más baja, según el IPC.
Nicaragua tiene el peor puntaje de la región, con 19 sobre 100 y ocupa la posición 167. Le sigue Honduras, con solo 23 puntos, en la posición 157, seguido muy de cerca por Guatemala con 24 puntos y en el puesto 150.
El Salvador recibió un puntaje de 33 y cayó al puesto 116. Panamá llegó al puesto 101 con solo 36 puntos.
En el caso de Costa Rica, su puntuación es de 54 y ocupa la posición 54, el mínimo histórico.
El informe observa que en Honduras y Guatemala, los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y los políticos, financiando campañas electorales o incluso se postulan para cargos públicos.
“Los impactos de estos intereses criminales y políticos entrelazados son sentidos particularmente por los grupos más marginados de la sociedad, y son testigos de la destrucción de los recursos naturales”, resaltó Transparencia Internacional.
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En Honduras, la extorsión de pequeñas empresas y ciudadanos comunes por parte de bandas criminales es un problema importante que queda impune. Detiene el desarrollo económico y aumenta la inseguridad con flujos ilegales de dinero que van al sistema financiero. Se estima que los hondureños pagan $737 millones anuales en extorsión, lo que representa el 16 por ciento del PIB anual del país.
El informe advierte que en toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de la trata de personas y la sextorsión, que generalmente involucra a funcionarios públicos que exigen actos sexuales a cambio de servicios como pasaportes o pasos fronterizos. Las redes corruptas también alimentan el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la minería ilícita de oro y la limpieza de tierras.
“En estos entornos altamente corruptos, el aumento de la violencia, junto con la violación de los derechos sociales y económicos, afectan desproporcionadamente a los grupos históricamente marginados. Esto conduce a una migración masiva a otros países de la región”, analizó TI.
Guatemala, persecución oficial
Transparencia Internacional también destacó el deterioro de la lucha contra la corrupción en Guatemala y la persecución a quienes la denuncian.
“La cooptación de las instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian la corrupción, han provocado abusos de los derechos humanos contra periodistas, activistas, pueblos indígenas y fiscales”, señaló el informe.
Según TI, en la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es dirigida casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, con el apoyo de la comunidad internacional.
TI citó como ejemplo en Guatemala, los arrestos injustificados del periodista José Rubén Zamora -director de El Periódico- y los exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez, que califica de “ejemplos emblemáticos”.
Laparra y Gómez fueron fiscales claves en la persecución de redes de actores corruptos y antiguos violadores de derechos humanos de la guerra civil guatemalteca.
Medidas extremas
El informe determinó que, para abordar el crimen organizado y la violencia de las pandillas, algunos gobiernos han tomado medidas extremas que concentran el control en el poder ejecutivo, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas, y planteando serias amenazas a los derechos humanos y las libertades básicas.
Transparencia Internacional recordó la declaración de estados de excepción durante 2022 en países como El Salvador, Ecuador y Honduras.
“Aunque constitucional y oficialmente temporal, concedió poderes extraordinarios al poder ejecutivo para suspender las garantías constitucionales. Afectaron los derechos de las personas a la reunión, el acceso a la información, el tránsito y los procedimientos básicos durante un arresto”, señalaron.
El reporte criticó que “en nombre de la seguridad, estos gobiernos cerraron el espacio cívico, reduciendo sus capacidades de supervisión y aumentando considerablemente el retroceso democrático y los riesgos de corrupción”.
En El Salvador, según el informe, esto ha provocado arrestos injustificados y abusos de poder. El régimen de emergencia también se ha utilizado para reprimir y silenciar a las voces críticas y limitar más el derecho a acceder a la información.
El estancamiento de Costa Rica y Panamá
Costa Rica ha caído cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando su puntuación más baja de la historia.
Según TI, los recientes escándalos de corrupción apuntan a déficits de transparencia, sobreprecios y falta de competencia en el sector de la infraestructura, que es una tendencia que se puede ver en toda la región.
“Las acusaciones de financiación política ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también pueden ayudar a explicar los resultados recientes”, indicó Transparencia Internacional.
Sin embargo, TI reconoció que países como Chile y Costa Rica tienen instituciones democráticas sólidas y oportunidades para revertir estas tendencias.
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“La estrategia de integridad nacional de Costa Rica, si se implementa bien, puede convertirse en un modelo para otros países de la región”, estimaron.
Panamá, por su parte sigue estancado, habiendo caído dos puntos en el índice desde 2012, y no ha podido mejorar su puntuación desde 2021, lo que refleja las malas condiciones institucionales para luchar contra la corrupción y poner fin a la impunidad, particularmente en casos de gran corrupción.
TI repasó los eventos de julio y agosto de 2022, en el país canalero donde hubo una ola de protestas que paralizó el país provocando un arrebato social violento y prolongado.
“Los acontecimientos fueron una respuesta orgánica a la corrupción institucional pública y al crecimiento injustificado de la nómina del Gobierno, mientras que la población del país, con una de las tasas de desigualdad más altas de la región, se enfrentaba a aumentos en el costo de los medicamentos, los alimentos básicos y el gas”, resumieron.
