A la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela se agrega la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para analizar la situación de este país sudamericano, Expediente Público entrevistó a Michael Camilleri, director del programa Peter D. Bell del Estado del Derecho del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, organización que ha enfocado con profundidad la situación venezolana en busca de respuestas a sus múltiples males.
Venezuela recibe la pandemia con caídas de los precios del crudo y de la producción petrolera, continua contracción del producto interno bruto (PIB) desde 2014, inflación, el default de la deuda externa de finales de 2017 y las sanciones impuesta por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, todo esto deja al régimen de Nicolás Maduro con poco espacio para sostener la economía de agravarse la situación sanitaria, revela el documento “El impacto económico del COVID-19 en Venezuela: la urgencia del financiamiento externo”, presentado el 4 de abril por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El 15 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó una caída del PIB venezolano para 2020 en 15%, la más profunda a nivel continental.
En lo político, el país sudamericano parece estancado, las negociaciones entre el régimen y la oposición siguen suspendidas desde agosto 2019, mientras Estados Unidos ofrecía a finales de marzo 2020, 15 millones de dólares por la captura de Maduro y 10 millones por la de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente, ambos señalados de narcoterrorismo.
Washington anunció también en la primera semana de abril un plan marco de transición democrática y, en la siguiente semana, maniobras navales antidrogas en el Caribe en conjunto con una veintena de naciones, en un momento que se menciona la posibilidad de un cerco militar contra el régimen de Venezuela.
En el foro en línea “Pandemia y Política en Venezuela”, organizado el 2 de abril por el centro de pensamiento con sede en Washington D.C., Diálogo Interamericano, Feliciano Reyna, fundador de la organización Acción Solidaria, comentó que, en el ámbito humanitario, la pandemia del COVID-19 llega a su país después de tres años de colapso de los servicios públicos como el agua, la salud, falta de combustible, con una serie de violaciones a los derechos humanos y cinco millones de refugiados. “No estamos preparados para esto”, manifestó.
El régimen de Maduro afirma tener la propagación del COVID-19 bajo control desde que anunció el primer caso el 13 de marzo, al 15 de abril solo reportaban 197 infecciones y 9 muertes por el virus, según registros de la Universidad Johns Hopkins.
Sin embargo, hay poca confianza en los datos oficiales venezolanos, en un reporte de Infobae se pone en tela de juicio la capacidad de realizar pruebas del régimen, quien afirma haber realizado 181,335 test hasta el 13 de abril, con un solo laboratorio, una capacidad que ni siquiera tiene Reino Unido, con decenas de centros especializados, por el contrario. También, otro reporte de la delegación en Venezuela de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), revela que “hasta el 31 de marzo, se han realizado 1.779 pruebas, con una tasa de 8 por ciento de casos positivos”.
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Michael Camilleri, director del programa Peter D. Bell del estado del Derecho de explicó a Expediente Público que “no se sabe la situación real de la pandemia, hay relativamente pocos casos, pero en esto combinan dos cosas, la falta de transparencia del régimen que no da toda la información y persigue a periodistas que tratan de hacerlo, y lo otro es la falta de pruebas, no existe la capacidad de hacerlas para saber la realidad”.
Algunos médicos están siendo perseguidos por el régimen por hablar, pero ellos mismos no tienen las pruebas y capacidad para generar datos que contrasten los del régimen, también se reportan casos de detención de periodistas y de al menos dos trabajadores de la salud por denunciar las malas condiciones sanitarias de los hospitales, dice Camilleri.
La organización Foro Penal denunció el 14 de abril que en el contexto de la pandemia se están dando detenciones masivas durante horas contra personas que no portan mascarillas o salen durante el toque de queda, pero también hay 39 arrestos arbitrarios, y solo la mitad de ellos han sido liberados.
“El gobierno ha indicado que tiene 52,000 kits de diagnóstico PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, prueba que permite detectar un fragmento del material genético del patógeno) y un millón de pruebas rápidas, en parte recibido con el apoyo de la cooperación bilateral con China, Rusia y Cuba. También reportó que dispone de más de 2.3 millones de tabletas de fosfato de Cloroquina, que se han empezado a usar de forma terapéutica en los casos positivos. La eficacia de este tratamiento está aún en proceso de investigación a nivel global”, revela el informe de la ONU.
Por el contrario, Daniella Liendo, directora de Primeros Auxilios Unidad Central de Venezuela (Cruz Verde), durante el panel de Diálogo Interamericano manifestó que el COVID-19 es una crisis dentro de la crisis humanitaria que ya tiene un sistema hospitalario colapsado, “no es algo que esté pasando en dos o tres semanas, 62% de hospitales no tienen agua o tienen servicio intermitente, 60% no poseen jabón para lavar las manos”.
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Liendo critica también la respuesta de Maduro a la pandemia, se decretó cuarentena total al confirmar 33 casos, cuando Colombia cerró fronteras una semana después del primer caso, limitó la circulación e instaló el uso de mascarilla y guantes, por otra parte, hay un uso político del sistema de respuesta, más que capacidad de lucha contra la pandemia.
El régimen venezolano también ha reaccionado con algunas decisiones económicas, según la ONU, el 23 de marzo, anunció una serie de medidas como la ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre, un plan especial de pago de nóminas a la pequeña y mediana industria por seis meses, suspensión del pago de alquileres y del pago de créditos por seis meses, bonos especiales para trabajadores de la economía informal y de la empresa privada y la ratificación del plan priorizado de inversión agroalimentaria para garantizar cajas de alimentación CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) a siete millones de familias.
Sin embargo, a juicio de Reyna, se requieren tratados urgentes en materia humanitaria. El problema es que cualquier observador objetivo, reconoce que la situación del sistema de salud casi colapsado tiene que ver con años de corrupción y falta de inversión del régimen de Maduro, señala, por su parte, Camilleri.
El gobierno interino de Guaidó está tratando de movilizar fondos internacionales con organismo multilaterales para responder a la pandemia, por lo que Reyna, de Acción Solidaria, plantea con otros líderes de sociedad civil que el combate político tiene que hacer una pausa, porque solo es posible recibir el apoyo internacional necesario en el tiempo necesario si ambas partes colaboran, poniendo sobre la mesa la legitimidad que tiene Guaidó y el control territorial que sigue teniendo Maduro, agrega el experto de Diálogo Interamericano.
A mediados de marzo, Maduro solicitó al FMI 5 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia, pero la organización multilateral rechazó procesar la petición.
Aparte de la corrupción, existe una preocupación muy seria por razones muy claras y justificadas para otorgar fondos al régimen de Maduro, sostiene Camilleri: “La tendencia de usar con fines políticos la ayuda humanitaria, que se ve claramente en el programa de los CLAP”.
Una salida ante esta falta de confianza, a su juicio, es nombrar un comité de expertos para coordinar la respuesta a la pandemia y canalizar todos los recursos por el sistema de Naciones Unidas y organismos locales e internacionales sin fines de lucro que tienen experiencia y transparencia en el manejo de recursos, que no pasarían a manos de Maduro, sino, por otras entidades que gozan de confianza para usar de manera apolítica y transparente estos recursos.
TREGUA POLÍTICA Y SUSPENSIÓN DE SANCIONES
Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional venezolana y enviado del gobierno de Guaidó ante las Naciones Unidas, en el foro virtual de Diálogo Interamericano atendido por Expediente Público, planteó la posibilidad de una tregua política para enfrentar la pandemia, aunque manifestó que es imposible conseguir financiamiento para la pandemia sin una respuesta política.
“No tenemos un embargo como Corea del Norte o Irán, pero el problema es que los mismos funcionarios involucrados en corrupción manejen fondos humanitarios. No hay forma que Maduro reciba fondos multilaterales”, asegura el opositor.
Su propuesta es crear un canal humanitario de conjunto con varios países para ayudar a Venezuela y movilizar ayuda a organizaciones directamente.
Lo que plantea la oposición es que con ese precedente Maduro parece más interesado en perseguir a la oposición y periodistas que reportan verdades sobre la pandemia, es difícil imaginar una colaboración entre ambas partes para responder a esta crisis, previene Camilleri.
A pesar de eso, el sistema de ONU sigue trabajando en Venezuela con la venia de Maduro, no siempre con todas las facilidades, con dificultades logísticas o burocráticas, revela el entrevistado, pero hay varias ONG grandes que trabajan en estos temas que no tienen permiso para trabajar en el país, “es una historia un poco mixta el acceso que ha dado el régimen a este tipo de ayuda, no es un sí claro, pero tampoco un no, es algo en el medio”.
Camilleri considera correcta la suspensión de las sanciones por motivo humanitarios, pero no las dirigidas a funcionarios, “no hay justificación para levantar sanciones a esas personas mientras sigan cometiendo abusos de derechos humanos, actos de corrupción y sigan siendo un obstáculo para la restauración de la democracia, las sanciones económicas son otra cosa, si bien, el colapso económico es atribuible a Maduro y sus malas decisiones, está claro que no ayudan y restringen el ingreso que podría beneficias a la economía venezolana y son más difíciles de justificar en un momento de pandemia y absoluta crisis humanitaria”.
Debería buscarse una manera de levantar las sanciones sobre el petróleo, continúa Camilleri, y si fuera posible canalizar esos recursos a un fondo humanitaria para responder las necesidades del pueblo venezolano.
¿COLAPSARÁ EL RÉGIMEN?
“Es difícil saber cómo intercepta la crisis social con la crisis de salud, es difícil imaginar que en medio de la pandemia habrá convulsión social, las preocupaciones son de subsistencia, habrá menos movilización, la gente no sale de sus casas”, manifiesta el experto.
Si las cosas se complican es posible ver un colapso del orden, desorden social que podría tener implicaciones políticas, pero por ahora es difícil decir que esto podría tener un efecto de colapso del régimen, acota Camilleri.
NICARAGUA Y EL DISTANCIAMIENTO CON VENEZUELA
La alianza bolivariana entre Venezuela y Nicaragua ha decaído. La estrategia del régimen de Daniel Ortega es opuesta a la de Maduro, e incluso, a la de Miguel Díaz Canel en Cuba, donde se han tomado medidas drásticas como la cuarentena.
El caso de Nicaragua es parecido al de México con Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro en Brasil, hasta cierto momento con Donald Trump, “líderes que no quieren reconocer la crisis y realidad, el más sonado es Bolsonaro, pero Ortega es un caso extremo, sin embargo, Brasil es democrático, donde tienes gobernadores y al propio ministro de Salud (Luiz Henrique Mandetta), saliendo a contradecir al presidente e informar al público, en el caso de Nicaragua, donde hay un sistema autoritario, el hecho que el presidente tenga esa actitud frente a la pandemia es más peligrosa, porque no hay fuentes de información ni dentro del propio Estado”, advierte Camilleri.
“Me parece que no es una cuestión de alianzas e ideologías, sino de características personales de cada líder”, por lo cual, se demuestra que de la alianza entre Nicaragua y Venezuela no queda mucho, porque estaba fundada en la ayuda en tiempos del boom del petróleo que dejó de existir, “lo que queda es la relación Cuba-Venezuela que parece sólida; estamos en época que cada país está viendo por sus propios intereses”.
Por otra parte, Nicaragua está un poco fuera de radar desde hace seis meses, con la pandemia ha bajado el perfil de su crisis interna, pero la actual percepción sobre la respuesta de Ortega a la pandemia es terrible y, en cuanto a la situación política, hay cierta frustración, debido a la difícil perspectiva de conseguir una respuesta clara al deterioro institucional que ha tenido al país y de una salida democrática.
Desde Diálogo Interamericano se ve la posición del régimen nicaragüense ante la pandemia como difícil de entender, “pero es parte de la naturaleza de estos regímenes, no son democráticos, no son transparentes, piensan que pueden crear una realidad alternativa manejando la información de esta manera (opaca) y no permitiendo que la población entienda lo que está pasando, para dar la impresión que tienen todo bajo control y de esta maneja mantener a la población misma bajo control”, precisa Camilleri.
“Podemos calificar como una política pública muy poco inteligente en este momento, cualquier gobierno tiene la obligación de garantizar y respetar el derecho a la vida de sus ciudadanos”. En el contexto de una pandemia ignorar la evidencia científica y convocar, por ejemplo, eventos masivos pone en riesgo la vida de las personas, “uno tiene que preguntar si eso es consistente con es obligación de respetar el derecho a la vida y la integridad personal”.
Por otra parte, Camilleri sostiene que, aunque la parte primordial para enfrentar el COVID-19 corresponde a los gobiernos nacionales y subnacionales, así como adoptar los canales de información con la población y políticas necesarias, hay organismos internacionales que están tratando de guiar esas respuestas, dar consejos y en algunos casos dar recursos y recordar a los gobiernos de sus obligaciones.
Menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado las obligaciones de los Estados tienen en materia de transparencia, acceso a información y protección al derecho a la salud, hay obligaciones internacionales que gobiernos autoritarios van a tener que responder, ya sea su cumplimiento o no.
“Hay una clara obligación por ejemplo de respetar la libertad de expresión y no perseguir a quienes emiten o comparten información sobre la pandemia, hay una obligación positiva de informar de transparencia activa, de informar a la población sobre una situación, como mínimo los gobiernos deben ser totalmente transparentes y permitir que expertos en salud, periodistas y oenegés hagan lo mismo en cuanto a compartir datos fidedignos sobre la información y no caer en desinformación”, concluye.
