*El régimen de Nicolás Maduro inició una campaña de criminalización y persecución contra opositores en Venezuela, así como el cierre o expulsión de organizaciones nacionales e internacionales.
**Organizaciones temen que la situación se intensifiqué con las elecciones presidenciales en Venezuela como ocurrió en Nicaragua en 2021.
Yarely Madrid / Expediente Público
“El 29 de noviembre estuve retenido en una de las instalaciones de seguridad del Estado, junto a tres directores (de escuelas) más”, contó a Expediente Público Roymer Durán, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del municipio de Acevedo, al norte del país.
La policía venezolana incriminó de terrorismo y bloquear las elecciones a Durán, sólo por las llaves de un centro de votación en Acevedo, durante las elecciones primarias del 22 de octubre del 2023.
Horas después, él y otros maestros retenidos, fueron liberados tras demostrar con actas que las llaves estaban en poder de los jefes de las comunidades.
Los jefes de las comunidades son seleccionados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aunque su función es ayudar a los ciudadanos, sobre todo en elecciones, sirven como oídos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Para Durán, lo que sucedió ese día fue parte de un “plan político” para poder arrestarlo.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
El año pasado, el 16 de enero, mientras marchaba exigiendo un salario digno para los educadores en Caucagua, ciudad del estado Miranda, un colectivo del PSUV se acercó y lo agredió físicamente.
“Coloqué la denuncia en el Ministerio Público (MP) y hasta el sol de hoy no recibí llamada de la fiscalía, ni nada”, manifestó Durán.
Retención migratorio y arrestos en Venezuela
Rocío San Miguel, de 57 años, de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero del 2024 en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas.
San Miguel fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Ella es esposa del preso político Alejandro González, militar retirado, a quien la justicia chavista lo acusa de revelar secretos políticos, obstrucción a la justicia y asociación.
San Miguel viajaría a Miami acompañada de su hija, Miranda Díaz, cuando agentes de contrainteligencia las arrestaron, a ambas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó en 2012 medidas de protección.
Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, sus hermanos Miguel y Alberto San Miguel y su expareja, Alejandro González de Canales también fueron arrestados.
Todos los familiares de San Miguel fueron liberados condicionalmente y tendrán que presentarse antes los tribunales, no salir del país y con prohibición de declarar a los medios de comunicación.
El 19 de febrero del 2014, el fiscal general del Venezuela, Tarek William Saab, en cadena nacional justificó que Rocío San Miguel se encontraba en prisión por supuestamente realizar espionaje.
También se le acusó de utilizar información del Estado para formar parte de una supuesta conspiración militar denominada “Brazalete Blanco” para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
¿Operación venezolana en Chile?
Una alerta internacional ante la Interpol solicitó, el miércoles 21 de febrero de 2024, el gobierno de Chile por el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Leandro Ojeda Moreno en la capital Santiago.
En un vídeo difundido en redes sociales se observa cuando Ojeda Moreno es sacado de su apartamento por cuatro individuos encapuchados con indumentaria policial.
Las autoridades chilenas mantienen la hipótesis, que Ojeda fue secuestrado por la contrainteligencia venezolana.
Lea: Venezuela y Nicaragua actúan de manera similar en violaciones de derechos humanos
Venezuela expulsa a la ONU
La misión de investigación respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió la liberación de San Miguel el martes 13 de febrero.
El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, declaró que la detención de la activista era parte de “una serie de eventos que parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a los percibidos opositores”.
El 15 de febrero el canciller de Venezuela Yván Gil anunció que el gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina de la ONU en Venezuela y les daba 72 hora para que el personal saliera del país.
Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en entrevista con Expediente Público opinó que esta acción “muestra el poco deseo del gobierno de ser recibir un escrutinio y un monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”.
Venezuela en esto también sigue los pasos de Ortega en Nicaragua, quien expulsó a una misión de investigación de la ONU en 2018.
La intimidación a las ONG’s
Clara Ramírez, directora de FundaRedes, una ONG venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, dijo a Expediente Público que Venezuela busca también fiscalizar las Organizaciones No Gubernamental con una ley copiada de Nicaragua.
En enero del 2024 se presentó ante el Poder Legislativo la “Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG’s presentado en enero ante la Asamblea Nacional”.
“Lo que busca esta ley es que el Estado venezolano tenga ahora el poder absoluto para decidir que organizaciones pueden trabajar y qué organizaciones no pueden trabajar”, indicó.
«Es una ley, que busca aniquilar a las organizaciones en la sociedad civil ya que son las únicas que se encuentran allí frente a las violaciones de derechos humanos”, explica Ramírez.
En Nicaragua han sido cerradas más 3,500 ONG’s por incumplimiento de leyes como la de Agentes Extranjeros de 2020, el régimen de Ortega se queda con los bienes y el dinero de las cuentas de estas organizaciones.
Situación se agravará
Para Clara Ramírez el escenario pre-electoral en Venezuela no será el mejor en las próximas semanas, de hecho, opina que es posible que se “incrementen las agresiones”.
“Podemos ver que se incrementan las agresiones contra la sociedad civil, es posible que haya un mayor cierre del espacio cívico, que se siga coartando el derecho a la libertad de expresión, es decir, que se siga criminalizando a muchísimos medios de comunicación para que no comuniquen lo que pasa”, vaticina.
Sin embargo, Ramírez manifestó a Expediente Público que FundaRedes “seguirá haciendo lo que le corresponde que es seguir mostrando lo que ocurre en Venezuela y denunciando como en el marco o entorno al proceso electoral que se aproxima este año”.
Maduro repite más patrones represivos de Ortega
El régimen de Maduro reprime a todas las personas que considera amenaza. Los últimos reportes de la organización Foro Penal revelan que en la actualidad hay 283 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.
De esta cantidad, la mitad no tiene condena y la otra parte restante ni siquiera ha tenido un juicio.
En todos estos casos existen patrones que se repiten y que son una copia exacta de las medidas judiciales y graves violaciones a derechos humanos que dicta el régimen de Ortega en Nicaragua.
En primer lugar, se realizan arrestos sin órdenes de captura; durante días no se sabe nada de la persona detenida, algo catalogado como una “desaparición forzada”; luego aparecen enjuiciados con cargos como “traición a la patria”, “conspiración”, “reunión” o “terrorismo”.
No existe derecho a la defensa; se causa torturas u otros traro crueles, inhumanos o degradantes; se dilatan los procesos de investigación y judialización y se utilizan tribunales especiales en terrorismo; se aplican penas severas o liberación condicionada, detalla Foro Penal.
También: Muerte civil en Nicaragua y Venezuela, denuncia Freedom House
Maduro engañó a todos
El 17 de octubre de 2023 representantes del gobierno de Maduro y de los partidos de oposición en Venezuela suscribieron dos acuerdos, uno para la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para el próximo proceso comicial presidencial de 2024.
Otro acuerdo era de protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la república en el exterior (activos de Citgo) y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional (disputa del Esequibo).
En la práctica, el gobierno de Maduro bloqueo la candidatura de María Corina Machado y entorpeció las elecciones primarias en las que fue electa.
También son comunes los ataques a las sedes de los partidos políticos de oposición y la criminalización de varios miembros del partido Vente Venezuela de Machado.
Laura Dib considera que Maduro no quiere una transformación para Venezuela y la necesidad de lograr acuerdos con la oposición tiene más que ver con el hecho de “recibir recursos a través del alivio de sanciones” y la necesidad de lograr acuerdos con Estados Unidos.
¿Y las sanciones de Estados Unidos?
La directora para Venezuela de WOLA aclaró a Expediente Público que no hubo levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, ante las primarias opositoras.
“Se emitieron tres licencias concretas que permitían o autorizaban llevar a cabo actividades que estaban prohibidas bajo el régimen de sanciones”, señaló.
Estas actividades eran la venta y comercialización de oro, licencia para comercialización de petróleo y la venta de bonos en el mercado secundario.
Pero luego de que se anunció la inhabilitación de Machado, el gobierno americano revocó la licencia para explotación de oro y anunció que, al llegar el 18 de abril, fecha en la que vence esa licencia que dieron por seis meses, Estados Unidos no la renovaría.
Condiciones inhumanas
En su informe Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional, documenta el caso de nueve personas arrestadas arbitrariamente en Venezuela del 2018 a 2022, que continúan privados de su libertad.
Emirlendris Benítez, una madre y comerciante venezolana, fue detenida el 5 de agosto de 2018. Iba de copiloto de su pareja, quien prestaba un servicio de transporte desde la ciudad Barquisimeto, estado Lara, hasta Barinas, en la frontera con Colombia.
Benítez se disponía a comprar alimentos en la frontera cuando se topó con un punto de control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Los uniformados les pidieron identificación a todas las personas en el interior del automóvil, dándose cuenta de que, los dos pasajeros que solicitaron el servicio tenían orden de detención vigente, y se les acusaba de formar parte del ataque con drones a Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018 en Caracas.
Este supuesto ataque a Maduro ocurrió durante el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. Un grupo de drones pudo verse en el cielo en ese momento y enseguida se comenzaron a escuchar detonaciones. El gobierno venezolano dijo después que unos drones estaban cargados de explosivos.
El temido cuartel militar
Aunque Benítez no conocía de los eventos, ni sabía de las acusaciones de los tripulantes, fue arrestada y no se supo de ella hasta 10 días después.
Benítez contó a Amnistía Internacional que, durante ese tiempo, presa en el Cuartel General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los funcionarios de la institución la golpearon en las piernas y pies, la quisieron asfixiar con bolsas plásticas y le negaron el agua y la comida.
Dos meses después al encontrarse en un estado grave de salud se le trasladó a la fuerza a un centro médico, donde sin su consentimiento se le realizó un aborto.
El 9 de julio de 2019 la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde se encuentra actualmente.
En febrero de 2023 se le dictó una condena de 30 años de prisión bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de frustración contra el presidente y el alto mando militar; lanzamiento de artefactos explosivos; terrorismo; traición a la patria y asociación para delinquir.
Deslice para más información
Una pareja trabajadora
María Auxiliadora Delgado, española y venezolana está casada con Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad venezolana e italiana. Ambos vivían en la ciudad de Valencia, al noroccidente de Venezuela. María Auxiliadora trabajaba y era accionista de un laboratorio médico y Marrufo laboraba como ingeniero eléctrico.
El hermano de María Auxiliadora Delgado, Osmán Delgado, también fue acusado de participar en el atentado de drones del 2018.
En marzo de 2019, Delgado y Marrufo fueron arrestados y relacionados con el ataque de Maduro en 2018 y el asalto al Fuerte Paramacay. Varios militares se declararon en contra del gobierno y quería restaurar el orden constitucional.
A ambos se les acusó de los delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. El 7 de junio del 2019 se les engañó diciéndoles que se les iba a excarcelar, pero cuando eran trasladados a Valencia, una camioneta de la DGCIM los bajó y los detuvo nuevamente.
En 2022 fueron sentenciados a 30 años de cárcel bajo los delitos de traición a la patria, homicidio calificado en grado de tentativa, asociación para delinquir y conspiración.
Los familiares de la pareja han documentado daños físicos y psicológicos, la falta de acceso a la justicia e incluso han señalado que ambos presentaron “ideas suicidas”.
Encarcelamientos caprichosos
Darío Estrada, ingeniero en petróleo, fue detenido en su casa a las 11:00 de la mañana del 23 de diciembre de 2020.
Darío es una persona neurodivergente, que se encuentra dentro del espectro autista. Al momento de su detención tenía covid-19 y fue golpeado y atado de manos y pies.
En ese momento no se informó por qué lo encarcelaron. Días después las autoridades indicaron que Estrada estaba vinculado a un grupo de WhatsApp en el que supuestamente haría planes en contra del gobierno.
Tratos crueles a presos en Venezuela
Estrada está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, Caracas. No ha podido ver a su hijo de 21 años. Su alimentación depende de donaciones de otras personas privadas de libertad, de organizaciones de sociedad civil y de defensores de derechos humanos.
Otro detenido es Guillermo Zárraga, exsindicalista de petróleos Venezuela (PDVSA), preso desde el 14 de noviembre del 2020. Se le acusó de espionaje contra el complejo petrolero de Amuay, estado Falcón.
La familia de Zárraga cree que fue arrestado después de que se publicara en las redes sociales una foto suya con Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de la oposición.
En 2023 el exsindicalista sufrió un problema en el corazón, lo que complicó eventualmente su estado de salud. Su familia tiene dificultades para llevarle comida y productos de higiene.
Le puede gustar: Venezuela y Nicaragua se llevan las medallas como los más corruptos en el mundo
Activistas y defensores de derechos humanos
Rober Franco, es secretario general del Colegio de Profesores de Carúpano, en el estado de Sucre, en el oriente de Venezuela. Era disidente del gobierno de Maduro, realizaba acciones públicas en contra del gobierno.
También organizaba protestas de gremio en contra del Ministerio de Salud, por lo que sus familiares creen que fue detenido en la sede de la PNB de la zona 7.
El gobierno venezolano lo acusa de estar vinculado al caso de la Asamblea Nacional, en el que se acusaron a varios funcionarios por presuntos delitos de corrupción administrativa y malversación de fondos en distintas ramas del poder público.
Gabriel Blanco, activista social, fue detenido el 6 de julio de 2022 y acusado de los delitos de asociación y conspiración por pertenecer a un supuesto grupo de WhatsApp que conspiraba en contra de Maduro.
El 1 de agosto de 2023 recibió una condena de 16 años de prisión, aunque no había evidencias concretas en cuanto a su participación para delinquir, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Javier Tarazona, también defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental, FundaRedes, fue detenido el 2 de julio del 2021.
En diciembre del 2023 en un juicio iniciado en su contra por terrorismo denunció tratos inhumanos: “Me pegaban golpes, patadas. No podíamos ver el sol. No teníamos agua potable. Nos hacían orinar y defecar en los recipientes donde comíamos”, relató en su juicio.
Se le acusa de “terrorismo”, “instigación al odio” y “traición a la patria” y su juicio ha sido reiniciado tres veces. La última vez, el 5 de diciembre, cuando la defensa solicitó la nulidad del proceso.
Roland Carreño, periodista venezolano, también fue detenido en 2020 y liberado en 2023 tras suscribir un acuerdo personal con el gobierno de Maduro.
