*El 27 de marzo se cumplió un año del inició el estado de excepción, la pieza vertebral de la política de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, con la que logró replegar el asedio y control de las pandillas en El Salvador.
**El Gobierno celebra la detención de más de 66.000 personas acusadas de ser pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) o del Barrio 18 o de integrar sus redes logísticas mientras 2 mil familias denuncian detenciones arbitrarias.
***La estrategia del mandatario salvadoreño es criticada por defensores de los derechos humanos por violar el debido proceso contra ciudadanos que no pertenecen a las llamadas maras y han sufrido torturas como aislamiento, palizas y estrangulamiento en las cárceles, según denuncias de organizaciones internacionales.
Eric Lemus / Expediente Público
La ola de asesinatos que ordenó la Mara Salvatrucha (MS-13) y cobró la vida de 87 víctimas en un fin de semana fue la antesala para que por mandato de Nayib Bukele la Asamblea Legislativa decretara el 27 de marzo del 2022 primer mes bajo régimen de excepción, que siguió renovándose cada 30 días como parte de la llamada “guerra contra las pandillas”.
La medida, que fue aplaudida por la opinión pública, al mismo tiempo alarmó a los residentes de los vecindarios populares y poblados rurales porque fue donde el Ejército y la Policía concentró las detenciones masivas.
“Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos”, escribió el presidente Bukele en su cuenta de red social ante las críticas de la comunidad internacional.
El decreto luego fue acompañado por reformas al Código Penal que prohibió la elaboración y reproducción de grafitis alusivos a las pandillas, creó sanciones para los medios de comunicación que reprodujeran información relativa a dichos criminales y determinó que los niños entre 12 y 15 años de edad enfrentarían penas de hasta 10 años de prisión por tener alguna vinculación pandilleril.
Reforma polémica
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado para exhortar a la administración Bukele para que reconsidere la medida punitiva que abarcó a menores y adolescentes.
La reforma dictó que los mayores de 16 años enfrentarían penas de hasta 20 años.
“La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución”, publicó Unicef.
Sin embargo, una vez consumaron la primera de las prórrogas del régimen, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reiteró que la medida es la piedra angular de la “guerra contra las pandillas”.
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Los daños colaterales: 111 muertes
El “Informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el Estado de excepción” que fue rubricado por siete organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, denunció la muerte de 111 personas mientras estuvieron recluidos y bajo custodia de las autoridades.
El reporte contabiliza 5,082 víctimas de detención arbitraria e ilegal donde sea miembros de la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil capturaron a las personas sin una investigación o gracias a una delación infundada.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Red Salvadoreña de Defensoras y Servicio Social Pasionista (SSPAS), Cristosal, junto a las agrupaciones Azul Originario y AMATE informaron que los decesos acaecieron en dos cárceles.
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El Centro Penal de Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, aproximadamente 53 kilómetros al oeste de la capital, y el Centro Penal La Esperanza, ubicado al norte de San Salvador, son los principales escenarios de donde recogen reportes de muertes violentas por golpes y estrangulamiento.
Las causas documentadas fueron condiciones cardíacas (87), diabetes (72), enfermedades respiratorias (38), enfermedades renales (30), afecciones neurológicas (24), enfermedades del sistema digestivo (20), padecimientos mentales o psiquiátricos (16), VIH+ (7), tiroides (5) y condiciones ginecológicas (3).
Derogación o libertad a inocentes
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador (MOVIR), insiste a Expediente Público en la naturaleza de su agrupación.
“Aquí no damos ningún tipo de respaldo a alguien que tiene vínculos con las pandillas porque este movimiento, que atiende aproximadamente 2.000 familias, es el filtro para identificar a quienes fueron capturados a pesar de ser inocentes”, dice Ramírez.
MOVIR organizó una marcha este martes 28 de marzo por las calles de San Salvador hasta llegar a la Asamblea Legislativa, para exigir la derogación del régimen de excepción y demandar la indemnización del Estado a las víctimas encarceladas que no tienen relación con las bandas criminales.
“Acompañamos a las víctimas y orientar para que sepan a dónde acudir si tienen parientes víctimas de capturas arbitrarias y no saben a qué instancias legales buscar porque muchos de estos familiares no saben qué es un proceso judicial, a dónde poner la denuncia ni qué documentos llevar”, recalca el activista.
Alrededor de 600 ciudadanos, la mayoría padres, parejas e hijos de los detenidos, desfilaron por las calles de la ciudad ante la mirada de transportistas y vendedores callejeros.
Obreros, jornaleros, empleados…
El patrón de la mayoría de los detenidos abarca una población mayoritariamente masculina que vive en territorios asediados por la MS-13 o el Barrio 18 y que ahora están liberados debido a la intervención del Ejército junto a la Policía. Pero las capturas son masivas sin mayor investigación, según denuncias organizaciones de asistencia legal.
“Mi hijo, que tiene 20 años de edad, fue detenido en su casa sin ninguna explicación cuando estaba a punto de irse a dormir”, dice a Expediente Público, un hombre acongojado.
“Eso fue el 11 de abril del año pasado y desde entonces, cada 22 días, le vengo a dejar al penal un paquete de víveres por valor de 50 dólares y alcanzo a cubrir un poquito de todo lo que el Gobierno pide”, dice el septuagenario que prefiere no identificarse.
“Nunca lo he visto ni tengo información de si está vivo, si está bien de salud y llevo en este penar ya casi un año”, lamenta este hombre que marcha bajo el sol inclemente.
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La madre de Irving, un mesero de 27 años de edad, que es padre de dos niños menores de siete años, relata a Expediente Público que la Policía lo detuvo cuando venía de traer a uno de sus hijos de la escuela. Desde entonces, los niños se quedaron con ella.
“Mi hijo lleva detenido once meses y desde entonces no he tenido comunicación con él”, susurra mientras apura el paso junto a sus nietos rumbo al Congreso.
Pueblo anestesiado
El cardenal Gregorio Rosa Chávez, que presidió la conmemoración del magnicidio de San Óscar Arnulfo Romero el pasado fin de semana, fustigó la indiferencia de la población salvadoreña ante el dolor de quienes tienen parientes detenidos con el régimen de excepción.
“Nos hemos acobardado, nos hemos acomodado, nos hemos quedado mudos, hemos caído en la indiferencia, parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios”, manifestó el prelado.
Para el pastor católico, el régimen solamente es sinónimo de “tristeza, frustración, vergüenza e impotencia” por las víctimas capturadas arbitrariamente y que no tienen conexión con las llamadas maras.
Por su lado, el jefe de la fracción del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, celebró el primer aniversario de la normativa que diezma a las pandillas con un mensaje que distribuyó en sus redes sociales.
“Este primer aniversario del régimen de excepción, demos gracias a Dios por las primeras cuatro mil vidas inocentes salvadas de las garras de las pandillas. Una de esas vidas estoy seguro que pudo ser la suya, de su padre, de su madre, de un hijo, de un hermano o hermana, de su pareja…”, publicó.
Francisco Parada, del Bloque de Resistencia Popular (BRP), una de las principales organizaciones sociales que aglutina a diversos sectores a raíz del estado de excepción, invitó a sumarse en un frente amplio.
“La unidad es clave para avanzar y derrotar a este régimen dictatorial y corrupto que tanto daño le está haciendo a la población. Para derrotar a este clan que beneficia a las oligarquías y que forman parte de las fuerzas que benefician a las oligarquías”, reclamó Parada.
