* Once periodistas fueron denunciados en 2024 por el Ministerio Público.
**El reportero Diego España fue requerido por una fiscal que lo acusó de violencia contra la mujer, es decir, contra ella misma.
***20 periodistas tuvieron que exiliarse este año, a pesar de la llegada al poder de Bernardo Arévalo.
Marysabel Aldana / Expediente Público
En 2024, al menos 11 periodistas fueron judicializados en Guatemala, mientras más de 20 se vieron forzados al exilio, según entidades de prensa.
Estas cifras reflejan un patrón sistemático de persecución impulsado principalmente por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), advierten los comunicadores.
Organismos internacionales, entre ellos la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señalan su preocupación por la libertad de información en Guatemala, calificando esta situación como un atentado directo contra los derechos fundamentales y la democracia.
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Los casos más recientes
Diego España, periodista del diario La Hora, es quien recientemente se unió al grupo de comunicadores judicializados.
Todo comenzó el 17 de octubre, cuando el periodista hacía su trabajo en la Torre de Tribunales de Guatemala y se percató de que la fiscal de la FECI, Sofía Castillo Rivas, sostuvo una reunión privada con la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano.
El comunicador la entrevisto a su salida, para saber sobre los motivos de su reunión, teniendo en cuenta que el juicio por el caso Construcción y Corrupción se estaba llevando a cabo en esa sala judicial.
Reuniones entre fiscales y jueces no es habitual en Guatemala, porque es considerada como interferencia de poderes.
El 18 de octubre el periodista público la nota “Fiscal de FECI y jueza Cruz se reúnen previo a audiencias en caso Construcción y Corrupción”, ese mismo día la fiscal Castillo lo denuncio en la Fiscalía de la Mujer por amenazas.
También puso denuncia en la Fiscalía de Delitos contra los Operadores de Justicia por intimidación y coacción.
Posteriormente, la jueza Maribel Culajay prohibió al periodista acercarse a los tribunales y al Ministerio Público, sus fuentes de información habituales, entre las medidas impuestas a España, estaba no perturbar la paz de la fiscal, ni la de su familia, así como evitar molestarla.
El 10 de diciembre, el juez José Gilberto Godoy revocó parcialmente las medidas de seguridad que se otorgaron a la fiscal Castillo Rivas, dejando que España pudiera acercarse a las fuentes de información judicial, pero no a la fiscal.
España, sigue bajo investigación por el delito de amenazas en la Fiscalía de la Mujer.
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Un patrón creciente contra periodistas de Guatemala
Entre los periodistas judicializados en 2024 destacan Alexander Valdez, Rony Ríos, Cristian Velix y Denis Aguilar, quienes enfrentan procesos legales presentados por el Ministerio Público y la FECI relacionados con sus publicaciones en torno al caso de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico.
Zamora fue arrestado en julio de 2022 por cargos de lavado de dinero y otros delitos, lo que provocó críticas internacionales por considerar que su caso representaba un ataque contra la libertad de expresión.
En octubre de 2024, José Rubén Zamora fue beneficiado con arresto domiciliar, por situaciones médicas, sin embargo, el 15 de noviembre la Sala Segunda de Apelaciones revocó la medida.
La intensión es que Zamora regrese a prisión, pero esta solicitud aún está pendiente de definirse en los tribunales, porque el abogado defensor Joel Reyes colocó un amparo en la Corte Suprema de Justicia.
A ellos se suman columnistas y analistas como Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, cuyas opiniones públicas son señaladas por el Ministerio Público como “obstrucción a la justicia”.
Las acusaciones, que carecen de evidencia sólida, según la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), responden a una aparente intención de silenciar críticas hacia las instituciones guatemaltecas y figuras de poder.
El impacto de la persecución: exilio y silencio forzado
La presión ejercida sobre los periodistas no se limita al ámbito legal. En 2024, más de 20 comunicadores guatemaltecos se vieron obligados a abandonar el país, buscando refugio en Estados Unidos, México y España.
Entre ellos se encuentran nombres emblemáticos del periodismo guatemalteco, quienes, además de enfrentar procesos judiciales, reciben amenazas directas contra su vida y la de sus familias.
“Es desgarrador dejar atrás no solo tu profesión, sino tu país y tu hogar por ejercer un derecho fundamental como es el de informar”, señaló uno de los periodistas exiliados, que pidió permanecer en el anonimato por seguridad.
El impacto emocional y profesional de estas decisiones resulta devastador, tanto para los comunicadores como para el acceso a información independiente en Guatemala, a criterio de Alejandro Contreras, analista político.
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SIP reclama
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una de las organizaciones más vocales en denunciar la situación en Guatemala.
Durante su informe de octubre de 2024, destacó la gravedad de los ataques contra periodistas en el país centroamericano, calificándolo como un caso emblemático del deterioro de la libertad de prensa en la región.
Asimismo, la entidad instó al gobierno de Guatemala a garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y a detener las acciones legales arbitrarias contra los comunicadores.
Llegada de Arévalo intensificó ataques de MP
La persecución de periodistas en Guatemala no es un fenómeno exclusivo de 2024, aunque sí ha alcanzado su punto más crítico este año.
En 2022, con la detención de José Rubén Zamora, comenzaron a consolidarse las acciones legales contra la prensa independiente.
En los meses siguientes, otros periodistas vinculados a elPeriódico también fueron acusados, y el medio terminó cerrando en mayo de 2023 debido a la presión económica y política.
En 2023, las acciones legales contra comunicadores se intensificaron con el cambio de gobierno, a criterio de la APG.
Aunque Bernardo Arévalo asumió la presidencia en enero de 2024 prometiendo priorizar los derechos humanos, la persecución contra periodistas se intensificó, evidenciando un problema estructural más allá del Ejecutivo.
Fiscalía dirige persecución
La FECI es un actor clave en la judicialización de los periodistas.
Lo que comenzó como una entidad destinada a investigar casos de corrupción de alto impacto desvió su enfoque para perseguir a opositores políticos, activistas y comunicadores, a criterio de Mayra Estrada, analista política y de Derechos Humanos.
En este contexto, las denuncias contra periodistas son vistas por organizaciones y analistas como un intento de intimidación para evitar que se investigue la corrupción y otros abusos de poder.
Además, diversos actores nacionales e internacionales critican la creciente colaboración entre el sistema judicial y grupos de poder que buscan controlar el flujo de información.
Las acusaciones contra los periodistas a menudo se basan en interpretaciones amplias y ambiguas de delitos como “obstrucción a la justicia” o “difamación”, creando un clima de autocensura en el que muchos optan por no abordar temas controversiales, mencionó Estrada.
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Reacciones internacionales
La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Guatemala. Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenan la persecución contra periodistas e instan al Gobierno a tomar medidas inmediatas para revertir esta tendencia.
La administración de Joe Biden en Estados Unidos también expresó su preocupación, señalando que la libertad de prensa es un componente fundamental de cualquier democracia.
En octubre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos incluyó este tema en su agenda de diálogo con Guatemala, priorizando la necesidad de proteger a los comunicadores.
El futuro de la prensa en Guatemala
A pesar de las dificultades, algunos periodistas en Guatemala continúan trabajando desde el exilio o en condiciones adversas dentro del país.
Plataformas digitales y redes sociales sirven como herramientas clave para mantener la información circulando, aunque los riesgos de amenazas cibernéticas y legales siguen siendo elevados, a criterio de Castillo.
El presidente Bernardo Arévalo ha manifestado su compromiso con la libertad de expresión, firmando en abril de 2024 la Declaración de Chapultepec, que reafirma el derecho a la información como un pilar de la democracia.
Sin embargo, Castillo y Estrada consideran que estas acciones deben traducirse en medidas concretas que garanticen el fin de la persecución contra los periodistas.
