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Un 2021 electoral con pronóstico reservado en Honduras

En esta tercera y última entrega de la serie, Expediente Público realiza una caracterización de la violencia política en Honduras, y advierte cómo esta problemática podría acentuarse en un año electoral.   

EXPEDIENTE PÚBLICO


Para el 2021 se prevé un recrudecimiento de la violencia política en Honduras. Este periodo, especialmente complejo, es escenario de dos citas importantes en las urnas: las elecciones primarias e internas el 14 de marzo y las generales el 28 de noviembre. Bajo un contexto lleno de tensiones, incertidumbre e impunidad, el riesgo es tan alto que no se discute si este año habrá víctimas por razones políticas, sino ¿cuántas serán? 

Es una certidumbre que trasciende a los actores políticos y afecta al conjunto de la sociedad, puesto que aumenta la desconfianza ciudadana respecto a una institucionalidad que en el plano electoral es incapaz de garantizar la legitimidad y transparencia del proceso, y que en lo nacional carece de la fortaleza para investigar y judicializar la corrupción y la criminalidad de trasfondo político. No por azar es que la tasa de impunidad promedia 86% de los homicidios. 

Como es natural suponer, la violencia política-electoral encaja en el mapa de la violencia y criminalidad «común» del país, pero tiene su propia lógica de confrontación. Cuando el proceso electoral del 2013 arrancó, Honduras presentaba una tasa de homicidios de 85 por cada 100 habitantes, mientras que en 2017 era de 43 por cada 100 mil habitantes. Paradójicamente, mientras ese indicador descendía, el de la violencia política iba en ascenso. Así que cerrar 2020 con una tasa de homicidios de entre 37 y 40 por cada 100 mil habitantes no es ningún bono que augure una contienda más cívica y menos explosiva.

“La violencia social y criminal se funden en la violencia política, es una mezcla, pero se debe interpretar la violencia política en un sentido más amplio y dentro de esa perspectiva es probable que tengamos altos niveles de violencia política este año”, dijo a Expediente Público el sociólogo Eugenio Sosa, profesor de Ciencias Sociales en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

Al fundamentar su opinión, Sosa agregó que «esa tendencia es previsible en un contexto que mezcla los problemas sociales y económicos con la impotencia y la desesperanza ciudadana. El Estado y la institucionalidad forman parte de un sistema corrupto que está vigente tanto a nivel central como en los territorios, donde tiene lugar una militarización muy grave, tanto de fuerza pública como de grupos criminales».  

Esa impotencia y desesperanza a la que alude Sosa se agravó en el 2020 cuando el impacto de la pandemia del Covid-19 ratificó que la situación del sistema de salud hondureño está muy por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que millones y millones de dólares que cada año se destinaban para la salud pública terminaban en los bolsillos de funcionarios y políticos corruptos.  

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Huracanes empeoraron todo

De remate, a fines de noviembre e inicios de diciembre del mismo año al menos cinco de los 18 departamentos del país fueron devastados por los huracanes Eta y Iota, provocando daños materiales calculados por la CEPAL y el gobierno hondureño en más de 1,800 millones de dólares. La situación económica, en opinión de los expertos, tiende a ser desesperante para la mayoritaria población pobre del país, acumulando frustración y resentimiento social.   

“Si el gobierno de Juan Orlando Hernández hubiera tenido un desempeño mejor, con más transparencia y efectividad, quizá la gente tendría un nivel de valoración positiva, pero si a toda la deslegitimación de la campaña electoral anterior (2017) se suma el manejo de la pandemia y el paso de los huracanes, entonces se crean condiciones para la crispación política”, comentó a Expediente Público, Julieta Castellanos, ex rectora universitaria y autora de múltiples libros y ensayos sobre el estado de la democracia en Honduras. 

La expresión de Castellanos coincide con el último sondeo de opinión pública de la firma Cid Gallup, que difunde en el país el diario La Prensa, al indicar que tres de cada cuatro hondureños estiman que el país va por rumbo equivocado, y 62 % de los consultados estima que la corrupción se disparó con la llegada de la pandemia. A su vez, para más del 50 % de los consultados, la administración actual sale aplazada en el manejo de la emergencia climática dejada por el paso de los meteoros Eta y Iota, al considerar que fue mal llevada. 

En medio de esta crisis, bajo condiciones de pandemia, extrema desigualdad social y represión a la protesta popular, los procesos electorales en lugar de crear condiciones para la conciliación, se encaminan a polarizar más a la ciudadanía. De hecho, la institucionalidad electoral y el sistema de partidos fracasó en el 2020 en el intento de aprobar reformas de fondo a la Ley Electoral, por lo cual el recelo a un eventual fraude calienta el debate interno. 

¿Quiénes son los competidores? 

El proceso electoral 2021 es el más multipartidario desde que Honduras retornó al orden constitucional en 1980-1982. Legalmente inscritos competirán en las elecciones generales 14 organizaciones políticas, siendo ellas: Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Partido Democracia Cristiana, Partido Unificación Democrática, Partido Anticorrupción, Partido Alianza Patriótica Hondureña, Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Frente Amplio, Partido de Centro Social Cristianos VAMOS, Partido Nueva Ruta de Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido Liberación Democrática de Honduras (LIDEHR) y Partido Todos Somos Honduras. 

Similar a lo que ocurre en las grandes maratones del mundo, en la línea de arranque hay muchos competidores, pero los que tienen posibilidades reales de llegar a la meta son pocos: Partido Nacional (oficialista), Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras. El resto de organizaciones no tienen la mínima posibilidad y sobre varios pesa la duda de cómo lograron su inscripción legal. Entre los requisitos figuran presentar la firma y huella dactilar de unos 80 mil votantes, además de tener representación partidaria en más de la mitad de los departamentos y municipios de Honduras. 

De hecho, aunque la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) establece que los partidos políticos están obligados a practicar elecciones primarias para la escogencia de sus candidatos(as) a cargos de elección popular, en las próximas elecciones de marzo sólo los partidos Nacional, Libre y Liberal cumplirán ese mandato; en el resto serán sus principales dirigentes quienes elegirán los candidatos de dedo, para después refrendarlos en poco concurridas asambleas de militantes. 

La violencia política que se acumula: 2013 y 2017   

Las elecciones generales de noviembre son antecedidas por los comicios de 2013 y 2017, ambos considerados como muy tensos por el saldo de candidatos a cargos de elección popular, dirigentes y simpatizantes que fueron asesinados o amenazados antes, durante o después del día de las votaciones.  

De acuerdo con el Informe 2013 sobre conflictividad y violencia política electoral, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), en ese proceso fueron asesinados 3 candidatos alcaldes, 1 alcalde en funciones, 2 vicealcaldes, 2 regidores en el desempeño de su cargo, 2 candidatos a regidores, 18 dirigentes y activistas de partidos, 1 diputado y 6 víctimas que eran familiares de los candidatos a cargos de elección popular. En total se registraron 35 homicidios de candidatos y autoridades, el triple de los contabilizados en las elecciones primarias del 2012 donde hubo 13 homicidios de candidatos a cargos de elección popular. 

El luto aumentó en las elecciones de 2017, que incluyen el periodo preelectoral del 13 de marzo y 25 de noviembre, y poselectoral del 26 de noviembre, con un registro de cincuenta víctimas, entre candidatos de los diferentes partidos políticos, familiares, activistas o manifestantes que protestaban en las calles convencidos de que hubo un fraude electoral. 

¿Cuáles son los partidos políticos más afectados? En los comicios de 2013, según el informe de IUDPAS, fue el partido Libre, con 17 homicidios, 6 atentados y 9 amenazas en sus filas, en total 32 casos para un porcentaje del 45 %.  

Le sigue el Partido Nacional con 10 homicidios, 4 atentados y 7 amenazas, un total de 21 casos que corresponden al 29.57 %. El Partido Liberal con 7 homicidios y un atentado, para un total de 8 casos y un 11.26 %, el Partido Anticorrupción, con 1 homicidio, 5 atentados y 2 amenazas para un total del 11.26 %; el Partido Alianza Patriótica fue afectado con un atentado y FAPER con una amenaza, cada uno equivalente al 1.40 % de los hechos de violencia. 

Cuatro años después, en 2017, las víctimas se concentraron en tres partidos políticos. En las primarias se consignan tres del Partido Liberal, dos de ellos regidores municipales, y un dirigente político del municipio de Danlí, al oriente de la capital. Del Partido Nacional se anotaron 3 homicidios, 2 ocurridos contra candidatos a diputados -un hombre y una mujer- por los departamentos de Cortés y Atlántida. A los anteriores se suma un caso de homicidio contra un militante del Partido Libre que hacía labor proselitista en una colonia de la capital. 

Lo más grave ocurrió en el periodo postelectoral (27 de noviembre de 2017 – 15 de febrero de 2018), marcado por la crisis generada ante la declaratoria final y divulgación de los resultados por parte del entonces Tribunal Supremo Electoral y el rechazo de los mismos por parte de la oposición. En total hubo 38 víctimas mortales. La mayoría pereció formando parte de manifestaciones callejeras o de «insurrecciones» de pobladores urbanos convocadas por la dirigencia de Libre. 

Desde su fundación, el Partido Libre, próximo a la corriente ideológica chavista del «Socialismo del Siglo XXI», ha sido el más agredido. Libre es el partido que surgió en resistencia al golpe de Estado ejecutado contra el ex presidente José Manuel Zelaya, el 28 de noviembre de 2009. A Libre le sigue el Partido Liberal y, en tercer lugar, el Partido Nacional. En varios casos, pese a la figuración política pública de las víctimas, no siempre ha estado en claro el móvil del crimen. 

Sicariato

Los homicidios y los atentados tienen la característica de ser cometidos por sicarios, que son asesinos a sueldo. Los autores intelectuales rara vez trascienden a la opinión pública. Los ataques fueron hechos con premeditación, alevosía y ventaja, cuando el candidato o dirigente realizaba una reunión o salía de ella.  

En algunos casos, como en los municipios, los homicidios y atentados que se cometieron contra alcaldes, regidores y dirigentes se realizaron mediante emboscadas en las carreteras, cuando la víctima retornaba a su casa, después de participar en alguna actividad política.  

Pese al trasfondo político, la falta de capacidad investigativa del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional hace muy difícil establecer con nitidez las motivaciones de cada uno de estos crímenes. En los informes policiales tienden a ser caracterizados de manera inmediata como casos de violencia común (robos, crímenes pasionales, asaltos o ajustes de cuentas) y no necesariamente es así. 

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Georreferenciación de la violencia  

El término “georreferenciación” es poco conocido habitualmente, pero en Honduras se emplea con frecuencia, aplicada a la violencia.  La georreferenciación es una herramienta de análisis de datos para su correcta localización en un mapa y en este caso, a partir de cruzar información de IUDPAS y otras fuentes no gubernamentales, muestra que la violencia política se concentra en menos de 10 % de los 298 municipios y en 60 % de los 18 departamentos del país.  

Los municipios más violentos suelen ser donde hay mayores concentraciones urbanas o en aquellos donde hay mayor conflictividad social por diversos tipos de proyectos extractivistas o presencia de grupos criminales, como el narcotráfico. 

Dentro de esa visualización, los escenarios de mayor peligro suelen ser las ciudades-municipios de San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso, La Ceiba, Choloma y Choluteca. De los departamentos, entre los más inseguros, figuran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida, Colón, Choluteca, Copán, Intibucá, El Paraíso, Olancho y Comayagua. 

Al profundizar en la metodología del crimen político se advierte que casi todas las víctimas habían sido amenazadas de muerte. Esa acción intimidatoria es considerada una forma de presionar a determinados candidato para que desistan de sus intereses políticos, y renuncien o abandonen su postulación a un cargo público o bajen el tono de sus discursos. 

Cada atentado que se concreta busca eliminar a un blanco específico, pero al mismo tiempo crear miedo e incertidumbre entre los simpatizantes y electores que lo respaldaban. Es por esa razón que suele enfocarse contra dirigentes, activistas y líderes comunitarios. Ellos desempeñan un papel muy activo en las movilizaciones de los electores a concentraciones partidarias y a las urnas. Además, suelen utilizar las campañas como plataformas de denuncia contra abusos o atropellos a los derechos humanos y territoriales. 

Un dato adicional es que en los registros también figuran homicidios o agresiones contra familiares de los candidatos o activistas. Esos hechos afectan profundamente a los aspirantes a cargos de elección popular puesto que asumen un grado de auto culpabilidad en lo ocurrido. La pregunta que suelen plantearse es «¿debo seguir en campaña o hasta aquí llego?».  

Como es usual, las denuncias a la policía tienen poco efecto práctico. Algunos de los candidatos asesinados tenían dictadas medidas cautelares a su favor que no resultaron efectivas, como en el caso de Félix Vásquez, candidato a una diputación suplente por el Partido Libre, asesinado en su casa de habitación a fines de diciembre pasado.  

Por género, los hombres son más afectados por la violencia política electoral. Esa situación se corresponde con el hecho que la política en Honduras sigue siendo hegemonizada por los varones, pese a regulaciones electorales que promueven la participación paritaria en las planillas. Usualmente, a las mujeres no sólo les corresponden menos casillas, sino que menos puestos de dirección o representación partidaria. 

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Los meses de mayor riesgo de la campaña 

Los informes consultados evidencian que el grado de conflictividad y violencia política aumenta conforme transcurren los meses de las campañas, tanto en elecciones primarias como generales. Si se divide el año electoral en cuatro trimestres, el promedio de agresiones se incrementa de un trimestre a otro, conforme avanza el cronograma electoral. 

En esta caracterización, los meses de mayor tensión suelen ser junio-julio, agosto-octubre, noviembre-diciembre. La recta final del proceso y el período postelectoral son los de peor riesgo puesto que la incidencia de los homicidios es alta. Ese nivel de intensidad es propio de las luchas relacionadas con el poder y de una aguda conflictividad al interior y entre los partidos políticos.  

El sociólogo Eugenio Sosa subrayó que «las consultas electorales son un campo donde se disputan intereses políticos y económicos fuertes entre los candidatos por el manejo del partido, por los cargos de elección popular y por el control de territorios y de la institucionalidad pública. Para un grupo criminal controlar una alcaldía es muy útil en su búsqueda de impunidad». 

A nivel de base, el conflicto entre los ciudadanos surge como producto de los apasionamientos partidarios, desacuerdos respecto al alcance y tipo de las campañas electorales, acusaciones que se vierten en los discursos proselitistas, intolerancia política e ideológica, por intereses personales que apuestan a determinados candidatos o porque las reglas del proceso electoral no fueron claras y transparentes. 

Un 2021 de pronóstico reservado 

El análisis de contexto para las elecciones de noviembre del 2021 no pinta bien; muestra un ambiente político electoral lleno de tensiones, imprevistos, amenazas e incertidumbre. Ni siquiera está claro si se realizarán las votaciones el 28 de noviembre, tomando en cuenta la crisis sanitaria, económica y social vigente. 

«La suspensión de las elecciones generales en el 2021 es un tema que no puede en absoluto descartarse. Sin embargo, no creo que sería una decisión unilateral del Partido Nacional bajo la perspectiva de ampliar el período del actual gobierno. Una medida de esa naturaleza sería posible si están de acuerdo un sector del Partido Liberal y la Coordinación General de Libre», subrayó la académica Julieta Castellanos.  

Para la exrectora, pese a que pueda haber un eventual acuerdo entre las cúpulas partidarias, hay muchos sectores que no estarían conformes con un aplazamiento, incluso dentro del propio Partido Nacional, «y si esos sectores se activan, estaríamos en un escenario de violencia, similar a las protestas de la plataforma de salud y educación en 2019», indicó.  

Más allá de la conflictividad electoral o del impacto de la pandemia que pueden calificarse de coyunturales, la sociedad hondureña vive una profunda y creciente fractura interna, evidenciada en crónicas violaciones a los derechos humanos, a una desigualdad que se ensancha, a una creciente militarización de la vida cotidiana y a un desbalance en el poder a favor del partido en el gobierno. 

No extraña que cada paso en el cumplimiento del cronograma electoral genera desacuerdo y agresividad, poniendo en tela de duda la legitimidad y transparencia de los comicios por venir. Algunas de las irregularidades que se cuestionan son de fondo. Para el caso, la oposición denuncia manipulación en el nuevo censo electoral y en la entrega de las nuevas tarjetas de identidad para habilitar a los votantes. 

Día a día el país acumula condiciones que empujan a la confrontación. Mala gestión electoral por parte del Consejo Nacional Electoral, parcialismo del Estado a favor del partido oficialista, incapacidad de pactar reglas electorales transparentes, intolerancia política, empecinamientos ideológicos, discriminación a la representación política de la mujer y la diversidad sexual, corrupción pública y atentados contra figuras de la oposición.  

Bajo un techo tan cargado de problemas, las elecciones previstas para el 28 de noviembre no logran disipar el clima de violencia social y política existente. Más que confianza priva la inseguridad e incredulidad entre la ciudadanía votante. Todo se puede esperar a corto y mediano plazo. El pronóstico de la salud de la democracia hondureña, sin duda, es reservado.