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Turbio proceso en Nicaragua para adquirir la vacuna contra el coronavirus

OMS comunicó que Nicaragua no pagará por la vacuna, pero régimen afirma que tiene US$107 millones del BCIE y el BID para comprarla. Además usarán el laboratorio Mechnikov  para producirla


Existe una nube oscura sobre el proceso de cómo se adquirirá la vacuna contra el Covid-19 que será suministrada a los nicaragüenses, y si la misma será gratuita o si se cobrará; sin embargo, el 2 de diciembre, el ministro de Hacienda de Nicaragua, Iván Acosta, informó que se destinó US$107 millones para comprar las vacunas contra el Covid-19 en 2021.

“Suscribimos un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de hasta 50 millones (de dólares), y un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de una operación cerca de 57 millones para adquirir las vacunas”, dijo a medios oficialistas Acosta, quien está sancionado por supuesta corrupción, por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Pero después de ese anuncio, el 4 de diciembre, durante la sesión informativa semanal sobre la evolución del Covid-19 en la región, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, infirmó que Nicaragua es parte de los diez países más pobres de Latinoamérica y el Caribe que recibirán gratuitamente la vacuna contra el coronavirus.

“Tenemos 27 países que van a pagar por las vacunas, y diez países que van a recibir la vacuna sin pagar, porque bajo criterios económicos son los países más pobres o porque por su pequeña población tiene más dificultad de acceso. Son criterios del Banco Mundial que está utilizando la Alianza para las Vacunas (GAVI), que lidera el COVAX”, explicó Barbosa.

COVAX es el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la Covid-19, encabezado por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI); la GAVI y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las diez naciones que recibirán la vacuna sin necesidad de pago son: Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas”, comunicó la OPS.

Barbosa también indicó que se inició la primera fase del proceso de licitación del Mecanismo, del que se encargan conjuntamente la OPS, a través de su Fondo Rotatorio, y la división de insumos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Otra información que pone en duda la transparencia de las acciones del Gobierno en la adquisición de las vacunas, fue la respuesta de Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, quien tras ser consultado por medios nicaragüenses, aseguró que Nicaragua no había solicitado financiamiento para comprar las vacunas del Covid-19.

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El panorama se oscurece más por la pretensión del Gobierno de sacar provecho con la necesidad de inmunizar a la población contra el nuevo coronavirus, que ha matado a 1.63 millones de personas en el mundo, y contagiado a 73.4 millones desde su detección a finales de diciembre del 2020.

Negocio con plata rusa

En uno de los documentos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), adjunto al libro de Presupuesto General de la República 2021, se menciona al Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, en Managua, como uno de los activos para producir localmente la vacuna contra el Covid-19 a corto o mediano plazo, para  suministrarla a los nicaragüenses, así como exportarla al resto de países de América Central y México.

La planta Mechnikov ha sido implicada en tratos poco transparentes. Investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, relevaron que la construcción de esa fábrica fue financiada con 24.5 millones de dólares entre fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y dinero del gobierno de Rusia.

Actualmente se desconocen quiénes son sus socios nicaragüenses, pero funcionarios públicos han asegurado que la contraparte rusa es el Instituto de Investigación Científica de Vacunas y Sueros de San Petersburgo.

Precisamente, el director de dicho instituto, Viktor Trukhin, en una entrevista en 2018 al medio ruso Kommersant, reproducida en el portal de Mechnikov, afirmó que el INSS es socio del ILAB, y fue quien compró parte de los terrenos y los traspasó a la empresa.

Trukhin afirmó entonces que “las inversiones en construcción y equipamiento ascienden a 33.5 millones de dólares. El 34% de esta cantidad corresponde a la parte nicaragüense. Aproximadamente US$18 millones costaron los equipos de la planta”, precisó el director.

Ocultan evidencia de las compras

El Gobierno a través del  Minsa ha hecho negocios con la fábrica Mechnikov, a la que comprado vacunas, pero no hay rastro de esas compras en 2019 y 2020, según una investigación en los registros oficiales hecha por Expediente Público.

En el Plan Anual de Contrataciones (PAC) preliminar del Minsa no se menciona ninguna compra relacionada al Covid-19, y menos a la compra de vacunas contra este mal, aunque el documento deberá estar actualizado con más detalles en enero de 2021.

Dayra Valle, especialista en contrataciones públicas, explica que el Gobierno tiene mucha discrecionalidad en las adquisiciones, porque la ley permite hacer modificaciones al PAC en cualquier momento, incluso se puede cambiar el plan semanas antes de iniciar algún procedimiento de compra de bienes y servicios para el Estado.

Uno de los temas sin aclarar por parte de las autoridades es cuál vacuna, de las que ya están disponible, será adquirida para aplicarla a los ciudadanos.

Una especialista en Salud Pública consultada por Expediente Público explicó que no está de acuerdo con la justificación de comprar la vacuna rusa:

“¿Por qué tomarla en lugar de cualquier otra, no tengo nada contra la Sputnik V o a favor de Pfizer, pero ¿está preparado el sistema para los efectos colaterales de vacunación, existen las instalaciones para conservar la vacuna a menos 64 grados para eso necesitamos hidrógeno líquido, existen las instalaciones necesarias para eso?”.

“Tengo una amiga en Suiza de 72 años, una persona prioritaria, pero a ella la van a vacunar hasta en octubre de 2021, porque ya hay calendarios de vacunación y no es que ponen la primera vacuna y podés salir. Después hay una segunda dosis cuatro a seis meses después y hay un tiempo de espera para la respuesta inmune, mientras tanto tenemos que andar con las mascarillas, manteniendo la distancia, no exponernos en hacinamientos”.

La OMS señala que el Mecanismo COVAX incluye tres componentes: 1)desarrollo y fabricación, 2)política y asignación, coordinada por la OMS; y 3)la adquisición y entrega a escala mundial con la participación de otros socios.

Los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer demostraron que es un 95 % eficaz contra el Covid-19. Pero al tratarse de una nueva vacuna su manejo requiere un reto para los sistemas de salud, como el de Nicaragua.

“Los países participantes en el mecanismo COVAX podían decidir cubrir (con la inmunización) entre el 10 y el 50 % de la población del país. Entendiendo, y comprometiéndose, que a pesar de solicitar dosis para más del 20% de la población, las mismas se recibirán luego que todos los demás participantes autofinanciados también hayan recibido las dosis, en una cantidad suficiente para alcanzar una cobertura del 20% o alcancen la cantidad elegida (si es inferior al 20%)”, precisa la OMS.

La OPS, el BCIE y Taiwán donaron al Gobierno de Nicaragua, test para la detección rápida del Covid-19, pero se desconoce cómo fueron usados.

Leer: “Sabíamos que los datos del Ministerio de Salud eran falsos” y “Ortega permitió que el virus de la Covid-19 se esparciera por todo el territorio nacional”

A través de  filtraciones de la base de datos del Minsa, se conoció que 20,165 pruebas fueron hechas en el país entre el 28 de febrero y el 10 de agosto a pacientes con severos síntomas de coronavirus, de las cuales 10,523 resultaron positivas. Esos resultados darían una tasa del 52.1 % de casos confirmados. Sin embargo, el Minsa oficialmente reporta 5,887 casos positivos y la muerte de 162 personas.

Sin una política de resilencia para 2021

En el Presupuesto General de la República (PGR) 2021 se detalla en la Estrategia de Reducción de la Pobreza un proyecto denominado “atención pandemia Covid-19”, con un monto total asignado de C$702.38 millones (unos US$19.84 millones), distribuido entre cuatro ministerios: Salud, Defensa, Educación y el de Hacienda.

El Ministerio de Salud recibirá C$ 404.89 millones (unos US$11.6 millones) para la atención en la pandemia, lo que representa el 2.4% del presupuesto de gastos de dicho ministerio.

Hasta el 2 de diciembre, en el Plan Anual de Contrataciones del Minsa no había referencias a las adquisiciones ligadas directamente a tratamientos contra el Covid-19. Se esperaría que esa información aparezca en el PAC en enero del 2021.

El gasto asignado del Minsa para la pandemia es escaso en comparación al financiamiento que han tenido otros países, que presentan condiciones y efectos de la crisis sanitaria parecidos a Nicaragua, señaló una experta en salud pública que prefirió el anonimato.

En mayo de 2020, un estudio de la Universidad de Columbia determinaba que Nicaragua era el único país de América Latina que no había otorgado fondos presupuestarios extraordinarios para enfrentar la pandemia, mientras el promedio del gasto fiscal en América Latina era de 2.7% de su Producto Interno Bruto (PIB).

La situación no había cambiado mucho a inicios de diciembre. A pesar de que el Gobierno envío a la Asamblea Nacional, una reforma del Presupuesto 2020, no detalló las acciones ni precisó los recursos que destinarían para hacer frente a la pandemia, a pesar de que se incorporaron  una serie de préstamos y donaciones que han conseguido para adquirir medicamentos y equipos, según el estudio de Expediente Público.

Cambio de estrategia

En el “Libro Blanco”, que recoge la estrategia oficial para enfrentar el coronavirus en Nicaragua, se expone la política de inmunidad del rebaño y del no confinamiento de la población, siguiendo el modelo de Suecia. Pero ante el fallo reconocido por el Gobierno de Suecia y las medidas de confinamiento decretadas en ese país, el régimen sandinista se quedó sin argumento para no tomar medidas públicas más agresivas para frenar los contagios del coronavirus.

Leer: Manejo de la pandemia en Nicaragua está muy lejos del “modelo sueco”

En el documento Medidas Frente al Covid-19 del “Marco presupuestario de mediano plazo 2021-2024, el Ministerio de Hacienda presenta nuevos argumentos en la estrategia sanitaria.

“Nicaragua no adoptó medidas de confinamiento. Esta decisión responde a la consideración de diferentes factores, destacando las epidemiológicas del país, con una pirámide poblacional joven y un 40% de la población habitando en el área rural. Económicas, al presentarse una economía debilitada por el IFGE (intento fallido de golpe de Estado) y caracterizarse por una tasa de informalidad de 80% de los trabajadores en el área urbana; y políticas manteniendo su compromiso con las clases empobrecidas, priorizando el objetivo de reducción de la pobreza”.

Para especialistas en el tema sanitario, la posición de las autoridades evidencia que “no existe una medida de salud pública estatal que permita creer que la pandemia será controlada”.

“¿Quién dice que en las zonas rurales no se mueren de Covid-19? Argentina está estudiando un caso de una persona aislada de las zonas urbanas que murió por coronavirus. No conocemos la cifra de positividad, las personas que se contagiaron o murieron, pero sus familiares no saben si le hicieron la prueba, ninguno recibió la prueba. Quién dijo que la ruralidad es un factor de protección”, planteó la especialista consultada por este medio de comunicación.

“Ser trabajador por cuenta propia me convierte en una persona inmune o me condena a morir porque tengo que salir a ganarme la vida o jugar la ruleta rusa”, reiteró.

El Ministerio de Hacienda también afirma que se decretó alerta epidemiológica nacional desde el 21 de enero, siendo la primera vez que un documento oficial lo menciona, ya que una de las mayores críticas al régimen sandinista ha sido la falta de una alerta.

El documento de Hacienda indica que el Minsa realizó una campaña de uso de mascarillas como medida de protección de la población para evitar el contagio del virus. Se trata de una afirmación que no se sostiene, ya que las organizaciones de médicos independientes y trabajadores estatales han denunciado que en los primeros meses de registrarse la crisis se prohibió el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales públicos. En las campañas oficiales solo se mencionaba el lavado de manos.