* La Voz de América, Radio Martí y el Centro Wilson cerrarán por el recorte presupuestario ordenado por el presidente Donald Trump.
** El cierre de centros de pensamiento en EE.UU. responde a una estrategia gubernamental que, según Eric Olson de la Fundación Seattle, concentra el poder.
** DOGE llegó con el FBI para intervenir al Instituto para la Paz, aunque no es un organismo federal ligado al Ejecutivo.
Expediente Público
Después de los recortes a la cooperación externa, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos continuó reduciendo o eliminando instancias como la emisora internacional la Voz de América y el Centro Wilson.
Los últimos recortes quieren ir más de las competencias ejecutivas, como el intento de intervenir el Instituto para la Paz, una institución que recibe fondos públicos, pero no es de administración federal, sino, autónoma.
A través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, la administración sigue una serie de medidas que ahora amenazan con reducir drásticamente la presencia de entidades vinculadas a la investigación, la educación, la formulación de políticas públicas y la promoción de la democracia.
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Siguen los despidos masivos
El despido masivo de unas 1,300 plazas en la Voz de América, por los recortes en la Agencia de Medios Globales, significan su cierre, pero también el de Radio Martí, dirigida a Cuba, así como Radio Free Europe y Radio Free Asia, informó el portal de Time.
El 14 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para reducir o cerrar varias instancias, además de la Agencia de Medios Globales, están el Centro Wilson, el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, el Consejo Interagencial sobre la Indigencia, el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.
Actúan con autoritarismo
Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, (SIF, por sus siglas en inglés), advierte el daño de las medidas anunciadas para los mismos Estados Unidos.
“No se trata de eficiencia porque están destruyendo muchos procesos y proyectos que funcionan bien”, dijo Olson a Expediente Público.
Olson refiere que el cierre de esos centros de pensamiento y de agencias internacionales reflejan “la visión política e ideológica anunciada con anterioridad en el Proyecto 2025” por el ahora presidente Trump y su vicepresidente JD Vance” durante la campaña electoral.
Sin embargo, a su consideración, “es un proyecto autoritario que se impone donde el poder reside prácticamente en una sola persona (Donald Trump)”.
Plazo de siete días
La orden del presidente Trump establece que, en un plazo de siete días, cada una de estas entidades debe presentar un informe detallando qué funciones están protegidas por la ley y cuáles pueden ser eliminadas.
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Además, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) tendrá la facultad de rechazar cualquier solicitud de financiamiento que no se alinee con el mandato de reducción burocrática.
El director de la Fundación Internacional Seattle sostiene que a lo inmediato la desaparición de organizaciones como el Centro Wilson, “será devastador” en la producción de contenido independiente en la formulación de políticas públicas y la influencia de EE. UU. en asuntos internacionales.
“A medida que tienen éxito, y espero que no lo tengan, el impacto será devastador para la democracia y el futuro del país”, afirma Olson.
Resalta que “el tener una diversidad de opiniones y análisis es fundamental para asegurar el mejor funcionamiento de un gobierno democrático”, en tanto “limitar toda investigación a una sola perspectiva sería asegurar decisiones equivocadas o no fundamentadas”.
Olson ejemplifica esta política con la invasión de Irak, justificada por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que, finalmente, nunca fueron encontradas.
Las voces que advertían sobre la necesidad de mayor cautela en la decisión de invadir fueron ignoradas en favor de opiniones alineadas con la visión del gobierno de ese momento.
Del mismo modo, señaló, quienes proponían una planificación detallada para el período posterior a la guerra—es decir, la reconstrucción de Irak tras su «liberación»—fueron completamente desestimados en favor de una visión idealizada y carente de realismo sobre el posconflicto. «Errores de este tipo seguirán repitiéndose si se socavan los centros de pensamiento y el periodismo independiente», afirma el experto.
Resistir
Olson reconoce que a las instituciones académicas y los centros de pensamiento les toca unirse para enfrentar a la presión de la administración Trump.
“No será una tarea sencilla, pero deberán luchar por su independencia y resistir cualquier intento de control gubernamental. No pueden ceder ante la imposición de una ideología política ni convertirse en un instrumento de un movimiento político autoritario”, dice.
Claves para lo lograrlo será “fortalecer la cooperación y la coordinación entre instituciones afines, priorizando el trabajo en coalición en lugar de la competencia dentro del mismo sector”. Además, “consolidar redes de colaboración de permitirá una mayor resiliencia ante los intentos de cooptación o censura”.
Cubanos resienten cierre de Radio Martí
Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos Cubalex, dijo a Expediente Público que Radio Martí “amplificaba nuestros informes, nuestros reportes, nuestro trabajo y ya no lo va a seguir haciendo”.
Este cierre afectará de manera directa a la sociedad en Cuba. “Y no solo estoy hablando de activistas y defensores de derechos humanos que utilizan esta radio Martí para sus denuncias. Estamos hablando de que la sociedad cubana tiene una fuente alternativa de información que no es la información oficial, que es desinformación”.
«Muchas personas no tienen a veces un teléfono en Cuba, ni cómo acceder a Internet, pero algunos podían captar la señal de radio”, señaló la activista.
Radio Martí permitía hacer un monitoreo del trabajo de las organizaciones y activistas en Cuba, sobre los presos políticos, “eso nutría parte de los registros que hacemos para para hacer nuestros informes”, agregó.
Intervención en el Instituto de la Paz de EE.UU.
El 14 de marzo de 2025, miembros del DOGE, acompañados por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), irrumpieron sin previo aviso en la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés).
La acción generó alarma dentro del organismo, un centro independiente de investigación y diplomacia respaldado por el Congreso, pero no directamente subordinado al Poder Ejecutivo.
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A su llegada, los funcionarios fueron recibidos por abogados externos del USIP, quienes les recordaron que la institución no es parte del gobierno federal y opera con autonomía.
Tras una breve discusión, los representantes del DOGE abandonaron el lugar. Sin embargo, el incidente dejó en claro que el gobierno de Trump está dispuesto a ejercer una mayor presión sobre las instituciones académicas, incluso aquellas con respaldo legislativo.
El USIP, fundado bajo la presidencia de Ronald Reagan, ha trabajado con siete administraciones distintas en la promoción de la paz y la resolución de conflictos.
A pesar de la intervención de DOGE, la institución a través de un comunicado reafirmó su compromiso con la cooperación y el uso eficiente de los fondos públicos.
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Un ataque directo a la academia y la investigación
En Washington DC se presume que estas acciones de DOGE y la orden ejecutiva de Trump reflejan una estrategia clara: reducir el apoyo estatal a instituciones académicas y de investigación que pudieran ser vistas como críticas de su administración.
La eliminación del financiamiento a instituciones como el Wilson Center o el USIP afectaría la producción de conocimiento independiente y la capacidad del país para formular políticas basadas en evidencia.
La comunidad académica y diversos sectores políticos expresaron su preocupación por lo que consideran un intento de debilitar el pensamiento crítico y la investigación en Estados Unidos.
La presión sobre estas instituciones, sumada a los recortes masivos en programas de diversidad e inclusión impulsados por DOGE en el Departamento de Educación, configuran un panorama en el que la administración de Trump busca reconfigurar el rol del Estado en la educación y la academia, dejando en una posición vulnerable a quienes dependen del financiamiento público para su labor.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿hasta dónde llegará el gobierno en su ofensiva contra las instituciones de conocimiento?
