Nicaragua

Tribunal Electoral de Nicaragua inhibe a priori a candidatos opositores

*Poder Electoral emitió una resolución en la que impone reglas a partidos políticos tomando como referencia el combo de polémicas leyes aprobadas en 2020 por la Asamblea Nacional.

**Opositores nicaragüenses consideran que la medida del gobernante Daniel Ortega es un “chantaje” y busca consumar el fraude electoral a favor del FSLN.

***Estados Unidos prepara sanciones y demanda la inmediata liberación de la opositora Cristiana Chamorro, quien sigue aislada bajo arresto domiciliar.


EXPEDIENTE PÚBLICO

El Consejo Supremo Electoral (CSE), amparándose en el combo de leyes restrictivas aprobadas a finales de 2020, advirtió a los partidos políticos que participarán en la contienda del 7 de noviembre, que se abstengan de presentar a candidatos considerados “golpistas” o que aplauden las “sanciones internacionales”, mientras Estados Unidos demandó la liberación de la precandidata opositora Cristiana Chamorro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo este viernes 4 de junio un llamado al gobernante centroamericano, Daniel Ortega, para que libere a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, secuestrados por la policía y desaparecidos hace más de una semana.

“Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar elecciones libres y justas”, dijo en una declaración el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El régimen de Ortega, en un acuerdo emitido la noche del jueves por el CSE, recordó a los partidos políticos que no pueden inscribir como candidatos o candidatas a cargos de elección en el presente proceso electoral a personas que “no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de la República de Nicaragua” y lo que establecen las leyes restrictivas.

El opositor y aspirante presidencial, Félix Maradiaga calificó la medida como un “chantaje” para los partidos políticos.

“Este acuerdo es un claro chantaje, porque amenaza a los partidos con aplicarles la misma receta de cancelación de personería jurídica que ya le aplicó al PRD (Partido de Restauración Democrática) que era la casilla de la Coalición Nacional y lo hace porque (Daniel) Ortega le tiene miedo a un proceso electoral libre y desde ya quiere sacar del proceso electoral a cualquier candidato que tenga amplio respaldo popular”, manifestó Maradiaga.

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El Poder Electoral, que es dominado por magistrados afines al gobernante centroamericano Daniel Ortega, enfatiza que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de estado” no podrán competir en los comicios.

El 21 de diciembre de 2020, la aplanadora del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional, partido al que pertenece Ortega, aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley número 1055) misma que ahora utiliza el CSE para inhibir de antemano a los contendientes opositores.

La Ley 1055 fue publicada, al día siguiente de su aprobación, en La Gaceta número 237 del 22 de diciembre del año 2020, refiere que las personas que “demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, no tienen oportunidad de participar en los comicios.

La legislación aprobada y que retoma el CSE solo tiene dos artículos; el segundo que expone sobre su publicación y vigencia y el primero en el que establece que los nicaragüenses que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero, para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos” tampoco podrán correr como candidatos.

“Este acto cobarde de impedir desde ya la verdadera competencia electoral, no debe ser reconocido como legitimo por ningún partido político opositor. Según el Consejo (Supremo) Electoral cualquier nicaragüense que haya sido definido como supuesto golpista en la terminología del régimen, desde ya está inhabilitado para cualquier cargo de elección pública”, denunció Maradiaga.

Más leyes restrictivas

El acuerdo, aprobado por los magistrados sandinistas y firmado por Luis Luna Ráudez, secretario de Actuaciones del Poder Electoral, también recuerda a los partidos políticos el contenido de la polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley número 1040), aprobada el 15 de octubre de 2020.

El artículo 14 de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros refiere que quienes reciban fondos del extranjero, es decir que actúen como “agentes extranjeros” no podrán intervenir en “actividades o temas de política interna y externa”.

La legislación que fue publicada en La Gaceta del 19 de octubre de 2020, a su vez, refiere en el segundo párrafo del mismo artículo que las personas naturales que actúen como “agentes extranjeros”, “no podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos”.

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Según el CSE, los partidos políticos deben dar “seguimiento y tomar las medidas que crean necesarias bajo los conceptos de las normas enunciadas, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de sus precandidatas y precandidatos”.

De la misma forma, el CSE exige a los partidos políticos que sus nominadas y nominados se “mantengan de manera irrestricta bajo el cumplimiento de las leyes, el respeto de la integridad soberana, la autodeterminación y la paz social del país y de todos los nicaragüenses”.

Arturo Cruz: “Farsa electoral”

Por su parte, el precandidato presidencial Arturo Cruz, quien se define como un “creyente de la democracia”, después de conocer el comunicado del CSE no descartó retirarse de la contienda electoral.

“Yo siempre he sido un gran creyente en que la democracia, es lo que puede garantizar la prosperidad en Nicaragua. Cuando yo entré a esta contienda fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral”, mencionó Cruz a través de su cuenta oficial de Twitter.

El precandidato presidencial, que el pasado 26 de abril se inscribió en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana, bloque opositor integrado por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), advirtió que no aceptará que sigan inhibiendo candidatos.

“Si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso. Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio (…) El resto de precandidatos tienen grandes aptitudes y sin duda tienen mucho que aportar a su país. Yo me solidarizo con todos ellos y no voy a aceptar pasivamente que empiecen a inhibir a estos compatriotas”, manifestó Cruz.

El aspirante a ocupar la silla presidencial en el país centroamericano llamó a los nicaragüenses a no perder las esperanzas, independientemente que la fiesta electoral de noviembre esté “llena de obstáculos”.

Artículo 147 de la Constitución

El CSE también hizo saber a los partidos políticos que lleva un “registro detallado” de todo aquello que pueda representar una violación a dichas disposiciones o requisitos.

Al respecto, en el acuerdo dado a conocer esta semana, el CSE advierte que los candidatos o candidatas a presidente y vicepresidente, deben cumplir con lo establecido en el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua como el haber residido de “forma contínua” en el país los cuatro años anteriores a la elección.

De acuerdo al CSE, el que hubiese adquirido otra nacionalidad, deberá haber “renunciado” a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.

Maradiaga, quien estuvo fuera del país durante un periodo de año y tres meses durante 2018 y parte de 2019, es uno de los aspirantes presidenciales que podría ser inhibido de la contienda a través de este punto especifico en el que se utiliza el artículo 147 de la Constitución.

El aspirante presidencial considera que en este juego electoral “no debería existir ninguna inhibición constitucional” para los nicaragüenses que en algún momento salieron del país, como fue su caso.

“Aquellas personas que hemos salido del país, ya sea con visa de turista, con cualquier otra visa de no residente y además nunca solicitamos ni asilo, ni refugio, ni residencia en otro país no estamos constitucionalmente inhibidos, sin embargo, en este régimen donde no existe el imperio de la ley cualquier excusa podría ser usada contra nosotros”, mencionó Maradiaga.

Advertencia a CxL

El exdiputado liberal y opositor, Eliseo Núñez, explicó a Expediente Público que el acuerdo publicado por el CSE es “absolutamente inconstitucional”, debido que traslada a los partidos políticos una función que no les compete.

“Los partidos no tienen manera de determinar quién rompe y quién no rompe con los artículos que ellos están planteando ahí. Definitivamente, es una trampa porque lo que digan los partidos es malo, el partido puede poner a alguien que considera, según su valoración, cumple con los requisitos y ellos (el CSE) dice que no los cumple”, señaló Núñez.

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En estricto derecho, las leyes a las que hace referencia el CSE y que fueron promulgadas a finales de 2020, no deberían de tener incidencia o consecuencias en los opositores que aspiran a ocupar la silla presidencial en el país centroamericano, observa Núñez.

Acciones ilegales

“En todo el esquema que ellos han planteado de esas leyes quieren aplicarlas con retroactividad, esa es una de las cosas; la segunda, que es particularmente ilegal es que en ningún lado hay un procedimiento para determinar quién incumplió y quién no incumplió, salvo la Ley de Agentes Extranjeros que tiene un reglamento”, dijo el exdiputado liberal.

Núñez, en el acuerdo publicado por el CSE ve una advertencia estrictamente dirigida al partido CxL, la última casilla de la oposición nicaragüense. 

“Es una trampa política (…) Esto está dirigido a CxL, pone un candidato que no es del agrado de ellos y le suspenden la personería a CxL. Yo soy del criterio que Ortega ya tomó la decisión de suspender el proceso electoral, al menos en la práctica, no técnicamente, es decir no tener a ningún opositor como contraparte. Él está armando el juego para conseguir esto a través de este tipo de artimañas”, mencionó Núñez.

Inhibiciones comenzaron con Cristiana Chamorro

Después del 4 de mayo de 2021 cuando la Asamblea Nacional eligió a los magistrados titulares y suplentes, el CSE ha venido dando una serie de estocadas a las fuerzas opositoras del país.

El 18 de mayo de 2021, los magistrados sandinistas que controlan el CSE cancelaron la personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) que servía como vehículo a la Coalición Nacional para participar en la contienda electoral.

Un día después, el 19 de mayo de 2021, notificaron al Partido Conservador (PC) que también se le suspendía la personalidad jurídica, por su decisión de no participar en los comicios del 7 de noviembre.

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El pasado 1 de junio de 2021, el régimen empezó con Cristiana Chamorro, aspirante presidencial, a inhibir a candidatos de la oposición.

A través del Ministerio Público, quien presentó una acusación por el delito de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con el tipo penal de lavado de dinero y activos, inhibió a Chamorro para optar a cargos públicos, medida que es calificada por especialistas como “ilegal”.

Desde el pasado 2 de junio, la juez sandinista Karen Chavarría Morales ordenó la detención de la aspirante presidencial que, desde entonces, permanece bajo arresto domiciliar.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la detención de Chamorro se produce “en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales y medios independientes que están a favor de la democracia”.

“El régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de la señora Chamorro en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de la oposición. En lugar de implementar reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos, el presidente Ortega instituyó más restricciones y redujo la transparencia electoral”, señala esa oficina estadounidense.

Por otro lado, los eurodiputados exhortaron a alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, aplicar a Nicaragua la “cláusula democrática” del Acuerdo de Asociación con los países de Centroamérica por las constantes violaciones de derechos humanos.

“Los abajo firmantes consideramos procedente, de no cesar esta situación de violación de derechos humanos y libertades fundamentales de los nicaragüenses, se libere a todos los privados de libertad de manera fraudulenta y se aprueben las reformas electorales necesarias para llevar a cabo unas elecciones verdaderamente democráticas, que el Servicio de Acción Exterior contemple la posibilidad de activar la cláusula democrática incluida en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, del cual Nicaragua es parte”, dice el texto de la carta enviada a Borrell.

Los países participantes del acuerdo se comprometieron a respetar los derechos humanos fundamentales y el Estado de derecho y, en caso de incumplimiento podrían en última instancia dejar de gozar de los beneficios del acuerdo.

Consumar “fraude” electoral

Para el jurista y exdiputado liberal, José Pallais, el régimen de Ortega está terminando de dar los pasos finales para consumar el “fraude electoral”.

“El fraude ya está hecho, Ortega ya construyó un inmenso fraude, ya está construido, no se cansa de cerrar el último resquicio, de imposibilitar en lo absoluto que el pueblo pueda expresarse por el voto. Ya el fraude está hecho, estas elecciones ya son ilegitimas, Ortega ya construyó la ilegitimidad, ya no puede reconocérsele ningún valor”, aclaró Pallais.

A juicio del jurista, la oposición que todavía sobrevive en el país debería de declarar que no participarán en el “proceso ilegitimo”, debido a que no hay condiciones de transparencia.

“Deberían exigir verdaderas elecciones, exigir que al pueblo se le devuelva su derecho a votar, que se desmonte todo este inmenso fraude”, añadió Pallais.