* Ni el Consejo Nacional Electoral ni las Fuerzas Armadas asumen la responsabilidad de las deficiencias en las votaciones primarias del 9 de marzo en Honduras.
** El Ministerio Público acusó a seis personas por una supuesta contratación fraudulenta.
Sharon Ardon / Expediente Público
Un mes después de las elecciones primarias del 9 de marzo del 2025 en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró este proceso con la declaratoria oficial de los ganadores, encaminando así al país hacia las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Este proceso estuvo marcado por retrasos en la entrega del material electoral que dejaron centros de votación a la deriva y en su defecto, a muchos hondureños sin votar durante las primarias.
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Expertos consultados por Expediente Público advierten que, si no se corrigen las deficiencias registradas en las primarias, podrían comprometer las elecciones generales y minar la credibilidad del proceso ante la ciudadanía.
“Estoy convencido de que el Ministerio Público, el CNE y las Fuerzas Armadas deben de dar un informe de exactamente qué fue lo que pasó el 9 de marzo”, expresó el abogado y docente universitario, Alex Navas.
“Hasta el momento no se tiene claridad si fue un boicot, si fue un error, si fue una mala programación (los retrasos del material electoral)”, agregó.
¿Qué se dijo en la declaratoria?
En una cadena nacional de apenas minutos, transmitida el 8 de abril del 2025, el CNE anunció que la participación de las elecciones primarias fue del 42.9% equivalentes a 2,526,835 hondureños que ejercieron su derecho al voto.
Seguidamente ratificaron a los ganadores a nivel presidencial en donde figuran Rixi Moncada del Partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) con 674,215 votos. En tanto Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional logró 625,893 votos y Salvador Nasralla del Partido Liberal con 381,062 votos.
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Aun cuando la declaratoria cumplió con los parámetros administrativos todavía “falta el cierre legal (publicación)”, reiteró Navas.
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A las autoridades del CNE se le reclama que no hay un informe oficial sobre todas las irregularidades en el proceso. Además, existe una evidente pugna entre los funcionarios sobre todo con Marlon Ochoa, consejero que representa al partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre) en el tribunal electoral.
Ochoa defiende la postura del Ejecutivo en minimizar los graves fallas en las elecciones primarias. Según sus datos, se reportaron fallas en la entrega de unas 300 maletas electorales en el Distrito Central y San Pedro Sula. Sin embargo, el pleno del CNE optó por asumir el control del operativo desde el INFOP y despachar 200 maletas, permitiendo que la votación continuara.
«A pesar de las dificultades, el uso de la biometría y el sistema TREP garantizó la integridad del proceso: se registró el 87% de las huellas de los votantes y se transmitieron el 62% de las 74,574 actas», según Ochoa.
Fiscales contra el CNE
Para empeorar el clima electoral, el Ministerio Público investiga a cinco funcionarios por la supuesta contratación fraudulenta de una empresa de transporte para el traslado de las maletas electorales el día de las primarias.
El 31 de marzo del 2025, se presentó requerimiento fiscal contra los funcionarios del CNE encargados del coordinar y evaluar el proyecto del transporte.
Los fiscales sostiene la acusación en el estudio que, inicialmente, presentó Joel Ramos, excoordinador el proyecto de transporte para el material de las primarias del Consejo Nacional Electoral.
Ese estudio, según la fiscalía, afirmaba que el costo real del transporte debía ser 43 millones de lempiras (aproximadamente 1,679,687 dólares), pero la empresa que se contrató, Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L cobró 64.7 millones de lempiras (unos 2,527,343 de dólares).
Es decir, un sobrecosto de 21.7 millones de lempiras (US$847,656).
Además, el Ministerio Público acusó a Carlos Salomón Fonseca, representante de dicha empresa por el sobrecosto, uso de transporte inadecuado y por no cumplir con la flota requerida.
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Pero, hay sectores que esperan más investigaciones, como sostuvo Maribel Espinoza, precandidata presidencial y actual diputada del Congreso Nacional. Espinoza impulsa una moción legislativa que exige a la fiscalía identificar a los actores intelectuales de las fallas del sistema en las primarias.
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¿Qué esperar en las elecciones de Honduras?
De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Denis Gómez, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que es necesario evitar los fallos en la seguridad interna.
Gómez señaló a Expediente Público que los graves problemas en el traslado del material electoral no pueden repetirse en los comicios generales.
La falta de coordinación en la entrega del material electoral en las primarias provocó que numerosos centros de votación, la mayoría en Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula no recibieran los insumos a tiempo. Hubo retrasos hasta de 16 horas que causó el caos reportado en la jornada electoral.
A esto se suma que, en algunas zonas, las maletas con las boletas y demás material fueron encontradas abandonados en buses públicos sin custodia.
“En este problema del 9 de marzo las Fuerzas Armadas de Honduras tienen responsabilidad, que el partido de gobierno las ha minimizado y con la ayuda también del Ministerio Público”, señaló el exmagistrado Gómez.
El artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras estipula que las Fuerzas Armadas deben “garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia y de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”.
Sin asumir responsabilidad
Gómez agregó que “es imposible que ellos (los militares) puedan saltar de la sombra (su responsabilidad) que tiene que ver con el artículo 272” constitucional.
Pese a lo anterior, el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas no asumió responsabilidad por las fallas de las primarias.
Consistentemente, responsabilizó al CNE, argumentando que la planificación y distribución del material electoral eran su competencia, y que el ejército solo es apoyo.
“No puede volver a pasar un evento como esos en relación con la seguridad interna del proceso tan endeble y que de nuevo las Fuerzas Armadas intenten lavarse las manos”, remarcó Gómez.
Fractura entre CNE y las FF. AA.
De su lado, el analista político Luis León reiteró que la Constitución manda a las Fuerzas Armadas de Honduras a encargarse del transporte del material electoral, así como al CNE de asumir el proceso.
Asimismo, el analista advirtió sobre la fractura que hay entre ambas instituciones, “no se puede ir a un proceso electoral con esa conflictividad, hay que resolverlo”, dice a Expediente Público.
“El liderazgo institucional debe florecer y sobre todo entender que esto no tiene que ver con partidos políticos, ni los partidos que los consejeros representan ni el rol que está jugando el ejército en el espectro político, esto tiene que ver con Honduras”, puntualizó León.
Lecciones aprendidas
Por su parte, el exministro de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana dijo Expediente Público que los militares no deben participar de un proceso electoral.
“No es una organización cuya naturaleza responda a un tema electoral político, es estrictamente militar, castrense y eso es todo lo opuesto a lo político”.
De igual manera, el jurista criticó la postura que toman los titulares del órgano electoral, quienes, a su criterio, “no deben ser activistas o militantes de partidos” como recurrentemente lo proclaman los funcionarios.
“No es justo que el hondureño pague el sueldo de gente que no tiene compromiso con el pueblo en general sino solamente con los partidos”, apuntó.
Evitar activismo en el CNE
Del mismo modo, el exmagistrado del TSE consideró fundamental que el CNE deje de estar politizado. En las primarias “los consejeros prácticamente se convirtieron en consejeros de cada partido”.
“La intención ahora es que, en lugar de caer en una posición partidista sectaria y aún de activistas, que tomen la decisión de ser más técnicos para materia electoral que políticos”, enfatizó Orellana.
En esa misma línea, Alex Navas, agregó que deben responder a los intereses de la ley y la Constitución, apegarse a la integridad, a la verdad y honestidad y no a intereses políticos o económicos”.
