* En un documento presentado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se propuso una serie de lineamientos para crear políticas públicas que ayuden a los países a manejar el problema de los desplazamientos internos por violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras*
La violencia generada por pandillas, el narcotráfico e incluso los gobiernos y los grandes proyectos de empresas privadas han detonado un desplazamiento interno de unos 700,000 ciudadanos en los últimos años en el Triángulo Norte, zona geográfica compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Esa es una de las conclusiones del documento “Desplazamiento interno en el Triángulo Norte de Centroamérica: Lineamientos para la formulación de políticas públicas”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El propósito del informe no es solo evidenciar el problema sino colaborar con los países para crear políticas públicas que ayuden a manejar el problema, indican sus promotores.
Según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, los “desplazados internos” son personas forzadas a huir de sus hogares, o a abandonarlos, a causa de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el ser humano, y que aún no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
El estudio indica que “en particular, la CIDH ha tomado conocimiento de un crecimiento gradual de la movilidad humana interna provocada por los altos niveles de violencia que están experimentando esos países; en gran parte, consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad”.
Además, según el informe, el Observatorio sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (IDMC por sus siglas en inglés) estimó en aproximadamente 700.000 personas las desplazadas en esa región.
El mismo reporte de la Comisión Interamericana señala que el problema del desplazamiento “surge principalmente como consecuencia de la violencia de organizaciones como pandillas o maras, y carteles del narcotráfico, pero también en algunos casos como consecuencia del accionar de agentes estatales. Por su parte, la CIDH también ha venido observando cómo se viene generando una práctica de desalojos forzosos que conllevan al desplazamiento interno en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas”.
Encuesta en El Salvador
Sin embargo, no solo las maras y el crimen organizado promueven el desplazamiento de la gente. Una de las organizaciones consultadas para el estudio, Cristosal con sede en San Salvador, sugiere no “perder de vista que también existen otros factores como la pobreza, desigualdad, corrupción, desempleo, narcotráfico, el crecimiento urbano y desordenado, la disminución del capital social, el sistema escolar, el hacinamiento de las cárceles, alcohol, armas de fuego, etc., que interrelacionados contribuyen al aumento de la violencia social y dichas condiciones hacen más vulnerables a las víctimas” . Datos del Observatorio sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados indican que para 2016 se estimaron más de 200.000 personas desplazadas en El Salvador.
Una encuesta, elaborada y aplicada por esta organización centroamericana de derechos humanos Cristosal, señala que el 5.2 por ciento de la población adulta de ese país tuvo que «cambiar su lugar de vivienda» para protegerse «de una amenaza o hecho de violencia en el año recién finalizado». Ese porcentaje «son más de 235.000 personas las que se han desplazado durante 2018».
Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA (Iudop) y superior al 4.9 por ciento computado en 2016.
El estudio estipula que más de 85.300 personas desplazadas han pensado «irse a vivir a otro país», de las que el 51.8 por ciento tiene como alternativa Estados Unidos, el 13.3 por ciento a Europa y un 8.3 por ciento a Canadá.
Por otra parte, la encuesta de la UCA apunta a que el 5.8 por ciento de la población tiene un familiar o conocido menor de edad que tuvo que cambiar de escuela por «amenazas u otro hecho de violencia».
Según cálculos de Cristosal, que diseñó la encuesta, dicho porcentaje representa a más de 122.000 niños y adolescentes que tuvieron que cambiar de centro de estudios por la criminalidad. La encuesta revela que una buena parte de las personas que abandonaron sus hogares o lugares de origen preferían no decir el motivo por el que habían tenido que tomar esa decisión. Según la encuesta, 88,6% de los entrevistados consideró que el Estado salvadoreño debe reconocer «la existencia del desplazamiento interno forzado por violencia», mientras que 9,5% opinó lo contrario.
Noah Bullock, director de Cristosal, dijo a Expediente Público que el primer ejercicio de la encuesta nacional arrojó datos que el dos por ciento de la población tuvo que salir de sus casas por situaciones de inseguridad, pero en 2017 y 2018 se incrementó al cinco por ciento. Una de las recomendaciones de Bullock es que “no vean el tema del desplazamiento como una publicidad humanitaria aislada, sino como una herramienta integral en materia de seguridad pública; un Estado que protege su gente, es un Estado que controla territorios”.
Bullock remarcó la urgencia de medidas que permitan proteger a las víctimas de desplazamiento forzado desde las instituciones estatales que tienen que asumir sus responsabilidades y encarar el fenómeno, generando políticas públicas con enfoque de soluciones duraderas. Así mismo, aconseja a la sociedad a fomentar niveles de solidaridad con los desplazados y dejar el prejuicio hacia estas personas.
Por otra parte, Cristosal también presentó en agosto de 2018 al Congreso Nacional de ese país una propuesta de ley para «garantizar y hacer efectivos» los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento forzado, causado principalmente por las pandillas.
Caso Honduras
El reporte de la CIDH destaca que, en Honduras, la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, en el año 2014 identificó a 174.000 personas desplazadas internas en 20 municipios urbanos.
Las causas del desplazamiento identificadas fueron: el 67.9% por la persecución y la inseguridad de la comunidad; el 20% por amenazas; 17% por asesinatos; 12% por lesiones personales; 10% por extorsiones; y finalmente, por situaciones de violencia sexual, usurpación de vivienda, secuestro y reclutamiento forzoso constituyen el restante 13% de los desplazamientos internos.
La ministra de Derechos Humanos de Honduras, Karla Cueva, en declaraciones a Expediente Público explicó que vienen trabajando en el tema desde el 2013 y que esos 20 municipios señalados en el estudio, incluso los tienen “mapeados”.
“Estamos a punto de publicar el segundo estudio y allí va a ser importante que la comunidad nacional en internacional pueda conocer cómo hemos avanzado del 2014 a la fecha”, dijo la ministra.
Reconoció que la población sufre de una “expulsión” vinculada con las mafias, las pandillas y la violencia generalizada, pero que están trabajando para mejorar la situación. Por ejemplo, en mayo de este año 2019 presentaron la iniciativa de la Ley para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, “que no solamente atiende la parte de protección, sino la parte de prevención y también buscar soluciones duraderas”.
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Precisamente con el enfoque de prevención, explicó Cueva, están “en proceso de explorar” abrir un debate que incluya al sector privado, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y al mismo Estado para “construir a futuro” el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Con esto se buscaría tener reglas claras de respeto a los derechos humanos desde las empresas, además de prevenir la conflictividad, “y eso podría incidir positivamente en todas estas comunidades que son desplazadas”, dijo Cueva.
Por otra parte, el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) publicó recientemente un documento donde identifican 17 causas de desplazamiento forzado en Honduras.
En primer lugar, a manera de causa principal, de la cual derivan las 17, culpan a los Estados por incumplir compromisos asumidos desde hace 32 años. Compromisos como el Acuerdo de Esquipulas II o «Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica»; pero también se incumplieron los compromisos de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y el Tratado de Integración Social Centroamericana.
Esos incumplimientos conllevan a “la situación actual de avances insuficientes en la lucha contra el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad social, la violencia, el crimen organizado, la corrupción e impunidad, la intolerancia política y la no discriminación, entre otros males públicos”.
Añade que, “en ese contexto, también se ubica la situación actual de la acción estatal contra las causas del desplazamiento forzado interno y la migración forzada”.
En el comunicado, avalado por el ombudsman Roberto Herrera Cáceres, se señala que desde el 2016 y hasta junio del 2019, el Conadeh atendió 3,007 casos que involucran alrededor de 7,400 personas que se encontraban en riesgo de desplazamiento y otras que tuvieron que movilizarse de su residencia habitual para salvaguardar su vida, ya sea dentro o fuera del país.
Agregó que, en el Triángulo Norte, “se calcula que decenas de miles de personas han debido desplazarse forzadamente de sus hogares o lugares de residencia habitual”.
La Unidad de Desplazamiento Forzado del Conadeh mencionó 17 causas de desplazamiento. Estas son: amenazas, asesinatos, la extorsión, la tentativa de homicidio y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA). Estas representan el 92% de las causas que ponen en situación de riesgo o provocan el desplazamiento forzado de la población.
Otras causas identificadas son la violencia sexual, intrafamiliar y doméstica, atentados a la propiedad, rapto, lesiones, despojo de tierras, secuestros, usurpación de propiedad y la discriminación.
Caso Guatemala
En el caso de Guatemala, las cifras que han sido publicadas por el Observatorio sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados señalan que a finales de 2016 se estimaron 257.000 personas desplazadas internas.
Pero además de los desplazamientos por la criminalidad, la CIDH tomó nota de desplazamientos forzados vinculados con desalojos por actividades empresariales de gran escala, como el cultivo de caña de azúcar y de palma aceitera, la ganadería extensiva, la minería a cielo abierto, metálica y no metálica, e hidroeléctricas, avance de la agroindustria en comunidades indígenas y campesinas.
Responsabilidad Estatal
Según el informe de la CIDH, en los tres países se reportan obstáculos por parte de los Estados para brindar respuestas frente a las denuncias realizadas y frente a las demandas de protección de las víctimas de las situaciones de violencia y de desalojos que se ven forzadas a desplazarse, indica el informe.
Igualmente, conocieron de “represalias frente a hechos denunciados [respecto de lo cual la CIDH otorgó medidas cautelares], lo que ha generado un alto grado de desconfianza de la población en las instituciones públicas, obstaculizando así́ la posibilidad de acceso a la justicia y de demanda de la protección necesaria”.
Por todo lo anterior la CIDH considera que se ven afectados una serie de derechos humanos, entre los que se destacan, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, a la libertad de residencia, a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo, y a la vida familiar.
Los más vulnerables
Un grupo particularmente vulnerable dentro de los desplazados son las mujeres y niñas. “La Comisión ha tomado conocimiento de situaciones de violencia de género, basadas en las relaciones de poder y en estructuras patriarcales que fomentan la violencia doméstica, los femicidios y los crímenes de odio. Al contexto de violencia y discriminación estructural que enfrentan las mujeres y las niñas, se suman los riesgos ligados al control de grupos criminales, cuya influencia se extiende al espacio público, escuelas, comercios y los centros penitenciarios”.
Añaden que, en el proceso de elaboración del reporte, la CIDH recibió información de los impactos diferenciados que la criminalidad genera en mujeres y niñas; lo que se ve reflejado en las presiones, amenazas y acosos que sufren muchas mujeres y adolescentes para ser reclutadas de manera forzosa por organizaciones criminales y para ser obligadas a participar de actividades ilícitas.
Asimismo, la CIDH ha identificado que las personas desplazadas internas en estos países se ven expuestas a situaciones de alta peligrosidad, llegando a ser víctimas de abusos, violencia física y sexual, trata de personas o de explotación y viajes peligrosos, señalan.
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El informe cita también que otros grupos vulnerables son las comunidades indígenas y campesinas que se ven alejadas de sus territorios y que ven en riesgo sus derechos a la vida, a la dignidad, a la seguridad y a la integridad. Al respecto, la CIDH ha señalado que “los megaproyectos de infraestructura o desarrollo, tales como carreteras, canales, represas, puertos o afines, así́ como las concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, pueden afectar a las poblaciones indígenas con consecuencias particularmente graves, ya que ponen en peligro sus territorios y los ecosistemas que allí́ se encuentran, por lo cual representan un peligro mortal para su supervivencia en tanto pueblos, especialmente en los casos en que la fragilidad ecológica de sus territorios coincide con su debilidad demográfica”.
El documento explica que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas resaltó que muchas veces se ejecutan los desalojos sin realizarse, considerarse o investigarse adecuadamente los potenciales derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras de las que son desalojadas.
A los grupos antes descritos se suman: jóvenes, niñas y niños, población LGBTI, personas afrodescendientes, expolicías, comerciantes, transportadores, defensores de derechos, periodistas comunicadores sociales, algunos operadores de justicia, grupos políticos opositores al gobierno y mujeres pertenecientes a grupos feministas.
Prepararse para dar respuesta
La CIDH considera que los mecanismos de protección y atención a la población desplazada son insuficientes o inexistentes a causa, en algunos casos, de la falta de visibilidad oficial sobre la problemática.
Esa falta de visibilidad hace que se ignoren las cifras reales del problema. Pese a ello “la Comisión afirma que se trata de un problema que afecta a un gran número de personas y que requiere de la urgente atención, visibilización y reconocimiento integral por parte de los Estados”.
En esa línea, enfatiza la obligación de los Estados de elaborar diagnósticos y recolectar los datos necesarios a fin de contar con información que les permita la formulación adecuada de políticas públicas para la protección de los derechos de las personas desplazadas internas.
“La Comisión Interamericana insta a los Estados a desarrollar e implementar políticas públicas y leyes específicas que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así́ como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas”, dice el informe.
A tal fin, “reitera su voluntad de prestar cooperación técnica a los Estados para el fortalecimiento de su institucionalidad y sus políticas públicas bajo una perspectiva de derechos humanos”.
Finalmente, en el estudio señalan 12 lineamientos que los países deberían tomar en cuenta para establecer sus políticas públicas para tratar con el problema. Esos lineamientos son: fortalecimiento de una institucionalidad pública con credibilidad; recolección de datos, producción, análisis y difusión de información; medidas de prevención; reconocimiento y protección de derechos; inclusión del enfoque de género y diversidad; protección de grupos en situación de discriminación histórica; asistencia humanitaria; retorno, reasentamiento y reintegración local; acceso a la justicia y medidas de reparación; participación social; sustentabilidad y presupuesto; y lograr la cooperación regional e internacional.
