* Organizaciones no gubernamentales denuncian la detención de menores de edad sin antecedentes penales en El Salvador.
**Niños son acusados de participar o colaborar con pandillas.
*** Los menores sufren abusos tanto del sistema carcelario como de los pandilleros que controlan las cárceles.
Eric Lemus / Expediente Público
La captura de más de tres mil menores de edad en el marco del régimen de excepción ordenado por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tiene en alerta a las organizaciones sociales.
Los organismos no gubernamentales ponen el dedo en la llaga de la normalización de la violación del estado de derecho contra estudiantes de educación media.
Además, la Dirección Departamental de Educación de Usulután, provincia al suroeste del país, el 11 de abril de 2024 pidió a los centros escolares que elaboren un registro de estudiantes con comportamiento “antisocial”.
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Ese día agentes destacados en la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jiquilisco, un municipio de la misma región, dio parte de la pinta de un grafiti en las paredes de la escuela y la casa comunal de la colonia Nueva Cruzadilla de San Juan.
Poco después, la PNC capturó en sus domicilios a un total de 11 estudiantes acusados de hacer los grafitis.
“Su hijo no existe aquí”
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó el 16 de julio un extenso documento sobre violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 27 de marzo de 2022 en El Salvador.
En esa fecha, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la supresión de todas las garantías constitucionales para desarticular a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. El Congreso es controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
Desde entonces y hasta diciembre de 2023, el Estado salvadoreño capturó a 3,319 menores acusados de tener alguna vinculación con las bandas delincuenciales. De esta cifra, el diez por ciento serían niñas.
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La directora de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, destacó a Expediente Público que las niñas, los niños y adolescentes de las comunidades vulnerables son las principales víctimas de la política punitiva y “mano dura” de Bukele.
“Hemos documentado que, en el caso de niñas, niños, jóvenes adolescentes ha habido, cuanto menos, detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, casos de tortura, tratos crueles y degradante, tanto previo a la detención como incluso después de que salen de prisión”, recalcó Goebertus.
El corredor sur de El Salvador
Nueva Cruzadilla de San Juan es una zona rural de vocación agrícola donde ahora viven los nietos de excombatientes tanto del ejército como la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que luego se convirtió en partido político.
A unos 103 kilómetros al sureste de San Salvador, la capital, estas comunidades las repoblaron excombatientes desmovilizados en el proceso de reinserción social tras el fin de la guerra civil en 1992.
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Los menores detenidos pertenecen a esa tercera generación que sufrió principalmente el acoso de la pandilla MS-13, que controló la Bahía de Jiquilisco como punto de desembarque y ruta del narcotráfico.
Un documento elaborado por la subdirección de inteligencia de la PNC en 2019 mapeó que la célula de la MS, Heistell Locos Salvatruchos, utilizó el “corredor sur”.
“Cuando empezó el régimen de excepción, acá fue donde el ejército y la policía arrasó con capturas masivas y limpió, pero ahora siguen con los pobres”, dice a Expediente Público uno de los padres de los niños detenidos. El sujeto prefiere reservar su identidad para no perjudicar a su hijo.
Los 11 menores del Bajo Lempa
Las madres y padres de los 11 menores detenidos denunciaron que en la audiencia del 25 de abril, la fiscalía basó su acusación en un testigo anónimo, quien afirmó que los estudiantes pintaron el grafiti después de la visita de un circo itinerante.
Sin embargo, Salvador Ruiz, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base y representante de los padres, refutó esa afirmación porque los artistas circenses llegaron días después.
“Tres días antes de la captura de los niños los profesores recibieron esa ficha (enviada por la Dirección Departamental de Educación de Usulután) donde debían ir levantando información de los estudiantes”, relató Ruiz.
“En esa ficha hay preguntas como si se duerme en clase, si no pone atención, si presenta un estado rebelde”, describe Ruiz
“Por los acontecimientos y el giro de la orden del director departamental y la captura no podemos perdernos en el análisis que estas capturas fueron en el marco del lanzamiento de esta política represiva a los centros escolares”, fustigó.
Marta, madre de uno de los detenidos, contó a Expediente Público, que el jueves 11 de abril, la escuela canceló las clases a mitad de jornada. Los estudiantes fueron enviados a casa, donde la policía llevó a cabo las detenciones.
Cesar el régimen de excepción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó a El Salvador este 4 de septiembre de 2024 finalizar con la permanencia del régimen de excepción, que lleva 28 meses en vigencia.
“La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, resume la CIDH.
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Por su parte, el Gobierno de El Salvador, a través del comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, comentó que a él le llama la atención que la CIDH “no centren su trabajo en ayudar a construir confianza social e integrar mesas de trabajo permanentes de ayuda a las víctimas de las pandillas”.
“Necesitamos que los organismos de derechos humanos internacionales construyan y apoyen a los Estados, para eso fueron creados, no para recriminar basados en publicaciones en redes sociales”, criticó Guzmán.
Juzgados como adultos
La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reiteró que “las capturas de los estudiantes fueron arbitrarias y sin justificación alguna”.
El abogado Óscar Rosales, director de asuntos legales de SJH, lamentó a Expediente Público que “el régimen de excepción no es parcializado para delincuentes, sino que hay miles de inocentes”.
“Hay una política criminal de capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, perturbación de libertad fundamental del pueblo, amenazas a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos”, sostiene Rosales.
En el caso de los estudiantes, el abogado explicó que los padres de familia tienen la esperanza que el sistema rectifique al sobreseer a sus hijos.
Para el abogado Abraham Ábrego, el principal problema es que el Congreso salvadoreño aprobó reformas penales que “casi equiparan las penas de los menores con la de los adultos”.
“Lamentablemente en contra de los menores juega que los procesados por el régimen están aplicando el procedimiento de la ley penal juvenil, que hace más rápido el procedimiento”, explica Ábrego a Expediente Público.
“Las primeras condenas que se están dando sin mayores garantías son las de menores… Esto es grave porque hemos visto condenas sin mayores pruebas”, reconoce.
