El asesinato atroz de dos niñas en la comunidad de Lisawe, municipio de Mulukukú, ubicado a más de 240 kilómetros de la capital, ha provocado la indignación de la sociedad civil y del movimiento feminista que ha reclamado una vez más justicia y castigo contra los femicidas. La madre fue víctima de violencia de género años atrás y sus hijas sufrieron de abuso sexual, pero las autoridades policiales desestimaron e ignoraron la denuncia. Se cruzaron de brazos.
La tragedia que vive y sufre Carmen Rodríguez, madre de las niñas asesinadas en Mulukukú, es la misma que padecen todas las mujeres víctimas de violencia de género, que acuden ante la Policía Nacional a denunciar a sus agresores o de sus hijas, y se estrellan contra un muro de desinterés, negligencia, machismo, falta de empatía y de solidaridad por parte de los uniformados.
Carmen cuenta que años atrás, cuando vivía con el padre de las menores asesinadas, Teodoro González, sufrió de violencia física y sicológica de parte de su pareja, por ello, tuvo que huir de una comunidad en la que vivía en Siuna y trasladarse a Mulukukú.
“Me dejé con él porque me daba mala vida, me pegaba, me sentenciaba, me decía que me iba a volar la cabeza, que me iba a dejar debajo de la cama o que me iba a colgar, guindada como piñata. Ahí caminaba con otras mujeres y cuando le reclamaba, me pegaba”, relata a Expediente Público.
Juana Rodríguez, sobrina de Carmen, asegura que la vida de su tía, Carmen, corre peligro porque el padre de las niñas asesinadas, la culpabiliza por el asesinato de las menores. Por tanto, pide protección a ella.
Luego de dejarse con el padre de las niñas, cinco años atrás, Carmen se hizo pareja de Víctor Alfonso García Quintero, a quien ella denunció ante la Policía por la violación a LYGR, cuando la niña apenas tenía 6 años.
“Mi niña desde que entró a sus 6 añitos, fue muy triste y para mí también. En esos tiempos fue unos grandes problemones para mí, andar dando vuelta y andar luchando por lo que le hacían”, agregó refiriéndose al abuso sexual contra la niña asesinada, la mayor de las hermanitas.
El primer abusador fue un sobrino llamado Valentino, en Siuna, a quien la Policía lo detuvo por tres días y después Carmen asegura que fue liberado bajo el argumento de que era un menor de edad. Posteriormente, el abusador fue el padrastro, Víctor García Quintero, a quien ella denunció ante las autoridades de Mulukukú, municipio ubicado a 242 kilómetros de la capital, pero la ignoraron y no intervinieron.
Falta de empatía
Juana Jimenez, dirigente del Movimiento de Mujeres Autónomas (MAM), afirmó que estos casos de violencia de género contra las mujeres no son tomados como prioridad en las estaciones policiales del país.
“Siempre hemos criticado que en el campo vale más una vaca que la vida de la mujer, porque el abigeato es penalizado, incluso hasta el Ejército justifica su presencia en zonas rurales porque están cuidando las vacas de los agricultores y de los ganaderos”, valoró.
Jiménez agregó que el desmantelamiento de las Comisirías de la Mujer en 2016 y reabiertas hasta 2020, incrementó las dificultades de las mujeres rurales para interponer la denuncias de violencia de género.
“Con el desmantelamiento total de las comisarías, que implica no solo la infraestructura, sino sobre todo el modelo de atención integral y la obligación estatal de atender de manera especializada situaciones de violencia, dejó en mayor desprotección a las víctimas en general, pero con mayor impacto a las víctimas ubicadas en zonas más rurales”, añadió.
El asesino era cercano a la familia
Rosario Soza Centeno, de 33 años, vendedor y destazador de cerdos, se declaró culpable del crimen de las niñas de Mulukukú este jueves 17 de septiembre, en audiencia preliminar realizada en el Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia en Managua. La Fiscalía pidió 116 años de prisión, según el oficialista Canal 6, sin embargo la Constitución de Nicaragua establece como pena máxima los 30 años.
El crimen atroz contra las menores se registró el pasado 12 de septiembre, cuando las niñas BMGR de 10 años y LYGR de 12 años, buscaban cangrejos en un pequeño caño, a 400 metros de la humilde vivienda. Las asaltó, las violó y luego las degolló con un machete.
La madre refiere que Rosario Soza, el asesino, frecuentaba la casa de Carmen como un amigo de la familia. Según los vecinos, el sujeto es peligroso, ya que los pobladores de Lisawe sospechan que fue el responsable de la muerte de un joven de 16 años, también degollado. Sin embargo, ese crimen no fue investigado ni esclarecido.
Un día después del crimen de las niñas, que sacudió al país, ocurrido en la comarca Lisawe, del municipio de Mulukukú, Región Autónoma del Caribe Norte, la Policía Nacional lo arrestó como principal sospechoso.
Ahora sí la “escuchan”
Tras el asesinato de las menores, representantese de instituciones del Estado, del Ministerio de la Familia, de la Asamblea Nacional y de la Policía Nacional, llegaron hasta el rancho donde vive la madre de las niñas, a ofrecerle ayuda, tanto en víveres como la promesa de una casa más segura donde vivir.
Me dijeron que me van apartar de aquí, que me van ayudar a hacer la casa, que si me quedo en Mulukú o en Siuna, porque dijeron que no es bueno que viva sola. El gobierno está dispuesto a comprar una casa, a comprarme un solar, me dijeron que me van a estar ayudando, acampañándome”, dijo.
A raíz de este crimen, el Presidente Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia que introduzca ante la Asamblea Nacional una reforma a las leyes para instaurar cadena perpetua a quienes comentan “crímenes de odio”, pero no especificó si se refería a delitos de femicidio y de abuso sexual. No obstante, entre las organizaciones de la sociedad civil dicho mensaje a calado como una amenaza contra los opositores al régimen.
El delito de violación contra menores debe ser investigado
Jiménez asegura que estos casos de violación sexual antes del asesinato, deberían ser investigados aunque la victima haya perdido la vida porque la madre puede representar a sus hijas, como agraviada de esos delitos tan graves.
Al respecto, insistió que el delito sexual es muy grave, ya que está en una escala alta del Código Penal, después del asesinato o la pérdida de la vida, por el nivel de gravedad y los daños que ocasiona no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad.
Pobreza y violencia en el Caribe
Las niñas junto a su madre no vivían en casa propia, un finquero les había dado dónde vivir, en un ranchito de paja y madera, que no contaba con servicio de agua potable, ni energía eléctrica. Carmen, de 27 años, no tiene estudios, proviene de una familia de jornaleros, que igualmente nunca han tenido tierras.
Según la investigación realizada por Carmen Herrera Vallejos, del Observatorio por la Vida de la Mujeres y publicada el 8 de julio de 2020 en el sitio web Enredadas, los altos índices de prevalencia de mujeres asesinadas en la Costa Caribe tienen como común denominador que las víctimas son mujeres pobres y rurales, en edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
Herrera afirma que la mayoría de las mujeres de la Costa Caribe nicaragüense viven en zonas rurales lejanas, no hablan el idioma oficial español y no tienen el acceso a la educación, lo que las limita a insertarse social y económicamente, así como a buscar la ruta de la justicia cuando sufren violencia de género en todas sus expresiones.
El Observatorio por la Vida de las Mujeres reporta siete femicidios en la Costa Caribe Nicaraguense, de 35 a nivel nacional, en el primer semestre del 2020. Por su parte, Católicas por el derecho a decidir, registran 50 femicidios hasta agosto del presente año.
