*El Título 42 puesto en marcha con el inicio de la pandemia del COVID-19 llegó a su fin este 11 de mayo y provocó una masiva concentración de migrantes en la frontera Sur de Estados Unidos.
**La administración del presidente Joe Biden preparó una serie de cambios en las reglas migratorias que limitan las solicitudes de asilo.
***Expediente Público constató que en México permanecen varados cientos de migrantes que esperan llegar a la frontera, principalmente haitianos, hondureños, venezolanos, colombianos y ecuatorianos.
Raúl Ortiz y Redacción Central / Expediente Público
Familias enteras que huyen de la crisis de sus países, se alojan en carpas improvisadas en el centro de campismo y educación ambiental del Bosque de Tláhuac, conocido como La Marquesita, abierto por las autoridades el pasado 29 de marzo en Ciudad de México, previendo el tránsito de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Expediente Público constató en el lugar que hay personas de origen hondureño, venezolano, colombiano, ecuatoriano y en su gran mayoría haitianos que esperan llegar a la frontera con Estados Unidos, donde hay miles varados tras llegar a su fin la medida Título 42, una disposición activada en el 2020 bajo la administración del expresidente Donald Trump para contener la pandemia de la COVID-19 y que permitía expulsar a casi todos los inmigrantes sin visa o indocumentados.
En ese campamento están expuestos al calor por las altas temperaturas. No hay baños, ni puntos de hidratación. El drama humanitario es peor porque deben salir a los alrededores, caminar poco más de medio kilómetro, en búsqueda de agua potable y acceder a un baño, donde pagan cinco pesos mexicanos, el equivalente a unos 28 centavos dólar, para hacer sus necesidades fisiológicas.
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“Nosotros necesitamos agua y baños. Hay agua para bañarse, pero para tomar hay que comprar, nosotros cocinamos (…) Si encuentro trabajo me voy a quedar. Yo estoy con mi familia y si no hay trabajo qué se hace”, refirió a Expediente Público un migrante originario de Haití que lleva seis días en el campamento y que prefirió hablar bajo anonimato.
Avanzar o quedarse en México
La mayoría debe esperar en promedio 45 días para obtener un permiso migratorio que le permita circular por México y evitar ser detenido. Casi todos desean llegar a Estados Unidos, pero otros incluso piensan quedarse en territorio mexicano para buscar trabajo.
“Uno sale para buscar una vida mejor, por la inseguridad, la gente solo sobrevive y es difícil (…) Solo Dios sabe, pero uno lo que está buscando es una vida mejor”, refirió otro haitiano que lleva un mes en el campamento.
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Algunas de las personas que están en el campamento de La Marquesita fueron testigos de la tragedia que en marzo de 2023 ocurrió en el centro de detención de migrantes Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde hubo 38 muertos producto de un incendio.
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Expediente Público trató de abordar a las autoridades mexicanas en este campamento, sin embargo, advirtieron que no se podía ingresar sin un permiso y se comprometieron a extenderlo próximamente.
Aplicación del Título 8
Martha Youth, Subsecretaria de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos en una conferencia de prensa con periodistas de la región advirtió este jueves que la frontera «no está abierta a la migración irregular”.
“Esto no cambiará después del final del orden de salud pública del Título 42 (…) Los criterios de entrada para para ser refugiado en los Estados Unidos no cambiarán, sin embargo, esperamos hacer muchas más evaluaciones, identificaremos a más personas elegibles”, señaló la funcionaria estadounidense.
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Por su parte, Blas Nuñez-Neto, Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, en la misma conferencia reconoció que Estados Unidos está preparado para este “reto”, sobre todo cuando hay miles de personas en la frontera con México esperando que el Título 42 llegue a su fin con la esperanza de entrar a territorio norteamericano.
A partir de este viernes, Estados Unidos empezará a procesar a los migrantes bajo el Título 8, como se hacía antes de la pandemia, que incluye procesos de deportación y conlleva penas estrictas, incluyendo prohibiciones de reingreso por un periodo de cinco años. También se exponen a un proceso penal.
“A los migrantes que todavía están en México, en albergues, o que están camino a los Estados Unidos les sigo insistiendo que las leyes de migración de los Estados Unidos traen con ellas consecuencias muy serias, incluyendo un periodo de cinco años donde están prohibidos de entrar al país (…) ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela van a poder ser devueltos”, advirtió Nuñez-Neto.
Crisis migratoria podría extenderse
Muchos entran de manera ilegal por lugares clandestinos y una vez dentro de Estados Unidos, se entregan a las autoridades migratorias con la esperanza de obtener asilo.
Para Astrid Montealegre, abogada de la Alianza de Derechos Humanos Nicaragua-Estados Unidos (Nahra, por sus siglas en inglés), se trata de una crisis migratoria que podría extenderse.
“Sí hay una crisis y está previsto agudizarse porque solicitantes de asilo de ciertos países como Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela no podrán presentar su solicitud de asilo, tienen que buscar patrocinadores y acceder por medio del parole humanitario. También se prevé que incrementarán las deportaciones con revisión expeditas de casos”, dijo la abogada a Expediente Público.
Sin embargo, Youth destacó que Estado Unidos seguirá promoviendo una “migración segura, ordenada, humana y regular”.
“Las vías legales tienen como objetivo ayudar a los migrantes a viajar de manera segura e ingresar regularmente a los Estados Unidos, en lugar de ponerse en manos de traficantes, de migrantes y organizaciones criminales”, insistió.
Incidencias de “violencia” en vuelos de deportación
Nuñez-Neto adelantó que vía el parole humanitario aprobado a principios de este año para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití han entrado más de 100,000 personas.
El programa de reunificación familiar también se ha extendido a otros países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, recordó el subsecretario quien rechazó las críticas hechas a la administración Biden sobre las nuevas políticas implementadas.
Estados Unidos también conectará a los migrantes por los “canales legales” con países socios como Canadá y España. La aplicación para teléfonos inteligentes llamada CBPOne para solicitar citas en los puertos de entrada con el fin de pedir protección en Estados Unidos, sigue disponible.
El subsecretario confirmó que en los vuelos de deportación han registrado “incidencias de violencia y de desorden”, por lo que se han tomado las medidas necesarias.
“No es algo que nos guste hacer, por eso pedimos a los migrantes que no se pongan violentos en estos vuelos”, manifestó Nuñez-Neto.
Discurso es el mismo
Laura Dogu, Embajadora de los Estados Unidos en Honduras, señaló el jueves por la tarde en conferencia virtual que el fin del Título 42 ha causado “mucha confusión” y se seguirá “expulsando a las personas, si intentan entrar a los Estados Unidos sin permiso”.
“El cambio es solo el motivo para la expulsión; pero sin duda alguna, las expulsiones de personas sin documentos continuarán. Es decir, que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas, y el fin del Título 42 no significa que puedan ir sin permiso”, insistió.
La embajadora también mencionó tres elementos “que impactarán a los hondureños”, uno de ellos es la aplicación móvil CBPOne a la que tendrán acceso los migrantes que actualmente se encuentran en el centro y norte de México.
La segunda vía legal para los hondureños que quieran inmigrar “es la ampliación del programa de reunificación familiar”. Este programa “permitirá que las personas validadas que tengan peticiones aprobadas basadas en razones de familia puedan ingresar con este permiso en Estados Unidos”, explicó Dogu.
La Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto de Ley H.R.2, también conocida como Ley de Seguridad Fronteriza de 2023, que busca frenar la migración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza, legislación considerada como “peligrosa” por miembros de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos.
