*El sistema de pensiones en El Salvador cubre solamente a unas 800 mil personas, el 25% de la Población Económicamente Activa y arrastra una gran deuda pública tras la privatización de los ahorros.
***La reforma aumenta en un 33 por ciento la pensión mínima, sin embargo diversos sectores alertan sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones.
Eric Lemus / Expediente Público
La reforma al sistema de pensiones en El Salvador, que presentó el mandatario Nayib Bukele en la última semana del pasado diciembre de 2022, fue aprobada con 67 votos a favor en la Asamblea Legislativa con el beneplácito de los sindicatos del sector público.
La principal medida que promueve la ley es que subirá la pensión mínima de 304.17 dólares a 400 mensuales como producto del incremento generalizado que alcanza el 30 por ciento, según el cálculo del Gobierno.
Sin embargo, el cálculo que hace la administración Bukele enfrenta el rechazo de miembros del sector empresarial y de la comunidad académica que observan un proceso marcado por la opacidad.
El exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Federico Hernández, opinó que “el único punto que podría ser positivo, que es el aumento de la pensión mínima, se cae solo debido a lo insostenible del sistema”.
“El impacto es incierto en sus dimensiones, pero en todo caso será negativo. ¿Por qué? Porque el sistema seguirá siendo excluyente, no conseguirá aumentar las pensiones a nivel general, sostendrá el pago de los servicios administrativos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y encima le permitirá echar mano al gobierno de los ahorros de los cotizantes”, recalca Hernández para Expediente Público.
Nuevo instituto regulador
El proyecto de ley, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones que sustituirá al Fondo de Obligaciones Previsionales, “pero nadie sabe cómo se llevará cabo la transferencia de certificados ni en qué condiciones”, alertó Hernández.
“Esta forma oscura de actuar con dinero que no le pertenece, arroja muchas dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. En otro país, una reforma que esconde tantos detalles a la gente, habría sido un escándalo”, denunció.
En 1996, el Gobierno del expresidente Armando Calderón Sol intervino las pensiones y la ley obligó a toda persona menor de 36 años a cotizar en las nuevas AFP, mientras que el resto de trabajadores de hasta 55 años de edad tuvo la opción de escoger entre el antiguo o nuevo sistema.
Por su parte, el economista César Villalona, trae a cuenta a Expediente Público que la decisión tomada a mediados de los noventa incidió para que en 2001 las instituciones públicas, que antes manejaban los ahorros, entraran en crisis porque debían pagar a 98,000 personas jubiladas.
“Entre 2001 y 2006, los gobiernos de ARENA endeudaron al Estado con $1,209 millones en bonos que vendieron para pagar pensiones del sistema público y darles un complemento de pensiones a las personas del grupo optado que se jubilaban de las AFP”, recuerda Villalona a Expediente Público.
Lea además: Sin bombos ni platillos, El Salvador cumple 31 años del fin de la guerra civil
Las excepciones
La nueva normativa impulsada por Bukele estableció que aquellos usuarios que retiraron el 25 por ciento de sus ahorros para pensionarse, no podrán recibir el aumento del 30 por ciento porque el Estado deberá deducirles el anticipo.
Una reforma hecha en 2017 por el Congreso abrió la puerta para que los usuarios retiraran una parte de sus ahorros, al que se acogió un total de 108,070 contribuyentes hasta 2022.
Durante las discusiones en el pleno legislativo, la vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, afirmó que los usuarios “no tendrán que devolver el saldo que han retirado”.
“No es cierto que (la pensión) no va a aumentar. Solamente se le va a descontar del 30 por ciento lo que usted retiró. No es cierto que no van a recibir nada, pero no pueden recibir lo mismo que aquellos cotizantes que no han retirado su saldo”, sostuvo Callejas ante el pleno.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ofreció otra opinión ante la prensa.
“Para que vuelva a su estado natural debe de regresarse tanto el monto retirado como la rentabilidad”, exhortó Zelaya.
“Varios analistas dijimos que eso era insostenible. Ahora el ministro de Hacienda nos da la razón, admitiendo que los usuarios tendrán que devolver lo retirado. La corrección es lógica, por supuesto, pero revela algo muy grave: el gobierno de Bukele improvisa en estos temas tan delicados”, insistió Hernández.
Lea además: Bitcoin, así es el tremendo gol que Nayib Bukele metió a los salvadoreños
¿Promesa cumplida?
El sistema de pensiones en El Salvador brinda cobertura solamente a unas 800 mil personas, el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) y arrastra una deuda pública a raíz de la privatización de los ahorros.
La Superintendencia del Sistema Financiero reportó que hasta agosto del año pasado El Salvador totaliza 3,869,389 de afiliados; sin embargo, según datos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) solamente cerca de 800,000 son cotizantes vigentes.
“El presidente Bukele cuenta con 62 diputados para nacionalizar el sistema de pensiones, pero es obvio que un Gobierno de derecha no hará eso”, dijo Villalona a Expediente Público.
Por su parte, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que es regentada por la comunidad jesuita, exhortó al Gobierno abrir un debate por el acceso a una pensión universal y justa en un país donde “solo uno de cada cinco salvadoreños en edad laboral está empleado, lo cual es muestra evidente de la precariedad del empleo y de la economía a nivel nacional”.
“La nueva ley, aunque mejore las pensiones de los trabajadores con los salarios más bajos, está más bien orientada a que el Gobierno pueda echar mano sin restricciones de los ahorros de los trabajadores”, advierte el centro de estudios superiores.
Medida populista
La reforma aprobada abarcó la derogatoria del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), un instrumento que los gobiernos utilizaron desde 2006 para tomar dinero de los cotizantes actuales y así cubrir las jubilaciones del sistema público original.
Pero Hernández ve con alarma ese cambio. “Esto se debe a que la reforma de Bukele ha quitado el límite que tenían las administradoras de pensiones para comprar títulos valores del gobierno”, dice el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio.
Desde 2012, el Gobierno puso un tope de 45 por ciento a esa inversión que las AFP remitían amparados con una promesa de pago.
“A partir de la reforma Bukele ya no existen límites. Eso significa que el Gobierno podría echar mano de esos fondos, como si los cotizantes le estuvieran prestando dinero”, agregó.
“La pregunta ya no es si el Gobierno hará uso de esos fondos, sino ¿en qué los empleará? Y, seamos claros, en un año preelectoral hay muchísimas tentaciones para hacer política con ese dinero”, observó el empresario.
Jubilación es un privilegio
En El Salvador la ley dicta que todos los salvadoreños tienen derecho a una pensión digna, sin embargo, en la práctica excluye a quienes sobreviven en el subempleo y que predominantemente están en el área de comercio y servicios.
Lea además: China, el gigante asiático que podría aplastar a la economía de El Salvador
Alfredo Flores, que trabajó toda su vida como constructor independiente, confiesa que no tiene la menor idea de las discusiones llevadas a cabo en el Congreso o mucho menos el contenido de la nueva ley.
“Si no trabajo, no como. Además, el día que no pueda trabajar es porque colgaré los tenis”, bromea este septuagenario de envidiable condición física. “Mi hijo aprendió el oficio y esa es mi esperanza cuando me falten las fuerzas”, dice a Expediente Público.
