*Bajo la administración de Nayib Bukele se experimentó una nueva caída en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023, El Salvador quedó con 24 puntos de 100.
**Roberto Rubio, director de Funde, explicó que esa caída en El Salvador “se debe fundamentalmente a que no se entregó un documento”, el presupuesto general.
Sharon Ardon / Expediente Público
El Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, experimentó nuevamente una disminución en su nivel de transparencia presupuestaria.
El puntaje de transparencia presupuestaria de El Salvador cayó de 41 en 2021 a 24 en 2023, en una escala de 100, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023 realizada por la International Budget Partnership (IBP).
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2023 evaluó a 125 países, que albergan al 95% de la población mundial, la IBP la realiza cada dos años.
“En medio de niveles históricos de deuda mundial abrumadora, la Encuesta de Presupuesto Abierto revela que los países no cumplen los criterios de transparencia y rendición de cuentas sobre cómo gestionan su deuda o cómo gastan en sectores sociales importantes como salud, saneamiento y otros servicios”, se lee en el comunicado de prensa emitido por la IBP.
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El análisis se centra en tres pilares fundamentales que son la transparencia, participación pública y vigilancia del presupuesto.
El puntaje asignado a El Salvador disminuyó, porque el proyecto del presupuesto general del Estado para 2023, aunque ya estaba elaborado, no fue publicado a tiempo.
Esto se debe a “la situación de nula transparencia y que no logran tener un avance significativo”, analizó Leonardo Labarca, economista e investigador en Expediente Abierto.
“La gran perdedora de Latinoamérica” fue la nación salvadoreña, en el sentido que en las últimas tres encuestas bajó 30 puntos, expresó el economista.
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¿Cómo está en transparencia?
En materia de transparencia, El Salvador se encuentra en el antepenúltimo puesto con un puntaje de 24, que lo ubica debajo de la media global que es de 45/100, y a nivel latinoamericano sólo supera a Bolivia (11) y Venezuela (0).
Ese indicador mide el acceso a la información por parte del público y cómo el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos, evaluando la disponibilidad en línea, puntualidad y exhaustividad de ocho documentos presupuestarios.
Alexandre Ciconello, investigador del IBP, durante la presentación de la Encuesta del Presupuesto dirigido por Expediente Abierto este 29 de mayo dijo que el puntaje en El Salvador “bajó, pero hay posibilidad de avanzar”.
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¿A qué se debe la disminución en transparencia?
La encuesta considera varios documentos, como el proyecto de presupuesto, el presupuesto preliminar, el presupuesto aprobado y el presupuesto ciudadano. Además, se evalúan informes a mitad de año, fin de año y auditoría.
Según la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), El Salvador enfrenta varias debilidades en su gestión presupuestaria. En primer lugar, analizan que el presupuesto no usa una clasificación funcional compatible internacionalmente para facilitar el análisis del gasto, ya que la información está dispersa.
Además, Funde observa que el país carece de un informe de ejecución presupuestaria de medio año y el informe de auditoría no cumple con los estándares internacionales.
Roberto Rubio, director de Funde, explicó a un medio salvadoreño que esa caída en la puntuación “se debe fundamentalmente a que no se entregó un documento”, nada menos que el presupuesto general, y afirma que, si el gobierno lo hubiera colocado en el sitio del portal fiscal, el puntaje hubiera subido.
A esto se suma que el proyecto de presupuesto no se publicó oportunamente y de manera accesible al público y la política presupuestaria de 2025 debió haber estado disponible desde marzo del año en curso.
Baja participación pública
En el segundo pilar de medición, El Salvador figura con una puntuación de 13 sobre 100 en donde se observa que cayó 7 puntos en comparación con el del 2021 cuando obtuvo 20 puntos. Lo que sitúa al país bajo la categoría de “insuficiente”.
Ante esto, el IBP emite algunas acciones que podrían contribuir en fortalecer la participación pública en el proceso presupuestario de El Salvador, entre ellas señalan la implementación de mecanismos piloto para involucrar al público durante la formulación y monitoreo del presupuesto.
La colaboración activa con comunidades vulnerables ya sea directamente o a través de organizaciones de la sociedad civil también es imperativo para el IBP.
Además, sugieren que la Asamblea Legislativa permita testimonios de cualquier miembro del público o de organizaciones civiles durante las audiencias sobre la propuesta de presupuesto antes de su aprobación, así como durante las audiencias sobre el Informe de Auditoría.
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Supervisión del presupuesto
En este componente, el país se ha mantenido bajo la misma puntuación de 61 sobre 100 por tercera vez consecutiva. Esta puntuación se desglosa en dos puntajes específicos: 72 en vigilancia de auditoría, que se considera un puntaje “adecuado” y 56 en vigilancia legislativa, lo que indica una “limitación” en este aspecto.
Esto se debe a que la Corte de Cuentas continúa sin presentar propiamente un informe de auditoría sobre la ejecución presupuestaria, aun cuando lo ordena la ley constitucional en su artículo 195, numeral 5.
El IPB considera que para que este componente pueda elevarse en su próxima evaluación, El Salvador debería publicar este informe de manera oportuna, y que permita evaluar la integridad y exactitud de las cuentas finales del gobierno.
