***El dilema del gobierno de EE.UU.: colaborar económicamente con gobiernos señalados de poco democráticos, para frenar la migración o castigar la corrupción y perder aliados.
***En el oficialista Partido Nacional de Honduras, de los 23 diputados propietarios y suplentes en el departamento de Francisco Morazán, la mayoría de los que buscan reelegirse en las elecciones de noviembre, 11 estuvieron implicados en desvíos de fondos del Estado.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Estados Unidos ha invertido en cooperación poco más de 2,800 millones de dólares en programas sociales, en infraestructura, generación de empleo y otros pilares de desarrollo para Guatemala, El Salvador y Honduras, entre los años fiscales del 2015 al 2018, pero esa ayuda no ha disminuido ni la migración irregular ni la corrupción pública y privada. A finales del 2020, Washington prometió una ayuda de 5.800 millones de dólares como parte de un plan regional conjunto con México para fortalecer el desarrollo económico y gubernamental de la región del Triángulo Norte de Centroamérica.
La administración de Joe Biden trata de marcar los nuevos lineamientos de cooperación e implementar acciones que el expresidente Donald Trump dejó de lado, como exigirles a los gobiernos de los países del Triángulo Norte, combatir la corrupción y la impunidad, dos grandes e históricos problemas en la región.
En una conferencia de prensa en Washington, el 24 de marzo de 2021, Juan González, director de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración Biden, señaló que el presidente se ha comprometido en desarrollar una fuerza de tarea regional de corrupción.
¿Con quiénes?
Sin embargo, las acciones que propuso el Gobierno de Estados Unidos para combatir la corrupción en Centroamérica parecen lejanas en Honduras de cara al proceso electoral del 2021.
Aquí hay candidatos señalados públicamente de ser operadores vinculados a corrupción del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
Un 70 por ciento de los diputados en el cargo se está reeligiendo. Por ejemplo, de los 23 diputados propietarios y suplentes del Partido Nacional en el departamento de Francisco Morazán, la mayoría de los cuales busca reelegirse en las elecciones de noviembre, 11 estuvieron implicados en desvíos de fondos del Estado.
De esos 11, tres estuvieron implicados en el caso Pandora, tres en Arca Abierta y cuatro en el Pacto de Impunidad.
Los tres casos de corrupción fueron presentados ante el Ministerio Público por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), ente investigativo creado en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años.
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El 17 de enero de 2020, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado anunciando que, ante la falta de un acuerdo con el Gobierno de Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) no sería renovada y concluía sus funciones el 19 de enero de 2020.
Del caso Pandora tres implicados participan como candidatos diputados: Elvin Ernesto Santos Ordoñez, en la posición tercera como candidato diputado por el Partido Liberal; Wilson Rolando Pineda Diaz va en la primera posición del Partido Nacional como candidato a diputado y Elden Vásquez, quien va en la segunda posición como candidato a diputado del Partido Nacional.
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Danza de millones
Pandora involucra una red política de corrupción que desvió unos 282 millones de lempiras (12.5 USD) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), destinados a proyectos de desarrollo en ese país en el llamado Corredor Seco, dirigido a familias pobres, en especial mujeres solas, madres solteras, jefas de hogar.
Pero el dinero fue usado para financiar las campañas políticas en el periodo 2009-2013 y para que tuviese una apariencia de legalidad se hicieron supuestos convenios con Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones.
Pandora fue el cuarto caso de corrupción presentado el 13 de junio de 2018 por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
De los implicados del caso Arca Abierta, Gladis Aurora López Calderón, va como candidata a diputada en la primera posición del Partido Nacional; en la segunda posición participa Milton Jesús Puerto Oseguera y en la quinta posición participa Juan Carlos Valenzuela Molina; todos por el Partido Nacional.
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Más corrupción
El caso Arca Abierta fue presentado el 11 diciembre de 2018 contra 5 diputados y 6 exdiputados hondureños que, según la Maccih, malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (algo más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta Verde.
El dinero procedía de Casa Presidencial (2 millones de lempiras), del Congreso Nacional (3 millones de lempiras) y de la secretaria de Finanzas (16,1 millones de lempiras), sumando unos 879.000 dólares.
Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas; en la segunda posición corre Román Villeda Aguilar y en la tercera participa Antonio Cesar Rivera Callejas, mientras en la sexta diputación va Sara Ismela Medina Galo, todos actuales diputados por el oficialista Partido Nacional.
El pacto de Impunidad fue presentado por la Maccih el 19 de noviembre de 2018, los diputados fueron señalados del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.
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De los 23 diputados nacionalistas de Francisco Morazán, una que busca reelegirse es la parlamentaria Waleska Zelaya, quien tiene una investigación en curso relacionada a una compra sobrevalorada de mascarillas y un posible conflicto de intereses.
Fallas en tiempos del Covid-19
De acuerdo al informe “Corrupción en tiempos de Covid-19”, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, argumentó que el 8 de abril de 2020, por medio de la orden de compra #019-2020, Inversión Estratégica de Honduras, Invest-H, autorizó comprarle al Grupo de Gestión y Tecnología, 474 mil mascarillas KN95, a un valor unitario de 4.29 dólares. En total, el monto superaba los dos millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades hondureñas, la empresa Grupo de Gestión y Tecnología es propiedad del esposo de la diputada nacionalista Waleska Zelaya.
Dentro de ese grupo de legisladores que apuntan a seguir en el cargo, uno ha sido sancionado por la Ley Magnitsky de Estados Unidos: Oscar Nájera, del Partido Nacional.
También aspiran a cargos públicos otros señalados de actos de corrupción como David Chávez Madison, del partido oficialista, quien busca la alcaldía de Tegucigalpa, capital hondureña; junto a él, tres más señalados de actos indebidos corren como candidatos a alcaldes por la misma agrupación: Juan Diego Zelaya Aguilar y Karla Teresa López Valladares.
Un exconvicto busca ser presidente
Un caso emblemático es el exdiputado Yani Rosenthal Hidalgo, ahora candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal. Estuvo tres años en prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y activos para el cartel de narcotráfico Los Cachiros. Rosenthal fue sentenciado en la Corte Federal de Manhattan (Nueva York) tras declararse culpable, en julio de 2017, de los cargos que se le imputaban.
En la declaratoria de culpabilidad, Rosenthal admitió que mientras fue el vicepresidente de una empresa empacadora de alimentos, parte de la organización empresarial Grupo Continental, autorizó deliberadamente la compra de ganado a una organización dedicada al tráfico de drogas para luego exportarlo como carne a los Estados Unidos.
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En octubre de 2015, Rosenthal, en compañía de su padre el exvicepresidente de Honduras, Jaime Rosenthal y su primo, el exministro de inversiones del gobierno Yankel Rosenthal, fue acusado de participar de una red de lavado que blanqueó de capitales provenientes del narcotráfico a través de cuentas bancarias en jurisdicciones estadounidenses.
Bloquea investigación
Por otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó el 1 de junio de 2021 declarar «ha lugar» el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde capitalino, Nasry Asfura, y la concejal Nilvia Ethel Castillo Cruz, por presuntos actos de corrupción.
La acusación contra Castillo y Asfura data de octubre de 2020, cuando la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó la solicitud de antejuicio que estaba compuesta por 78 páginas, en las que se presentó la presunta evidencia que probaría el desvío de 29.4 millones de lempiras (12.3 millones de dólares) de las arcas de la municipalidad.
Asfura es el candidato a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras. Una investigación de Expediente Público publicada el 6 de abril de 2021, devela que las compañías del alcalde de Tegucigalpa han sido proveedoras del Estado de Honduras por más de 15 años. Actualmente dos de sus empresas recolectan los desechos sólidos en la capital.
Además, el trabajo evidenció que en 2011, a través de una empresa de su propiedad conocida como Sulambiente, obtuvo sin dar ningún servicio, un total de 8.1 millones de dólares de la corporación municipal de San Pedro Sula, la principal ciudad industrial del país centroamericano.
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Por otro lado, la congresista estadounidense Norma Torres, difundió en mayo 2021 un informe elaborado de funcionarios sobre los que existe “información creíble” la participación del candidato presidencial Asfura en actos de corrupción, como “el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al narcotráfico”.
El listado incluye, en el caso de Honduras, a los congresistas Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López.
Los legisladores, todos del Partido Nacional, fueron incluidos en el informe en la sección de “Altos funcionarios del Gobierno que presuntamente han cometido o facilitado la corrupción o el narcotráfico”.
Causa migración
En la búsqueda de continuar en el poder, 91 diputados que representa el 71 por ciento de los 128 diputados actuales del Congreso Nacional de Honduras participaron en el proceso de reelección en las elecciones primarias llevadas a cabo el 14 de marzo de 2021.
De esa cifra, 46 diputados de 61 congresistas del Partido Nacional participaron en ese proceso; mientras que de Libre corren 26 de 30 diputados y 19 de 26 por el Partido Liberal.
La visión estadounidense achaca a la pobreza, violencia, corrupción y débiles instituciones de Centroamérica el efecto de migraciones masivas a Estados Unidos.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a conocer que, a marzo 2021 la detención de migrantes irregulares en la frontera con México ascendió a un 70%, llegando hasta 172,331, el número más alto en 15 años.
El CBP culpó del auge migratorio irregular a la «violencia, a los desastres naturales, a la inseguridad alimentaria y a la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica».
Se ha reportado que casi 104,000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de Covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.
En Honduras, desde 2016 a la fecha, fueron retornados al país centroamericano, 330 mil personas, de acuerdo con el Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado, (SIAMIR).
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Problema endémico
Como medida de presión, para que los tres gobiernos del Triángulo Norte consideraran el cambio de postura, Estados Unidos ha enviado fuertes mensajes.
En diciembre pasado, una vez se confirmó a Biden como presidente, el Congreso de Estado Unidos aprobó un recorte al presupuesto de ayuda militar para a estos tres países, y en la Cámara de Representantes se aprobaron otras medidas para castigar con más rigor la corrupción en Centroamérica.
En febrero del 2021, Biden anunció que Estados Unidos destinaría 4.000 millones de dólares para el Triángulo Norte para fortalecer la capacidad económica; sin embargo, los fondos no serán entregados a los gobiernos, sino a organizaciones civiles o a grupos del sector privado que quieran trabajar para combatir las causas de la migración y crear oportunidades de empleo en esos países.
El plan Biden pretende dejar de entregar más ayuda económica directa a los gobiernos o a los funcionarios de los El Salvador, Honduras y Guatemala que arrastran un largo historial de corrupción e impunidad y tomar otras medidas para sancionar a funcionarios, exfuncionarios y hasta familiares de éstos, que, según Estados Unidos, están vinculados a casos de corrupción o con el crimen organizado y el narcotráfico.
Estados Unidos pretende saber cómo ha sido utilizado o a dónde fue a parar el dinero de la cooperación que ha entregado a los tres países en los últimos años. El informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2021, del Departamento de Estado, tienen serios señalamientos por corrupción, denuncias de violaciones a derechos civiles y abusos de poder en Honduras y Guatemala, y en el caso de El Salvador, por autoritarismo. Problemas que además son apuntados entre las causas principales que obligan a los centroamericanos a migrar.
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El nuevo gobierno de Estados Unidos ha dicho que trabajará con actores comprometidos para abordar y detener la corrupción en Centroamérica. Honduras parece fuera de ese enfoque. Por ejemplo, la serie de reportajes Quién es Quién, realizada por Expediente Público, devela que muchos de los que van a elecciones generales en noviembre 2021 son figuras reconocidas por antecedentes de corrupción.
Honduras, de acuerdo a la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), es considerado uno de los países más corruptos del continente americano. En América Latina comparte posiciones con países como Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
En el último índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2019, Honduras cayó 14 puntos en el ranking de medición de 180 países. Pasó de la posición 132 en 2018 a la posición 146 en 2019.
La difusión del último informe incomodó al gobierno de Juan Orlando Hernández, que intentó manipularlo indicando que ni la presencia de la Maccih pudo evitar que bajara la percepción de corrupción entre la ciudadanía.
El citado informe salió justo cuando la misión había sido liquidada por la Presidencia al no renovar el convenio en enero de 2020, tras fuertes presiones internas de los poderes Legislativo, Judicial y el mismo gobierno central, molestos porque en las investigaciones habían implicados directos del parlamento y el Ejecutivo, al tiempo que denotaba las debilidades del sistema de Justicia como parcializado.
Para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre del 2021, de acuerdo a una investigación de Expediente Público, el movimiento nacionalista Unidad y Esperanza colocó a sus 23 precandidatos a diputados por Francisco Morazán (el departamento con mayor representación legislativa de Honduras).
Bajo la sombrilla de sus “caudillos”, todos los aspirantes de esta corriente obtuvieron su candidatura, incluso los que fueron apuntados para rellenar la lista electoral.
La planilla para diputados del movimiento Unidad y Esperanza en el departamento de Francisco Morazán, liderada por el candidato presidencial Nasry Asfura y el aspirante a la alcaldía del Distrito Central, en Tegucigalpa. David Chávez, es una amalgama entre políticos novatos y veteranos, como Oswaldo Ramos Soto (diputado desde 1998), quien comparte aspiraciones con María Espinoza López, una desconocida de 34 años.
