Las denuncias recopiladas por la Fundación Arias y organizaciones de derechos humanos documentan cómo estaban organizadas las torturas que incluyen violaciones sexuales, crímenes atroces cuyo propósito era generar un estado de terror y dejar marcas permanentes en las víctimas, según experta consultada.
Estuvo secuestrada ocho días en la delegación policial de una ciudad en el centro de Nicaragua. El grupo de abogados de Acción Penal registró su denuncia bajo el nombre de J.
Entre el 6 y 13 de mayo de 2019, J fue sometida a constantes interrogatorios. La obligaron a punta de pistola a que comer arroz con frijoles infectados de cucarachas, desde entonces tiene problemas estomacales. Le apretaban más las esposas y la ponían a hacer sentadillas.
Según la denuncia de J recopilada por Acción Penal, por las noches la llevaban, dentro de la misma delegación policial, a un cuarto oscuro con ventanas de vidrios polarizados, donde entraban entre cuatro y cinco personas. Si no respondía la amenazaban con llevarla a El Chipote, la cárcel de Auxilio Judicial en Managua, conocida por ser un centro de interrogatorios y torturas.
J no tuvo que llegar a la capital para sufrir. Cuando dejó de responder la chantajearon con buscar a su hija.
Le quitaron la ropa, dejándole solo la braga mientras seguía esposada. Unos policías le decían que confesara y otros le tocaban los bustos y las piernas. Le introducían la mano bajo la única prenda que le quedaba, tocando su vagina y caderas. Ella pedía que no le hicieran nada. “Te vamos a hacer el papanicolaou”, se burlaban. Tres días después volvieron a hacer lo mismo, pero esta vez la dejaron totalmente desnuda. Ahí fue cuando uno de sus interrogadores la obligó a practicarle una felación y “se hizo de mí”.
El violador dijo que le hacía eso “por tranquista, por terrorista, por andar metiéndose con el gobierno”, describió la sobreviviente.
Había dos personas más en la habitación, entre ellos una mujer, le decían que todos iban “a pasar por ella”. Y así ocurrió.
La mujer policía la aventaba y le ponía una pistola en sus partes íntimas. También la penetraron con el arma y le indicaban que le meterían varios tiros.
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La tercera vez la violaron dos hombres, continúa el testimonio de J. No usaron preservativos como también ocurrió con el primer sujeto. Uno de ellos había estado todas las noches en los interrogatorios, pero ella no puede identificarlo; ni a ninguno de los otros porque el cuarto era oscuro.
La amenazaron con llevarla con los presos comunes para que también la violaran. Olían sus partes íntimas y le decían que ese era un secreto que se la debía llevar a la tumba, porque de lo contrario la matarían, ellos aseguraban tener todos los medios para investigar, afirmó J.
Había otra mujer que entraba al cuarto, la manoseaba y le preguntaba si no había tenido relaciones con alguien del mismo sexo. Le decía que tenía una de hule (un dildo), que se lo iba a traspasar por terrorista y tranquista. A ella, J puede identificarla, aunque no conoce su nombre. La dejaron en libertad con golpes de patadas en la espalda y le dijeron que si ella alguna vez contaba lo que pasó, la iban a mandar a matar junto con su familia, porque sabían dónde vivía y quien era.
Las siguientes cuatro semanas debía ir cada lunes a la misma delegación donde la habían ultrajado, y presentarse ante un policía de nombre Mauro, según el testimonio recopilado por Acción Penal. J recuerda que este oficial era uno de los jefes de esa delegación y les advirtió a los otros policías que no le hicieran cosas indebidas, porque podía haber problemas.
Muchos que también protestaron en el tranque junto a ella están clandestinos o exiliados. Una amiga de J también fue violada durante su detención ilegal, se fue a Costa Rica y no supo más de ella, pero aseguraba que podía reconocer al torturador.
Después de esto J vive clandestina y como desplazada interna. Su casa está abandonada y ha estado posando en diferentes lugares con personas que le ayudan con lo que pueden y le dan comida. Ha estado enferma, le duele el cuerpo, pero no ha recibido ninguna atención médica. “No tiene idea como me siento cuando veo a la policía, cuando veo ese uniforme”, declaró a los abogados.
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ABUNDAN DENUNCIAS DE ACTOS DENIGRANTES
La denuncia de J es uno entre decenas de casos reportados a organizaciones y medios de comunicación. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ registra entre abril 2018 a junio 2020 denuncias de 5 víctimas de violación sexual, 8 de abuso sexual y 7 personas que fueron amenazados con ser violadas ellas o sus familiares durante su detención, tres personas refirieron ser testigos de violaciones a uno o varios compañeros de prisión.
La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano presentó 18 casos de 2018 en el Tribunal de Conciencia “Violencia sexual: crimen de lesa humanidad en Nicaragua”, once mujeres y siete hombres.
Pese a que la fundación no tiene un perfil jurídico, estaban recibiendo información de primera mano y decidieron recopilar todas las denuncias y sistematizarlas, explicó a Expediente Público la directora académica de dicha organización, Anayancy Espinoza.
La violencia sexual se utilizó indistintamente y de forma generalizada contra los opositores al régimen, con una fuerte carga de dominación, expuso.
Espinoza destaca dos aspectos de las denuncias, primero, “el abuso sexual indiscriminado contra hombres y mujeres y las formas macabras y escabrosas que se relatan” y segundo, el hecho que muchas víctimas, antes de ser detenidas y secuestradas, fueron denunciadas por personas de su entorno cercano e incluso familiares.
“Siempre hay alguien, un conocido, vecino, suegro, amigo, pariente cercano, etc., que es la persona que entrega o expone a esas personas a que sean capturados. Como paralelismo tenemos aquí un proyecto de violencia en espacios de confianza, que es donde más se reproduce la violencia porque (al final) es donde más vínculos tenemos e interactuamos”, precisa.
Extrapolado al tema de violencia armada, se descubre que más del 60% de casos se da en espacios de socialización comunes a las partes en conflicto, sin embargo, “nuestra concepción es que la familia es el espacio más íntimo donde deberíamos estar más protegidos, en esta situación no calza ser expuesto por elementos políticos e ideológicos. Me preocupó y trato de tener en perspectiva aquellas estructuras que funcionan en Nicaragua y se han mencionado mucho, donde hay un nivel de organización desde lo comunal ligada al partido en el poder y lo nefasto que se ve desde mi punto de vista”, expresa Espinoza.
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Los 18 testimonios que sirvieron para crear el tribunal de conciencia sobre tortura sexual en Nicaragua en septiembre de 2020 pertenecen a personas en el rango de 19 a 38 años de edad, indistintamente se trata de hombres o mujeres heterosexuales, bisexuales u homosexuales, casados, solteros o en unión libre, estudiantes o profesionales. Los únicos elementos selectivos son que se trata de opositores y un grupo joven en plena edad productiva.
Según información de los peritajes, las personas fueron detenidas entre los días 21 de abril al 25 de agosto de 2018. A la mayor parte los capturaron en sus casas de habitación. A otros en carretera.
Dos hombres detenidos tenían alguna vinculación con el gobierno (Juventud Sandinista y agente de seguridad), contra ellos la saña fue particularmente mayor; tres señalaron tener experiencia de participación en campañas electorales y en activismo social; mientras los demás, nunca habían estado ligados a movimientos o grupos, y se suman a las protestas a raíz de la rebaja de la pensión de los jubilados y en solidaridad con los estudiantes universitarios que se manifestaban, describe el peritaje.
Diecisiete de las personas apoyaron las manifestaciones y “tranques”, realizando diversas funciones, principalmente, organizadores de marchas, atención médica y distribución de alimentos. El agente de seguridad fue detenido porque desertó de sus responsabilidades en el marco de un operativo policial.
Tampoco se puede decir que fue algo orientado solo en un lugar, se documentaron casos de Managua, Mateare, Masaya, Estelí, Jinotepe, Chinandega y Granada.
“No es como en otros países donde (las violaciones) es algo localizado a un territorio o población específico, esto fue contra la inconformidad y la protesta”, detalla Espinoza.
“Las instituciones que están ahí para ayudar a construir país son las que participan en atacar y dañar a las personas” y esto se refleja en los tipos de lesiones que se reproducen tanto en la captura como en los eventos de tortura, la participación de personas extranjeras, mujeres en puestos oficiales, aunque no en el ámbito paramilitar, especifica,
EL GUION DE LAS VIOLACIONES
Las 18 denuncias del tribunal de conciencia revelan que diez denunciantes estuvieron en El Chipote, pero no fue el único lugar de tortura y violaciones sexuales contra manifestantes, se mencionaron comisarías (delegaciones policiales), alcaldías y sitios clandestinos.
Siempre hay uniformados con capucha o paramilitares encapuchados identificados por su vestimenta, también se habla de extranjeros con acento venezolano, cubano, colombiano e incluso ruso.
Espinoza sostiene que estos actos no fueron espontáneos, había una línea de intentar “quebrar el espíritu de las protestas y quienes ayudaban, aunque no estuvieran en los tranques”.
La multiplicación de estos actos criminales se debe al clima de impunidad y autorización que generó el régimen en Nicaragua, sumado a los límites que todos tenemos a nivel de convivencia, pero que se perdieron en este contexto. “Hubo personas que las tiraron en los caminos porque las creían muertas, es sadismo con poder y autoridad para hacerlo”.
“Cuando sabés que no vas a ser acusado y condenado por ese delito, te relajás, también tienen que ver los valores y moral de quienes están ahí, pero si es una orden, ¿hasta qué punto sos capaz de cumplirla?”, cuestiona Espinoza.
“Pensaba si alguien estaba aprovechando esa oportunidad para cobrarse algo contra esas personas, pero era como una directriz política y una línea de mando. Las personas que dieron su testimonio, hacen referencia a los mismos elementos”, detalla.
En los interrogatorios había una serie de frases hechas por lo que resultaría extraño que fueran espontáneas: no quieres a tu país, estás haciendo daño, sos terrorista.
“Parece un guion y en guion te habla de premisas, fases y etapas, eso se visibiliza en todos estos casos”, dice Espinoza.
La misma violación sexual, incluso con objetos, es parte de ese guion, porque hubo personas a las que le aplicaron ácido, pero no fue la norma.
Otras expresiones que se marcaron son: No te podés oponer ni ser público en tu protesta, tenés que alinearte, tu familia está en riesgo, podemos hacer lo que queramos, no valés nada.
En cierta forma, dice Espinoza, esto señala que no te reconocen como ciudadano y te pueden destruir cuando quieran porque ellos tienen el poder.
CONTEXTO
El peritaje de contexto presentado por el sociólogo Javier Meléndez Quiñonez al tribunal de conciencia, indica un desmantelamiento de la institucionalidad del país desde que Daniel Ortega retornó al poder en enero de 2007.
A la par de alianzas con actores políticos y el sector privado, sistemáticamente se logró que los poderes estatales e instituciones públicas se plegaran al servicio del partido sandinista, incluyendo el Ejército y la Policía, a esto se sumó el cierre de espacios de participación política.
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A la par se fueron consolidando espacios paraestatales como la Juventud Sandinista, los Consejos del Poder Ciudadano y los Comité de Liderazgo Sandinista, espacios de control y espionaje a nivel comunitario.
Meléndez explica que estas condiciones prevalecen con las protestas iniciadas en abril 2018 y que en el caso de la violencia sexual durante las detenciones arbitrarias y encarcelamiento político fueron trasladados a “una delegación de la Policía Nacional (municipal o de distrito en el caso de Managua), una delegación municipal o departamental del partido (zonales del FSLN) o directamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocidas como “El Chipote”.
PERITAJE JURÍDICO
A las personas que fueron victimizadas por el régimen y estuvieron llegando a la Fundación Arias se les solicitó contar su historia, se les informó de qué se trataba el proceso del tribunal de conciencia, se les garantizó confidencialidad, que no iba a ser distribuida ni compartida su información a menos que estuvieran de acuerdo, la fundación sería depositaria de sus testimonios, además, apoyaron en el tema de seguridad, proveer conexiones, alianzas estratégicas, cooperación, contención y apoyo psicosocial.
Espinoza manifiesta que se hizo un análisis jurídico en el tema de género por violencia sexual en situaciones de conflicto, “esta incursión nos estaba dando la plataforma para poder seguir el proceso de crear el tribunal”.
El peritaje jurídico expuesto en el tribunal de conciencia estuvo a cargo de Soraya Long, abogada especialistas en derechos humanos con asistencia de Alice Miranda.
La violación sexual era parte de diferentes expresiones y grados de tortura, desde golpes, patadas, a romper los dientes, sacar las uñas, o quemar con cigarrillos, una persona denunció haber recibido descargas eléctricas.
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“La violencia sexual se realizó de diversas maneras, desde tocamientos en partes íntimas, manoseos, y palabras e insultos con contenidos sexuales, hasta la violación sexual, tanto vaginal como anal, con pene y con objetos”, indica el peritaje.
Tres mujeres detenidas estaban embarazadas, una de ocho meses, una de cuatro y la otra no sabía.
El peritaje jurídico recuerda que Nicaragua se suscribió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1985, la cual ratificó en 2005.
Esta convención define tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
El artículo 2 indica que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”, además, “no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación”.
“La Corte Interamericana ha establecido que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho, siempre que exista coincidencia entre la violación sexual y los elementos objetivos y subjetivos que califican a la tortura, estos son: intencionalidad, severidad del sufrimiento y la finalidad del acto”.
En sus conclusiones, el Tribunal de Conciencia señala que aunque Nicaragua no haya firmado el Estatuto de Roma, el artículo 248 de su propio Código Penal sanciona la tortura y “fácticamente han concurrido todos los hechos para su configuración”.
La Convención contra la Tortura establece la creación de un Comité contra la Tortura que puede investigar en caso de pruebas creíbles de violaciones sistemáticas a los compromisos contra la tortura a cualquier Estado y podría incluir una visita al territorio, también se establece que cualquier país signatario de la convención puede pedir una investigación hacia otro Estado y establece la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer controversias.
Sobre las implicaciones del tribunal de conciencia, Expediente Público consultó con la Fundación Arias por las 18 denuncias en el marco del derecho internacional.
Hay un proceso que se debe seguir, Nicaragua debe verificar qué tratados ha firmado, “pero antes de iniciar con los testimonios nos documentamos sobre los formatos a aplicar, este proceso de la Fundación Arias preserva la calidad de la prueba para un futuro proceso de restitución”, explicó Espinoza.
