TESTAFERROS DEL CARTEL DE LOS CACHIROS TRASPASARON CUATRO PROPIEDADES A MAURICIO OLIVA HERRERA, PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

** Oliva, el inquisidor principal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, tenía fuertes motivos personales para acabar con ella. Ahora aspira a gobernar el país

** Una investigación de Expediente Público recogió evidencias que Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional de Honduras, hizo tratos y negocios con personas vinculadas a la corrupción y el crimen organizado, lo que devela como las redes mafiosas se unen, se funden y multiplican.

VIII entrega de VIII


De acuerdo con el seguimiento y rastreo de investigaciones realizadas por Expediente Público en Honduras, el socio de una empresa vinculada a la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiros, traspasó tres bienes al señor Mauricio Oliva Herrera, y una casa a su yerno, César Antonio Pinto Pacheco, esposo de Rina Oliva Brizzio, directora del Banco Central de Honduras.

Se trata de Luis Alfonso Deras, socio de Inversiones Acrópolis, (descargue contrato) empresa inscrita en el Registro Mercantil de Tegucigalpa, (descargue) y que está involucrada junto a Waldina Lizzeth Salgado y Francisco Arturo Mejía en el caso Patuca III Colusión y Corrupción”, la décima investigación penal integrada que presentó en marzo de 2019 el equipo formado por el Ministerio Público con su Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) con la colaboración de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), ente que se instaló en abril de 2016 con un convenio para que actuara durante un periodo de cuatro años, pero dejó de operar en enero de 2020 por decisión del Ejecutivo hondureño al no acceder a renovar la cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA).



TRASPASOS DE BIENES  

El seguimiento de Expediente Público a las transacciones del cartel de Los Cachiros revela que, en 2016, el empresario Luis Alfonso Deras, mediante otra empresa, Inversiones Santa Fe, (descargue) constituida ante los oficios del notario Francisco Arturo Mejía, traspasó una propiedad en residencial La Hacienda, en Tegucigalpa, a Mauricio Oliva Herrera, según consta el instrumento número 95 del Registro de Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad de Honduras. La compra de ese inmueble fue por cuatro millones de Lempiras, unos doscientos mil dólares. (Descargue).   

Luis Alfonso Deras también en 2018 traspasó 2 condominios de Tegucigalpa en Lomas del Guijarro Sur a Mauricio Oliva Herrera, Rina María Brizzio y Rina Rosario Brizio Rivas, cuyo monto fue de 20.9 millones de lempiras (836,000 dólares), como confirma la escritura pública con presentación número 1649558. (Descargue). Un mes después, las dos casas en Lomas del Guijarro Sur fueron constituidas en fideicomiso de bienes inmuebles que mantiene al propietario anónimo. 

De acuerdo con la investigación de Expediente Público, las dos propiedades, inscritas en el Registro de la Propiedad de Honduras, habían sido adquiridas por Luis Alfonso Deras por el valor de 600 mil lempiras (26 mil dólares), el 6 de abril de 2015, de acuerdo con la escritura pública realizada ante los oficios del notario Carlos Humberto Pacheco Morales. Tres años antes de venderlas al presidente del Congreso Nacional por 20.9 millones de lempiras.  

Por otra parte, ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández, el 13 de julio de 2006, Luis Alfonso Deras también traspasó un bien inmueble en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, capital de Honduras, a Tania Gabriela Pinto Pacheco, diputada suplente del Partido Nacional (Descargue).  

Y en 2011, Tania Gabriela Pinto Pacheco le regaló la casa a su hermano César Antonio Pinto Pacheco, (Descargue) quien está casado con Rina Oliva, hija de Mauricio Oliva, y actualmente es diputado suplente de Antonio Callejas, del gobernante Partido Nacional, quien es uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, implicado junto a Sara Medina en el Pacto de Impunidad que inicialmente involucró a Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

FIDEICOMISO

En enero de 2018, Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), informó que Mauricio Oliva y otros 60 diputados eran investigados por drenar fondos públicos a través de Organizaciones no Gubernamentales.

Meses después, según indagaciones de Expediente Público, el 18 de junio de 2018 para ser exactos, con los oficios del notario Jorge Alberto Pineda López, Mauricio Oliva Herrera, Rina María Oliva Brizzio (hija) y Rina Rosario Brizio Rivas (esposa) firman un contrato de fideicomiso en  el Banco de América Central de Honduras (BAC-Credomatic), para que esa institución bancaria administre sus bienes durante 15 años y de esa forma, blindar sus propiedades (traspasadas por Luis Alfonso Deras, socio de Acrópolis), para que las autoridades hondureñas no puedan incautarlas. (Descargue)   

Expediente Público, también detectó que Luis Alfonso Deras, comparte derechos desde 2005 con 18 propiedades con Francisco Arturo Mejía y Waldina Lizeth Salgado. (Descargue)

Francisco Arturo Mejía también socio del diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, lo confirma la escritura pública con matrícula 73961 del Registro Mercantil de Tegucigalpa, realizada ante el notario Mario Enrique Boquín Hernández.   (Descargue).      

ACRÓPOLIS

Inversiones Acrópolis está implicada en sobrevaloración de equipo en el proyecto hidroeléctrico Patuca III, y pese a eso no figura aún con medidas de aseguramiento por parte de las autoridades hondureñas, sin embargo, dos de sus socios, Waldina Lizzeth Salgado y FranciscoArturoMejía, y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía Salgado, tienen prisión preventiva, acusados de ser testaferros de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Rivera Maradiaga, condenados en Estados Unidos por dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico con sus aliados el cartel de Sinaloa, en México, y los Rastrojos, en Colombia.



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció, en febrero de 2018, que los fondos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también fueron drenados para actos de corrupción y que, de acuerdo con el ente investigativo, el exgerente de la ENEE invitó el 31 de mayo del 2011 a un proceso de licitación a tres empresas vinculadas a Los Cachiros y a sus socios.   (Descargue)

En ese acto de corrupción hubo 15 personas involucradas en la que se incluye a un funcionario público y las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), a la representante legal de Diseño Construcción S. de RL (Irza Fane Pacheco Murillo) y Acrópolis (Luis Alfonso Deras). (Descargue)

El Estado pagó más de 50 millones de lempiras (dos millones de dólares) por un contrato de limpieza en un lugar que no estaba habitado, trabajo de chapeado en la época de verano y de invierno. El perjuicio a la administración fue de 120 millones de lempiras (4.8 millones de dólares), mientras que el monto analizado fue más de 336 millones de lempiras (13.5 millones de dólares). (Descargue    

Ante los oficios del notario José Amílcar Hernández Flores, el 12 de septiembre de 2011, comparecieron los socios de Inversiones Acrópolis Luis Alfonso Deras, Samy Kunkar Kaffati, quienes nombran como gerente general de esa empresa a Francisco Arturo Mejía, según consta el tomo 748 con inscripción 79 del Registro Mercantil de Tegucigalpa. (Descargue) y el 2 de diciembre de 2015, ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández, le confieren poder general de administración en Acrópolis a Mejía. (Descargue)

El notario que autorizó el primer Instrumento Público de 2011, José Amílcar Hernández Flores, es hermano por la parte paterna de Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras y socio en la empresa de Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), (descargue), que tiene contratos millonarios con el Estado, investigación que reveló en mayo de 2019 Expediente Público, (Sersel: la seguridad favorita del Gobierno). (Descargue)

PATUCA III

El abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzeth Salgado y su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado también están acusados por fraude y soborno doméstico en el caso denominado Patuca III en el que están involucradas otras siete personas. Los argumentos que tomó el juez para enviarlos a la Penitenciaría en Támara es la presentación de las pruebas documentales y testificales por parte del Ministerio Público y el no justificar los activos a su nombre.    

La acusación de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos se deriva de investigaciones sobre una red de testaferros de Los Cachiros que iniciaron el 22 de julio de 2016. Francisco Arturo Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga para manejar la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga y otras ligadas al cartel, cuyo trámite se hizo ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández. Inversiones Acrópolis también está implicada en el caso de la Caja Chica de la exprimera dama, Rosa Bonilla de Lobo.   

DETIENEN INVESTIGACIÓN CONTRA OLIVA

La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) ratificó el 13 de septiembre de 2018 el fallo a favor de Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, quien estaba siendo investigado por el Ministerio Público, al aceptar un recurso de amparo administrativo que suspende todas las investigaciones en su contra.  Oliva era objeto de interés de la por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en la llamada “Línea de investigación B”, cuyos alcances nunca fueron conocidos.

La abogada Karla Patricia García Arita presentó este recurso de amparo administrativo, que fue aceptado el pasado 2 de agosto de 2018 por la Sala de lo Constitucional, argumentando que al alto funcionario le estaban violando derechos constitucionales.  
Lo anterior se debe a una línea de investigación contra Mauricio Oliva, ejecutada por la Ufecic del Ministerio Público (MP) y la Maccih.  

El recurso de amparo fue admitido con suspensión del acto reclamado, por lo que la Ufecic deberá brindar toda la información al presidente del Congreso Nacional.     

Los magistrados ordenaron que se suspendieran todas las investigaciones contra Mauricio Oliva, mientras este no sea informado de qué se tratan las investigaciones.  El fallo sobre el recurso de amparo fue ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.  Ahora, el presidente del Legislativo deberá ser informado de qué y por qué lo están investigando. 

RELACIÓN CON EL NARCO ORLANDO PINTO ESPINO

De acuerdo con un informe del departamento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en poder de Expediente Público, relacionan desde 2014 a Mauricio Oliva Herrera, con el narcotraficante hondureño Orlando Pinto Espino, detenido y procesado en Guatemala en diciembre de 2018 cuando se hacía pasar por pastor evangélico. (Descargue)

Pinto Espino nació el 8 de abril de 1965, es originario de El Paraíso, Copán. Llegó a la región sur desde 2011 específicamente al sector fronterizo entre Honduras y Nicaragua en el municipio de El Triunfo, utilizando como fachada la ganadería.  Investigaciones policiales de Honduras lo relacionan con los narcotraficantes hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle, quienes fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico.

“El señor Pinto después de su llegada a la zona sur (Choluteca) realizó reuniones y fiestas invitando a todas las autoridades gubernamentales, empresarios y periodistas teniendo como objetivo darse a conocer y comprar voluntades”, se lee en el informe elaborado por la ATIC.

Al finalizar la construcción de la casa del recreo de Choluteca, detalla el documento, invitó a la inauguración autoridades gubernamentales, como alcaldes, militares, diputados y a empresarios de la cámara de comercio. En la página ocho, el informe revela que “Mauricio Oliva diputado del Partido Nacional de ese país, se reunió en 2014 en la hacienda del señor Orlando Pinto Espino en el cumpleaños de su hija. Al igual que al diputado del Partido Nacional, Rodanin Peralta”.

ASPIRA A LA PRESIDENCIA DE HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva Herrera, oficializó el domingo 8 de marzo su precandidatura presidencial por el Partido Nacional en la ciudad de Choluteca, su tierra natal. Oliva para el proceso electoral de 2017, rompió la tradición no escrita, con la cual el presidente del Congreso renunciaba a su cargo para buscar la presidencia del país, al apoyar sin condiciones la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández.

En diciembre de 2019, el Congreso Nacional de Honduras votó a favor para que el Poder Ejecutivo no renovara el convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Luego de la cancelación de la Maccih, el presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, dijo que ningún extranjero decidiría cómo legislar en el país, “en Honduras queremos que sea campo de experimentos de todos y todas” y en el “Congreso hondureño todo mundo quiere meter mano”.

El titular del parlamento hondureño dijo a periodistas, en diciembre de 2019, que el informe de la comisión parlamentaria sobre la Maccih era “puntual e inapelable”. El poder Legislativo tiene la facultad de investigar a cualquiera institución, incluida la Misión, subrayó Oliva, quien pidió a los diferentes sectores a actuar con “racionalidad y comportamiento civilizado”.

“Si alguien cree que (la petición) puede tener consecuencias políticas, sociales o legales para mi persona o para cualquier otra, entonces démosle para adelante, ¿cuál es el problema?”, subrayó Oliva, quien con todo esto, pretende continuar con la tradición de los últimos gobiernos nacionalistas, ahora con la posibilidad de obtener dos periodos continuos en la presidencia, de ganar las elecciones.

Expediente Público ha documentado que Oliva adquirió bienes por un valor muy superior a lo que pudo haber invertido con los sueldos percibidos en su cargo. Además, parte de esos bienes estaban ligados a empresas y testaferros de reconocidos narcotraficantes, y después los puso en fideicomiso, ocultándolos de investigaciones, lo que evidencia su interés personal por bloquear y sabotear diversas investigaciones relacionadas con actos de corrupción.