*Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneaum, considera que la comunidad internacional debe estudiar las bases que construyen y soportan el régimen de Ortega-Murillo.
**La funcionaria afirma que Ortega aplica castigos de la era romana, desterrando, desnacionalizando y confiscando los bienes de opositores.
Expediente Público
En el caso de los señalamientos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, tanto el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GHREN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “hemos llegado a la conclusión que podemos configurar casos que pueden posteriormente abrirse en otras instancias internacionales”, dijo a Expediente Público la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum.
“Lo mejor que le está pasando a Nicaragua, entrecomillas, es que el sistema de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana han llegado a las mismas conclusiones: violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, probablemente crímenes relacionados con el Estatuto de Roma, pero sin duda, graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos”, argumentó la secretaria ejecutiva de la CIDH.
Reneaum agregó, durante la entrevista en la sede de la CIDH en Washington D.C., Estados Unidos, que en estos momentos “lo que hacemos todo el tiempo es el diálogo y la conversación con distintos Estados, lo que les estamos diciendo es que tenemos que ir a las causas, la raíz de lo que hace posible la existencia de un régimen dictatorial como el que hoy vive Nicaragua”.
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Tania Reneaum: ¿qué hace posible al régimen?
“Nos tenemos que preguntar cómo hoy un régimen como éste es posible, ¿qué lo hace posible? Y tenemos que ir a esas causas, la raíz que lo hace posible. Creo que ese es el mensaje que se está pasando a los Estados”, reiteró.
“En estos momento todo el mundo esté mirando a Nicaragua pero la comisión ha estado mirando a Nicaragua desde hace décadas por muchas razones, porque nosotros tenemos un sistema de monitoreo que se convierte en un proceso también de recuento histórico de cómo ha estado en Nicaragua, pero evidentemente 2018 fue un punto de inflexión”, agregó.
Y ese punto de inflexión representó para la CIDH un momento de monitoreo reforzado al establecer el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
En abril de 2018 se realizaron protestas por la deficiente gestión del incendio forestal en la reserva Indio Maíz y reformas al sistema de pensiones. La represión de estas desencadenó una ola nacional de manifestaciones y cortes de carretera que dejaron más de 300 muertos y miles de heridos, principalmente civiles.
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Impacto del destierro
Reneaum identificó especialmente a las personas que en febrero fueron expulsadas de Nicaragua, pues “el destierro es una figura que, para quienes estudiamos Derecho, las recordamos casi en el Derecho Romano cuando a las personas se les reducía su capacidad jurídica expulsándolas, echándolas a un territorio, pero que en pleno siglo XXI difícilmente se puede imaginar que pueda pasar”.
El 9 de febrero pasado el régimen de Nicaragua desterró a 222 personas que habían estado detenidas y bajo tortura por hasta casi tres años y posteriormente les quitó la nacionalidad y canceló sus registros civiles, al igual que con otras 94 personalidades críticas a Ortega.
“Un país que desconoce así a sus ciudadanos contraviene todo el derecho internacional. Esto también tiene efectos en la vida cotidiana de las personas, desde aquellas que dejan de existir en un padrón, recoger su acta de nacimiento, a los que no tienen cédula o la pueden tener físicamente, pero no es válida”, afirmó.
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Ortega y Murillo destruyen familias
El destierro significa para estas personas, anotó Reneaum, que no pueden sacar dinero en el banco, que no pueden recoger las pensiones, abastecerse de medicinas, si es que la tenían a disposición y tampoco pueden regresar a su país para ver a sus familias. Es decir, “es una disminución absoluta de la capacidad jurídica de una persona que se dice ser de un país”.
“El destierro no solamente significa quitarle a alguien la nacionalidad, significa romper profundamente con el proyecto de vida de una persona, especialmente cuando se pone en un avión y se les trae a este país que les ha acogido de manera temporal”, añadió.
La secretaria ejecutiva de la CIDH explicó que, a pesar de la apertura de otros países en ofrecer nacionalidad a los desterrados, ellos tienen familia, allegados y una relación afectiva con la identidad y cultura con el lugar que te ha visto nacer y crecer. “Es una ruptura profunda”, comentó.
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Masacres en el Caribe Norte
Otro acontecimiento reciente que planteó no solo los abusos del régimen, sino, la falta de protección, se dio en una comunidad mayagna del Caribe Norte, donde el pasado 12 de marzo fueron asesinados cinco indígenas por colonos que se apoderaron de sus tierras.
Al respecto, la secretaria general de la CIDH, afirmó que “el Estado, al investigar este tipo de asesinatos tienen que poner como una de las hipótesis y como una de los elementos transversales de la investigación, la defensa de la tierra. No podemos imaginar una investigación donde alguien se le haya asesinado justamente por tener una defensa de la tierra”.
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“Este elemento de ser una persona que defiende la tierra, que defiende su territorio, tiene que ser uno de los ejes torales para las investigaciones criminales relacionadas con los asesinatos de esta naturaleza”, recalcó Reneaum.
Justicia universal
A simple vista, dijo, parece que el régimen de Ortega “se salió con la suya”, porque lo que ha pasado es que al sacar a las personas que son consideradas una oposición, se les ha callado, “en términos de que esas personas están actuando con cautela para no perjudicar a sus familias”.
Pero las instituciones, los organismos internacionales, “nos mantenemos alerta documentando casos de tal suerte que cuando lleguen los procesos para apertura de cuentas, justicia transicional y reparación, esos casos van a estar documentados”.
“Es probable para que quienes viven todos los días en el régimen, eso no sea suficiente, porque lo ideal es ser libres. Lo ideal es que hoy estuvieran en un país abierto con las aperturas para entrar y salir para poder ver a las personas, pero hay un régimen que se ha impuesto a esa a esas libertades y a esos no diálogos con los organismos internacionales”, expresó.
Actualmente Nicaragua no mantiene diálogos ni con Naciones Unidas ni con la Comisión Interamericana. Por eso, “lo que puedo dar es un mensaje de esperanza en el sentido de que la documentación de hoy, los testimonios recogidos hoy, pueden ser lo que el día de mañana nos haga y nos permita tener procesos de reparación para las víctimas de hoy”, consideró.
“Lo que tiene que pasar por el momento es ir construyendo procesos históricos para que cuando vengan los procesos de justicia transicional, poder tener documentado todo este proceso de la reducción profunda de la capacidad jurídica de las personas, ese destierro, esa expulsión de la nacionalidad y de la existencia jurídica en un país”, sostuvo.
