*Con una transición democrática será necesario cambiar e invertir en el recurso humano del sistema de justicia penal, consideran diferentes actores sociales de Nicaragua consultados por el centro de investigación Expediente Abierto.
**Más que por las reformas jurídicas, la justicia en Nicaragua es disfuncional por la falta de independencia de jueces y fiscales, señalaron líderes a Expediente Público.
Expediente Público
El proceso de reforma al sistema de justicia penal en Nicaragua debería estar definido, en esencia, por cambios de magistrados, fiscales y jueces, entre otros, actores del sistema, manifestaron diferentes representantes de la sociedad nicaragüense en un amplio proceso de consultas del centro de investigación Expediente Abierto, divulgados en el documento Apuntes de la sociedad civil para el restablecimiento de la funcionalidad del sistema de justicia penal en Nicaragua.
Participaron en el estudio actores de la academia, de sectores religiosos, juveniles, de derechos humanos, entre otros. Para recoger estas consideraciones frente a una futura transición democrática en Nicaragua, Expediente Abierto identificó seis sectores de la sociedad civil que pudieran informar y ofrecer su perspectiva sobre la reforma a la justicia penal que se necesita y qué problemáticas debería abordar.
Los consultados pusieron énfasis en la necesidad de que este paso sea prioritario y estratégico, prestando especial atención a tres componentes: diagnóstico de mecanismos, investigación de funcionarios y evaluación constante.
En total, más de cincuenta personas fueron parte del proceso de consulta, que se realizó entre enero y marzo de 2022 mediante dos técnicas: grupos focales y entrevistas individuales, dependiendo de los tiempos de los invitados y en atención a factores de seguridad. Las sesiones duraron aproximadamente una hora, si fueron grupos focales, o treinta minutos si fueron entrevistas. En los espacios, el equipo de investigadores siguió una guía de preguntas semiestructuradas que fueron variando de acuerdo con las propuestas y consideraciones de cada actor. Posteriormente, las consultas fueron procesadas en un software de análisis cualitativo, MaxQDA, para identificar los nodos de propuestas y apuntes que aquí se presentan.
Una percepción negativa
La encuesta de Latinobarómetro (2020) demuestra que la percepción de la población nicaragüense acerca del sistema de justicia es mayoritariamente negativa. El 51.4% afirmó que el acceso a la justicia era injusto.
Esta percepción se manifestó también en la confianza de los nicaragüenses al sistema de justicia, pues el 59.6% dijo tener poca o nula confianza en el Poder Judicial. De forma similar, el 45.1% de los encuestados señaló sesgos en la impartición de justicia, señaló el Latinobarómetro.
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“La atención de las autoridades en la transición se volcó así a garantizar las tareas urgentes de reconstrucción. No fue hasta 1958 cuando los ministerios de justicia en todos los estados de Alemania Occidental establecieron oficinas y procesos de judicialización de todos los crímenes nazis de oficiales de rango inferior o medio, que generaron gran interés y concientización del alcance de los crímenes”, sintetizó Expediente Abierto.
Evaluar primero
Una de las peticiones de la sociedad civil es evaluar los procesos de reformas y contrarreformas de los últimos 20 años para “identificar qué mecanismos del sistema judicial fueron causantes de su disfuncionalidad y han sido especialmente vulnerables a la consolidación del autoritarismo en Nicaragua”.
Además, se sugiere una hoja de ruta que defina el tipo de justicia que se aspira. Un sacerdote consultado pidió “no repetir lo que ha sucedido y crear nuestra propia receta a este mal. Podemos aprender criterios técnicos de otros países, pero a la hora de la verdad si queremos recuperar la confianza de la gente en el sistema de justicia, es mejor implementar lo que los mismos nicaragüenses queremos y soñamos”.
Un activista del sector estudiantil señaló: “Nosotros (los nicaragüenses) hemos pasado veinte años modernizando nuestras leyes. Solo es ir quitándole cosas malas, ir viendo cómo mejorar una parte”. Una reforma al sistema de justicia penal no pasa primero por crear nuevas legislaciones, sino por hacer funcionales las vigentes, argumentó.
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Una de las anotaciones transversales de la consulta fue que el proceso de reforma a la justicia penal debe ser estratégico y gradual. “No se puede tener una reforma viable y duradera si se precipitan todos los cambios tan pronto como sea posible y se es radical en las decisiones”, reportó Expediente Abierto.
“Nosotros no podemos aspirar a blancos y negros. Lo de nosotros será un camino de grises por lo complicado que es. Yo lo veo como un proceso más largo, más difícil. Con avances y retrocesos constantes. Un sistema de justicia que comete injusticia, pero cada vez la injusticia se hace menos grande”, manifestó un joven activista.
Investigar violencia política del Poder Judicial
Un académico señaló que, casi en paralelo al diagnóstico de mecanismos, es precisa “una investigación profunda de expertos (en materia de justicia penal) que logre identificar a los operadores de justicia y fiscales responsables de mecanismos y de los sistemas de violencia política a través del Ministerio Público”.
Los consultados no dudan que muchos funcionarios judiciales están siendo también víctimas de amenazas, por lo cual, consideran que las evaluaciones deben contar con personal capaz de determinar responsabilidades.
Sin embargo, un pastor evangélico, señaló: “Habrá que desmontar todo ese aparato enorme, porque los jueces, magistrados, ¡todos!, están hasta el cuello con actos que los comprometen legalmente. Creo que todos, ya no podemos decir que solo el gobierno, el presidente y la vicepresidente, sino todo el equipo está sumamente involucrado”.
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Sin embargo, los consultados también advierten que este proceso debe ser cauteloso al definir quiénes y cuántos serán depurados. Considerando que la reforma será un proceso largo, en los que se convivirá con la influencia de simpatizantes del gobierno sandinista en todo el engranaje estatal, se debe evitar la “desestabilización vía amenaza, que puede abortar cualquier arranque de transición”, dijo un estudiante.
“Una operación de shock institucional, que consista en la depuración de funcionarios sin estrategia política, sean del sistema judicial, o de cualquier otro poder e institución del Estado, podría generar caos”, detalla el informe de Expediente Abierto.
Una de las lecciones aprendidas de esta consulta sugiere que no se debe esperar al inicio de la transición para ir propiciando los cambios que se desean.
Procesos y seguimiento
Además de los tomadores de decisión que dirijan la reforma, los entrevistados señalaron que para la investigación de funcionarios del sistema judicial (y de otros casos vinculados a la represión y corrupción) podría estar a cargo de una entidad o comisión internacional, similar a las observadas en otros países centroamericanos.
Para un defensor de derechos humanos una comisión de este tipo “daría mayor peso y mayor independencia a estas personas que estarían tratando de hacer justicia en Nicaragua”.
Una opción en el Poder Judicial sería reincorporar a “los que huyeron, llamarlos. Nosotros tenemos una sangría de profesionales. Hay que contar con ellos. Si ya hicieron sus vidas afuera, ¿qué estímulos tendrán para volver a este país destrozado?”, dijo una académica.
Los profesionales del derecho, incluyendo fiscales que se han exiliado por el contexto de persecución política, deberían ser parte de este proceso de reinserción para la renovación, agregó la entrevistada.
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Otros aportes planteados por los consultados están relacionados a establecer procesos de legitimidad del nuevo o renovado sistema de justicia penal. Por ejemplo, a través del trabajo educativo con la población para que conozca la importancia del sector justicia.
Otras aspiraciones de la sociedad civil mencionadas para un sistema de justicia en Nicaragua son mejorar el acceso a las estructuras judiciales, particularmente en el campo. También, crear nuevas especialidades, como juzgados anticorrupción; y la inclusión de actores como indígenas, mujeres y jóvenes.
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Superar escepticismo
En algunas de las sesiones realizadas, los consultados expresaron su recelo al pensar escenarios positivos en los que pudieran implementarse este tipo de cambios. Sin embargo, en la interacción con otros consultados, más realistas que optimistas, empezaron a surgir varias de las alternativas y consideraciones que aquí se mencionan.
Este documento también enfatiza un elemento clave del proceso. La sociedad civil deberá ser un actor sustancial en la reforma y no debe ser excluida de las discusiones estratégicas de la misma. Muchos de los consultados, por ejemplo, iniciaron sus sugerencias diciendo: “no soy experto/a, pero considero que…”.
“Quienes lleven adelante el proceso, deben reconocer esta disponibilidad de potenciales colaboraciones e ideas que surgen de quienes no son profesionales del Derecho, pero pueden apuntar a soluciones programáticas a problemas que afectan al sistema”, reitera el estudio.
