*En 2018 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo anexó a su lista de enemigos a casi todos los sectores cívicos nacionales posibles, desde estudiantes, empresarios, campesinos, periodistas, médicos, hasta organizaciones no gubernamentales, despotricando además contra la comunidad internacional y curas católicos por el hecho de auxiliar a los manifestantes.
**A pesar de las consecuencias, actores de sectores que participaron en las protestas o en la protección de manifestantes en 2018 sostienen con determinación que volverían a actuar del mismo modo que hace tres años y por las mismas razones: justicia, solidaridad, democracia y humanismo.
Expediente Público
“Recuerdo que tenía 12 años cuando mataron a Pedro Joaquín Chamorro, no había en esa época medios como ahora, solo radio y televisión, y vi pasar su entierro, aquello fue espontáneamente masivo, la misma impresión tuve en el 2018”, recuerda el vicario de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés.
“Lo que me gustó del 2018 es que fue algo espontáneo, se expresó el sentir popular, el deseo de un cambio, de libertad y no corrupción, (para) que las instituciones realmente funcionen… Si después salió un grupo o líder a capitalizar aquello, es otro problema”, opina el religioso.
Madelaine Caracas, estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) en 2018, actualmente exiliada, estuvo en Camino de Oriente, en la capital, el 18 de abril para protestar por las reformas al sistema de pensiones, así como había estado en las protestas por la ineficacia de las autoridades para sofocar el incendio en la Reserva Natural Indio Maíz, semanas antes.
Madelaine es recordada por leerle al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, durante el primer diálogo nacional en mayo de 2018, la lista de muertos en las primeras semanas de protestas, entonces poco más de 50 personas, sin sospechar que esta alarmante cifra se sextuplicaría al terminar el año, llegando a ser más de 300 asesinados. Ese dialogo fue entre el gobierno con la Alianza Ciudadana donde se agruparon los movimientos de estudiantes, campesinos, productores, feministas, empresarios y el resto de sectores que estaban en las calles exigiendo justicia, democracia y el adelanto de las elecciones para sacar a Ortega del poder.
“A veces me digo si hubiese hecho algo distinto, pero no creo en la palabra hubiera, lo que hice fue bajo ideales y un sentimiento honesto y legítimo, que como joven podías cambiar las cosas, como muchos nicaragüenses creí que Ortega iba a salir”, expresa la joven a Expediente Público.
Viendo todo lo que ha pasado después de tres años, Caracas cree que debió “ser más contundente ante la clase política o personas de generaciones mayores que se acercaron a las juventudes y que de una u otra manera no tenían las mejores intenciones”.
Exilio de líderes de las protestas
Mas de cien mil nicaragüenses abandonaron el país centroamericano desde abril de 2018 por la represión y la crisis política y económica consecuente, según datos de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Una de ellas es la líder Francisca Ramírez, quien dentro del movimiento anticanal llevaba cinco años protestando por la planificada usurpación de sus tierras a miles de campesinos, por un proyecto de Canal Interoceánico que nunca arrancó.
Los campesinos se sumaron rápidamente a las protestas al ver la represión contras los jóvenes universitarios en las ciudades y trancaron los diferentes departamentos del país centroamericano durante más de tres meses.
La líder campesina está exiliada en Costa Rica desde hace dos años y siete meses, forzada por las amenazas de muerte y detención que recibió por parte de paramilitares y la Policía. Pero “Doña Chica” como se le conoce, mantiene la esperanza que “vamos a tener una democracia, que no sigan las mismas prácticas de caudillismo, corrupción, violaciones a los derechos humanos. No vamos a retroceder hasta que las madres de abril alcancen justicia”.
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Cristian Fajardo y su esposa Adilia Peralta, también viven en el exilio después de ser liberados el 19 de junio del 2019, tras el segundo diálogo entre la Alianza Cívica y el gobierno para intentar solucionar la crisis sociopolítica. Ellos fueron de dirigentes del Movimiento 19 de Abril en Masaya, al oeste del país, siendo una de las principales ciudades en resistencia, por lo que fueron condenados a prisión por “terrorismo” por un juez sandinista de los muchos que funcionan como verdugos judiciales de los opositores.
“Me preguntaron cuánto iba a durar (la protesta), dije tres meses, pero llevamos tres años, si hubiera sabido lo que pasaría, ¿me hubiera metido?, diría que sí, porque con la labor de mi esposa, mi hermano, la iglesia, la Anpdh (Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos), el padre Edwin Román, salvamos muchas vidas, paliamos el sufrimiento de nuestros vecinos en Masaya. No pudimos hacerlo mejor, salvamos vidas, no solo de un lado, también del otro”, continúa Fajardo.
“Pudo haberse terminado en tres meses, pero prevalecieron los intereses económicos, siempre se imponen los intereses del más fuerte y el más fuerte es el que tiene más dinero”, explica.
El autoconvocado de Masaya sostiene que la herencia de abril 2018 es que “prevalece en nuestro pueblo la verdad. Se le cayó el velo a Ortega. (El barrio) Monimbó había sido históricamente sandinista, en una cuadra de 10 casas, ocho eran de ellos, eso se volteó de manera abismal la estadística, ahora son nueve contra Ortega”.
Sacerdotes, médicos y defensores
La tarea humanitaria de sacerdotes que abrieron sus templos y la mediación de los obispos en el primer diálogo de 2018 provocó una ruptura definitiva entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica; esto se transformó en al menos 17 ataques relevantes en el primer año de la crisis, así como 24 ataques más en los siguientes 20 meses contra representantes del clero, sus símbolos y sedes, demuestran reportes de prensa y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“La iglesia recurrió a la parte humana de apoyar al que está en necesidad y sufriendo, se abrieron los templos para que la agente se protegiera, sobre todo por el derramamiento de sangre y muerte, era desesperante cada día tener tres a cinco muertos, eso llevó a la iglesia a proponer un diálogo, aunque se corriera el riesgo de ser manipulado o malinterpretado, pero es un riesgo que se correría otra vez con tal de proteger la vida”, sostiene el vicario de Managua, Carlos Avilés.
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Otro gran protagonista por su labor humanitaria fue el personal de salud, que contrariando las órdenes de las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) de no atender a los heridos de los ataques a las marchas, tranques y barricadas, curaron y ayudaron a las víctimas de la represión. Como respuesta, el Minsa despidió a 478 funcionarios, entre médicos y personal de enfermería, acusándolos de cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado.
“La explosión social del 18 de abril de hace tres años fue algo espontáneo. Primero fueron nuestros estudiantes de Medicina y Enfermería que prestaron servicios a los heridos, después los médicos de forma gratuita y humanitaria, no solo en Managua, sino, en todo el territorio los médicos conscientes de la represión dijimos presente. Si hoy lamentamos más de 300 vidas, sin los médicos estaríamos lamentando muchos muertos más”, manifestó José Vásquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).
“Los profesionales de la salud recibimos represión con el despido directo, sin pagar salarios, sin causa justificada, queriendo engañar a la población obligando a poner falsos diagnósticos, pidiendo no atender casos graves. El precio que el personal de salud pagó fue alto, pero lo supimos llevar, porque es lo que tenemos que dar por hacer nuestra labor humanitaria, ética y moral de no dejar morir a nadie en situaciones extremas”, afirma Vásquez.
La tarea de fiscalizar las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes llevó a muchos defensores a la cárcel y al exilio, incluso al cierre de organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Gonzalo Carrión, un reconocido exintegrante del Cenidh y actualmente miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en el exilio en Costa Rica, expresa que “no hemos perdido todo porque hay quienes perdieron a seres queridos, mataron jóvenes, los presos políticos fueron torturados y hay gente que aún se busca, pero el proyecto de vida ha sido duramente lastimado, llevo dos años fuera”.
El sector privado
Durante once años, Ortega mantuvo una alianza con el sector privado nicaragüense, que se rompió por la matanza de las fuerzas gubernamentales contra el pueblo en abril del 2018.
Aunque el empresariado se sumó a las protestas, no convocó a un paro nacional indefinido como se le demandaba, y a juicio de algunos entrevistados priorizó sus intereses económicos.
José Adán Aguerri, principal representante de la empresa privada en 2018, asegura que estos han sido consecuentes y exigido desde hace tres años una salida política ante la gravedad de violaciones a los derechos humanos.
“El sector privado ha dicho que para sentarse con el gobierno de manera institucional, tiene primero que resolverse la situación sociopolítica”, responde Aguerri a Expediente Público.
“En estos tres años han caído todos los indicadores económicos, han incrementado los impuestos. Han sido las empresas las que han tenido que asumir el incremento de más de diez mil millones de córdobas”, precisa quien estuvo 13 años como presidente del Cosep.
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Agrega: “Tenemos una política consistente en contra del sector privado por tomar la decisión de estar al lado de la búsqueda de justicia, democracia, seguridad y progreso, planteada por todos los sectores. Eso ha derivado en un sector privado que ha sido expropiado, afectado enormemente con una cantidad de decisiones de terrorismo fiscal, empresas que están siendo constantemente auditoriadas y afectadas en su flujo con una reforma tributaria”.
Aguerri considera que las críticas contra la posición del empresariado en 2018 “es una narrativa de un grupo de personas que vienen de raíces antiempresariales, pero no existe país en el mundo que pueda crecer sin el sector privado, que pueda responder a las necesidades sociales in la contribución y generación de empleo de las empresas, si la posición hubiera sido esa (priorizar lo económico), el sector privado se hubiera sentado a mediados del 2018 (con el régimen)”.
“La realidad te la dicen las cifras, no tendríamos tres años de caída económica, no se hubiera perdido 240 dólares por cada nicaragüense del índice per cápita, ni 200 mil empleos formales, no tendríamos inversión extranjera de 180 millones de dólares, cuando eran niveles de mil millones de dólares retrocediendo a la década de los 90, ni ingresos de 194 millones por turismo en lugar de 840 millones que llegamos a tener”, expresa.
El 7 de septiembre del 2019, al regresar de la ciudad de León, en el occidente, donde acompañaron al periodista Anibal Toruño de su regreso del exilio, el vehículo en que se conducía Aguerri fue atacado a balazos, batazos y pedradas por motorizados sandinistas, poniéndolos en riesgo a él y a sus tres acompañantes: el comentarista político Jaime Arellano, y los presidentes de Upanic y de Faganic, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente. Ellos son parte de la Alianza Cívica.
Los periodista
Los ataques del orteguismo también terminaron cobrando factura contra los periodistas independientes, entre los cuales hay un muerto, Ángel Gahona, de Bluefields, en la Costa Caribe nicaragüense.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registró, entre el 18 de abril y el 18 de octubre de 2018, 420 violaciones contra la libertad de prensa y medios de comunicación independientes en Nicaragua, sobre todo agresiones y amenazas a periodistas.
Posteriormente se encarcelaron a varios comunicadores, dos de ellos llegaron a ser enjuiciados, Miguel Mora y Lucía Pineda, además, fue confiscado el canal 100% Noticias, se incautó la redacción de Confidencial y se hizo un boicot aduanero contra los periódicos, que casi quebró a La Prensa y llevó al cierre de El Nuevo Diario.
A inicios de 2019 había 55 periodistas nicaragüenses en el exilio, reportó la FVBCH.
Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, encarcelada en diciembre de 2018, indica: “Sufrimos un gran golpe del régimen, robo de equipos, medios, salas de redacción completa, un canal completo, cárcel, amenazas con paramilitares, esa ha sido la estrategia para calla a los periodistas independientes, pero ha valido la pena, aunque periodista estén en el exilio”.
La comunicadora sostiene, a tres años de las protestas, que “hubiera sido un error que nos corriéramos o nos autocensurarnos, o cerráramos con las amenazas del régimen, en el caso de 100%, el régimen quería que cambiáramos nuestra línea editorial y no transmitiéramos en pantalla en vivo la represión que estaban haciendo, nosotros dijimos que no”.
A pesar de la represión del gobierno de Ortega, “los periodistas no nos hemos dado por vencidos, con un celular e internet seguimos en resistencia. Y el rol en general de los periodistas creo que es seguir evidenciando la verdad, aunque sea difícil en este contexto electoral riesgoso porque hay más paramilitares que pueden atentar contra la vida de periodistas y no solo ellos, sino que también la propia policía que patrulla con los civiles armados que el ejército aún no desarma”, asegura Pineda.
La comunidad internacional
En 2018 los nicaragüenses seguían las sesiones del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) como si se tratara de una pelea de Alexis Argüello, considerado uno de los mejores boxeadores en la historia de Nicaragua.
Las reacciones del gobierno de Donald Trump, la Comunidad Europea, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centraban la esperanza de los manifestantes por un desenlace de la crisis social y política.
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Antonia Urrejola, la relatora especial para Nicaragua de la CIDH es actualmente la presidenta de dicha Comisión, y comenta a Expediente Público que esta organización hizo “un despliegue histórico” desde 2018, preparó cuatro informes de país, el último de ellos se publicará próximamente, asimismo, presentó dos informes temáticos, uno sobre personas privadas de libertad y otro sobre personas migradas forzosamente a Costa Rica.
Urrejola enumera el trabajo de la Comisión por Nicaragua: casi cien comunicados de prensa desde el inicio de la crisis, cientos de trinos en twitter y posteos en otras redes sociales sobre la represión cotidiana que ocurre en el país, cientos de reuniones con la sociedad civil con el fin de conocer en detalle el devenir de la crisis. Además, más de 1,700 testimonios a víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, más de 90 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias y 35 capacitaciones que han llegado a 800 personas de la sociedad civil local.
Hay un balance muy satisfactorio, en parte gracias al trabajo de la CIDH, dice Urrejola, hoy la sociedad nicaragüense se encuentra más preparada y protegida que lo que estaba al comienzo de esta crisis, aunque en condiciones muy precarias.
“Esto nos produce orgullo, porque son las propias sociedades, los propios pueblos, los que protagonizan sus procesos de democratización, sus propios procesos de verdad y sus propios procesos de justicia”, dice la representante de la CIDH.
Finalmente, Urrejola indica que “el hecho de que la crisis no se haya superado aún, obviamente no nos llena precisamente de satisfacción, pero nos impulsa a seguir cumpliendo nuestra misión en relación con Nicaragua; esa es la obligación, y es lo que la Comisión seguirá haciendo”.
