*La investigación “Leyes Nica y Renacer: ¿Herramientas para ejercer presión económica?” de Expediente Abierto explica que la medida sería posible solo si Estados Unidos invoca cláusula de seguridad nacional.
**Vicki Gass, consultora y experta en Políticas de América Central y Estados Unidos, autora de la investigación explicó a Expediente Público que “sacar un país del tratado DR-CAFTA es complicado”.
Expediente Público
Aunque en 2021 la Ley Renacer ofreció la oportunidad de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en ingles), casi dos años después sectores de la oposición en el país centroamericano siguen demandando poner fin a esa relación comercial por las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega, mientras en los pasillos del Congreso estadounidense existe “decepción” por la falta de acción en este tema.
Vicki Gass, investigadora Consultora y experta en Políticas de América Central y Estados Unidos y autora de la a investigación “Leyes Nica y Renacer: ¿Herramientas para ejercer presión económica?” del centro de pensamiento Expediente Abierto reconoce que existe una sola oportunidad para acabar con el tratado que entró en vigor el 1 de abril de 2006 para Nicaragua.
“Yo entiendo que en los Estados Unidos hay una excepción y solo si hay una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo Gass en entrevista con Expediente Público.
Lo cierto, según Gass, es que Estados Unidos considera que “no hay una amenaza de seguridad nacional de Nicaragua”, pese a que el país ha mostrado su apoyo incondicional a Rusia en la guerra contra Ucrania y tiene mayor cercanía con el régimen de Xi Jinping de la República Popular China.
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“Ni veremos. Las relaciones comerciales que han tenido estos países han mejorado desde 2018. ¿Por qué van a invocar la cláusula de seguridad nacional?”, se preguntó Gass.
Estados Unidos es el primer mercado destino de las exportaciones nicaragüenses y en 2022 sumaron US$1,804.4 millones, según cifras del Banco Central de Nicaragua.
Lenguaje de la Ley no es vinculante
La ley que oficialmente es citada como Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 fue aprobada el 10 de noviembre de 2021 por el Congreso de Estados Unidos en respuesta a la represión ejercida por el régimen en Nicaragua.
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Frente a las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, los ataques a la prensa y la oposición política previo a las elecciones generales de 2021 —entre ellos siete precandidatos presos antes de la contienda— el Congreso debatió y aprobó la Ley Renacer para “aumentar la presión sobre Nicaragua” y «reforzar la Ley NICA Act”, cuyo enfoque fue restringir al régimen los préstamos de instituciones internacionales y que incluyó una seria de eliminación de visas a funcionarios.
Aunque la Ley Renacer enfatizó el apoyo del Congreso para revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial DR-CAFTA, la investigación expone que el lenguaje que se utiliza en el texto de la ley «no es legalmente vinculante, ni autoriza ni ordena al presidente (de Estados Unidos) a hacer algo”.
“Está redactado como un ‘sentido del Congreso’, que es la opinión del Congreso de los Estados Unidos, que la administración de los Estados Unidos debería revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial. En realidad, no requiere que la administración de Biden realice dicha revisión”, señala la investigación.
Mecanismos largos y costosos
De acuerdo con la investigación de Expediente Abierto, existen informes de que la administración de Joe Biden está “revisando en privado el acuerdo comercial”, pero también hay limitaciones con respecto a lo que se puede hacer para presionar al régimen nicaragüense.
“Si bien existen mecanismos largos y costosos en el acuerdo DR-CAFTA para multar a una empresa por incumplimiento de las normas ambientales y laborales, o por actos de corrupción, el DR-CAFTA no contiene una cláusula de democracia y no incluye procedimientos para expulsar a un país por cualquier motivo”.
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Contrario a la Unión Europea, que tiene un Acuerdo de Asociación sobre comercio con Centroamérica que incluye la posibilidad de suspensión por motivos de derechos humanos, en el DR-CAFTA un país miembro puede decidir “abandonar el acuerdo comercial unilateralmente”, pero ninguno tiene la autoridad para retener beneficios o expulsar a otro país.
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“No hay cláusula que permita a un país sacar a otro país, no hay nada de cláusulas en el tratado, entonces, no es posible”, enfatizó la autora de la investigación.
El documento publicado señala que, para expulsar a Nicaragua, por ejemplo, los otros países miembros tendrían que ratificar la expulsión y “existe la creencia general de que no es políticamente factible en este momento y podría correr el riesgo de terminar el acuerdo comercial todos juntos”.
Impacto a la economía de Nicaragua
Con el DR-CAFTA, “hay obligaciones entre todos los países”. La expulsión solo provocaría inestabilidad en las cadenas de suministro integradas, y los insumos compartidos entre varios países serían “complicados y perjudiciales” para los acuerdos contractuales existentes.
Según la investigadora, “solo un funcionario de la administración pensó que sería posible reorganizar las cadenas de suministro, excluyendo a Nicaragua”.
Si se llegara a la conclusión de que sus “propios intereses esenciales de seguridad están en juego”, el Gobierno de Estados Unidos podría poner fin al acuerdo comercial con Nicaragua, volver a imponer aranceles a los productos nicaragüenses o incluso poner fin a todo el comercio con el país centroamericano.
El Pentágono, la comunidad de inteligencia y la Casa Blanca necesitarían evidencia de que existe una “amenaza grave para la seguridad nacional” de los Estados Unidos. Por ahora, hay poca evidencia que indique que esa situación está bajo consideración.
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“Invocar la cláusula de seguridad para poner fin a la actual relación comercial DR-CAFTA entre los Estados Unidos y Nicaragua sería un movimiento sin precedentes y probablemente tendría repercusiones en las relaciones de Estados Unidos con otros países CAFTA”, sugiere el análisis.
La investigadora expone en el análisis que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) pretendía tomar acciones en respuesta a la situación en Nicaragua, pero era consciente de que una acción, como la prohibición de una cuota de azúcar o la suspensión del DR-CAFTA, “violaría una regla comercial de la OMC, lo que desencadenaría un proceso de resolución de disputas multilaterales que puede llevar décadas”.
Reglas no muy claras
A través del DR-CAFTA, Nicaragua mueve la mayor parte de su comercio con Estados Unidos.
Según datos del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) en 2022, un total US$ 3,847.14 millones fueron exportados a Estados Unidos a través del TLC, de un total global exportado de US$ 7,359.83. Es decir, las exportaciones hacia Estados Unidos representaron el 52.27%. Y las importaciones supusieron US$3,026.69 millones (26.91%) de un total de US$ 11,246.83, incluyendo maquilas.
Históricamente Nicaragua se encuentra fuertemente vinculada con Estados Unidos, desarrollando su capacidad exportadora para responder a las necesidades del mercado estadounidense.
Tampoco está muy claro que la “suspensión unilateral” de las obligaciones del DR-CAFTA con respecto a Nicaragua, incluso bajo la excepción de seguridad nacional, cumpliría con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“Sacar un país del tratado DR-CAFTA es complicado, porque no es como que las relaciones comerciales son simples, muy bilaterales, es que son multinacionales (…) Yo veo la situación muy complicada, yo creo que el régimen ha mostrado una fuerza que no esperábamos”, explicó Gass.
Por otro lado, existe la “preocupación separada, pero compartida” de que usar la suspensión del DR-CAFTA como una medida de presión contra el régimen de Ortega-Murillo dañaría a los trabajadores nicaragüenses comunes y eso provocaría una masiva migración, es decir es un “tema delicado” sobre todo en el período previo a las elecciones estadounidenses en 2024.
“Por todas estas razones, parece poco probable que Estados Unidos pueda o quiera poner fin a la participación de Nicaragua en el CAFTA. Hay cuestiones legales y de trato; las relaciones con otras naciones y con la OMC”, puntualiza la investigación.
