*Feministas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica expresan a Expediente Público el clima de persecución, el retroceso en materia de derechos e invisibilización de la violencia contra las mujeres y los femicidios en la región.
**Hoy 25 de noviembre es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Con 7,095 feminicidios registrados entre 2005 y 2022, según el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), Honduras es el país de la región con las cifras más altas de muertes violentas de mujeres.
“Nosotras hemos venido planteando reiteradamente la necesidad de que se declare una emergencia por este tema, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, así que nos preocupa la situación”, dijo a Expediente Público la coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, Merly Eguigure.
Honduras tiene la tasa más alta de femicidios en Centroamérica, seis por cada cien mil habitantes.
Sin embargo, el tema de los feminicidios y la violencia contra las muejres “es un problema endémico” en la región, dijo a Expediente Público la socióloga nicaragüense y fundadora del Programa Feminista La Corriente, María Teresa Blandón.
“En Guatemala hay cifras similares a las de Honduras, y en Nicaragua en los últimos cinco años han sido asesinadas alrededor de 340 mujeres”, expresó.
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Blandón agregó que en lo que va de este año se han registrado 67 femicidios, la mayoría en Nicaragua y unos 20 de esa cifra “han sido cometidos fuera del país, la mayor parte de ellos en Costa Rica”, que alberga una importante población migrantes nicaragüenses.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el fin de movilizar a todos los sectores sociales ante un problema que tiene un efecto devastador en quienes lo sufren y que dista mucho de tener una respuesta efectiva de los gobiernos.
Estado y los medios de comunicación en deuda
Para Eguigure se debe hacer un abordaje que lleva a declarar los centros educativos libres de violencia, incluido el acoso sexual, “que es un fenómeno bastante grande en los centros educativos”.
También identificó como parte de la problemática a los medios de comunicación que “están reproduciendo información que llega a normalizar y hasta a celebrar la violencia contra las mujeres”.
La feminista hondureña consideró también que no hay un proceso de investigación efectivo y expedito que lleve a detener a los asesinos de las mujeres, entonces cuando la impunidad de los feminicidios es de el 95 o 96 por ciento “estamos mandando el mensaje de que por matar a una mujer no va a ocurrir nada”.
A casi dos años de que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, “seguimos teniendo expectativas sobre que este gobierno va a tomar medidas concretas y más enérgicas”, apuntó.
Aunque reconoció que “todavía la presidenta está en deuda con nosotras y esperamos que en este tiempo y estos altos índices de violencia la llamen a tomar esas medidas que estamos requiriendo y que algunas fueron parte de su campaña electoral”.
Ante la indefensión en que se encuentran las mujeres, el llamado de Eguigure es “a proteger y a defender su vida con lo que tengan a mano para evitar ser víctimas”.
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Un problema endémico con impunidad
Aunque los feminicidios son “la condena final que los agresores ejercen contra las víctimas”, Blandón consideró que es necesario hablar de otras formas de violencia contra las mujeres, como el abuso sexual, que es “una verdadera pandemia” en toda Centroamérica.
Prevenir la violencia, en general, y la violencia machista, en particular, que tiene entre sus principales víctimas a las mujeres y la niñez es una tarea de toda la sociedad y del Estado, reflexionó Blandón, quien enfatizó el papel de las iglesias, los medios de comunicación y los hogares.
La socióloga expresó que además de la impunidad legal existe una impunidad social de la violencia debido a la amplia tolerancia social.
“Justifican que un hombre viole a una mujer porque andaba borracha o porque se fue con él a un bar, justifican que un hombre mate a una mujer porque le fue infiel, o sea, hay una impunidad social que justifica la violencia machista y hay una amplia tolerancia y complicidad en el Estado porque estamos hablando de Estados patriarcales”, manifestó.
Aunque en toda Centroamérica hay leyes, códigos penales y mecanismos de denuncia frente a la violencia machista, no están funcionando porque el Estado “no está de cara a la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas”.
Feminicidios y desapariciones
A octubre del 2023 en El Salvador se registran 40 feminicidios, suicidios y muertes violentas de mujeres, dijo a Expediente Público la coordinadora de proyectos del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, Ana Cecilia Hernández.
Pero la violencia en general contra las mujeres “cada año se recrudece más”, señaló la feminista, quien se refirió también a la violencia sexual, física, intrafamiliar, psicológica, patrimonial y a la del Estado.
Para el caso, consideró que la inversión que hizo el gobierno del presidente Nayib Bukele en el certamen de Miss Universo es una “bofetada a las mujeres” que viven en pobreza, porque les quitaron recursos a las instituciones orientadas a ese segmento de la población.
Hernández mencionó también que la situación para las mujeres es más crítica desde que inició el gobierno de Bukele y se instauró el régimen de excepción, porque muchas mujeres no denuncian por miedo a que las acusen de terroristas o pandilleras.
Tampoco cuentan con estadísticas nacionales sobre la violencia que sufren las mujeres.
Otra situación alarmante son las desapariciones de mujeres, de “enero a septiembre del 2023 en nuestro país se han encontrado 45 osamentas en fosas clandestinas o sea que las mujeres ahora las desaparecen, las entierran, en esa situación estamos”.
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Violencia solo visibilizada por feministas
Blandón es del criterio que han sido las organizaciones feministas las que con sus recursos han puesto en el debate público el tema de la violencia contra las mujeres, y las que han alertado a la sociedad de ese grave problema que está presente en el ámbito público y privado.
“Somos actoras claves en la lucha” continuó, y las que muchas veces han hecho las propuestas de ley, capacitado a los fiscales, jueces y policías.
“El problema es que el Estado no nos reconoce y peor aún que el Estado muchas veces nos trata como si fuésemos adversarias, como si fuésemos enemigas”, dijo Blandón.
Tal es el caso de Nicaragua, donde las organizaciones fueron cerradas y las víctimas de violencia han sido advertidas de no pedir apoyo a las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.
“Hemos sido declaradas enemigas del Estado” pero también en países como El Salvador, donde el gobierno de Bukele ha tenido una postura de exclusión y vigilancia a las organizaciones de mujeres.
Para Blandón, “necesitamos gobiernos democráticos porque los gobiernos autoritarios por definición ejercen la violencia en general y contra las mujeres en particular”.
Si no se tienen gobiernos democráticos, difícilmente se podrá avanzar en leyes y políticas que aborden de manera integral la violencia contra las mujeres, sentenció.
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Ministerio Público no da respuesta
Aunque en Guatemala la violencia contra las mujeres es uno de los delitos más denunciados, muchos casos son desestimados por el Ministerio Público, dijo a Expediente Público la socióloga, feminista y comunicadora, Ana Silvia Monzón.
Refirió que todavía se viene arrastrando el impacto que tuvo la pandemia de la Covid-19, cuando la violencia aumentó por el encierro en que estaban las mujeres con su agresor y los mecanismos para la denuncia eran más difíciles.
Si bien “hay un planteamiento más mediático del Ministerio Público en el sentido de que han abierto más fiscalías donde las mujeres pueden denunciar, pero en la práctica eso no se traduce en mayor justicia” porque muchas denuncias no se investigan y menos se sancionan, acotó.
La desaparición de mujeres en Guatemala
Al igual que en El Salvador, en Guatemala “hay un fenómeno de desaparición de mujeres bastante preocupante”, amplió.
Se refirió también a otras formas de violencia que no están tipificadas, pero que ocurren, como el racismo.
Hernández apuntó que en Guatemala el 46 por ciento de la población es indígena y muchas mujeres utilizan su indumentaria maya “y eso hace que sean más visibles y más sujetas al racismo”.
Otra violencia que sufren las mujeres es la obstétrica, “que no está tipificada, pero que sabemos que se da”.
La feminista guatemalteca dijo que el nivel de impunidad en ese país es de 95 por ciento y consideró que la falta de respuesta tiene que ver con que el Ministerio Público se ha enfocado más el último año en la persecución de los delitos electorales.
“La misma OEA (Organización de Estados Americanos) ya planteó que el Ministerio Público en Guatemala se está dedicando a obstaculizar el voto que la ciudadanía le otorgó al binomio que ganó y no a la persecución y la investigación de otro tipo de delitos”, declaró Monzón en relación a la crisis política que vive ese país centroamericano.
Retrocesos en reivindicaciones
Para la representante de Casa Rara – Vecina Feminista de Costa Rica, Shi Alarcón-Zamora, en Centroamérica cada vez son más los niveles de impunidad y normalización de la violencia, sobre todo sexual, para las mujeres, niñas y personas LGTBIQ+.
“Aunque en Costa Rica la gente piensa que hay muchísimos avances, en realidad estamos ante la amenaza de retrocesos”, debido al presidente Rodrigo Chaves, a quien describió como “autoritario, temerario y jerárquico”, y a una institucionalidad que lo respalda.
“Entonces si un presidente puede hacer eso, como que da una legitimidad a los agresores de comportarse bestialmente (…) y eso está promoviendo bastante violencia contra las niñas y contra las mujeres”, declaró.
Retroceso en Costa Rica
Aunque Costa Rica tiene muchas políticas públicas para prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, incluyendo la ley del acoso, que es uno de los “guiños” de que la sociedad costarricense está cambiando, indicó que ante la polarización política y económica en ese país la violencia presenta más ensañamiento por parte de los agresores.
Para el caso, denunció que las organizaciones feministas están enfrentando una narrativa “que nos hace ver como locas, brujas, malas, como que no estamos realmente por una causa, sino que solo queremos rayar paredes y comportarnos como hombres”.
Esa narrativa es la que más les está costando enfrentar, dijo Alarcón-Zamora, aunque también consideró que las organizaciones feministas enfrentan otras dificultades, entre ellas el de los recursos y la articulación con otros movimientos sociales que todavía no reconocen la importancia de los derechos de las mujeres.
