En 2016, la capital de Honduras fue catalogada como la cuarta ciudad más violenta del mundo. En 2017 se posicionó en el puesto 35, según la organización mexicana del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP). Las fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad indican que en 2016 hubo 995 homicidios, mientras en 2017, se registraron 596 crímenes en el municipio del Distrito Central (D.C.).
En 2016, 12 de cada 100 asesinatos a nivel nacional, se cometieron en esta ciudad; el año siguiente se redujo a ocho por cada centenar de crímenes. Según los boletines del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), de un año al otro, los homicidios en la capital se redujeron en un 40%, un porcentaje mayor al 14% presentado en todo el país.
Si bien las cifras reflejan un avance en la lucha contra la violencia, la disminución está lejos de «apaciguar» la problemática en la ciudad, ya que su tasa de homicidios (43.5) es siete veces mayor a la media mundial (6.2).
Barrios y colonias en rojo
La capital hondureña cuenta con aproximadamente 1,200 barrios y colonias, distribuidas entre Tegucigalpa y Comayagüela, pero según el ONV, 13 de ellas concentraron la mayoría de los incidentes violentos en 2016 y 2017, cuatro ubicadas en Comayagüela y 9 en Tegucigalpa.
De acuerdo a los registros del ONV, las zonas del D.C. que presentaron siete o más homicidios durante el 2016, fueron: el barrio El Centro de Comayagüela, las colonias La Sosa, San Miguel, Nueva Suyapa, El Hato de Enmedio, Villanueva, Los Pinos, Kennedy, Divanna, Monseñor Fiallos, Centro América Oeste, Torocagua, El Carrizal, Villa Unión, La Flor del Campo Sector 1, y la Residencial Plaza.
En 2017 reincidieron dentro de la lista el barrio El Centro de Comayagüela, las colonias San Miguel, Nueva Suyapa, Villanueva, Los Pinos, Kennedy, El Carrizal y la Villa Unión; sumándose La Concepción, Villa Olímpica, Santa Cecilia, Policarpo Paz García y la Cerro Grande.
Fuente: IUDPAS, 2017
De acuerdo a un estudio realizado por Insight Crime, en la capital hay 220 barrios y colonias controladas por las maras y las pandillas, todas las mencionadas arriba son parte de ellas. Según el informe, el 18% del territorio está controlado, sobre todo, por la Mara Salvatrucha y la 18, quienes a través del narcomenudeo y la extorsión, generan un alto nivel de violencia en todos esos sectores.
Unos de los grupos poblacionales más perjudicados por esta inseguridad es la niñez y la juventud; entre ellos, los estudiantes de la educación media. De enero del 2010 a marzo del 2018, el ONV registró 1,522 muertes de estudiantes de todos los niveles educativos a nivel nacional. Al desagregar la información se evidencia que, los estudiantes de educación media fueron los más afectados al acumular el 52.6% (802) de las víctimas.
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«La niñez y los jóvenes en Honduras representan el 51% de la población y en los últimos 5 años, el 55% de las muertes violentas del país fueron dirigidas a jóvenes», expresó Migdonia Ayestas, directora del ONV, durante la presentación de un boletín especial que registra estos crímenes.
En las 13 áreas del D.C. que presentaron la mayor cantidad de homicidios en el 2017, operan 105 centros educativos del nivel básico y medio, que día a día se exponen a esta violencia. Es decir, del total de escuelas y colegios que hay en la capital (897), el 12% están ubicados en las zonas más inseguras de la ciudad.
Desertar para sobrevivir
El ONV y el SEPOL coinciden que una de las áreas con mayor incidencia de violencia en la capital es la zona compartida entre la Kennedy, El Hato de Enmedio y la colonia Villanueva; según la investigación de Insight Crime, se trata de uno de los bastiones de la Mara Salvatrucha.
En esa área hay unos 50 centros educativos de todos los niveles, entre ellos el Instituto Héctor Pineda Ugarte, institución que entre el 2016 y 2017 sufrió el asesinato de cinco de sus estudiantes.
Expediente Público entrevistó a un exestudiante de este centro, quien el año antepasado decidió trasladarse a otro instituto, debido a los acontecimientos de violencia cometidos en contra de varios de sus compañeros. «Yo tenía 19 años de vivir en la colonia del Hato de Enmedio, en sí el problema no comenzó en el instituto, sino en sus alrededores, debido al narcomenudeo; pero poco a poco fue aumentando el problema y de esa manera el problema llegó al Héctor Pineda Ugarte», comenta.
En mayo del 2016 fueron encontrados dentro de un saco los jóvenes Douglas Medina (de 15 años) y Anthony Fúnez (de 16 años), ambos estudiantes del instituto, «el crimen fue abominable, los dos fueron secuestrados y torturados. Al hermano de Douglas, a Luis, le enviaron un video en donde torturaban a su hermano, veintidós días después él también apareció muerto, era un compañero del colegio», dice el joven entrevistado, quien por seguridad pidió se omitiera su nombre.
«A todos nos impactaron estos crímenes. Cuando mataron a Douglas y a Anthony, circuló la información que había una lista de 23 estudiantes de la Ugarte que los mareros querían asesinar, en el listado se incluía a estudiantes que supuestamente vendían drogas, eran banderas o pertenecían al movimiento estudiantil», señala.
Según el joven, las pandillas se oponían al movimiento estudiantil, «porque cuando hacían tomas de las instalaciones, la Policía llegaba a la zona y eso les afectaba», explica.
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A pesar de las amenazas, unos días después del asesinato de Douglas y Anthony, cientos de estudiantes de la Pineda Ugarte decidieron tomarse las instalaciones del centro educativo, para exigir justicia por los crímenes. Durante la manifestación, dos pandilleros se le acercaron a este exestudiante, «me dijeron que si no me salía del instituto, me iban a asesinar», recuerda. Días después abandonó el colegio.
Pero no solo él desertaría del instituto, en febrero de 2016 en su aula habían 25 estudiantes matriculados, en junio de ese mismo año, solo 15 jóvenes permanecieron inscritos.
A pesar de las denuncias, los asesinatos persistieron. El 27 de marzo de 2017 fueron asesinados los estudiantes Luis Murillo Flores (de 20 años) y Flavio Bonilla (de 16 años), a las inmediaciones de este centro educativo, en el sector 10 del Hato de Enmedio. Uno de ellos murió con el uniforme del instituto.
De acuerdo al exestudiante consultado, Flavio era integrante de la banda musical del colegio y cursaba el último año; Luis era estudiante de bachillerato y también miembro de los grupos artísticos del centro educativo. «Antes de ser asesinados fueron perseguidos, en el colegio personas ajenas a la institución preguntaban por ellos. Los dos se lo hicieron saber a las autoridades, pero no hubo respuesta», comentó.
El joven recuerda que en el colegio todos se conocían y tenían la capacidad de resolver cualquier conflicto de seguridad dentro del instituto, pero eso cambió en los últimos años. «Lo que necesita el instituto es seguridad afuera de sus instalaciones, no adentro, porque un policía no está capacitado para ser guardia de un colegio», explicó.
«Hace un par de días fui asaltado en frente del Héctor Pineda Ugarte, cuando fui a una pulpería cercana a recargar mi celular, el hecho sucedió alrededor de las 9:30 de la noche, una hora donde los estudiantes de la jornada nocturna normalmente salen de clases», acota.
Debido a los crímenes cometidos en contra de los estudiantes, en junio de 2017, la Secretaría de Seguridad decidió militarizar varios centros de educación, como el Técnico Luis Bográn, el Jesús Aguilar Paz, el Saúl Zelaya Jiménez, el Técnico Honduras, el Instituto Central Vicente Cáceres y el Héctor Pineda Ugarte. Una medida respaldada por algunos maestros y padres de familia, pero no por toda la población académica.
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Para este joven, quien conocía a todos los estudiantes asesinados de su colegio, para reducir los crímenes no es necesario que los policías y los militares les amenacen que serán apresados si se les encuentra ingiriendo drogas, «lo que ocupamos en concientización, es que nos hablen a través del arte, del deporte y la cultura. Que se fomenten los programas culturales para que la juventud no sea presa de las maras y las pandillas».
Institutos militarizados
Con 140 años de existencia, el Instituto Central Vicente Cáceres es uno de los recintos educativos con mayor historia en la capital, en él estudiaron hasta expresidentes de la República, como el liberal Carlos Roberto Reina, quien gobernó el país desde 1994 a 1998.
Ubicado a las inmediaciones de La Primavera y de la Nueva Esperanza -ambas colonias con altos niveles de violencia, a mediados del año pasado, este centro educativo también amaneció militarizado.
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«Los militares han estado fuera del perímetro del instituto, ellos no ingresan a nuestras instalaciones; han hecho bien su trabajo en mantener la disciplina en la parte del frente del instituto, se les pide que hagan un recorrido a las fueras del muro perimetral, ya que hay muchas zonas que son solitarias y los estudiantes pueden sufrir algún asalto. A lo interno tenemos una seguridad privada que es pagada por los padres de familia», explicó Alejandro McCarthy, director del Instituto Central Vicente Cáceres.
Este centro con frecuencia aparece en los medios de comunicación, debido a los incidentes de violencia que han sufrido algunos de sus alumnos. Del 2014 al 2018 fueron asesinados siete de sus estudiantes, todos ellos abatidos por armas de fuego en las afueras del centro educativo. «Por eso le pedimos a las autoridades la vigilancia externa», explica McCarthy.
En años anteriores, la población estudiantil rondaba los 10 mil matriculados, ahora son unos seis mil. A pesar de la disminución, este instituto sigue siendo uno de los centros más poblados del país. Para su director, esta reducción se debe a diversos factores, no solo a la violencia. «También muchos centros se han convertido en centros básicos y absorben hasta el noveno grado, igualmente se han abierto otros institutos donde las familias prefieren inscribir a sus hijos e hijas, por la cercanía geográfica, así se ahorran el transporte y evitan cualquier peligro en los traslados», detalló, al defenderse de la hipótesis que señala que muchos de sus alumnos desertan a causa de la inseguridad.
Pero Alejandro McCarthy tampoco esconde los problemas que se viven a los alrededores del instituto, por lo que ha pedido mayor apoyo a la Secretaria de Educación y a la Secretaría de Seguridad, pero la respuesta se reduce en militarizar las afueras de sus instalaciones.
«Yo miro poco interés en que resuelvan los problemas de inseguridad en el país, sobre todo en investigar a los asesinatos de estudiantes y no solo del Central. El problema es que señalan más a este centro, cuando todos los institutos han tenido estudiantes asesinados, esa es una campaña que tienen en contra del instituto, ya que muchos lo quieren cerrar», explica.
Como instituto, repetidas veces han solicitado a las autoridades de seguridad que les brinden un informe sobre las investigaciones de los estudiantes asesinados, pero no han recibido respuesta, señaló el director, quien recalca que como centro de formación no han olvidado esos crímenes. McCarthy desconoce las posibles causas de estos homicidios, ya que «desconoce la vida que llevan los estudiantes afuera del instituto».
Otros testimonios
Algunos especialistas coinciden que muchas de las responsabilidades de seguridad recaen sobre los docentes, quienes también enfrentan riesgos. Según el ONV, entre el 2009 y el 2017, fueron asesinados 79 profesores.
Los docentes de estos centros educativos, inmersos en contextos de violencia, generalmente tienen cautela al dar declaraciones. Algunos por desconfianza a poner en riesgo su empleo por algún comentario publicado, y otros por temor a represalias.
Un docente del Instituto Central Vicente Cáceres decidió dar unas breves declaraciones a Expediente Público, si se omitía su nombre. «Tengo estudiantes en mi aula que viven en zonas de mucho riesgo, incluso me han contado “profe, en la mañana encontramos un hombre muerto en la puerta de mi casa y por eso salí tarde (…) No puede llegar al colegio porque se agarraron a tiros las maras de mi barrio, en mi casa no pudimos salir y estuvimos encerrados todo el día para no tener problemas”. Se trata de jóvenes que viven en entornos de mucha violencia, difíciles de enfrentar». El problema no solo radica en la ubicación del centro educativo, sino en los alrededores de las viviendas de los estudiantes.
Una estudiante de este instituto comentó que se siente insegura en todo momento, «porque no solo en el colegio hay inseguridad, sino en toda la ciudad; una vez nos asaltaron a las afueras del colegio, iba caminando con una compañera en pleno día. La chica que mataron recientemente del Central me conmovió mucho, el simple hecho de pensar que ella en su casa le dijo a su mamá “mami, nos vemos más tarde”, sin saber que salía de su casa a encontrarse con la muerte».
En cada uno de los centros educativos ubicados en las zonas más peligrosas de la capital, hay testimonios e historias que constatan la violencia que enfrentan. Rodis Eduardo Peralta era un alumno del séptimo grado en el Instituto Monseñor Jacobo Cáceres, ubicado en la aldea Nueva Suyapa, una de las zonas donde se cometieron más homicidios en el 2017, según el ONV.
El 2 de abril del 2018, Rodis Peralta, de 12 años de edad, solicitó un permiso para salir temprano del centro educativo, por motivos de salud. Cuando se encontraba en las afueras del centro, fue víctima de un tiroteo. Horas después falleció en el Hospital Escuela Universitario (HEU).
Wilson Sorto es el director de la escuela donde estudiaba Rodis. Tiene 36 años de laborar en ese centro. Para él, la violencia en los alrededores de la Monseñor Jacobo Cáceres se incrementó después que enfrente ubicaran una terminal de buses, lo que provocó la presencia de los pandilleros que extorsionan a los transportistas. De acuerdo al informe de Insight Crime, esa zona es dominada por la Mara 18.
Lo que denuncia Sorto no es una hipótesis infundamentada, la simple ubicación de centros como este requiere de mayor atención de seguridad. Se estima que anualmente las maras ingresan unos 2.5 millones de dólares a través de la extorsión en contra del transporte público. Los puntos de buses y taxis no son sus únicas víctimas, las zonas no son seguras para nadie. El problema ha sido denunciado por el director de este instituto, como respuesta, de nuevo, fue la militarización del centro.
