*Evidencia de las actividades criminales del expresidente es creíble, profundamente alarmante y creciente, pero a pesar de ello no ha sido responsabilizado por sus actos, señaló Bob Menéndez en una carta dirigida al secretario de Estado y a la secretaria del Tesoro.
Expediente Público
En una carta enviada este jueves 3 de febrero, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, pidió formalmente al secretario de Estado Antony Blinken y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen revocar la visa y designar como importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
“Ya es hora de que el gobierno de los EE. UU. busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández”, escribió el senador de Nueva Jersey, quien consideró que es “imperativo” que la administración del presidente Joe Biden “tome una posición firme en nombre del estado de derecho en Honduras” y responsabilice al exmandatario “por su importante participación en el narcotráfico internacional”.
Para Menéndez “la rendición de cuentas es uno de los cimientos de la democracia y el estado de derecho” y recordó que aunque Hernández no ha sido acusado formalmente y ha negado las acusaciones, las pruebas presentadas en su contra desde 2019 en varios casos judiciales federales “lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico”.
Citando al Departamento de Justicia, Menéndez señaló que la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de narcotráfico ha contribuido a que Honduras se convierta en “uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos” y en un “narcoestado en ruinas”.
Juicios a narcotraficantes
En su carta, Menéndez enumeró los juicios a narcotraficantes en los que el nombre de Hernández ha salido a relucir.
Uno de ellos es el del hermano del expresidente, Antonio Hernández, declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185,000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua por un juez de distrito de los EE. UU. el 30 de marzo de 2021.
Las pruebas judiciales en ese caso demostraron que entre 2004 y 2019 “Tony” Hernández aseguró y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a su hermano, quien actuó como su co-conspirador.
Uno de esos sobornos, de un millón de dólares, provino del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y sirvió para apoyar la campaña presidencial de Hernández, según los fiscales estadounidenses.
En el juicio se reveló también que en 2013, el entonces candidato presidencial solicitó $1.6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano para financiar su campaña electoral y las de su partido político.
Además se presentó como prueba relevante en ese juicio un libro de ganancias de drogas que fue decomisado en 2018 y que tenía las iniciales de Hernández, quien gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos tras una polémica reelección en 2017.
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Otro juicio al que se refirió Menéndez en su carta es el del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien fue condenado el 22 de marzo de 2021 por cargos de narcotráfico por su participación en una conspiración criminal que incluye a altos funcionarios del gobierno hondureño, entre ellos Hernández.
En 2013 y 2014, Hernández recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección… del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”, señala la carta.
En ese proceso judicial se estableció también que Fuentes Ramírez sostuvo reuniones con Hernández luego de dos presentaciones de la fiscalía en el caso contra su hermano, y que hizo varias declaraciones incriminatorias, entre ellas la admisión de “malversar la ayuda de los Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales” y querer “hacer que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico” cuando en realidad estaba interesado en “inundar Estados Unidos con cocaína”.
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Por último, Menéndez cita la acusación que el 30 de abril de 2020 hizo el Departamento de Justicia contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla Valladares por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.
Según la denuncia penal federal, Bonilla Valladares usó su cargo para proteger las actividades de narcotráfico de sus cómplices, Juan Orlando Hernández y Tony Hernández, quienes ordenaron a Bonilla Valladares asesinar a un narcotraficante rival.
El senador Menéndez sostiene en su carta que “a pesar de la evidencia creíble, profundamente alarmante y creciente de la participación directa” de Hernández en el narcotráfico, no fue incluido en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado, cuya última adición fue en septiembre de 2021, ni está designado en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
La omisión de Hernández en esas listas “está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”, consideró Menéndez, en alusión al reciente cambio de gobierno de Honduras tras las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 en las que resultó vencedora la candidata del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Castro.
En virtud de lo anterior reiteró su llamado a tomar medidas que promuevan la rendición de cuentas “en nombre del pueblo hondureño” y la defensa del estado de derecho en todo el continente americano, identificando a Hernández como un «narcotraficante extranjero importante».
Lo anterior garantizaría que el expresidente, quien fue juramentado el pasado 27 de enero como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), no podrá entrar a Estados Unidos ni tener acceso a los sistemas financieros de ese país ni la capacidad de realizar transacciones con empresas e individuos estadounidenses.
Además, permitiría al Departamento del Tesoro apuntar a la red de tráfico de Hernández al sancionar a cualquier negocio y operativo relacionado.
“Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios”, reitera el senador demócrata en su misiva.
Y sostiene que las actividades delictivas de Hernández han puesto en peligro la seguridad nacional de los EE. UU. y la prosperidad del pueblo hondureño sin que se le haya hecho responsable de ello.
Al sancionarlo se enviaría el mensaje del compromiso de Biden de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar.
