*Las Mesas de Participación Ciudadanas podrían degenerarse en los ya conocidos Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba, Consejos de Poder Ciudadanos (CPC) en Nicaragua y Colectivos en Venezuela, redes de espionaje locales y grupos de choque que atacan protestas opositoras.
**La abolición del Foro Nacional de Convergencia ha sido el punto detonante en el proyecto de Ley de Mesas Ciudadanas que entrará en discusión en las próximas semanas.
***Expertos aconsejan estar atentos a la ley para evitar convertirse en un instrumento represivo y de vigilancia de la oposición al partido oficialista Libre.
Expediente Público
En Honduras han proliferado grupos de militantes de base que bajo el argumento de ser movilizados por orden del expresidente Manuel Zelaya, han irrumpido sistemáticamente en diversas instituciones públicas y privadas solicitando empleos. A estos grupos se les conoce popularmente como “Colectivos” y representarían una nueva forma organizativa que pretende tener un rol primordial para movilizar los intereses políticos del Partido Libre.
Grupos similares son los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba, Consejos de Poder Ciudadanos (CPC) en Nicaragua y Colectivos en Venezuela, que han servido como redes de espionaje locales de los regímenes de estos países y responden como grupos de choque durante protestas opositoras.
Ahora en Honduras el gobierno de Xiomara Castro se plantea crear organismos llamados Mesas de Participación Ciudadana. ¿Serán usadas estas organizaciones para los mismos fines que en otras naciones con regímenes autoritarios?
La reciente propuesta de ley presentada por el Poder Ejecutivo de Xiomara Castro que busca crear Mesas de Participación Ciudadana, generó polémica por la intención directa de eliminar al Foro Nacional de Convergencia. Esta iniciativa ha sido una instancia que la opinión pública hondureña ha asociado afín al expresidente Juan Orlando Hernández.
Además, expertos consultados por Expediente Público instan a estar alertas a señales de que el proyecto se preste para crear una Constituyente o mecanismos de control y espionaje ciudadano.
Tristes antecedentes en Cuba, Nicaragua y Venezuela
“Si una convocatoria, un tipo de instrumento de esta índole va de la mano a un partido de Gobierno que quiere reforzar su posición y del que estamos sospechando que quiere hacer una Constituyente para refundar el sistema político y si, además, tiene tradiciones o relaciones clientelares con organizaciones sociales que moviliza pero que les baja línea política, todo eso se tiene que evaluar”, expresó a Expediente Público Armando Chaguaceda, politólogo e historiador de origen cubano.
En países como Nicaragua, Venezuela y Cuba existen modelos que los regímenes del chavismo, sandinismo y castrismo “vendieron” como involucramiento de la ciudadanía en una línea incluyente en la toma de decisiones del Estado. Sin embargo, con el tiempo, el propósito real se fue desfigurando al convertirse en instrumentos de control y espionaje de la población hasta desembocar en grupos de choque y paramilitares.
La iniciativa de Ley de Mesas de Participación Ciudadana fue presentada ante el Congreso Nacional de Honduras el jueves 22 de septiembre del 2022, pero aún no ha sido discutida en el parlamento, ya que todavía está en revisión en la comisión de dictamen encabezada por el diputado Rafael Sarmiento.
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Gobierno encabezaría mesas ciudadanas
La Ley de Mesa de Participación Ciudadana, según el artículo 1 del proyecto de ley, “será una instancia nacional de diálogo abierto, participación y concertación entre los diversos sectores de la sociedad”.
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Uno de los puntos más criticados de esta iniciativa, es que será el Gobierno el que dirija ese sistema de participación ciudadana. En el artículo 3 de la propuesta de ley, se menciona que la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, “será el órgano responsable de la organización y buen funcionamiento de esta instancia de democracia participativa”, la cual estaría presidida por el ministro de ese ente de Gobierno, Ricardo Salgado.
Ricardo Salgado es sociólogo y escritor, militante y miembro fundador del Partido Libre, pieza clave en el gabinete de Xiomara Castro para velar por el cumplimiento de su “plan de Gobierno y la construcción de un Estado democrático socialista”, según el decreto legislativo que da vida a la Secretaría de Planificación.
Salgado ha participado activamente en el ámbito político, desde la fundación del Partido Libre el 26 de junio del 2011, hasta su llegada al poder en el 2022. Fungió como representante del partido en Relaciones Internacionales en el periodo entre 2013 al 2016. Asimismo, se desempeñó como asesor tanto de la abogada Rixi Moncada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2019-2021 y como del Coordinador General de Libre, Manuel Zelaya.
No es una participación autónoma
Para Chaguaceda, una participación no es autónoma desde el momento que es “convocada por el Estado y desde el partido oficial o único”, y si también denota un “marcado propósito de legitimar políticas decididas antes por el partido gobernante, donde las personas van más como militantes que como ciudadanos con ideas plurales”.
La conformación de estas mesas de participación ciudadana será voluntaria, según explicó a Expediente Público el dirigente del Partido Libre, Gilberto Ríos. “La participación popular y ciudadana puede ser estimulada desde el Estado, no puede ser obligatoria”.
Inclusive, Ríos consideró que más bien será necesario administrarlas bien (las mesas ciudadanas) “porque hay un gran deseo de ser tomados en cuenta por parte de los diferentes sectores (…) sobre todo una sociedad a la que nunca se le ha consultado, a la que se le impuso una dictadura de 13 años”.
En concreto, la propuesta de ley no hace mención específica de los requisitos que se deben cumplir para formar parte de las mesas y es vaga en comparación con otras leyes que sí lo mencionan de forma explícita, como por ejemplo la ley que crea al Fonac.
Fomentando la participación
Joaquín Mejía, abogado y doctor en Derechos Humanos estimó a Expediente Público que “cualquier espacio que implique participación ciudadana hay que verlo con buenos ojos”.
Asimismo, tanto él como Gilberto Ríos coinciden en que después de varios años bajo un Gobierno calificado por varios sectores como un “narcodictadura” y un espacio cívico cerrado, es positivo que se creen nuevos mecanismos de diálogos entre grupos con diferentes puntos de vista.
En entrevista con Expediente Público, el ministro en Planificación Estratégica, Ricardo Salgado expresó que el propósito de este proyecto de participación es “que todo mundo tenga la posibilidad de organizarse para democratizar las decisiones y los planes del país”.
Según la propuesta de ley, los sectores que integrarían las mesas ciudadanas serían: el sector privado, sectores sociales, gremiales y ONGs, así como representantes de partidos políticos, entre otros. Para Mejía, este es un aspecto a destacar.
No hay claridad sobre quiénes integrarían
“Cuando yo leo la ley y veo quiénes son los sectores que van a participar, yo lo alabo, porque Honduras desde hace mucho tiempo, desde el Eric (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, una unidad de análisis dentro de las Jesuitas, Radio Progreso) por ejemplo, venimos diciendo que necesitamos consensos mínimos”, valoró Mejía.
Sin embargo, la ley no es clara al mencionar los asuntos importantes que se abordarían, ya que únicamente se señala que los representantes de las mesas “serán convocados en razón al tema o materia a tratar, por iniciativa de la Presidencia de la República o por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica”.
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Colectivos de Libre, bajo lupa
Chaguaceda recomendó estar alerta a que estas mesas ciudadanas no se degeneren como ha sucedido en Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde existen Consejos de Poder Ciudadanos (CPC) que supuestamente se crearon en función de diálogo y consenso, pero inmediatamente se convirtieron en instrumentos de control y espionaje dentro de los barrios y colonias.
“En el caso de las dictaduras o autocracias esas instituciones se crean no para ampliar la participación ciudadana, sino para manipular la participación ciudadana”, expresó Chaguaceda.
El politólogo sugirió que hay que estar expectantes dada la experiencia en Centroamérica, donde se están consolidando gobiernos autocráticos.
Verticalismo político
En los estatutos del partido oficialista, se hace mención directa de los Colectivos de Base como la “estructura fundamental de Libertad y Refundación (LIBRE) y está integrado por la membresía. Funciona en caseríos, aldeas, barrios, colonias, centros de trabajo y cualquier otro espacio del término municipal donde se encuentre el accionar de Libertad y Refundación (LIBRE)”.
Asimismo, «el colectivo de base debe organizarse de la misma forma que la estructura de la Coordinación Municipal de Libertad y Refundación (LIBRE)”, reza el artículo 74.
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También se ha hablado que los colectivos del Partido Libertad y Refundación, pueden ser instrumentos similares a los CPC de Nicaragua, pero desde estas mismas organizaciones rechazaron a Expediente Público ese temor.
Gustavo Matamoros, coordinador de una de estas agrupaciones en la capital hondureña, reconoció que los colectivos son “la estructura orgánica que tiene el Partido Libre» en los barrios y colonias.
Manuel Zelaya los dirige
Matamoros continuó diciendo que “todo el mundo puede organizarse, pero el nombre colectivo que maneja libertad y refundación es una estructura política, entonces por lo tanto si nosotros tenemos un comandante que es el coordinador general José Manuel Zelaya Rosales de ahí se desprenden los colectivos del libre”.
Los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) se formaron desde el Golpe de Estado del 2009, y con la llegada del partido al poder, tomaron fuerza y ahora funcionan de enlace entre las comunidades y el Gobierno.
“Son un brazo operativo partidario y normalmente están relacionadas con diputados que antes de ser diputados son líderes o dirigentes políticos, es decir, el que llega a un puesto de elección popular primero tuvo que haber hecho campaña, haber organizado un sector de la población y ese sector lo organizó para que lo ayudara a llevar su mensaje, esos son los colectivos”, expresó el ministro Salgado.
Estos colectivos funcionan bajo una dinámica de jerarquía vertical: escala desde la unidad mínima, en los barrios, hasta la coordinación nacional. Matamoros explicó a Expediente Público que “en cada colonia hay un colectivo que está dirigido por un coordinador, subcoordinador y 11 secretarios o secretarias”.
Los colectivos de barrios se agrupan en territorios. A nivel de Tegucigalpa existen 28. Los territorios, a su vez, son dirigidos por una coordinación a nivel de municipio, es decir que, en Honduras, hay un total de 298 estructuras municipales.
Por arriba de la dirigencia municipal están los coordinadores departamentales, para finalmente llegar a la coordinación a nivel general, cuyo cargo está en manos del expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro.
Líderes políticos son ahora “comandantes»
“Recibimos nosotros las indicaciones para poder hacer un movimiento como en el que actualmente estamos, viene nuestra comandante en jefe, Xiomara Castro de Zelaya, nuestro coordinador general, nuestro comandante José Manuel Zelaya Rosales, igual nuestro coordinador departamental Mario Osorto, y así nosotros tenemos una estructura formada y se lleva a cabo la actividad”, acotó Matamoros.
Mario Osorto abogado de profesión, es el actual diputado representante del oficialista (Libre) en el Parlamento Centroamericano. Se desempeña también, como gobernador del partido en el departamento de Francisco Morazán.
Además de la actividad política, estos grupos comunitarios acompañan y auxilian al Gobierno cuando este quiere llevar ayudas o medidas de atención social.
“Se nos decía que teníamos dinero de Venezuela, de Nicaragua y de los países comunistas, eso nunca pasó, cada uno de nosotros costeaba todos sus movimientos” aseguró Matamoros a principios de octubre mientras ayudaba a coordinar una actividad de entrega de bombillos ahorrativos en una colonia capitalina.
Confusión Estado-partido
Dicha actividad, la cual fue presenciada por Expediente Público, fue anunciada por la Secretaría Nacional de Energía (SNE), pero los colectivos facilitaron la organización y el desarrollo de la misma. Los coordinadores de los diferentes sectores del barrio La Kennedy de Tegucigalpa realizaron el acompañamiento con los técnicos de la SNE para hacer la entrega casa por casa de focos ahorrativos.
En cuanto al papel que jugarían los colectivos en el proyecto de mesas ciudadanas, Salgado refirió que “los colectivos son un brazo operativo partidario, pero las mesas ciudadanas hablan de toda la sociedad, es decir, van más allá de los partidos políticos».
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Abolición del Fonac
A la fecha, el organismo que desempeña este papel es el Fonac, que entró a la escena hondureña en noviembre de 1994. El propósito principal de esta instancia es formular el sistema de seguimiento y reporte del avance de la ejecución de los Planes de Nación.
Sin embargo, la continuidad del Fonac está en manos de los congresistas, ya que, una vez aprobado el proyecto de ley, inmediatamente desaparecerá.
“Se suprime el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), en consecuencia, todas las atribuciones, competencias y facultades legales que corresponden al Fonac, serán asumidas por la Mesa Nacional de Participación Ciudadana”, reza el artículo 6 de la ley.
El actual director del Fonac es Omar Rivera, un personaje a quien le atribuyen haber avalado muchas acciones del Gobierno de Hernández, como haber defendido la compra de los hospitales móviles para pacientes con COVID-19, que resultó en una de las más grandes de estafas a nivel nacional, al pagar 47 millones de dólares por siete unidades defectuosas e inservibles.
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Imagen dañada del Fonac
Igualmente, se le acusa de haber acompañado varios proyectos que se impulsaron en el Gobierno de Juan Orlando, ya que fue miembro de la Comisión para la Depuración Policial, una operación que separó a unos 3,100 policías, pero muy pocos de ellos fueron enjuiciados.
A Rivera, como director del Fonac, también se le critica de haber callado en hechos polémicos como la reelección presidencial de Hernández en 2017, así como la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012.
El hecho que hayan nombrado a Rivera frente al Fonac en 2020, empañó la imagen del organismo de veeduría social, según señalaron expertos.
“Yo creo que muchos sectores de la ciudadanía que tenemos una visión crítica de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando en el país, consideramos que es necesario eliminar el Fonac”, refirió Mejía en entrevista con Expediente Público.
Libre quiere incidir en el CNA
El artículo 6 de la propuesta de ley también ha levantado suspicacias porque ordena que un representante de las Mesas Ciudadanas integre la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en sustitución del Fonac.
Se desconoce quién sería el designado para ese cargo porque lo nombrará el Gobierno. La presidenta de la República será la responsable de instruir al secretario de Estado para elegir al representante.
En torno a este apartado se produjeron críticas porque podría darse la eliminación del CNA, hasta incidir en las decisiones de dicho ente, pero estas versiones han sido desmentidas tanto por los diputados oficialistas, como por funcionarios del Gobierno.
Tal es el caso de Salgado, quien dijo que “el CNA en ningún momento es objeto de ningún ataque de parte nuestra”, y consideró que más bien lo que se ha estado haciendo con eso “es una campaña para visibilizar a la organización y darle alguna relevancia”.
“Quiero rechazar enfáticamente la información diseminada en el sentido de que este poder del Estado quiere eliminar al CNA (…) esto solamente puede ser objeto de una campaña perversa en contra del Congreso Nacional ya que en ninguna parte del proyecto de las mesas ciudadanas se habla de tal cosa”, expresó el vicepresidente del parlamento, Hugo Noe Pino el 27 de septiembre del 2022.
¿En rumbo a la Constituyente?
El politólogo Chaguaceda aconsejó a la sociedad civil estar alerta ante cualquier atisbo de pretender utilizar este instrumento participativo para encaminarlo a abrir una nueva Constituyente.
“Habría que evaluar este proyecto de ley si efectivamente va de la mano con una sospecha de que va a haber un intento de refundación por una vía de Asamblea Constituyente”, aconsejó.
Asimismo, el historiador cubano opinó que a veces los proyectos de Asamblea Constituyente se prestan para la manipulación, aunque aclaró que no se refiere al caso hondureño. “Se sobrerrepresenta por la forma en que se diseña la convocatoria o se aprovecha la popularidad de un gobernante muy popular o se sobrerrepresentan las posibilidades para que sus simpatizantes lleguen”.
En contraste, Mejía dijo que no es necesario instalar Mesas Ciudadanas para abrir una Constituyente, pero que, de ser así, no hay que tener miedo a estos procesos porque es necesaria una nueva Constitución dado el Golpe de Estado del 2009.
Paradójicamente, ese incidente ocurrido el 29 de junio del 2009, en el que el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya fue sacado por la fuerza del país y llevado hacia Costa Rica, debido a la promoción del proyecto denominado “Cuarta Urna”, cuyo propósito era llevar a cabo una consulta para que los hondureños se pronunciasen sobre si querían celebrar una Asamblea Nacional Constituyente y así crear un nuevo texto constitucional.
