*Entre 2014 y 2022 se han registrado en Honduras 1,609 casos de sustracción de menores.
**Al menos 524 de estos casos todavía se encuentran sin resolver.
*** Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos lamentó que Honduras presenta “un patrón de incumplimiento” sobre este tema.
Sharon Ardón / Expediente Público
El 14 de marzo de este año fue rescatada una niña hondureña de tres años de edad que era trasladada por 7 personas hacia México. En el año 2014 otra niña fue sacada del país centroamericano de manera ilegal por su padre y llevada a los Estados Unidos. Cuatro años después la niña fue recuperada y regresada a su madre en Honduras.
Estos son solo dos de al menos 1,609 casos de sustracción de menores de edad registrados entre 2014 y 2022 por la Autoridad Central de Honduras y por lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre este tema, calificó que es el único país de la región centroamericana que muestra “un patrón de incumplimiento”.
De los 1,609 casos de sustracción de menores de edad, 524 se encuentran en estado de “activo”, es decir que no se ha logrado recuperar a los menores y 1,085 están “cerrados o concluidos”. También en esos mismos años se han activado 181 alertas amarillas y 81 solicitudes de retorno.
Susbríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
El Departamento de Estado afirma que pese a que Honduras está adherido a la Convención de La Haya para evitar la sustracción internacional de menores, el cual es el principal mecanismo de derecho civil para los padres, el Estado hondureño “incumplió regularmente sus responsabilidades conforme a la Convención”.
¿Qué es sustracción de menores?
La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), es la que ejerce la Autoridad Central en Honduras sobre aspectos civiles en sustracción internacional de menores.
La oficial jurídico de la Dinaf, María de los Ángeles Orellana explicó a Expediente Público que la sustracción de menores es un delito que se da cuando uno de los progenitores se lleva a su hijo sin consentimiento.
“Es donde un niño o niña o adolescente sin previo permiso del otro padre pasa una frontera, Estados Unidos, por ejemplo, sin el consentimiento del padre, ahí ya incurre en lo que es el delito de sustracción de un menor”, detalló.
Aunque este delito suele relacionarse o confundirse con el tráfico y la trata de personas, la oficial del Dinaf expuso que “en la sustracción son los padres, quienes cometen el delito”, y en los casos de trata o tráfico de menores “pueden ser otras personas que exploten sexualmente a nuestros niños niñas y adolescentes”.
Los padres también pueden ser criminales
De igual manera lo diferenció el especialista de prensa del Departamento de Estado, Ray Darnott a Expediente Público, “la substracción parental de menores es diferente del tráfico de menores que implica otras cosas como posible objetivo de prostitución, y es usualmente realizado por criminales”.
“Claro, los padres también pueden ser criminales pero la diferencia es la intención diría yo”, concluyó Darnott.
La sustracción de menores es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 286 del Código Penal vigente hondureño y se castiga con pena de prisión de 3 a 6 años. Las penas se agravan cuando el traslado de los menores de edad se realiza fuera del país.
Le puede interesar: Promesas en derechos humanos del Gobierno de Xiomara Castro quedan en “papel mojado”
Convenios que protegen a la niñez
Estados Unidos señala que la Convención de La Haya sobre Sustracción es una de las herramientas más efectivas para disuadir y resolver la sustracción internacional de niños por parte de los padres.
Sin embargo, desde el órgano estadounidense lamentan que algunos países son reacios a ratificar este convenio, y otros que, aunque son socios del tratado de La Haya, “no cumplen con sus compromisos”.
“Los estados parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para este fin, los estados parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o la adhesión a acuerdos existentes” se lee en el Artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A pesar de que Honduras es firmante de estos convenios internacionales que abogan por el cumplimiento y protección de los derechos de los niños, según la percepción de expertos en temas de la niñez, entrevistados por Expediente Público, Honduras continúa mostrando desinterés en la protección de los niños y adolescentes.
¿Qué hace el Gobierno de Honduras?
En una entrevista con Expediente Público, la directora nacional de Casa Alianza, Cándida Sauceda expresó que “son pocos los avances que el Estado de Honduras ha tenido hasta el momento en materia de niñez”.
Agregó que “Honduras tiene grandes desafíos al respecto. Se están haciendo esfuerzos tal y como lo menciona el mismo informe, sin embargo, esto no resulta suficiente para contrarrestar las múltiples problemáticas que afectan a la niñez y juventud”.
Para la directora de Casa Alianza, es necesario que, como sociedad y Estado, se deje de ver a los niños como objetos y se les comience a dar el lugar que les corresponde y, por lo tanto, todos los derechos, leyes y políticas que han sido creadas para su beneficio deben ejecutarse y “no solamente quedar plasmadas en los documentos”.
Sauceda dijo que los entes competentes, la Fiscalía de la Niñez y la Dinaf, “deben liderar los esfuerzos estatales para al menos minimizar la incidencia de casos de sustracción de menores”, aunque también es de vital importancia la sociedad civil.
“Particularmente desde la institución (Casa Alianza) que represento, estamos dispuestos a acompañar al Estado en esta y otras problemáticas que afectan a la niñez de Honduras”, puntualizó.
Puede leer: Honduras: 2,896 denuncias por abusos sexuales de mujeres y niñas y solo 88 condenas el último año
Patrón de incumplimiento
Estados Unidos reconoció que Dinaf “demostró una dedicación para mejorar el desempeño administrativo”, ya que el 23 de marzo del 2022, se creó la Unidad Técnica Ejecutora de Convenios de La Haya, con el propósito de agilizar los procesos relacionados a los casos de niñez en materia de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, señaló que persistieron los retrasos en la presentación de los casos en los tribunales.
A criterio de Sauceda, si existe una suscripción a un convenio es porque la problemática está presente y porque se piensa hacer algo para revertirla, pero “si no hay interés o voluntad por parte de los tomadores de decisión, los esfuerzos de país se verán diluidos”.
“Si los estatutos de los convenios y las leyes internas se cumplieran a cabalidad, su efectividad sería competente, pero dada la situación de desconocimiento y abandono en la que muchos funcionarios caen, la problemática continuará siendo crítica”, finalizó.
Lentitud en la ejecución de casos
“En la mitad de los casos pendientes en 2022, la Autoridad Central de Honduras no tomó todas las medidas apropiadas para facilitar la iniciación de procesos judiciales de manera oportuna, lo que resultó en retrasos significativos”, reza el informe estadounidense.
Desde la Dinaf manifiestan que la atención que le brindan al usuario es rápida y expedita. “Inmediatamente que un solicitante nos hace llegar su solicitud, nosotros inmediatamente subimos la alerta María con Interpol”, dijo a Expediente Público la jefe de la Unidad Técnica Ejecutora de los Convenios de La Haya por Honduras, Patricia García.
No obstante, también son conscientes de los atrasos en las investigaciones que tienen principalmente con Estados Unidos. La ubicación de los menores y falta de recursos económicos son los principales factores que propician la demora o el retraso en la presentación de casos de sustracción en los tribunales, afirmó.
Además: CIDH sugiere a Honduras no extender Estado de Excepción
Sin abogados
“El principal atraso para que nosotros tengamos esa mora administrativa y principalmente con Estados Unidos, es porque no tenemos abogados que se dediquen exactamente a la rama. Incluso se van a unas cortes y desconocen los convenios”, explicó García.
La abogada sugirió que los juristas que se dediquen a ejecutar estos casos de sustracción internacional “deberían de ser capacitados para darle una pronta respuesta a los solicitantes”, y de igual manera, expresó su exigencia ante el Estado hondureño de implementar “como un instituto o un colegio profesional de abogados gratuitos o pro bonos” para que les den asistencia a los solicitantes.
La ubicación es otro de los factores que propician la tardanza de casos por parte de la Dinaf porque según explica García, muchas familias ingresan por puntos ciegos, no pasan por migración y se les complica localizarlos”.
Unicef: Que investiguen los casos
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) aboga por el cumplimiento de las leyes frente a este delito que pone en riesgo la vida de los infantes.
“La sustracción de menores por su padre, su madre y cualquier otra persona vinculada a ellos en su hogar es prohibida, es absolutamente ilegal y debe ser castigada, investigada y sancionada por los órganos operadores de justicia del Estado”, refirió a Expediente Público, Héctor Espinal, especialista en comunicaciones de Unicef en Honduras.
Espinal explicó que el país centroamericano ya establece que para que un menor pueda salir, debe ser con el consentimiento de ambos padres, pero además, debe ser presentado a través de un apoderado legal, un notario y debe contar con el permiso de las oficinas de Migración.
Agregó que cuando un niño o niña es sacado del país por uno de sus padres sin ninguno de estos permisos, el Estado inmediatamente debe actuar.
“En el caso de Unicef cuando están ocurriendo los casos que ahora casualmente siguen ocurriendo, es exigir a los gobiernos que cumplan y que los operadores de justicia sancionen, investiguen y judicialicen para acabar con la impunidad”, remarcó.
La prevención es crucial
El especialista de Unicef consideró que la educación y la sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias de la sustracción de menores es importante para evitar que se continúen suscitando casos en el país.
Aseguró que la Dinaf y la Dirección de Migración de Honduras, “son responsables de hacer público no solamente el término de sustracción, sino todo el tema de niñez para que la población lo conozca”.
Por su lado, la directora de Casa Alianza sostuvo que la prevención es clave para evitar más casos de salida irregular de menores en Honduras.
“Es muy importante la prevención, algo de lo que carece el país. La falta de prevención nos ha llevado a la situación extrema en la que nos encontramos. Por no prevenir tenemos altos índices de violencia, migración, deserción escolar, embarazos en niñas y adolescentes. Mientras las autoridades no desarrollen labores de prevención, se continuará con la problemática”, argumentó Cándida Sauceda.
