*El Tren Interoceánico tardará 10 años en ser construido, sin embargo, mediante un decreto se declaró “de emergencia” su construcción para aprobar compras directas y bajo secreto de Estado.
** Carlos Murillo, analista internacional, advirtió los riesgos de corrupción debido a la reducción de controles en torno al proyecto.
***Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta Xiomara Castro es la persona designada para presidir la comisión que llevará adelante la construcción del Ferrocarril Interoceánico.
Yarely Madrid y Sharon Ardón / Expediente Público
Decisiones que van desde crear una asociación público-privada, decretos de emergencia para compras directas y declarar reservada toda la información relacionada a organizaciones internacionales y acuerdos de todo tipo con otros países, hasta el nepotismo, giran en torno a la construcción del Ferrocarril Interoceánico en Honduras.
La recién creada Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi) tendrá como presidente ejecutivo a Héctor Zelaya, también secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Según el PCM 08-2024, publicado en el diario oficial La Gaceta el 28 de febrero del 2024, Zelaya podrá comprar directamente, contratar empresas y conformar equipos de trabajo.
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El proyecto deberá incluir por lo menos el 51% de capital accionario nacional, pero también contará con capital extranjero, ya sea público, privado o mixto.
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¿Cuáles serán las funciones de la Confi y su presidente?
La Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi) será una entidad descentralizada, adscrita a la Presidencia de Honduras, con independencia funcional, técnica, administrativa, presupuestaria y con personalidad jurídica propia.
Su presidente puede realizar contrataciones de personas o empresas; suscribir contratos para realizar estudios de factibilidad diseños, presupuestos, análisis de pre-inversión y gestión de financiamientos.
Además, puede solicitar autorizaciones y permisos ambientales, de transparencia, defensa, seguridad, locales, tributarios, constructivos y la socialización con los gobiernos locales y comunidades.
La Comisión tiene la atribución de crear marcos jurídicos y de transparencia para negociar los financiamientos necesarios para el proyecto y socializar a la sociedad en general las acciones y avances que se realizan.
El presidente “podrá crear” un Proyecto de Ley que “regule de manera especial todo lo relacionado con la creación de la empresa Gran Nacional Ferrocarril Interoceánico, que tendrá a su cargo la construcción y administración” de la obra.
Este proyecto deberá ser sometido al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso Nacional de la República, para su aprobación.
Y puede obtener nuevas “funciones que le sean asignadas por la presidenta de la República, ya sea en forma directa o por decretos dictados en Consejo de Secretarios de Estado”, se lee en otra parte del PCM.
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¿De qué trata el proyecto del Tren Interoceánico?
El tren interoceánico no es un proyecto nuevo para Honduras, desde 1989 se comenzó a plantearse para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, pero, aunque hubo propuestas por entes como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ponerlo en marcha, nunca se desarrolló.
Según explicaron autoridades del gobierno a medios nacionales el proyecto tendrá un costo de 10 a 20 millones de dólares y se dividirá en dos etapas. La primera, comprendería la remodelación de las vías férreas que conectan a Puerto Cortés y San Pedro Sula.
También se incluye la construcción de 120 kilómetros de nuevas rutas férreas para transportar contenedores de San Pedro Sula hasta la recta en La Barca en el departamento de Cortés.
Finalmente, la segunda fase incluirá la construcción de 600 kilómetros de vía ferroviana que se extenderán desde un megapuerto a construir en Amapala (al suroeste de Honduras) hasta Puerto Castilla (en el norte de Honduras).
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Por otro lado, han explicado que dicho proyecto también abarca otras fases que requerirán trabajos de mitigación ambiental, construcción de infraestructura y la participación e involucramiento de las comunidades para garantizar beneficios para todos.
Interés internacional en proyecto
A finales del año 2023, el secretario de Relaciones Exteriores en Honduras, Enrique Reina enunció que la construcción del tren interoceánico se desarrollaría con la participación de varios países como Estados Unidos, Japón, Corea, China, España e Italia.
Además, dijo que el interés en este proyecto se debía a su importancia como una alternativa a las rutas interoceánicas, especialmente la del Canal de Panamá.
A su vez, la mandataria hondureña Xiomara Castro declaró a esta vía, que unirá el Océano Atlántico con el Pacífico, como “proyecto de interés nacional”, cuyo objetivo es salvaguardar los intereses públicos y sociales de al menos 9 millones de hondureños y afirmó que esta obra promovería el desarrollo económico en la región.
“No es profesional”
Salvador Nasralla, designado presidencial manifestó en la red social X que el tren interoceánico no debería ser considerado como “una emergencia” pues su culminación tardará por lo menos 10 años.
Señaló que frente al proyecto debe estar “un profesional” y Héctor Zelaya no lo es para presidirlo.
Catalogó desde ya el tren interoceánico como “un gran robo” por el actual gobierno y denunció que Castro están mintiéndole al pueblo hondureño con su culminación.
Negociaciones bajo sigilo
El 8 de marzo se publicó en el Diario Oficial de La Gaceta el Acuerdo N° 001-SG-2024 que ordena que toda la información relacionada a organizaciones internacionales y acuerdos con otros países sea reservada.
“Que se tenga como información reservada las actividades durante el proceso formal de negociaciones que celebre el Estado de Honduras, sean estos llamados Instrumentos, Acuerdos, Convenios, Tratados y toda la información de las organizaciones internacionales y otros Estados”, se lee en la tercera página del acuerdo.
El experto en derecho internacional, Joaquín Mejía, en entrevista con Expediente Público, consideró que este acuerdo genera suspicacia, porque el secretismo es para toda la negociación del proyecto, no se evalúa parte por parte ni por qué se debería considerar la reserva.
“Sin ver caso por caso, ya se decide que todas las negociaciones de tratados serán reservadas, incluso por diez años, y la pregunta es por qué. Eso es lo que a mí en lo particular me genera preocupación”, manifestó Mejía.
Recordó que este es un acuerdo ejecutivo y que hay una Ley de Acceso a Información Pública que está por encima de este tipo de acuerdos.
“El Estado tiene la obligación de aplicar el principio de máxima divulgación o de máxima publicidad posible de los actos estatales y el principio de buena fe, esto implica obviamente brindar todos los medios que sean necesarios para que las personas podamos acceder a la información”, explicó.
Riesgos de corrupción
En una entrevista con Expediente Público, el analista costarricense especializado en temas internacionales, Carlos Murillo, ofreció una lectura sobre los contextos internos y externos que rodean la reciente aprobación del decreto PCM 08-2024 en Honduras, el cual establece una asociación público-privada para realizar compras directas de urgencia en el proyecto del tren interoceánico.
En primer lugar, Murillo explicó que actualmente persiste una tendencia mundial especialmente entre gobiernos populistas y, en el caso en particular de Honduras, de buscar mecanismos que reduzcan los controles, lo que podría indudablemente incrementar los riesgos de corrupción.
Detalló que al reducir los controles de la administración pública con el pretexto de agilizar los procesos de construcción y, por ende, desde la perspectiva de esas relaciones público-privadas, lo que “siempre se presta a actos de corrupción o facilitar la corrupción, eso se está viendo en la mayor parte del mundo”.
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Otra puerta a China
En segundo lugar, resaltó que hay un interés creciente en la lucha entre las superpotencias, en este caso concretamente de China, en establecer una ruta que conecte el Caribe y el Pacífico, lo que le ha llevado a buscar alternativas viables en territorio hondureño después de proyectos fallidos en otros países de la región.
Por ejemplo, el intento en Panamá con el proyecto de gran escala, el canal interoceánico. Asimismo, enlistó el caso de Costa Rica con el ferrocarril, una vía y un oleoducto entre el Caribe y la parte norte del Pacífico costarricense, el cual no funcionó.
“Ahora lo intenta en Honduras porque sabe que el canal Interoceánico en Nicaragua no es viable, ni ambiental, ni técnica, ni financieramente, pero que un canal seco un ferrocarril del Caribe al Pacífico por territorio hondureño, sí lo sería”, concluyó.
