*De un promedio de 51.38 por ciento entre 2010 y 2022, la Secretaría de Seguridad de Honduras pasó a ejecutar un 46.54% de su presupuesto en los primeros siete meses de 2023, según informe del centro Expediente Abierto.
**Según analistas consultados por Expediente Público, esto podría deberse a incapacidad de planificación del Gobierno, debilidad institucional e influencia político-partidaria.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Aunque es una de las instituciones con los mejores niveles de ejecución presupuestaria al final del año, en el período de enero a julio de 2023 la Secretaría de Seguridad de Honduras alcanzó los porcentajes más bajos de su historia en el uso de los recursos públicos.
Entre 2010 y 2022 la ejecución acumulada promedio de esa secretaría al séptimo mes, fue de 51.38 por ciento, pero en ese mismo lapso de 2023 llegó apenas al 46.54%. Julio fue el mes con el nivel más bajo con sólo 4.16% ejecutado frente a una media en ese mes que ha estado en torno al 7% en años anteriores.
Esos son algunos de los hallazgos en el informe “Ejecución del presupuesto nacional de Honduras Enero-Junio 2023” del centro Expediente Abierto, con base en datos publicados por la Secretaría de Finanzas y que incluye particularidades de las secretarías de Seguridad, Educación y Salud.
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Modificaciones presupuestarias
El presupuesto general de Honduras aprobado para 2023 fue de 392,519.73 millones de lempiras ($15,892.7 millones), de los que el 59.75% se destinaron a la administración central y el 40.25% al sector descentralizado.
A la Secretaría de Seguridad de Honduras se le aprobó un presupuesto de gastos de 10,202.26 millones de lempiras ($413.1 millones), lo que representó un aumento del 27% respecto a lo ejecutado durante el año 2022, equivalente al 2.60% del presupuesto de gasto total, que la ubica en el puesto 13 de las instituciones con mayores fondos asignados.
Entre enero y julio de 2023, el presupuesto de la nación tuvo un aumento neto de 1,573.21 millones de lempiras (casi $63.7 millones) y en ese mismo período se incrementó el de Seguridad en 664.35 millones de lempiras, es decir, 6.51% más respecto al monto original.
“Según lo identificado en este análisis, esta variación se da por mayores fondos del Tesoro Nacional, que son la fuente única del aumento”, consigna el informe de Expediente Abierto.
El documento también establece que en el periodo enero-julio de 2023, el mes con mayor ejecución fue junio con el 12.67%, y que al analizar los datos históricos se ubica como el segundo mes con más fondos ejecutados después de diciembre.
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¿Qué pasa en la Secretaría de Seguridad?
Son cinco los sectores estratégicos que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro contempla en el acuerdo ejecutivo 355-2022, relacionado con los lineamientos de la política presupuestaria: participación y democracia, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo ambiental y seguridad y justicia.
En esa línea, el mayor aumento en las modificaciones del presupuesto se registró en el sector “Defensa y Seguridad”, con un 4.03%, mientras que el programa de la Secretaría de Seguridad con la mayor alza al presupuesto fue el de “Actividades de Dirección de la Policía Nacional”, con 23.6%.
De los siete programas de la institución, tres lograron ejecutar más del 40% y dos más del 50%, con los más bajos niveles en los “Proyectos comunes a los programas 11 y 14” y “Servicios policiales de vialidad y tránsito”, con apenas el 10.13% y 27.12%, respectivamente.
En cuanto a los cambios registrados según la “Unidad ejecutora”, a partir del mes de marzo se agrega el “Fondo operativo de la Policía Nacional-tasa de seguridad poblacional” con el cual se asignan 1,996.39 millones de lempiras al mes de julio (casi $80.8 millones), lo que la convierte en la segunda “Unidad ejecutora” más importante, sólo por debajo de la “Dirección nacional de prevención y seguridad comunitaria”.
Para agregar esta unidad, fue necesario reducir fondos de otras 9 nueve unidades por un monto de 1,358.13 millones de lempiras ($54.9 millones).
En su análisis de la ejecución del presupuesto de gastos por “Unidad ejecutora”, el documento revela un comportamiento diverso, ya que las 19 entidades que se logran identificar, nueve lograron ejecutar más del 40% de su presupuesto de gasto.
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Sobre Dipampco y la Policía Militar
En el informe de Expediente Abierto se lee que “llama la atención la baja ejecución que se observa” en el Programa de convivencia ciudadana y mejoramiento de barrios, de 10.13%, y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), con 11.61%, creada en julio de 2022 y que vino a sustituir la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP).
Mientras que la Policía Militar del Orden Público (PMOP), supeditada a la Secretaría de Defensa Nacional, tuvo un presupuesto de gastos equivalente al 10.45% del total asignado a esa institución del Gobierno central, es decir, el 0.29% del gasto total de la administración pública, que representa a un aumento de 6.84% con respecto a 2022.
La ejecución presupuestaria de la PMOP, que ha tenido un papel preponderante en el último año debido al Estado de excepción que comenzó en noviembre pasado y se ha mantenido hasta la fecha, ha sido del 55.68% en el período de enero a julio de 2023.
Politización en la Secretaría de Seguridad de Honduras
Si bien el informe de Expediente Abierto refleja la baja planificación en los primeros siete meses del segundo año de Gobierno de Castro, pondera que la Secretaría de Seguridad es una de las instituciones con mejores niveles de ejecución presupuestaria al finalizar el año con un promedio de 96 por ciento.
Al respecto, el economista Ismael Zepeda dijo a Expediente Público que detrás de la baja ejecución presupuestaria hay varios elementos, entre ellos la incapacidad del Gobierno, la débil institucionalidad y la influencia político-partidaria.
Esto último se refleja de alguna manera en la alta ejecución de instituciones como la Secretaría de Seguridad, de la que depende la Policía Nacional, creada en 1996, la cual por la tradición y “la baja politización partidaria que tiene” se vuelve más sostenible.
Aunque el economista y analista remarcó que sí existe esa politización y para el caso mencionó la reciente destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Éste dijo “que no le dieron los recursos para el plan antiextorsión”, a pesar de que a esa secretaría “le aumentaron más de mil millones” de lempiras.
El impacto de la baja ejecución del presupuesto se puede resumir en que “las grandes necesidades que siempre han estado en el país” en salud, educación, seguridad, defensa, siguen ahí, acotó.
De allí que el informe de Expediente Abierto sobre la ejecución presupuestaria “es seguir apostando a que el Gobierno sea eficiente y eficaz”, dijo Zepeda, quien destacó que no solo es un aporte para auditores y medios de comunicación, sino que hace “una mirada más allá de lo tradicional”.
