Investigación “2020, violencia e inseguridad en Nicaragua”, alerta sobre una “tendencia sostenida de la violencia letal” desde 2018, con complejos componentes políticos y socioeconómicos que, literalmente, desangran al país.
Expediente Público
Basado en el informe “2020, violencia e inseguridad en Nicaragua” que revela un incremento del 87.2 por ciento de la violencia letal e inseguridad en el país, la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, pronosticó que “es bastante previsible que tengamos un incremento de los hechos de violencia política” este año, en que se esperan elecciones presidenciales.
La analista señaló que el año pasado “se mantuvo la política de represión y el estado de excepción de facto que ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018”.
Eso ha significado “un cambio importante en el escenario de la seguridad en Nicaragua, en el cual, la amenaza principal proviene de la violencia política estatal», que a su vez «se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas» de agresiones «e inseguridad vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, así como el crimen organizado”.
El reporte anual sobre la evolución de la violencia estatal, realizado entre enero y diciembre de 2020 por el grupo de Monitoreo Azul y Blanco, que fue presentado esta semana, reveló que se reportaron al menos 291 casos de asesinatos en diferentes lugares de Nicaragua.
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Un 75 % de estos fueron ejecutados por grupos de hombres y se hicieron mediante múltiples heridas y disparos, lo que para Cuadra podría significar que las autoridades están reportando como delitos comunes, casos que podrían ser asesinatos políticos.
Alta incidencia de uso de armas de guerra
Los tipos de armas usadas, fue en el 42.4 % de los casos, armas de guerra, mientras que el 37. 1 % fueron armas de fuego.
“Las armas de fuego son uno de los factores de riesgo que se presentan en Nicaragua. Como sabemos, hubo distribución y uso de armas entre civiles y la conformación de grupos paramilitares en el 2018 y eso generó un incremento en la cantidad de delitos con presencia de armas de fuego e hizo visible algo que no ocurría en Nicaragua desde los años noventa, que es la presencia de armas de guerra”, detalló la investigadora.
Bellingcat, un portal holandés dedicado a realizar investigaciones periodísticas a partir de fuentes abiertas con pruebas videográficas y fotográficas, identificó que en 2018, los paramilitares usaron en diferentes partes del país AK-47, fusiles de francotirador Dragunov, ametralladoras PKM y rifles M16 para reprimir a la población civil. También se les vio con fusiles Remington 700 y pistolas Jericho 941, de 9 milímetros y revólver 38.
Ese año los paramilitares actuaron en Nicaragua al menos dos meses para enfrentar a manifestantes y retirar barricadas. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) constató in situ la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques levantados por los nicaragüenses en diferentes ciudades, como parte de la protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murilo.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró en junio de 2018, que la Policía y grupos paramilitares seguían un “patrón” de violencia para evitar las protestas que se registraban en el país centroamericanos. “Grupos paramilitares y terceros armados, actuando con la Policía, han puesto en marcha una respuesta para disuadir la participación social de los manifestantes”, dijo en ese entonces la relatora para Nicaragua de ese organismo, Antonia Urrejola.
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Armas de fuego siguen circulando
Según el análisis de Cuadra, “en Nicaragua todos los años electorales son años en los que se incrementa la violencia política, entonces es previsible que en el 2021 con las características que tiene este año electoral y las expectativas, es bastante previsible que tengamos un incremento de los hechos de violencia política”.
En el estudio se establece que disminuyeron los casos en los que se empleó más de un arma para cometer los asesinatos; pasando de 4.9 % en el 2019 a 2.3 % en el 2020. Sin embargo, se incrementó en un 67 % los casos en los cuales se utilizó un arma.
“Lo que parece que ha sucedido, es que quienes distribuyeron las armas de guerra en el 2018, han realizado un proceso de recolección y control de esas armas, pero otras armas de fuego como fusiles, armas de cacería, escopetas y pistolas, están circulando”, afirmó Cuadra.
Las protestas estallaron en Nicaragua luego del 18 de abril de 2018 cuando pensionados y estudiantes reclamaron en las calles una fallida reforma a las leyes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que pretendía quitar un 5 por ciento de la escuálida pensión que reciben mensualmente miles de jubilados. Ortega impuso una reforma al sistema de pensiones más dura en 2019, pero eliminó la medida contra los jubilados.
Otros factores que podrían incrementar el riesgo de violencia política son las “diferentes formas de presión, el tipo de despliegues policiales, hostigamiento y vigilancia de líderes políticos de localidades y organizaciones nacionales, acciones y presiones sobre defensores de derechos humanos y periodistas”, dijo Cuadra.
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Unidades de Victoria Electoral del FSLN
La especialista en temas de seguridad explicó que también se han incrementado las denuncias de la conformación de las llamadas Unidades de Victoria Electoral, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la forma en que están preparando a estos grupos en función de las elecciones. “Están haciendo entrenamientos militares, lo que hace suponer que sí vamos a tener incidentes de violencia política en el transcurso del año. El escenario que vemos no es tan favorable”, alertó.
Desde noviembre de 2020, el gobierno de Ortega organiza en los diferentes barrios, pueblos y comarcas de Nicaragua, equipos especiales para supuestamente defender el voto del FSLN y asegurar el tendido electoral en las elecciones presidenciales de noviembre del 2021.
En este escenario intervienen también elementos como “los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el Gobierno; la actuación de la Policía que dedica sus recursos a las acciones de represión; la existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la Policía; la disponibilidad de armas de fuego en manos de la Policía y de los grupos paramilitares; y los indultos otorgados por el Gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes”, resume el estudio.
Los efectos de la pandemia y los desastres
Otros factores que también influyen en los hechos y las percepciones de inseguridad en Nicaragua, son la crisis económica que afecta desde hace tres años, los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19, que según organismos de médicos independientes ha dejado más de 3 mil muertos, aunque el Gobierno solo reporta 176 víctimas. Además, en el caso de la Costa Caribe, el efecto de los huracanes Eta y Iota que asolaron esa región en noviembre de 2020 y que dejaron 742 millones de dólares en pérdidas materiales, según cifras oficiales.
Las estadísticas del informe revelan que en las zonas urbanas se reportaron un 54.9 por ciento de los casos de violencia letal y un 44.7 % en zonas rurales, lo que indica que los centros urbanos de los departamentos del país están experimentando un sostenido incremento de los casos de violencia.
Las ciudades más afectadas son Managua, Jinotega, el Caribe y Matagalpa. Además, como promedio se contabilizó mensualmente 3.8 mujeres asesinadas y la recurrente desaparición de niñas y adolescentes, particularmente en la zona norte de Nicaragua.
