Trabajo colaborativo entre Expediente Público y Artículo 66.
Carlos -nombre ficticio para resguardar su seguridad- chatea o llama regularmente a sus contactos para preguntar por posibles casos del nuevo Coronavirus, que no haya reportado el gobierno a través del Ministerio de Salud (MINSA). Su principal herramienta de trabajo es el celular. Los datos que obtiene los resume y una vez por semana los envía a un grupo de Whatsapp de su organización, que busca romper el secretismo y la desinformación oficial.
Las redes sociales le permiten estar conectado con amigos y conocidos en los departamentos de Masaya y Granada, porque actualmente vive en Managua.
Desde que inició la pandemia, Carlos ha priorizado el voluntariado como lo han hecho grupos anónimos e independiente de activistas y médicos que monitorean la expansión de la pandemia en Nicaragua, desde que esta irrumpió oficialmente el 18 de marzo del presente año.
La idea de crear un monitoreo ciudadano de la pandemia nace por la desconfianza hacia los informes y reporte del Ministerio de Salud (MINSA), debido a la politización de la institución, en la que privan poca transparencia en sus informaciones y credibilidad en sus datos. Todo esto aunado a los despidos masivos a médicos que atendieron a opositores hace dos años, la prohibición de usar mascarillas a personal de salud y maestros y el llamado a actividades masivas.
A finales de abril, las autoridades del MINSA aseguraban que había cuatro fallecidos y apenas 13 casos confirmados del nuevo Coronavirus e insistía en que no había transmisión comunitaria porque todos los casos eran “importados”. Sin embargo, los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 señalaban 16 muertes sospechosas, 342 casos posibles de contagio, cifras por encima de las del MINSA.
Posteriormente, el 9 de mayo, las autoridades del MINSA informaban que se registraban en total 8 muertos y 25 casos del nuevo Coronavirus, mientras el Observatorio registraba más de mil casos sospechosos y 188 muertes sospechosas. Mientras tanto, las redes sociales estallaban con denuncias de hospitales públicos y privados colapsados, de entierros exprés clandestinos a medianoche o en la madrugada en diferentes cementerios del país, en los que los familiares no estaban presentes.
“A veces, registramos 30 muertes al día y fue bastante chocante ver cómo el gobierno seguía negando un contagio masivo en la población”, dice Mayra*, activista estudiantil quien desde su organización empezó a recolectar datos con un equipo de voluntarios en los primeros meses de la pandemia en Nicaragua.
Esa disparidad fue lo que la motivó a recopilar información ante lo que llamó el estado de negligencia y la indefensión de los ciudadanos en el contexto de la pandemia. “Sabíamos que los datos del MINSA eran falsos u omitían demasiada información», dice.
Además del Observatorio, se creó el Comité Científico Multidisciplinario y se involucró la Unidad Médica Nicaragüense, un gremio creado en 2018 por los médicos del sistema de salud público despedidos por atender a los manifestantes heridos.
Al 1 de octubre de 2020, las autoridades del MINSA reportaban 151 muertes y 5,170 contagios de COVID-19, mientras seis días antes, el Observatorio Ciudadano señalaba al 23 de septiembre 10,396 casos y 2,735 muertes sospechosas.
Origen y actuar del Observatorio
El Observatorio es un espacio virtual, gestionado por un centenar de voluntarios que, ejerciendo distintas funciones, aportan diariamente información sobre casos y muertes sospechosas de COVID-19 en Nicaragua. Entre sus integrantes se incluyen médicos, organizaciones civiles, redes creadas como respuesta a la represión estatal y ciudadanos sin afiliación a organizaciones, pero ellos trabajan a título personal, independiente a sus afiliaciones.
Algunos voluntarios ya tenían dos años de experiencia en el monitoreo de violaciones a los derechos humanos o acciones de resistencia ciudadana durante el levantamiento cívico de 2018, pero “nuestro enfoque siempre ha sido demandar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, en el marco de la pandemia y especialmente exigir el cumplimiento del rol de garante del Estado para garantizar la salud pública”, aclaró el Observatorio a Expediente Público.
Carlos también puntualiza que desde antes de 2018 se verificaban casos de violencia contra las mujeres, pero la pandemia era una nueva crisis.
Mario*, de 23 años, originario del Norte del país, explica que al principio de la pandemia las organizaciones informaban sobre medidas de protección y los grupos “azul y blanco”, como se denominan los opositores al régimen nicaragüense, se dispusieron a crear campañas de sensibilización para una autocuarentena.
“Trasladamos el sentir de que había transmisión comunitaria, la gente se preocupó y comenzaron a garantizar equipos de protección sostenible como mascarillas de tela o alcohol en gel”, relata.
Comenzaron a hacer campañas de información para orientar a la gente en caso de presentar síntomas, según Mayra. “Teníamos un grupo de WhatsApp con nuestros enlaces territoriales que remitían todos los casos sospechosos de coronavirus, no era información muy calificada, lo que hacíamos era dar un reporte y darle seguimiento, analizar síntomas y evolución, teníamos información de vecinos y familiares”, explica.
La doctora O*, quien pidió el anonimato para poder hablar libremente sobre el tema, asegura que la ventaja de Nicaragua, en cuanto al trabajo de redes comunitarias, es que el país tiene una buena historia de voluntariado y el sector salud es el que más ha aprovechado esta disposición de la población. Prueba de ello son las campañas exitosas y masivas de vacunación o de abatización. Al respecto, recordó que en la década de los años 80 llegó a haber 350,000 “brigadistas”.
“Primero diiseminás la información, si vos desconocés la existencia del Covid-19 y perdés el sentido del gusto, nunca vas a pensar que es Covid-19 porque no lo conocés, después la comunidad se encarga de hacerte llegar el rumor y vos responsablemente te vas a investigar”, explica.
El método de trabajo del Observatorio
Con ayuda de algunos mecanismos de la “vigilancia epidemiológica basada en la comunidad”, un método de salud pública utilizado con frecuencia por el MINSA, el Observatorio recopila la información epidemiológica con la colaboración de los mismos habitantes de las comunidades.
“Le estamos diciendo a las personas: sabiendo que los síntomas de COVID-19 son éstos y ´estos y que la definición de COVID-19 es tal y cuál, ¿conoce usted en su comunidad a alguien que tuvo esta enfermedad? Entonces nuestras redes nos lo reportan y el equipo de médicos hace un análisis a profundidad”, comenta la doctora O, médico especialista que hace parte del Observatorio.
Los síntomas y los criterios diagnósticos que el Observatorio utiliza son los facilitados por la OMS, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y las agencias de salud de China.
Un caso sospechoso es aquel que cumple con la definición clínica, pero que no se ha confirmado por la prueba de laboratorio. De hecho, el MINSA se limita a señalar los casos de COVID-19 como causa de muerte en las actas de defunción o en casos excepcionales los médicos transmiten los resultados de forma oral. “No conocemos una persona a la que le hayan dado una constancia escrita del test PCR para SARS-CoV-2”, dice la doctora O.
Fuentes de información
Los comunitarios, ubicados en el 75% de los 153 municipios del país, conforman el primer anillo de información del Observatorio y reportan a una cuenta virtual cada vez que conocen de nuevos casos sospechosos en su territorio.
La información básica que deben buscar es nombre, edad, ubicación, sintomatología, si fue atendido y por quién, sí acudió al hospital, y cuál fue el desenlace del caso.
Un grupo de digitadores se encarga de depurar la información volviendo a contactar al comunitario, verificando con otros contactos en la zona y revisando que no se haya duplicado ese caso dentro de sus reportes internos. Cada día, de acuerdo con la doctora O, reciben hasta 300 informes. Una vez verificada toda la información posible, se ingresa en una base de datos.
Otros reportes vienen de personas que directamente se contagiaron de COVID-19 o de familiares de casos sospechosos o de quienes murieron por enfermedades respiratorias cuya sintomatología coincidía con el virus. Hay quienes adjuntan a sus reportes imágenes de resultados de laboratorio, tomografías, placas o certificados de defunción, aunque esta es la minoría de los casos, según la doctora O.
Todos los miércoles a las 12 de la noche, los digitadores entregan los nuevos casos procesados a un grupo más reducido de voluntarios que se encargan de realizar, cada jueves y viernes, una tercera ronda de control de calidad y de generar las estadísticas de la semana en curso. Un comité de redacción revisa los boletines y finalmente se difunde la información cada viernes, a través de diferentes plataformas virtuales.
Crímenes de Estado en el sistema de salud público
La falta de institucionalidad en el Estado quedó evidenciada en abril de 2018, cuando la mayoría de nicaragüenses demandaron en las calles la salida de Daniel Ortega del poder. Durante varios meses la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y hasta el MINSA, entre otras entidades públicas, obedecieron al pie de la letra las órdenes represivas de Daniel Ortega. Aquella rebelión dejó encarcelamientos, asesinatos y una desconfianza total en las instituciones públicas.
Por aquellos meses, la entonces ministra de Salud, Sonia Castro, ordenó a los directores de los hospitales públicos del país cerrar las puertas a los opositores que resultaron heridos en las protestas en contra de la dictadura. Esto provocó meses después que que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea, la sancionaran junto a otros ministros y jefes policiales que igualmente cometieron violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Ortega y Murillo, sin embargo, la nombró Asesora Presidencial en temas de salud, cargo que ejerce en la actualidad.
El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), que se conformó a nivel internacional a instancias de la OEA y de la CIDH y que luego fue expulsado del país por el gobierno de Ortega, confirmó en su informe final sobre el periodo de protestas de abril a mayo 2018 en Nicaragua, que el sistema de salud público negó asistencia, alteró historias clínicas, dio atenciones superficiales y altas médicas apresuradas, maltrató a familiares de heridos, y finalmente despidió y acosó al personal médico que brindó atención a los opositores.
Y ahora en 2020, a pesar de la política oficial de minimizar la pandemia, la firma de opinión pública CID-Gallup comprobó que el COVID-19 se había convertido en la principal preocupación de los nicaragüenses con un 31%, por encima de la falta de empleos (21%) y del régimen de Ortega (14%), según una encuesta realizada entre el 15 de mayo y el 8 de junio.
Además, el 99% dijo tomar alguna medida de prevención, por lo general el uso de mascarillas (35%) y el distanciamiento social o la autocuarentena (20%). La encuesta también revelaba que el 70% no estaba de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno contra la pandemia.
Por la desconfianza en el sistema público de salud, una parte de la población está evitando asistir a los centros de salud y hospitales por el alto nivel de contagio. “Muchas personas han decidido automedicarse, quedarse en casa y tomar las recomendaciones de los médicos”, explica Mario, voluntario del Observatorio.
**Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo y gracias al apoyo de Open Society Foundations, institución que promueve el uso del periodismo de soluciones en Latinoamérica.
