La propuesta de ley de ocho senadores de Estados Unidos que promueve sanciones contra el Gobierno de Honduras, supone un cambio radical en la relación de ambos países.
Expediente Público
Para Ryan C. Berg, analista en gobernabilidad del American Enterprise Institute (AEI), la propuesta «Ley de derechos humanos y anticorrupción de Honduras», impulsada por varios senadores demócratas en Estados Unidos, marca el «fin a las estrechas relaciones de Juan Orlando Hernández con Estados Unidos», puesto que, sea aprobada o no, desde ya manda el mensaje de que en Washington actuarán ante el aumento de la corrupción en el gobierno del país centroamericano.
«La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras de 2021 es un serio cambio de suerte para el presidente hondureño Juan Orlando Hernández», afirmó Berg a Expediente Público.
El experto en política exterior refirió que si bien en su momento el presidente Hernández se consideró un «aliado incondicional» de Estados Unidos para detener el flujo de drogas y migrantes desde Centroamérica hacia el Norte, las investigaciones de las autoridades sobre el presunto involucramiento del mandatario hondureño con el narcotráfico y los abusos a los derechos humanos han fracturado esa relación.
Los senadores demócratas Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen son los impulsores de la propuesta legislativa, en la que se señala al Gobierno de Hernández como responsable de la participación del Estado hondureño en esquemas criminales, de represión a opositores y de corrupción, y propone sancionar al mandatario con acciones que van desde el retiro de su visa hasta la persecución penal por supuestos crímenes de narcotráfico y el bloqueo de sus activos económicos.
«El proyecto de Ley designaría a Juan Orlando para las sanciones estadounidenses, obligaría a las agencias estadounidenses a determinar si él es un narcotraficante (ya está bajo investigación y su hermano Tony fue condenado en 2019), y detendría todas las transferencias de equipo militar a su Gobierno», explicó Berg.
Aunque es largo el proceso para que una ley en el Senado estadounidense sea finalmente aprobada, si la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras 2021 pasa todos los filtros, se obligaría al presidente Joe Biden a aplicar una serie de sanciones, desde retirar la visa y congelar los activos del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, hasta suspender cualquier tipo de apoyo a las fuerzas militares y policiales por sus implicaciones en violaciones a derechos humanos.
«Quizás lo más consecuente es que, bajo esta legislación, los Estados Unidos se opondría a cualquier préstamo a Honduras utilizando su poder de voto en los bancos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esta legislación queda claro que los días de estrechas relaciones de Hernández con Estados Unidos han terminado, especialmente porque los temas migratorios ya no dominan la agenda bilateral», analiza el experto Berg.
¿Se nombrará a un embajador?
Estados Unidos no designa embajador en Honduras desde junio de 2017, cuando cumplió su misión en el país centroamericano el entonces diplomático James Nealon. Desde entonces, la misión diplomática estadounidense ha estado dirigida por las encargadas de Negocios Heide B. Fulton y actualmente Colleen Hoey. Se espera que esto cambie y que el gobierno de Joe Biden designe a su representante en Tegucigalpa pero con una nuevo enfoque en la relación diplomática de la que existió en la administración de Donald Trump.
Berg explicó que «la administración Trump se quedó sin embajador en Tegucigalpa porque Trump tenía línea directa con Hernández», lo que daba tranquilidad al hondureño «de tratar con Trump directamente y no a través de intermediarios con más tiempo para enfocar en la situación». Eso supuso una ventaja porque el tema de la corrupción de alto nivel fue desatendida en la región por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, en la administración de Biden el tema de corrupción es de prioridad al igual que las violaciones de los derechos humanos, por lo que serían ejes claves en la relación con Centroamérica.
Aunque la designación de «un embajador reconocido, respetado por muchos expertos en la región, podría tener un impacto y elevar el tema de la corrupción de alto nivel dentro de Honduras», Berg apuntó que el reto de quien ocupe el cargo sería grande ante el grave problema de corrupción que se le señala al gobierno hondureño, por lo que será importante las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil.
«Tener un embajador capaz permitirá a la administración Biden usar la ayuda al desarrollo como zanahoria y palo para la reforma. Quizás parte del mejor trabajo que podría hacer un buen embajador estadounidense es a puerta cerrada. Pero un embajador por sí solo es insuficiente para limpiar la podredumbre de la política hondureña. Es solo una pieza de un rompecabezas más amplio que incluye organizaciones regionales y mecanismos de responsabilidad de alto nivel», afirmó.
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El futuro de la cooperación
Al haber un nuevo Gobierno en la Casa Blanca se espera también que la relación con Centroamérica tenga un nuevo enfoque, en la cual la cooperación económica como de asistencia en el combate al narcotráfico y crimen organizado así como las relaciones entre los ejércitos tengan sus propios matices
La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Comando Sur jugarían un rol clave en las acciones de Washington hacia Honduras.
Aunque Berg refirió que la cooperación de Estados Unidos continuará, «se centrará en el desarrollo a nivel comunitario, el desarrollo social y las políticas de prevención del delito».
«El futuro de la asistencia de INL y USAID también tendrá que cambiar en ciertos aspectos. Tendrá que ser más innovador y ambicioso. Dada la participación continua de la Policía en el tráfico de drogas, así como del Ejército, y la continua ineficacia y captura estatal del sector justicia, la asistencia puede tener que apuntar a la reforma institución por institución», puntualizó.
El investigador en el American Enterprise Institute planteó que la Iniciativa Mérida iniciada en México en 2007 sería «un buen modelo de reforma en este caso, por supuesto, a un nivel menor en Honduras». «Pero ese paquete de asistencia esencialmente realizó una revisión de arriba a abajo de las instituciones corruptas, buscando reformarlas o contrarrestarlas con la sociedad civil. Fue un conjunto ambicioso de reformas que recientemente han perdido el favor de la élite política de México, pero alcanzó algunos de sus objetivos importantes en términos de reforma del sector judicial, desarrollo de capacidades y capacitación bilateral para funcionarios», explicó.
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Berg dijo que en la política que decida la administración hacia Honduras, la sociedad civil será fundamental para llevar a cabo esa agenda.
«La sociedad civil y la comunidad internacional tendrían un socio para denunciar la corrupción, los abusos de los derechos humanos y el tráfico de drogas dentro de los círculos oficiales. Por supuesto, también serían los destinatarios de una nueva inyección de dinero de ayuda, especialmente si la administración Biden sigue adelante con su plan de poner $ 4 mil millones en el Triángulo del Norte. Encontrar socios capaces y honestos sobre el terreno será fundamental para el éxito del plan de desarrollo de Biden», afirmó el experto.
Adriana Beltrán, de WOLA: Redes corruptas han cooptado al Estado de Honduras
Para Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el trabajo realizado en su momento por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción de la Impunidad en Honduras (Maccih) y diversas organizaciones hondureñas, han dejado en evidencia los altos niveles de corrupción en el país, y que no se trata de unas cuantas manzanas podridas, sino de una corrupción sistemática donde redes de poder utilizan fondos públicos para beneficio propio a costa de las necesidades de la ciudadanía.
Esas redes de poder e influencia han “cooptado las instituciones del Estado para procurarse impunidad. La percepción es que muchos de los desafíos que enfrentan países como Honduras son a causa de esta corrupción sistemática. El impacto que ha tenido la pandemia y que tuvieron los huracanes en gran medida se debe a la corrupción y a la falta de voluntad política para fortalecer las instituciones y garantizar que las necesidades de la población están siendo respondidas”, explicó Beltrán, quien lleva más de 20 años trabajando en temas relacionados al Estado de derecho y a la protección de los Derechos Humanos y el combate a la impunidad en Centroamérica.
En ese sentido, considera razonable un giro en los mensajes que se envían desde Washington, donde la perspectiva de los gestores de la política estadounidense es que esa corrupción ha contribuido a obligar a las personas a migrar porque no tienen otra opción.
Consideró que la administración de Donald Trump basó su política hacia Centroamérica en frenar la migración, presionando a los países a firmar acuerdos sin atender las causas de la migración, y bajo ese enfoque muchos temas quedaron en el olvido, entre ellos el combate a la corrupción, que había tenido un fuerte apoyo bipartidista años atrás.
“Ese tema ya no fue la prioridad y eso fue aprovechado por diferentes redes corruptas para no solamente buscar cerrar estos mecanismos internacionales para el combate de la impunidad y la corrupción, sino más allá, buscar desmantelar o revertir los avances que se habían logrado y buscar medidas que contribuyeran a procurarse mayor impunidad”.
Beltrán señala que para la administración Biden el eje central de la política del gobierno hacia la región centroamericana será la lucha contra la corrupción porque tienen claro que si no se enfoca en mejorar la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado de derecho no habrá avances en los desafíos que enfrenta la región.
