El 3 de noviembre, los votantes de Estados Unidos decidirán si reanudan el mandato de Donald Trump u optan por un cambio en la Casa Blanca con el demócrata Joe Biden. En materia de política hacia América Latina y en particular hacia Centroamérica, un nuevo presidente traería otras estrategias de contención al narcotráfico, el autoritarismo y la migración, sin embargo, la permanencia del actual mandatario implicaría un programa de ayuda económica considerable, indicó a Expediente Público Ryan C. Berg, investigador del American Enterprise Institute (AEI), un centro de pensamiento conservador con sede en Washington DC.
En cuanto a Nicaragua, Berg sostiene que el Ejército debe ser sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su implicación en las violaciones a los derechos humanos. Respecto a Honduras precisa que la “corrupción endémica” sería un tema que Biden abordaría.
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En entrevista con Expediente Público, Berg señala que la crisis nicaragüense está en la agenda bipartidista del Congreso, por lo cual, no considera que un posible gobierno de Biden enfriaría la presión contra el régimen de Ortega-Murillo como tampoco ocurriría en el caso de Venezuela. Con relación al Triángulo Norte habría notables diferencias con un cambio de gobierno, mientras Trump ha priorizado el tema migratorio, Biden apostaría más a anular muchas de las políticas en esa materia del actual presidente, y atacaría las causas, sostiene el experto.
Berg es especialista en temas de América Latina, políticas de desarrollo y gobernabilidad, con enfoques en áreas como el crimen organizado transnacional, narcotráfico y redes criminales. Ha sido consultor del Banco Mundial, fue merecedor de una beca Fulbright que lo llevó al Banco de Empreendedor en Brasil, su doctorado en Ciencias Políticas y máster en Gobernabilidad Global y Diplomacia los obtuvo en la Universidad de Oxford, anteriormente había estudiado Gobierno y Teología en la Universidad de Georgetown.
A pocos días de las elecciones presidenciales: ¿Qué presenta la administración Trump en términos de política exterior hacia Centroamérica?
La administración Trump ha llevado a cabo la diplomacia de una manera principalmente transaccional en Centroamérica. Ha retirado y retenido fondos sobre el tema de la migración y tiende a ver los desafíos en la región a través de los lentes de la migración y la seguridad. Ha firmado pactos migratorios (los denominados «acuerdos de terceros países seguros») con los países del Triángulo Norte. La administración lo ha hecho, en ocasiones, a expensas de la calidad de la democracia; que está disminuyendo en lugares como El Salvador, Honduras y Guatemala. El único lugar donde la administración ha sido muy fuerte es en Nicaragua por su deslizamiento hacia el autoritarismo en toda regla.
Recientemente, sin embargo, la administración Trump ha mostrado el deseo de utilizar la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos) para estimular el crecimiento económico y competir con los proyectos de inversión y préstamos chinos en la región.
¿Qué podría cambiar con una potencial reelección de Trump?
Es posible que, en una segunda administración de Trump, la parte del desarrollo económico de la agenda tome un papel más central. No creo que la migración vaya a desaparecer por completo, especialmente dado un potencial aumento en la migración una vez que el COVID-19 termine de causar estragos en la economía de la región. Sin embargo, la administración podría ampliar significativamente la apertura en términos de cómo ve la región, lo que espero que haga.
¿Qué diferencia haría un gobierno demócrata en términos de la relación con Centroamérica? ¿Hay algo que rescatar de la administración Trump o nos veremos mas bien en un escenario de borrón y cuenta nueva?
Si el exvicepresidente Biden gana las elecciones, ciertamente hay cosas que sería prudente mantener de la política exterior de Trump hacia Centroamérica. Primordialmente, se le recomendaría a Biden que mantuviera una postura altamente bipartidista contra el autoritarismo de Nicaragua. Las sanciones deben continuar aplicándose contra Ortega, Murillo y sus muchos compinches, y la próxima administración debe continuar impulsando una estrategia de cambios y concesiones internas que permitan a la oposición nicaragüense competir en unas elecciones más libres y justas (elecciones bajo Ortega nunca serán completamente libres o justas). Con respecto al Triángulo Norte, la administración Biden haría bien en continuar con la postura firme de otorgar préstamos y enfocarse en la recuperación económica y el crecimiento que la administración Trump ha comenzado, utilizando el DFC como el vehículo principal para hacerlo.
Biden dijo en julio de 2018, durante una entrevista a un canal colombiano, que debía aislarse internacionalmente al régimen de Ortega. ¿Crees que en realidad una administración demócrata empujaría una agenda de este tipo contra el gobierno sandinista?
Ciertamente lo espero. Como dije, Nicaragua es un tema increíblemente bipartidista. Ambos partidos y sus miembros en el Congreso comprenden la naturaleza del régimen de Ortega. Entienden la lucha por restaurar la democracia en Nicaragua. Y existe un amplio consenso de que las elecciones de noviembre de 2021 serán una de las mejores oportunidades que tiene el pueblo nicaragüense para terminar con su actual pesadilla.
Para llegar a elecciones más libres y justas en Nicaragua, Estados Unidos tendrá que mantener su posición sobre las sanciones, pero también desarrollar un componente diplomático más significativo. La Unión Europea ha comenzado a hacer ruido sobre Nicaragua, aprobando sanciones y mencionando el futuro del acuerdo de libre comercio si Ortega no ofrece concesiones. Estados Unidos debería doblar la presión buscando un frente diplomático conjunto para enfrentar la creciente represión interna.
¿Qué pasos concretos se esperarían de una potencial administración demócrata respecto a la migración desde Centroamérica y los centroamericanos actualmente indocumentados en Estados Unidos?
Esperaría que la administración Biden revisara y reviviera el TPS (Estatus de Protección Temporal) para los países donde la administración Trump lo terminó. Es probable que la administración Biden revise y ponga fin al programa «Permanecer en México» iniciado bajo la administración Trump. Y una posible administración de Biden probablemente también buscaría poner fin a los «acuerdos de terceros países seguros» con el Triángulo Norte porque se siente como que los acuerdos van en contra de la regla de no devolución. Por último, me imagino que la administración Biden, para los indocumentados que ya están en los Estados Unidos, buscaría revivir el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) de la misma manera que existía bajo la administración Obama.
¿Qué opciones o alternativas plantearían lo demócratas respecto al narcotráfico en Centroamérica y la violencia en un contexto de militarización generalizada de la seguridad pública?
Creo que hay un número significativo de políticos en el Partido Demócrata a quienes les gustaría impulsar la asistencia de seguridad de Estados Unidos en la dirección de alguien como Andrés Manuel López Obrador, específicamente, su retórica de «abrazos, no balas». Lo que esto significa en la práctica es profundizar la asistencia para el desarrollo para centrarse en las raíces sociales de la delincuencia y los desafíos de seguridad, en lugar de enfrentar la violencia con violencia. Creo que esto es realmente una medida a medias y no apunta a una solución completa.
¿Cuál seria tu análisis sobre la percepción que un gobierno demócrata le daría oxígeno al gobierno de Maduro? ¿Qué opciones pudieran considerar los demócratas respecto a Venezuela, con el antecedente de una percepción casi generalizada de los venezolanos en el exterior que la actual situación de ese país es un problema que creció más bajo la administración de Obama?
El exvicepresidente Biden (y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris) se han referido al régimen de Maduro como una dictadura brutal. Mi esperanza es que este sentimiento sea genuino y que oriente una posición sólida de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.
En la administración Obama, el régimen de Maduro consolidó su control y se involucró en una cleptocracia insondable; creo que es seguro decir que una política de compromiso (en contraposición a la confrontación) hizo poco para promover la causa de la oposición venezolana, ni en Venezuela ni en el mundo, y ese compromiso como una posición general con el régimen de Maduro debe descartarse. En mis conversaciones con los asesores de Biden, deduzco que este es ahora un entendimiento compartido por muchos republicanos y demócratas por igual. Es cierto, Biden puede estar más dispuesto a entablar negociaciones sobre una transición política en Venezuela, y bien puede ralentizar el ritmo de las sanciones contra el régimen emitidas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos), pero no espero ver un cambio masivo en la dirección de la política estadounidense hacia este régimen criminal en Caracas.
¿Qué buenas lecciones podría aprender la oposición de Nicaragua de la venezolana y qué errores debe evitar?
La oposición nicaragüense debe tomar la lección sobre la importancia de trabajar por unidad, contrario al escenario de Venezuela en que ha prevalecido la división entre los opositores al régimen de Maduro. También deben estar preparados para la intervención de poderes como los de China y Rusia que quieren que Ortega continúe su dictadura en Nicaragua. Lo mismo pasó en Venezuela en muchos momentos críticos. La última lección para tomar es el poder de las calles. Sin unidad y la movilización en las calles no habrá cambios. La presión extranjera (de Estados Unidos o la Unión Europea) es muy poderosa pero no lo suficientemente potente como la propia para sacar a una dictadura consolidada como la de Nicaragua.
Hay un sector de la oposición nicaragüense que quiere evitar a toda costa sanciones contra oficiales del Ejército de Nicaragua. El argumento de este sector es básicamente que el ejército puede ser un factor de estabilización una vez inicie la transición. Tomando como referencia la experiencia venezolana, ¿cuál sería tu opinión sobre este punto referido al Ejército de Nicaragua?
Creo que es imperativo que Estados Unidos sancione al Ejército de Nicaragua como institución, tanto como lo ha hecho con la Policía Nacional. El Ejército ha sido cómplice de graves abusos contra los derechos humanos, como lo han encontrado múltiples comisiones de derechos humanos. Por lo tanto, merecen ser sancionados y sus pensiones (IPSM), que tienen una exposición significativa a las inversiones y los mercados estadounidenses, podrían usarse como elemento de presión. Además, sancionar al Ejército podría hacer que la institución pierda la confianza en Ortega y su liderazgo, de modo que comiencen a trabajar en pos de concesiones que puedan traer elecciones más libres y justas. De ser sancionado como institución, el Ejército sabría que si quiere mantener alguno de sus privilegios, el futuro está en manos de una transición democrática, y Estados Unidos debería ser explícito sobre el hecho de que las sanciones se levantarían en caso de que los militares trabajaran por la reforma electoral y otras concesiones, especialmente las relacionadas con el aparato de seguridad interna y la capacidad de la oposición para organizarse libremente y sin coacción.
Para el caso de Honduras prevalece la inquietud de si continuaría la tolerancia de Estados Unidos a la corrupción estructural en ese país y que tiene como uno de sus principales referentes al propio presidente de Honduras.
Esperaría que una posible administración de Biden se preocupara más por la corrupción y la calidad de la gobernabilidad democrática en Centroamérica, específicamente en el tema del retroceso democrático en lugares como Honduras. Con un enfoque menos transaccional y una disminución de la importancia para los problemas de migración, creo que una posible administración de Biden se pronunciaría sobre la corrupción endémica en Honduras, especialmente dado que la carrera electoral para suceder a JOH ya inició.
Para el caso de Honduras prevalece la inquietud de si continuaría la tolerancia de Estados Unidos a la corrupción estructural en ese país y que tiene como uno de sus principales referentes al propio presidente de Honduras.
Esperaría que una posible administración de Biden se preocupara más por la corrupción y la calidad de la gobernabilidad democrática en Centroamérica, específicamente en el tema del retroceso democrático en lugares como Honduras. Con un enfoque menos transaccional y una disminución de la importancia para los problemas de migración, creo que una posible administración de Biden se pronunciaría sobre la corrupción endémica en Honduras, especialmente dado que la carrera electoral para suceder a JOH ya inició.
Honduras se ha mantenido durante la administración Trump sin un embajador. ¿Cómo interpreta esto, que cambio pudiera haber con un potencial gobierno de Trump?
Interpreto que esto significa que la administración no está particularmente preocupada por la falta de representación en Tegucigalpa. Siente que la influencia que tiene en la relación bilateral es suficiente para proporcionarle los medios para negociar acuerdos e implementar su agenda para la región.
