*Para Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), Estados Unidos dispone de herramientas para presionar y lograr que el BCIE deje de otorgar millonarios préstamos al régimen nicaragüense.
**La falta de transparencia del organismo financiero regional sobre cómo se administran y distribuyen sus fondos “genera dudas sobre sus intenciones e integridad”, comparte el analista de CSIS.
***A pesar de las violaciones de derechos humanos, falta de transparencia y elecciones fraudulentas, el BCIE ha aprobado a Nicaragua fondos por 3,247.5 millones de dólares en 12 años.
Expediente Público
Abrir una investigación en contra del liderazgo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con la intención de imponer sanciones a los ejecutivos de la institución, es una de las opciones que tiene Estados Unidos (EE.UU.) para frenar los millonarios desembolsos que continúa otorgando la institución financiera multilateral al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consideró Ryan Berg, director del programa de las Américas y analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, D.C.
Entre 2009 y 2021, el BCIE aprobó a Nicaragua 3,247.5 millones de dólares, constituyéndose en el principal financiador de los últimos años. Algunos de esos préstamos tienen vencimiento en el año 2045, constató Expediente Público en los convenios presupuestarios.
El hondureño Dante Mossi desde que asumió la presidencia ejecutiva del BCIE, el 1 de diciembre de 2018, ha mostrado un “implacable” apoyo a Ortega y Murillo.
Entre enero y noviembre de 2022, el BCIE desembolsó 415 millones de dólares a Nicaragua, informó el mismo Mossi en su cuenta de Twitter.
¿Mossi usa el BCIE para financiar dictadores?
“Ya existen denuncias en torno a la elección de Mossi para dirigir el BCIE, ya que se cree que obtuvo apoyo gracias a un acuerdo entre Daniel Ortega y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a cambio de una mayor ayuda financiera a Nicaragua”, destacó Berg en un artículo titulado “¿Por qué el BCIE financia la dictadura de Nicaragua y qué puede hacer Estados Unidos al respecto?”.
El analista recordó que un evento reciente de CSIS, un panelista se refirió al presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, como el “banquero de los dictadores”.
A Mossi se le recuerda por las críticas en su contra cuando aumentó los salarios del personal en más del 25 por ciento durante un período en el que las ganancias del BCIE cayeron más de 40 millones de dólares.
Los esfuerzos de Estados Unidos
Mossi fue electo durante la LXVII Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores, autoridad máxima del banco donde cada socio está representado por un Gobernador titular y un suplente. Usualmente los gobernadores están representados por los Ministros de Hacienda, de Finanzas o Economía de cada país, explicó a Expediente Público un exfuncionario del BCIE, en calidad de anonimato.
Desde 2018, Estados Unidos ha intentado limitar los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua por el pésimo historial de derechos humanos de Ortega y Murillo. Aunque los esfuerzos están dirigidos a forzar al régimen a que “abra un espacio político y ponga fin a su represión”, los ataques continúan y siguen recibiendo financiamiento, principalmente del BCIE.
“Estados Unidos tiene un interés legítimo en entender por qué el directorio del BCIE se ha mantenido en silencio y debería tomar las medidas necesarias para investigar el desempeño del banco bajo la presidencia de Mossi”, sugirió Berg.
Los préstamos excesivos para una Nicaragua inestable no solo “reducen la disponibilidad de crédito para otros países, sino que también constituyen un riesgo regional”, afirmó Berg.
El analista sostuvo que la situación política y económica de Nicaragua impulsa la migración regional, por ende, “aumenta la inestabilidad”.
“A pesar de tener una población menor que la de Guatemala y Honduras, Nicaragua ha recibido casi el 26 por ciento de la cartera de préstamos del BCIE, lo que ilustra la importante posición financiera del país dentro del BCIE (…) Dicho préstamo, estimado en 3,500 millones en los últimos años, es desproporcionado en comparación con otros países centroamericanos”, explicó Berg.
El BCIE como institución «apolítica»
El exfuncionario del BCIE recordó que la institución financiera multilateral fue fundada en 1960 como una «institución apolítica».
«El BCIE es un órgano, como una institución apolítica, en el sentido que independientemente de la situación que se esté viviendo en cada uno de los países socios, el BCIE está ahí para apoyar, tiene ya más de 60 años de haberse constituido, entonces imagínate ha vivido dictaduras, guerras civiles, desastres naturales, todo, ahí ha estado», dijo la fuente.
Y aunque es un órgano «apolítico» por encima de Mossi, en el orden jerárquico de la institución, está el directorio como responsable de la dirección del BCIE, explicó el exfuncionario.
Los cargos dentro del directorio, contrariamente «son puestos políticos, los designan sus países», y por ende, responden a quien les nombró, señaló la fuente.
«Dante Mossi acata las instrucciones y ejecuta las decisiones que toma el directorio (…) el directorio aprueba operaciones pasivas que significa préstamos con otras instituciones u operaciones activas, préstamos que hace el BCIE a favor de bancos, corporaciones o soberanos, pero Dante Mossi no dice: Mire Nicaragua, le voy a prestar 100 millones para que construya una autopista, él no tiene esa facultad, esas son decisiones que le competen exclusivamente al directorio», recordó el exfuncionario.
Acciones que limiten apoyo del BCIE a Ortega
El analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales destacó que la actual administración de Joe Biden, eventualmente podría trabajar con los accionistas del banco para evitar que Mossi, “sea reelegido en noviembre de 2023”.
Berg consideró que Estados Unidos también puede retirar las visas de los funcionarios de alto nivel del BCIE hasta que el banco “acepte dejar de prestarle al régimen de Ortega”. El analista señaló que emitir esas prohibiciones de viaje evitaría que los ejecutivos del banco “asistan a reuniones periódicas de accionistas que tienen lugar en Washington, D.C. y se reúnan con posibles inversionistas en los EE. UU.”.
Adicionalmente, el Gobierno estadounidense podría tomar medidas que impacten la calificación crediticia del BCIE, sugiere Berg.
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“Si Estados Unidos toma algunas medidas sensatas contra el BCIE o su liderazgo, es lógico que su calificación actual al menos se revise y se rebaje, algo que los bancos multilaterales de desarrollo buscan evitar a toda costa. Telegrafiar acciones que pueden afectar la calificación crediticia del BCIE podría incentivar a los miembros principales a moverse rápidamente internamente para preservar sus flujos de financiamiento del BCIE mientras recortan los fondos para Managua”, destacó el analista en su artículo.
Baja calificación de Nicaragua
Actualmente, el BCIE tiene una calificación crediticia sólida y estable en AA, según la agencia calificadora Standard & Poor’s.
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La agencia calificadora estimó que el considerable nivel de capital exigible de socios altamente calificados, así como un robusto soporte por parte de sus socios, amortiguan las presiones sobre la posición patrimonial de la Institución generadas por el apoyo que el Banco ha otorgado a sus países miembros en medio de los efectos económicos adversos por la pandemia de COVID-19.
No obstante, la baja calificación crediticia de “B-” de Nicaragua también amenaza la posición financiera del BCIE al invertir en un “estado financieramente poco confiable con una de las clasificaciones más bajas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional”, señaló el analista.
Las constantes violaciones de derechos humanos
A pesar de la condena internacional en contra de Ortega y Murillo, quienes son acusados por crímenes de lesa humanidad, el presidente ejecutivo del BCIE sigue “dirigiendo la financiación de proyectos en Nicaragua y ha profundizado los lazos con Ortega”, lamentó Berg.
El analista recordó que el régimen se apoderó de cargos políticos ocupados por partidos de oposición, aumentó el número de arrestos, detenciones arbitrarias e intensificó la represión contra periodistas.
En 2021, previo a las elecciones generales, el régimen usurpó las alcaldías que tenía el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y encarceló a siete precandidatos opositores que aspiraban a participar en los comicios de ese año. Al año siguiente forzó el cierre de organizaciones no gubernamentales, incluidas varias radios y organizaciones de la Iglesia Católica en el país centroamericano.
Como parte de la embestida en contra de la Iglesia, el 19 de agosto del año pasado, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue detenido y enfrenta un proceso judicial por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, por lo cual será llevado a juicio el próximo 15 de febrero.
Lejos de guardar distancia del régimen, a mediados de marzo de 2022, el BCIE inauguró un nuevo edificio en Nicaragua, por un monto de 16.5 millones de dólares. El 5 de mayo de ese mismo año, Mossi se reunió en Managua, la capital, con empresarios y representantes allegados al régimen de Ortega.
Apoyo financiero del BCIE incluye a la Policía
Una de las principales instituciones en Nicaragua beneficiadas con los desembolsos del BCIE es la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos y acusada de perpetrar graves violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
En mayo de 2019, el BCIE otorgó el “financiamiento total” para la adquisición de una nueva flota vehicular de la Policía, brazo represor del régimen de Ortega y Murillo.
“El generoso financiamiento del BCIE a las naciones latinoamericanas con gobiernos autoritarios corruptos solo exacerba los altos niveles de corrupción y los desafíos de gobernabilidad”, mencionó Berg.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso en marzo de 2020 sanciones en contra de la Policía Nacional y la acusó de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
“El régimen de Ortega-Murillo mantiene un control férreo del poder, impuesto principalmente a través de su estricto control y financiamiento corrupto de la Policía y el Ejército”, enfatizó Berg.
El también jefe de la Iniciativa Futuro de Venezuela de CSIS consideró que Estados Unidos debería comunicarse con los otros socios fundadores del BCIE, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, para monitorear cuidadosamente las decisiones y el desempeño de la institución.
Dos instrumentos legales
Para Estados Unidos reducir los préstamos a Nicaragua es una tarea difícil dado que “no tiene accionistas dentro del propio BCIE” y porque no se aplica ni la Ley Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act) ni la Ley Renacer (Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform Act).
La Ley Nica Act restringe el acceso a préstamos de instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta que el gobierno se comprometa a promover la democracia y el estado de derecho, celebrar elecciones libres y justas y proteger los derechos humanos.
Debido a que la Ley Nica Act no se aplicó en toda su extensión legal en los últimos años, los miembros del Congreso en Estados Unidos aprobaron la Ley Renacer e instaron a reforzar la supervisión de los préstamos y la asistencia técnica a Nicaragua por parte de instituciones financieras multilaterales, recordó Berg.
El analista, sin embargo, estimó que se podrían dar pasos y “construir una escalera de escalada” en la que cada peldaño sucesivo aumente la presión contra Mossi y sus colaboradores.
Cortar el financiamiento del BCIE
Según Berg, Estados Unidos podría comenzar por asegurarse de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la U.S International Development Finance Corporation (DFC), y todas las entidades del sector privado “suspendan todo trato con el BCIE mientras el banco esté asociado con el financiamiento de dictaduras”.
“La DFC entregó aproximadamente 100 millones de dólares al BCIE para uso en El Salvador, Guatemala y Honduras en 2021, pero sin mayores mecanismos de rendición de cuentas y dada la naturaleza fungible del dinero, no hay garantía de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no hayan llegado a Managua”, argumentó Berg.
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Además, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y el Comité Bancario del Senado, que ejercen la supervisión de las instituciones financieras internacionales, deberían celebrar audiencias para investigar al BCIE y sus prácticas.
Acercarse a Taiwán y otros países
Berg añadió que Estados Unidos debería involucrar a Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea, especialmente España, así como a otras partes interesadas en el BCIE, para ayudar a crear conciencia sobre la falta de transparencia dentro de la organización. “El próximo paso es cortar el financiamiento del BCIE”, insistió Berg.
La Unión Europea ha celebrado numerosas audiencias sobre Nicaragua y ha emitido designaciones de sanciones por abusos contra los derechos humanos.
En junio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua en que la demandaron sancionar a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís, y a 14 jueces del régimen.
El analista cree que “es probable que Taiwán sea receptivo a las preocupaciones de Estados Unidos y podría usar su influencia dentro del BCIE para abogar por reformas significativas”.
El 9 de diciembre de 2022 se cumplió un año desde que el régimen de Nicaragua puso fin a los lazos diplomáticos de larga data con Taiwán y el posterior reconocimiento de la República Popular China por parte de Ortega.
“También se podría convencer al gobierno conservador de Corea del Sur para que coopere. Junto con países de la Unión Europea como España, Estados Unidos debería poder impactar políticas con sus amigos en lugares altos”, afirmó Berg.
¿Qué medidas adoptar desde los mercados de capitales?
Por último, el analista de CSIS destacó que Estados Unidos podría considerar evitar que el BCIE aumente su deuda en los mercados de capital estadounidenses y presionar a la Unión Europea para que restrinja dicha actividad en sus mercados.
Las instituciones financieras multilaterales, según Berg, a menudo hacen esto, es decir aprovechan sus “calificaciones crediticias para pedir prestado dinero a tasas más bajas que aquellas a las que prestan a su vez”.
“El ‘spread’ le permite al BCIE continuar financiándose a sí mismo y nuevas iniciativas como organización. El BCIE depende de esta capacidad para realizar muchos de sus préstamos en Centroamérica”, añade.
En su análisis Berg destaca que los reguladores del mercado de capitales de Estados Unidos podrían impedir que el BCIE emita bonos en los mercados de Estados Unidos, y los reguladores financieros de Estados Unidos, podrían prohibir que los bancos de Wall Street emitan dichos bonos.
“Tal medida podría obligar al BCIE a dejar de otorgar préstamos a largo plazo, ya que sería incapaz de obtener deuda, o buscar obtener capital en otros mercados de deuda, donde las tasas podrían ser más altas, lo que reduciría los márgenes y, por lo tanto, el capital para nuevos proyectos crediticios”, puntualizó el especialista.
