*Cientos de nuevos solicitantes de refugio en Costa Rica deben dormir días y noches enteras en la calle para conseguir uno de los 50 cupos diarios en la Unidad de Refugio en San José.
**Desde hace dos meses, ancianos, mujeres y niños, incluso bebés de brazos, sufren por los cambios en política migratoria.
*En noviembre del año pasado el presidente Rodrigo Chaves ordenó medidas que obstaculizan el proceso de refugio y que violan varios tratados internacionales de derechos humanos.
Expediente Público
Un fuerte olor a orina despide la Avenida 47 de La Uruca, cerca de las últimas personas en la fila para acceder a la Unidad de Refugio de San José, Costa Rica. Un campamento se ha improvisado en la esquina del edificio, ubicado en una zona industrial en las afueras de la ciudad. No hay servicios sanitarios, agua potable, ni un expendio para comprar alimentos. Lo que sí hay es mucha presencia policial y constantes advertencias de desalojar el sitio.
Solo 50 nuevas solicitudes al día son atendidas por la Unidad de Refugio, pero cada noche llegan entre 80 y 100 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países fuera de las instalaciones buscando obtener un cupo, porque no hay lista de espera. Aquí el que se va, pierde el lugar.
Si no fuera por la solidaridad entre los mismos migrantes, la situación sería peor. Pese a la llegada de personas que ofrecen cupos en la fila, de manera ilegal o fraudulenta, los solicitantes de refugio tienen sus propias listas de espera en orden de llegada, por lo general, de familias completas.
El 30 de noviembre de 2022 el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves, ordenó cambios en la política migratoria: “Teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio para poder trabajar en el país”, argumentó.
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Ahora los migrantes o solicitantes de refugio están obligados a presentarse los primeros 30 días después de su ingreso al país solamente a la sede de San José o los puestos fronterizos para hacer el trámite.
Desde la crisis sociopolítica en Nicaragua de 2018, el sistema de refugio había sufrido transformaciones para poder tramitar lo que hasta noviembre de 2022 eran 193,783 solicitudes de personas de este país. Se creó un sistema de citas telefónicas, se brindaron facilidades laborales y migratorias mientras esperaban la entrevista y se iniciaba el proceso. Ahora todo esto ha terminado.
Pocos cupos para tan alta necesidad
El miércoles 25 de enero a las seis de la mañana, ya había 280 personas en espera. Los últimos tendrían acceso hasta el siguiente martes para poder entrar a la Unidad de Refugio. Es decir, tendrán que acampar seis días y seis noches para obtener la cita. Ante esta situación, en algún momento comenzaron a crear listas de 50 personas, para que en grupos de al menos cinco personas, puedan turnarse la espera entre los mismos solicitantes.
“Vine a las dos de la mañana (miércoles), de hecho. Ya había investigado. Había ido al Centro Jurídico La Sall. Vine el lunes a preguntar y vi gente haciendo fila. Una oficial de migración me explicó que salen a las cuatro de la mañana a hacer una lista, así que vine”, dijo una joven nicaragüense quien recientemente ingresó a Costa Rica con su hija de 10 años de edad.
En el contexto de las elecciones municipales, los operadores políticos del régimen de Nicaragua la buscaban para que trabajara en los centros de votación, por lo que decidió renunciar a su trabajo y buscar el exilio, porque al no ir, “quedaría tachada”.
La joven ingeniera señaló como “inhumana” la condición para los solicitantes de refugio, porque tienen que quedarse en el frío de la noche, con hambre y sin tener acceso a sanitarios.
Pese a la espera, la nicaragüense y su hija no pudieron ingresar ese día y tuvieron que organizarse en la lista que hacen los mismos solicitantes de refugio, compartir su teléfono para estar en contacto con los demás por medio de WhatsApp, pernoctar otra noche, probablemente, y estar atenta hasta el martes siguiente cuando les toque, si todo marcha en orden.
Confusión con listas de espera
Los migrantes intercambian teléfono y hacen listas por grupos de 50 personas para tener la posibilidad de hacer turnos para cuidar los lugares. Las familias o individuos se van rotando hasta que llegue el día que pueden ingresar. La policía migratoria ha accedido a esto para no tener a más personas durante más tiempo en la calle, pero muchos migrantes llegan y sospechan porque no tienen suficiente información o tienen información contradictoria.
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Expediente Público consultó con una oficial de migración en la entrada del edificio de Unidad de Refugio, quien respondió: “No es necesario venir a dormir, pero los cupos se entregan entre las dos y cinco de la mañana”. Sin embargo, a esa hora, a las diez de la mañana, ya hay más de cincuenta personas esperando turno para el día siguiente. En la madrugada, a las nueve de la noche habrá al menos 80 personas, sin incluir niños.
A las nueve de la noche del martes 24 de enero, dos oficiales de migración se presentan a tomar fotografías de las personas que están en la fila, supuestamente con el fin de evitar que entren otras personas en la madrugada.
La policía migratoria regresa a las cuatro de la mañana a levantar la lista oficial. Dos solicitantes reclaman porque quieren entrar. Un día antes les dijeron que debían llegar en la madrugada a hacer fila y hasta entonces se levantaba la lista oficial.
Los que tienen la lista de ese miércoles, explican que están desde el lunes esperando, y no sería justo dejarlas pasar; que hacen eso para que algunos puedan ir a trabajar y regresar a cuidar los lugares en la noche o para que puedan ir a comer en algún momento.
“Esto lo hacemos porque si no sería un despelote aquí”, dice alguien posiblemente de origen nicaragüense por el uso de palabras para describir la situación caótica que involucra a muchas personas. Los migrantes comparten sus nombres, aunque eso vulnera su condición de refugiados, pero no existe ninguna alternativa.
En la calle, con lámparas, los policías de migración toman fotos de las identidades y levantan la lista. Las puertas de la Unidad de Refugio se abrirán a las seis de la mañana, pero no solo atenderá a los nuevos solicitantes, sino, a centenares que ya tenían citas telefónicas bajo el sistema anterior.
Llega la policía
El 20 de enero de 2023 la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció la presencia permanente en las afueras del edificio de Refugio para evitar que personas pernocten durante la noche y madrugada en los alrededores en la zona, así como, regular la presencia de estas y evitar la venta de espacios y citas.
“Si se detectan personas menores de edad que están en condiciones de exposición en la fila o que vayan a permanecer en la noche, se harán las coordinaciones pertinentes con el Patronato Nacional de la Infancia”, señaló el comisionado Enrique Arguedas, director de la Policía Profesional de Migración.
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Según el comunicado, la Unidad de Refugio se encuentra atendiendo alrededor de mil personas diarias, para diversos trámites, en un horario extendido de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. De ellas, 450 son atendidas con cita previa, la cual fue solicitada antes de la publicación del decreto que reforma el procedimiento, así como, 50 personas diarias sin cita y a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Realidad supera política
Los migrantes llevan a sus niños porque no tienen quien los cuide o porque entienden que los trámites son personales y deben llevarlos. Una pareja de colombianos esperaba desde la madrugada con un bebé de un año.
El padre explicó que tienen cuatro años de vivir en Costa Rica, pero como ya no se puede pedir una cita por teléfono, tuvieron que llegar en la madrugada en espera de un cupo para solicitar el refugio a una hermana de 14 años y tramitar el permiso laboral.
“Hay mucha gente que lleva días esperando por un cupo para establecer su estatus migratorio, ya que, sin eso, las puertas están cerradas de par en par, sea para el seguro, laborar o para que los menores estudien”, dice.
“Estamos desde ayer. Ya van a ser las cuatro de la mañana. Hay muchos niños sin comida, no hay ningún baño público para que las damas hagan sus necesidades. Me parece muy mal por las organizaciones migratorias. Es cruel porque estamos con hambre, frio y preocupación”, afirmó el padre de familia.
“Vinimos el martes a las 5:30 media de la mañana. Decidimos volver en la noche a las 10:00. Es la hora y estamos esperando (4:00 a.m.)”, afirmó. La familia, finalmente logró ser atendida ese día.
Exigen documentos
Una mujer venezolana estaba con su esposo y cuatro hijos, tres de ellos menores de edad (16, 10 y 9 años de edad), “estamos desde el lunes para solicitar refugio, hacemos la cola para que nos atiendan mañana miércoles”.
La familia pidió una cita en octubre cuando llegaron al país, pero les dieron fecha hasta mayo. Sin embargo, fueron a inscribir a los menores al colegio y les pidieron certificados de notas apostillados o un documento de refugio, por eso, aunque tenga casa y cama, han tenido que pasar en la intemperie porque no pueden adelantar la cita, aunque no están seguros si resolverán su problema si logran entrar.
“Esto me trae recuerdos turbios”, dice la venezolana, quien junto a su esposo trabajó en empresas estatales y, por eso, fueron vigilados, porque conocían muchos detalles de la corrupción pública. Su primer destino fue Ecuador, donde vivieron más de cuatro años, pero salieron el año pasado por la xenofobia y la violencia.
“A mi nuera intentaron secuestrarla, la drogaron para llevársela. A mis hijos cuando reiniciaron las clases presenciales intentaron cobrarles, ocurrieron muchas cosas como persecuciones. A mi marido le pusieron una pistola en su cabeza, a uno le amenazaron de muerte, a otro le dispararon en la espalda. Había escuadrones contra venezolanos, los sacaban de sus casas, hubo mucha persecución”, contó.
Medidas “populistas”
Marcia Aguiluz, abogada y Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, explicó a Expediente Público que las medidas adoptadas por la administración de Chaves tienen el propósito de burocratizar más el proceso de derechos de migrantes y solicitantes de refugio y con eso desincentivar que las personas que necesitan esta protección la obtengan.
Por otra parte, el tema migratorio mueve a cierta base electoral y es un tema populista si se toma irresponsablemente. Anunciar medidas de endurecimiento es un mensaje para sus bases, afirmó la jurista.
Aguiluz consideró que la situación actual de la Unidad de Refugio era previsible. El sistema de citas estaba funcionando, pero ahora, con la capacidad de la DGME rebasada para atender a más personas, existe el riesgo de que estas personas duerman en la calle un mes y ya no puedan calificar al refugio, porque la medida busca intimidar y quitarle incentivo a la gente a solicitar protección.
“Me parece inhumano lo que están pasando. El impacto diferenciado con mujeres y niño que tienen que dormir en las calles sin condiciones sanitarias equivale a un trato cruel y degradante. Sería interesante intentar un amparo, porque esta acción prevenible e innecesaria, provoca un sufrimiento adicional”, agregó.
Sobre los costos de la Migración, Aguiluz afirmó que pese a existir un flujo humano considerable, Costa Rica ha recibido fondos de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur),así como de otros países. “Es cierto que Costa Rica no lo puede resolver solo, pero también que los migrantes dan un gran aporte al país. No entendemos qué pasaría si los migrantes decidieran un día que no trabajarán. Colapsaría nuestra economía”.
En coyuntura: Venezuela, ni apertura ni recuperación ni retorno
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó a Costa Rica que el papel del Estado tanto de origen como destino, es mitigar los efectos generadores de desplazamiento forzado y garantizar sus derechos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la libertad de circulación que con estas reformas se violenta. También se viola el Protocolo de San Salvador que garantiza la salud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, así como una serie de declaraciones que comprometen a Costa Rica a brindar mejores garantías a los migrantes y refugiados.
Aguiluz llamó la atención que las nuevas medidas podrían generar responsabilidad internacional a la administración actual, por ejemplo, al prohibir visitar a terceros países, teniendo perseguidos políticos, por ejemplo, de Nicaragua, que como parte de su trabajo de defensa de derechos humanos es hacer incidencia internacional para que esta dictadura acabe.
