Fondo Noruego se convierte en financista de proyecto hidroeléctrico.
El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.
Empresa radicada en Miami ha sido contratada por la AHER para dividir a las comunidades.
Ley de Secretos es utilizada por las Fuerzas Armadas para proteger a militares que dispararon contra lencas en Río Petacón y el Poder Judicial avala el encubrimiento.
Un reportaje especial de Criterio.hn
TEGUCIGALPA.-BAJO EL MISMO ESQUEMA DE OTROS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y CON LAS MISMAS CONSECUENCIAS SE HA INSTAURADO EN LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y REITOCA, EN FRANCISCO MORAZÁN, UNA PLANTA ENERGÉTICA QUE HA VUELTO A PONER EN EVIDENCIA EL ESCENARIO FRAUDULENTO Y CORRUPTO EN HONDURAS.
El proyecto hidroeléctrico Río Petacón fue concebido por el empresario hondureño, Jack Arévalo Fuentes, un hombre que toda su vida ha estado empapado en los negocios de la energía eléctrica y quien se encargó de mover los tinglados del poder económico y político para conseguir una licencia ambiental al margen de la ley y luego consumar un negocio en el que se ha involucrado la banca nacional y el capital transnacional.
A través de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) constituida el 31 de enero de 2007 en la ciudad de San Pedro Sula, junto a sus hijos Erika Petrouska Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canuhuati y su hermano, Julio Arévalo Fuentes, consiguió que el subsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Marco Jonathan Laínez Ordóñez, emitiera la licencia ambiental categoría dos, número 362-2011 a favor del proyecto hidroeléctrico, con una capacidad instalada de 11.00 MW, sin consultarle al pueblo indígena lenca de la zona.
Entre 1986 y 1990, cuando fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), durante el gobierno liberal del extinto expresidente José Azcona del Hoyo, Arévalo Fuentes, conoció sobre la capacidad instalada y demanda de energía eléctrica en Honduras y el potencial para generar energía en el territorio hondureño y como siempre ha estado ligado con la política logró convertirse en presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002) durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores Facussé y presidía el Poder Legislativo, el extinto dirigente liberal, Rafael Pineda Ponce.
También es fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER) y exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), cargó que desempeñó por seis meses durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010).
Lea: Represa El Tablón: una esperanza hondureña ante las inundaciones cíclicas
Jack Arévalo Fuentes, es hermano del empresario, Henry Arévalo Fuentes, dedicado históricamente a la importación de combustibles y a las actividades aduaneras y navieras.
Su carrera política combinada con la económica lo convirtió en el cerebro del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, una obra inconclusa por la oposición del Consejo Indígena Lenca de Reitoca ante la violación al Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.
Petacón es un proyecto concebido en similares circunstancias con el proyecto de Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque en las comunidades lencas del occidente de Honduras y que desencadenó en el asesinato de la ambientalista indígena, Berta Cáceres. La similitud va más allá de la manera inconsulta y la violencia en que ambos proyectos sentaron sus bases, pues su financiamiento nace con capital nacional y culmina con el aporte del capital transnacional.
Antes de fundar Progelsa, Arévalo Fuentes, comenzó a visitar las comunidades adyacentes al Río Petacón con la intención de conocer el potencial hidrológico y las propiedades que se encontraban en la zona de influencia para luego comprar las tierras. Una vez realizada esta tarea formalizó legamente la empresa, la que fundó con un capital social de 30 mil lempiras.
En su afán de concentrar más capital y de consumar su negocio, a partir de agosto de 2011, comenzó a traspasar y vender acciones a inversionistas nacionales y extranjeros y a suscribir fideicomisos con la banca nacional. La primera transacción se efectuó con el traspaso y venta de acciones a favor de Investment Corporation S.A., cuyos socios son Oscar Enrique Kafaty Geadah y Nadia Kafaty Geadah, hijos del fallecido empresario de la industria del café, Oscar Kafaty, quienes adquirieron 75 acciones de un total de 300.
En un nuevo acto jurídico, celebrado el 2 de agosto de 2012, Progelsa continuó cediendo y vendiendo acciones a Investment Corporation S.A. En esta oportunidad Investment Corporation S.A., adquirió 150 de 300 acciones y el 8 de julio de 2015 registró un aumento de capital pasando de 30 mil a 23 millones de lempiras y las acciones aumentaron de 300 a 230.000, de las cuales el 50 % (115.000) correspondieron a Investment Corporation S.A. y los 115.000 restantes a los socios de Progelsa.
El 7 de agosto de 2015 se modificó la escritura social de Progelsa y se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando presidente, Danielle Boscolo Meneguolo; vicepresidente, Pietro Barbujani y secretario, Oscar Enrique Kafaty Geadah.
Sigue aumentado el capital
El 17 de marzo de 2016 se registró un aumento de capital de 23,030,000.00 lempiras (230,300 acciones con valor de 100 lempiras cada una) a 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). En esta oportunidad ingresó el holding italiano, Sorgent.E s.r.l. que adquirió 351,921 acciones, bajo la representación de Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto, Roberto Micheletti.
En esta ocasión la empresa de los Kafaty adquirió 31,052 acciones, Jack Arévalo Fuentes 7,451 acciones, Erika Petrouska Arévalo Canahuati 8,073 acciones, y Jack Arévalo Canahuati 8,073 acciones.
El ejecutor especial de acuerdos de Progelsa es el abogado Mauricio Villeda Zúñiga, hijo del excandidato presidencial por el Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, Mauricio Villeda.
Desaparece Progelsa y sale a escena Banhcafé
El 29 de marzo de 2016 se le otorgó poder de riguroso dominio a Danielle Boscolo Meneguolo para la suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto con el Banco Atlántida S.A. y el Banco Hondureño del Café S.A., en particular para suscribir contrato de fideicomiso de garantía, contrato de crédito y contrato de administración.
El 06 de septiembre de 2016 se registró un nuevo aumento de capital social de 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una) a 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). El capital social nuevo se distribuyó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (414,020 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción) y se incorpora Sorgent.e. Chile SPA, una filial de la firma italiana Sorgent.E s.r.l (1,129,500 acciones).
El aumento de capital continuó el 21 de marzo de 2017 con 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una) a 270,653,100.00 lempiras (2,706,531 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una). La distribución del capital social quedó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (1,543,520 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción), Sorgente Chile SPA (1,163,010 acciones).
En un último acto jurídico registrado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el 23 de julio de 2018, se eligió un nuevo Consejo de Administración resultando electa presidenta, Julia Estela Sandoval Handal; vicepresidente, Nicola Maniezzo; vocal, Oscar Enrique Kafaty Geadah y Elly Melisa Vargas Rivas, también como vocal.
En resumen, el proyecto quedó en manos del capital transnacional y de la banca nacional. Algo importante de señalar es que a partir del 2016 los socios fundadores de Progelsa se quedaron sin ninguna acción y el capital quedó distribuido en un 57.03 % a favor de Banhcafé, 42.98 % de Sorgent Chile SPA y 0.000000037 % de Sorgent.E s.r.l. de Italia.
“Creo que esto que estamos viendo alrededor del río Petacón es una de las prácticas que se han venido implementando últimamente a nivel mundial en el sector extractivista con la única finalidad de evadir la responsabilidad y crear una serie de obstáculos y blindajes”, dijo a CRITERIO.HN, Pedro Landa, especialista en derecho ambiental e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas.
Lea: Lucha contra la corrupción en Honduras: una persecución frustrada
Landa manifestó que lo ocurrido con el Petacón es la mismo que hicieron con el proyecto minero de Guapinol, que era de inversiones Los Pinares y ahora pertenece a un holding con capital panameño, chino, noruego y de distintas regiones, porque todo está concebido en “la doctrina de las puertas giratorias porque, como en una puerta giratoria, puede entrar una acusación, pero esa acusación sale inmediatamente porque no se puede identificar quién es el socio, quién es el accionista y qué leyes le aplican”.
Como ejemplo, Landa expuso que, si hoy Banhcafe es el socio accionista local del proyecto hidroeléctrico Río Petacón y en el futuro existe una acción judicial en su contra, inmediatamente esta institución bancaria cede o vende sus acciones a otro de sus socios, para que no se le atribuya responsabilidad alguna.
El investigador considera que mediante un holding se especula con los capitales y se evade la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo con la mayoría de los proyectos extractivistas.
Andony Ruiz hace una radiografía de cómo Progelsa ha afectado al pueblo de Reitoca
Andony Ruiz relata cómo a espaldas del pueblo de Reitoca la compañía Progelsa comenzó a construir el proyecto hidroeléctrico sobre el río Petacón en confabulación con las autoridades municipales y del gobierno central.
Capital italiano a la conquista de los ríos de Honduras
Sorgent Chile SPA ostenta actualmente el 42.98 % de las acciones de Progelsa, superado por Banhcafé que cuenta con el 57.03 % y muy por encima de Sorgent.e s.r.l que apenas tiene el 0.000000037 %.
Sorgent Chile SPA, es una filial del holding italiano Sorgent.e s.r.l y su accionar ha sido similar al de Progelsa en Honduras, pues se fundó en Chile el 27 de septiembre de 2007, y desde entonces ha venido adquiriendo en el país sudamericano acciones de empresas hidroeléctricas como Hidromaule S.A., Hidroeléctrica Río Lircay S.A. e Hidroeléctrica Providencia S.A. También ha entrado en sociedad con la industria inmobiliaria.
Mediante una modificación a la escritura de Progelsa, el 7 de agosto de 2015, se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando como presidente, Danielle Boscolo Meneguolo, quien es el representante legal de Sorgent Chile SPA. Danielle Boscolo Meneguolo, fue sustituido el 23 de julio de 2018 por la joven abogada hondureña, Julia Estela Sandoval Handal.
Sorgent.e s.r.l es parte del conglomerado empresarial Sorgent.E, con más de 25 años de experiencia e integrado por las empresas Sorgent.e. Mangement, STE Energy y MJ2 Technologies, con sede en Padua, Italia, dedicado al desarrollo de proyectos en los sectores financiero, inmobiliario y de generación de energía eléctrica. En este último, cuenta con una experiencia de más de una década, con más de 50 proyectos desarrollados en 29 países de Europa, África y América.
Como parte de la clientela de STE Energy figura la empresa Progelsa de Honduras con quien desarrolló entre los años 2016-2018 un proyecto de suministro y montaje “llave en mano” de obras electromecánicas mediante dos turbinas Pelton con una potencia de 7,500 KW cada una.
Fondo Noruego es socio de Petacón
Como la mayoría de los desarrolladores de proyectos hidroeléctricos en el mundo, Sorgent. E. es financiada por el Fondo Noruego, de hecho, en una presentación los ejecutivos del holding establecieron que el proyecto del Río Petacón entró en esa sociedad entre los años 2016-2018 con el Fondo Noruego de Inversión en Países en vías de Desarrollo (Norfund)
El Norfund es el financista de un parque de energía fotovoltaica en el municipio de Namasigüe, Choluteca, de la empresa Scatec Solar y que se encuentra paralizado por el rechazo de la comunidad, porque al igual que el Petacón y otros más, se concesionó sin consultar a los pobladores. Este proyecto ha generado conflicto, daños al medio ambiente y violación de derechos humanos.
Para el especialista en derecho ambiental, Pedro Landa, sin duda, Noruega posee seguridad jurídica y compromisos éticos en sus marcos regulatorios de sus inversiones dentro de su territorio, pero en América Latina su fin es generar utilidades para mantener el nivel de vida de sus ciudadanos.
Landa expuso que las políticas las establecen los ejecutivos a través del Fondo Noruego sin que el pueblo de noruego se dé cuenta de los efectos adversos de sus inversiones, especialmente en América Latina.
El Fondo Noruego aduce hacer alianzas de financiamiento con empresas comprometidas con la sustentabilidad, la responsabilidad social y la protección del ambiente.
El proyecto Río Petacón, cuya construcción inició en abril de 2016, se encuentra paralizado desde enero de 2018 por la presión de los pobladores del municipio de Reitoca. Mediante el contrato de operación la empresa se obligó en construir y poner en servicio las instalaciones en un plazo no mayor de 30 meses contados a partir de la fecha de inicio de la construcción.
Hasta la fecha no se ha informado oficialmente sobre el destino del proyecto, lo único que se ha dicho es que los inversionistas “están evaluando el caso”.
Confeccionaron marco legal para el extractivismo
La explotación de los recursos naturales es parte estructural del modelo neoliberal que se viene aplicando en Honduras a partir del gobierno del extinto presidente, Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Para dicho propósito en Honduras se ha aprobado un marco legal que regula los recursos como el agua, los hidrocarburos y las minas.
En Honduras, la generación de energía a gran escala comenzó con megaproyectos hidroeléctricos estatales en la segunda mitad del siglo XX. Con el ajuste estructural de la economía en los años noventa, se contrató a empresas privadas hondureñas para instalar nuevos proyectos de generación térmica, los cuales pasaron a generar más del doble que las plantas hidroeléctricas estatales. En ese período también se privatizó la medición y el cobro de la energía eléctrica, los cuales se han relacionado con el déficit económico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) desde el año 2000.
“La deuda de la ENEE es lo que se le debe a los proveedores”, dijo a CRITERIO.HN el economista, Julio Raudales, quien identificó que los problemas de la estatal eléctrica pasan por los altos costos operativos y deterioro de la red de distribución, que ocasiona las perdidas técnicas. Raudales resumió que la ENEE está quebrada y que si continua vigente es porque el gobierno hace lo imposible por sostenerla porque de lo contrario se generaría un caos capaz hasta de botar al gobierno.
La explotación de los ríos
Específicamente en el tema de la explotación de los ríos para la generación de energía hidroeléctrica, se aprobó en el año 2007 mediante Decreto 70-2007 la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. Desde un inició esta ley fue ventajosa para los inversionistas de este rubro y desfavorable para los intereses del Estado. Esta ley fue reformada en el año 2013 mediante Decreto 138-238, ampliando los beneficios a los inversionistas.
La normativa prometió mejorar los ingresos del Estado mediante la inversión nacional y extranjera y abaratar los costos de la energía para los consumidores, sin embargo, ninguno de los dos ofrecimientos se ha hecho realidad. El primero por la conflictividad que estos proyectos generan, lo que provoca que los inversionistas extranjeros declinen y el segundo, porque los precios de la energía han ido encareciendo en los últimos años, pese a que el gobierno celebre que haya logrado revertir la matriz energética de recursos fósiles a energía limpia.
A juicio de especialista en derecho ambiental, Pedro Landa, el marco legal establecido en Honduras es ilegal y fue construido bajo presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) para concederle préstamos a Honduras con la condición de que se abrieran las puertas para garantizar las inversiones del capital transnacional.
En el caso de los proyectos hidroeléctricos, explicó que éstos forman parte del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), “un gran corredor de energía que se está construyendo desde Panamá hasta el Golfo de México y luego en América del Sur en el Tapón el Darién en Colombia, para toda América del Sur”.
“En el fondo cuando una analiza todos estos proyectos lo que ve es que hay una gran estructura, que se está construyendo a costa de la sangre de los pueblos centroamericanos, a costa también de asesinar a nuestros ríos para garantizar que va a haber un sistema de venta de energía a Estados Unidos, cuando la crisis energética de combustible fósil sea todavía más extrema de la que tenemos ahora, ese es el proyecto que hay”, expuso Landa.
Añadió que mientras se estructura el verdadero proyecto, a los hondureños se les vende la idea que los proyectos de energía renovable son para garantizar la estabilidad en el servicio y un menor costo, cuando ambas cosas son una falacia y una ilusión.
Concesión de los ríos
En agosto de 2009, en medio de la crisis política post golpe de Estado— cuando se derrocó al entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales—se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Durante 2009 se abrieron las licitaciones que luego aprobó Porfirio Lobo Sosa en casi su totalidad. En junio de 2010 concesionaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de contratos para suministro de energía eléctrica.
Y para contar con un marco legal más apropiado a los intereses del capital, en enero de 2010, en la transición del gobierno de facto de Roberto Micheletti y la asunción de Porfirio Lobo Sosa se aprobó en el Congreso Nacional el Decreto Legislativo No. 286-2009 que contempla la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, publicada en diario oficial La Gaceta del 2 de febrero de 2010.
Esta normativa, que ofreció un “proceso de desarrollo”, tiene como elemento central la división del país en cinco regiones geográficas definidas en función de las principales cuencas hidrográficas. En su objetivo 3, la ley establece: “elevar al 80 % la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país, para el año 2038”.
El abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, considera que la intención de haber aprobado la Ley de Visión de País y Plan de Nación es la implementación a la fuerza de “proyectos de desarrollo” en todo el país y casualmente en los territorios indígenas y garífunas.
El informe Territorios en Riesgo publicado en 2019 por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Oxfam y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), establece que las concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas se han efectuado en 100 municipios de los 298 y de acuerdo con un mapeo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 36 proyectos de generación de energía eléctrica están dentro de los territorios indígenas y afrodescendientes.
Confabulación de los tres poderes del Estado
Alrededor del proyecto hidroeléctrico Petacón ha existido la confabulación de los tres poderes del Estado: Ejecutivo Legislativo y Judicial. Esta connivencia comenzó desde el momento en que la desaparecida Serna, ahora Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), emitió la licencia ambiental el 24 de mayo de 2011 sin haber sometido a consulta el proyecto, un requisito sine qua non que fue violentado. De hecho, el licenciamiento fue refutado por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la Serna, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.
En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.
En el marco de las inconsistencias legales entró además el exsecretario de la Serna, José Antonio Galdámez Fuentes, quien firmó el contrato de operación de potencia de energía eléctrica de 11,890 KW de capacidad instalada y una producción asociada de energía eléctrica promedio anual estimada de (26,500 MWh/año) y el exgerente de la ENEE, Emil Hawit, que firmó el contrato de suministro con una capacidad instalada de 14.8 MW y una duración de 20 años.
El exsecretario de la Serna firmó además la contrata de aguas, mediante la cual se concesionó el río por 50 años, prorrogables a su término. Durante los primeros 15 años de operación la empresa pagará apenas US $ 1,480 (50 % para cada municipio) y de US $ 2,960 del año 16 en adelante (50 % para cada municipio). El canon total anual por los primeros 15 años será de 10 centavos de dólar por cada kilovatio instalado y 20 centavos de dólar a partir del año 16 y durante el resto de la vigencia de la contrata.
Con base al valor del dólar en la actualidad, Progelsa debería pagar por los primeros 15 años apenas L. 18,426 a cada municipio y L.36,852 del año 16 en adelante y por el canon por kilovatio instalado US$ 1,189 durante los primeros 15 años y US$ 3,079 a partir de los 16 años, en virtud que la potencia nominal es de 11,890 KW.
En ese mismo esquema entraron los comisionados de la Comisión Nacional de Energía, Ángel Napoleón Soto Velásquez, Gregorio Irías Navas y Salomón López Gómez, quienes emitieron el dictamen número 007-2013 favorable para la aprobación del contrato de operación para la generación de potencia y energía asociada entre la Serna y Progelsa. Los comisionados emitieron el dictamen favorable pese a que en sus observaciones señalaron que el desarrollador no había certificado la socialización del proyecto con las corporaciones municipales de Curarén y Reitoca, solamente con el municipio de Lepaterique. Estos funcionarios también declararon Con Lugar el dictamen número 093-2014, relacionado con la suscripción del contrato de suministro de potencia de energía eléctrica entre la ENEE y Progelsa.
Poder Legislativo
El 11 de marzo de 2015 durante una sesión ordinaria, el Congreso Nacional aprobó más de una docena de proyectos hidroeléctricos, entre ellos el del Río Petacón. La votación alcanzó 55 votos a favor, 20 votos en contra, nueve abstenciones y 44 diputados optaron por no votar. Los proyectos fueron aprobados en condiciones ventajosas para los inversionistas y en detrimento de los intereses económicos del país.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y miembro de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Edgardo Castro, reveló a CRITERIO.HN que en los últimos dos años han llegado a esa Comisión al menos 30 proyectos de energía hidroeléctrica, en su mayoría, sin el respaldo de las comunidades, pues no han sido sometidos a consulta.
Castro dijo que muchos funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados son dueños de proyectos de energía hidroeléctrica, quienes utilizan para sus propósitos a testaferros. Uno de los casos señalados por el Congresista es el proyecto hidroeléctrico Aurora I sobre el río Zapotal, en el municipio de San José, La Paz, concesionado al Arnold Castro, esposo de la diputada del oficialista Partido Nacional, Gladis Aurora López.
Los inversionistas de Progelsa sustentan haber cumplido todos los procesos administrativos para echar andar el proyecto. “Ellos van a alegar eso y de repente podrían mostrar que sí cumplieron con todos los requisitos que el Estado de Honduras les exigió, pero lo que sucede es que el Estado de Honduras está obviando una obligación fundamental que es el deber de consultar a los pueblos indígenas y de obtener el consentimiento”, dijo el investigador ambiental, Pedro Landa.
La confabulación militar y policial
Al menos tres pobladores de Reitoca han resultado heridos de bala durante represiones perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado.
El rechazo al proyecto por parte de la población, derivado por la forma inconsulta en que se emitió la licencia ambiental, ha generado conflictos entre la población de Reitoca y Lepaterique. Los pobladores de Reitoca, aglutinados en el Consejo Indígena Lenca y en el Comité Protección de Reitoca, sustentan su postura en la autodeterminación de los pueblos establecida en el artículo 15 de la Constitución de la República y en la carta de la ONU. Asimismo, al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, referente a la consulta, libre, previa e informada, sobre los pueblos indígenas y tribales.
El proyecto hidroeléctrico se encuentra en la frontera entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, específicamente en la aldea La Guadalupe, Reitoca, por lo que la oposición se ha concentrado en la población de este último municipio, mientras que la gente de Lepaterique ha mostrado cierta apatía, a excepción de sus últimos gobiernos municipales y algunos habitantes de la comunidad de Mulhaca, que han sido contratados como peones por la empresa Progelsa, quienes respaldan la hidroeléctrica.
A raíz de esta confrontación, los desarrolladores del proyecto han aprovechado la coyuntura para dividir a la población y acusar de vándalos y de pertenecer a las maras y pandillas a los opositores, quienes aseguran seguirán en la lucha hasta lograr la clausura definitiva del proyecto, que se encuentra paralizado desde enero de 2018, gracias a un control territorial que ha desencadenado en varios episodios de violencia.
Campaña de manipulación
Empresa radicada en Miami ha sido contratada por la AHER para dividir a las comunidades
Los defensores del medio ambiente de Reitoca son parte de la violencia estructural y sistemática que se ha reportado en Honduras en los últimos años, siendo el ejemplo más evidente el asesinato de la extinta coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres.
Esta violencia, según el abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, comienza con campañas a través de medios de comunicación pertenecientes a las élites de poder, quienes acusan a los defensores del territorio y del medio ambiente de ser enemigos del desarrollo, traidores a la patria y otros calificativos degradantes.
Luego vienen las amenazas, hostigamientos, los ataques contra las personas que se oponen al modelo, seguido de la represión militar y de guardias privados de seguridad contra los campamentos de dignidad y de la gente que se opone.
Un cuarto nivel tiene que ver con la utilización del Ministerio Público y del derecho penal para criminalizar y acusar por delitos de sedición, terrorismo, usurpación, asociación ilícita, etcétera, y el quinto y último nivel son los asesinatos, como ocurrió con Berta Cáceres, sustentó Mejía Rivera.
Lo expresado por el defensor de derechos humanos tiene lógica y es algo que en Honduras se da mediante la contratación de empresas internacionales dedicadas al manejo de crisis, quienes mediante estrategias muy bien montadas dividen a las poblaciones para generar conflictos y luego comenzar a atacar a los opositores.
Como parte de ese esquema de terror la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) ha contratado los servicios de Cyparis, una empresa lobbista con sede en Miami “para vestir de ovejas a los lobos”, dijo el informático, Aldo Salgado, miembro del Laboratorio Ciudadano, una iniciativa de medios de comunicación que trabaja en Honduras contra la desinformación e investigación de fuente abierta.
Salgado, quien accedió a la cartera de clientes de Cyparis, encontró que localmente hay otros clientes de esta firma, entre ellos la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras y la empresa azucarera Tres Valles.
Como un acto de provocación el 16 de enero de 2019 ejecutivos de la empresa Progelsa llegaron en compañía de al menos 150 trabajadores procedentes de comunidades de Lepaterique, con la intención de reiniciar la obra, que se encuentra paralizada desde el 15 de enero de 2018.
La estrategia de confrontación contó con el apoyo del presidente del Comité de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado y de medios de comunicación corporativos, que llegaron al campamento donde los miembros del Comité Protección de Reitoca tenían una toma para evitar el reinicio del proyecto.
El informe “Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”, divulgado en noviembre de 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), relaciona el crimen de Cáceres con el involucramiento entre sectores públicos y privados (funcionarios públicos, militares, policías y empresa privada).
Poder Judicial encubre a los militares
Juzgado Penal declara sin lugar petición de la Fiscalía que reclama acceso a nombre de militares que hirieron de bala a indígenas lencas de Reitoca, durante un desalojo violentoFuerzas Armadas no entrega información, amparándose en la Ley de Secretos
Producto de una toma en el campamento de Progelsa, por un grupo de pobladores agrupados en el Consejo Indígena Lenca y el Comité Protección de Reitoca, un contingente de la Policía Militar del Orden Público protagonizó el 30 de enero de 2018 un desalojo violento mediante el cual un hombre y una mujer, que participan en la protesra, resultaron heridos de bala y el 24 de abril de 2019 un joven resultó también herido de bala en medio de otro desalojo protagonizado por miembros de la Policía Nacional y Cobras.
Los casos han sido presentados mediante denuncias por parte de las víctimas ante la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, sin embargo, hasta la fecha no se ha deducido responsabilidad contra el o los culpables. En una denuncia presentada ante el Ministerio Público el 2 de febrero de 2018, las víctimas no establecieron los nombres de quien o quienes dispararon porque las armas supuestamente fueron disparadas en el mismo momento que lanzaron las bombas lacrimógenas, por lo que el escenario estaba nublado por el humo de las bombas. Finalmente, la denuncia se presentó en contra de la Policía Militar del Orden Público por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
La Fiscalía solicitó al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, René Orlando Ponce Fonseca, que estableciera el nombre de los militares que participaron en el desalojo del 30 de enero de 2018, pero la respuesta fue que dicha información se encontraba en reserva por la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos oficiales”.
A raíz de esta respuesta, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán que, como diligencia prejudicial, ordenara al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, entregara la información solicitada, sin embargo, el 11 de marzo de 2019 el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas declaró sin lugar la petición de la Fiscalía.
Mientras los militares y policías no responden por las violaciones a los derechos humanos, la justicia logró judicializar con gran diligencia a dos líderes del Consejo Indígena Lenca de Reitoca acusados por los delitos de usurpación y daños a la propiedad privada, tras ser acusados de incendiar el plantel de la empresa Progelsa a mediados de septiembre de 2018.
La denuncia contra los pobladores fue presentada por la empresa Progelsa al registrase los hechos y en el término de mes y medio el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán falló en su contra.
Descargue aquí los documentos soporte de la investigación:
Constitución Sorgent.e SPA Chille
Requerimiento girado por el MP al Jugado de Letras de lo Penal
Notificación del Juzgado de Letras de lo Penal
CRITERIO.HN presentará en la próxima edición el impacto del proyecto hidroeléctrico Río Petacón sobre los derechos humanos de la población de Reitoca.
